La Corte Penal Internacional enfrenta tensiones tras la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a sus funcionarios. La medida ha sido rechazada por la CPI, que la considera un ataque contra el orden internacional y su independencia judicial.

El origen de esta disputa se encuentra en las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra líderes israelíes por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza. La reacción de Washington ha sido inmediata, con la firma de un decreto presidencial que impide la entrada a Estados Unidos de funcionarios del tribunal, bloquea sus bienes y prohíbe la colaboración con sus investigaciones.

La decisión estadounidense ha generado respuestas divididas. Mientras Israel ha respaldado la postura de Washington y cuestionado la legitimidad del tribunal, el Consejo Europeo y numerosos países miembros de la CPI han calificado la medida como una amenaza para el sistema de justicia internacional.

El impacto de estas sanciones también ha despertado preocupación en la ONU, que ha solicitado a la administración estadounidense reconsiderar su posición. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos advierten que este tipo de medidas pueden debilitar la lucha contra la impunidad y obstaculizar el acceso a la justicia para las víctimas de crímenes graves.

A pesar de la presión política, la CPI mantiene su compromiso con la legalidad internacional. La corte continúa con sus investigaciones y reafirma su objetivo de juzgar a responsables de delitos graves, independientemente de su nacionalidad o cargo. En este contexto, el debate sobre la autonomía de los tribunales internacionales sigue en el centro de la discusión global.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de tomar el control de la Franja de Gaza han generado un amplio rechazo en la comunidad internacional. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mencionó su visión de convertir Gaza en un centro turístico, lo que provocó reacciones adversas de distintos gobiernos y organismos internacionales.

Desde Oriente Medio hasta Occidente, la respuesta ha sido unánime. Gobiernos de países aliados de Washington, como Francia y Australia, han expresado su oposición a cualquier desplazamiento forzado de la población palestina, calificándolo como una violación del derecho internacional. En la misma línea, Egipto y Jordania han rechazado categóricamente la posibilidad de reubicar a los más de dos millones de habitantes de Gaza en otros países de la región.

China también se ha pronunciado a través de su portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, enfatizando su postura contra el traslado forzoso de la población palestina y respaldando la idea de que Palestina debe gobernarse a sí misma. De igual manera, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha recordado que el desplazamiento de poblaciones en territorios ocupados está prohibido por el derecho internacional y ha insistido en la necesidad de paz y seguridad para israelíes y palestinos.

En el ámbito académico y político, también han surgido críticas. Khaled Elgindy, profesor de la Universidad de Georgetown, ha cuestionado las verdaderas intenciones de Trump, planteando interrogantes sobre la viabilidad de su propuesta y los intereses que podría servir. Desde el Congreso de
EE.UU., figuras como el senador Chris Van Hollen han calificado el plan como una forma de limpieza étnica, mientras que Halie Soifer, del Consejo Democrático Judío de Estados Unidos, ha subrayado que la idea de desplegar tropas en Gaza es irreal y extrema.

Las implicaciones de estas declaraciones siguen generando debate y preocupación en el escenario político internacional. Diversos actores continúan manifestándose ante la posibilidad de cambios en la situación de Gaza y sus habitantes.

El conflicto entre Israel y Hamás ha alcanzado una tregua que busca detener la guerra y facilitar la liberación de rehenes. Como parte del acuerdo, Hamás ha entregado a ocho cautivos, mientras que Israel debe liberar a 110 prisioneros palestinos. Sin embargo, la forma en la que se realizó la entrega de los rehenes generó fuertes reacciones en Israel, lo que llevó al primer ministro Benjamin Netanyahu a exigir garantías para la seguridad de futuros liberados antes de proceder con la excarcelación de los prisioneros.

Los rehenes fueron entregados en diferentes puntos de Gaza. La primera liberación ocurrió en Jabaliya, donde una soldado israelí fue escoltada por militantes de Hamás. Más tarde, en Jan Yunis, siete personas más fueron entregadas en medio de una multitud de combatientes y civiles que observaban desde los edificios destruidos. Entre los liberados se encontraban ciudadanos israelíes y trabajadores tailandeses que fueron secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Las escenas de la entrega fueron caóticas, lo que provocó una condena del gobierno israelí y un llamado a los mediadores internacionales para garantizar la seguridad en futuros intercambios.

En la primera fase del acuerdo, Hamás debe liberar a un total de 33 rehenes, mientras que Israel excarcelará a aproximadamente 2.000 prisioneros palestinos. Entre ellos, algunos cumplen condenas por ataques mortales contra ciudadanos israelíes. Los palestinos han recibido con júbilo la liberación de estos prisioneros, a quienes consideran símbolos de resistencia contra la ocupación israelí. Mientras tanto, las tropas israelíes han reducido su presencia en Gaza, lo que ha permitido el retorno de miles de personas a sus hogares destruidos y el aumento de la ayuda humanitaria en la zona.

El acuerdo contempla la posibilidad de una segunda fase en la que Hamás podría liberar a los rehenes restantes y el alto al fuego se mantendría indefinidamente. No obstante, si no se alcanza un consenso, la guerra podría reanudarse en marzo. El gobierno israelí insiste en que su objetivo sigue siendo desmantelar a Hamás, mientras que el grupo armado condiciona la liberación de más rehenes al fin del conflicto y la retirada total de Israel de Gaza.

Las consecuencias de la guerra han sido devastadoras. Desde el inicio de la ofensiva, Hamás ha matado a más de 1.200 personas en Israel y ha tomado como rehenes a unos 250 individuos. En respuesta, la operación militar israelí ha causado la muerte de más de 47.000 palestinos, incluidos miles de mujeres y niños, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí afirma haber eliminado a más de 17.000 combatientes, aunque no ha proporcionado pruebas que respalden estas cifras.

El conflicto ha dejado a la Franja de Gaza en ruinas. Gran parte de su infraestructura ha sido destruida y la mayoría de su población se encuentra desplazada. A pesar del alto al fuego, la incertidumbre persiste, ya que la reconstrucción del territorio y la estabilidad de la región dependen de negociaciones futuras y de la voluntad de ambas partes para alcanzar una solución duradera.

El pasado 7 de octubre comenzó una escalada de violencia con el lanzamiento de
cohetes por Hamás contra Israel y con una operación sin precedentes de sus
combatientes contra el sur de Israel. Por su parte, Israel respondió bombardeando
cientos de objetivos en la franja de Gaza. Amnistía Internacional ha recordado que
atacar deliberadamente a civiles, llevar a cabo ataques desproporcionados y
ataques indiscriminados que causan la muerte o hieren a civiles son crímenes de
guerra.
El caso de Israel encierra una triste paradoja. Por un lado, el Estado de Israel
existe porque una resolución de Naciones Unidas le concede el derecho de existir.
Es el primer Estado moderno creado de esta manera. Por el otro, el Estado de
Israel no deja de vulnerar sistemáticamente todas y cada una de las resoluciones
de esa misma organización que le dio la vida y que le reconoció la legitimidad de
su existencia.
Israel representa a un pueblo que sufrió en carne propia unos crímenes atroces.
Años después es responsable de vulneraciones constantes del derecho
internacional y de un sometimiento, represión y opresión constitutivos de crímenes
de guerra contra otro pueblo marginado y repudiado: el palestino.
Existen desde una óptica histórica varias claves que a continuación presento:
 La creación del Estado de Israel y el problema demográfico
 Las Guerras de 1948 y 1967
 Jerusalén Este
 Los Acuerdos de Oslo y Camp David
 Gaza: Esta clave es de las más importantes ya que es la cárcel más grande
del mundo “En Gaza, el 38% de la población vive en situación de pobreza.
El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75%
son beneficiarios de ayuda. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus
aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles. Más del 90% del
agua del acuífero de Gaza no es potable. Y alrededor de un tercio de los
artículos de la lista de medicamentos esenciales están agotados.”
 La política de demoliciones y destrucciones
 La política de asentamientos
 La impunidad: Esta clave es fundamental ante el conflicto “Israel solo ha
cumplido totalmente el 0’5% de las resoluciones en materia de derechos
humanos que se le han presentado” El apartheid de Israel sobre la
población palestina es un crimen contra la humanidad. No tiene cabida en
un mundo que defiende la igualdad. Para defender los DDHH debemos
acabar con el régimen de apartheid”.
Si bien la comunidad internacional lleva tiempo dejando de lado los derechos
humanos cuando se trata de abordar las décadas de lucha y sufrimiento del

pueblo palestino. Los palestinos y palestinas que sufren la brutalidad de la
represión de Israel reclaman desde hace más de dos décadas que se entienda el
régimen israelí como apartheid. Con el tiempo, ha empezado a cobrar fuerza un
reconocimiento internacional más amplio del trato que da Israel a la población
palestina como apartheid.
Aun así, los gobiernos con responsabilidad y poder para hacer algo se niegan a
tomar medidas significativas para obligar a Israel a rendir cuentas de sus actos. En
su lugar, se esconden tras un proceso de paz moribundo a expensas de los
derechos humanos y de la rendición de cuentas. Lamentablemente, la situación
actual no muestra ningún avance hacia una solución justa sino el empeoramiento
de los derechos humanos para la población palestina.
El estallido de una nueva guerra ha traído consigo respuestas a nivel
internacional. Esto incluye reacciones provenientes de Estados Unidos, un aliado
clave de Israel, así como de Irán, su principal adversario. Además, Arabia Saudí,
con quien las relaciones de Israel se han fortalecido recientemente, también ha
emitido una respuesta. Europa no se ha quedado atrás y también ha hecho
público su posicionamiento.
Finalmente, entender que el conflicto entre Hamás e Israel es complejo y su
dinámica está sujeta a múltiples factores, incluyendo la política internacional, la
historia regional y las realidades en el terreno. Es imperativo que se busquen
soluciones duraderas para evitar más pérdidas de vidas y estabilidad en la región.