Buscando avanzar hacia la regularización de los “corralones” y las grúas que operan en el Estado de México, la Secretaría de Movilidad firmó un acuerdo que permite otorgar una prórroga de 3 meses -a partir de su publicación en Gaceta de Gobierno- para que las y los concesionarios puedan cumplir con los requisitos establecidos en la norma.

Se trata de una norma que regula los servicios concesionados y permisionarios de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, misma que fue aprobada por el Congreso Local y hace un año entregó en vigor, dando un plazo límite de tiempo para que a más tardar en enero de 2023 este servicio ya estuviera regulado; sin embargo, sólo 60 expedientes se registraron y de ellos, únicamente dos cumplieron.

“Al final lo que se busca es que la ciudadanía pueda contar con un servicio adecuado, sin corrupción y sin extorsión. Con la norma vigente sólo se han recibido 60 expedientes y de esos, solamente dos concesionarios han cumplido en tiempo y forma”, señaló el titular de la SEMOV, Daniel Sibaja González.

Acompañado por Jorge Eduardo Carbajal Salinas, Coordinador Jurídico y Daniela Arteaga, encargada de la dirección consultiva, el secretario aclaró que la norma permite a la SEMOV quitar o revocar concesiones, actualizar las tarifas de lo que cuestan los servicios y definir aspectos técnicos que deben acatar quienes se regularicen, tales como: prohíbe el pago en efectivo dando paso al pago con tarjeta o depósitos en tiendas de conveniencia; se determina el área geográfica de operación para el arrastre; y no se permitirá el robo ni daños al vehículo resguardado; además las grúas deben contar con cámaras.

“En los próximos días se publicará en Gaceta de Gobierno del Estado un acuerdo en donde se establecerá que les vamos a dar una prórroga, es decir, hasta el 12 de enero de 2023 para que las y los concesionarios puedan cumplir con los requisitos para la culminación de los trámites pendientes para el otorgamiento de las concesiones y permisos. No vamos a permitir ni un solo caso de corrupción. En la Secretaría de Movilidad no hay amiguismos ni tráfico de influencias”, expresó.

Además de lo anterior, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar aquellos depósitos y grúas que violan los precios ya definidos para la prestación del servicio, a fin de clausurarlos y retirarles la concesión.

Respecto a las tarifas, de manera oficial se dio a conocer que la cuota por el depósito de vehículos (por día y fracción) es de 23 pesos para bicicletas y motocicletas; de 73 pesos para automóvil o vagoneta; de 83 pesos camionetas y microbús; 138 pesos camión tipo rabón, Torton o tractor agrícola; y de 161 pesos para los autobuses, remolques, semirremolque, tractocamión, y maquinaria especial; y para el abanderamiento (grúa por hora) la tarifa es de 909 pesos.

Por Lilia González

Para erradicar la corrupción y la discrecionalidad con la que operan los servicios concesionados y permisionados de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, las comisiones legislativas de Comunicaciones y Transporte, con Planeación, Gasto Público y la de Finanzas Públicas iniciaron el análisis de dos iniciativas que buscan su regularización.

La iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena busca regular su operación y sus tarifas; mientras que la iniciativa de la bancada de Acción Nacional es complementaria, pretendiendo terminar con los actos de corrupción con los que las grúas operan en la entidad.

El diputado morenista Adrián Manuel Galicia Salceda refirió que, en la entidad, la carente infraestructura, la falta de control sobre los vehículos automotores ingresados a los depósitos de vehículos, la nula transparencia en los cobros de los servicios brindados por los mismos, los robos de autopartes sucedidos dentro de estos espacios, entre otras cosas, ponen en duda si es un servicio a la ciudadanía o un “atraco”; puesto que en algunos casos es mayor el cobro de la tarifa que incluso el propio valor del vehículo.

“En el Estado de México existen algunos grupos que gustan de aprovecharse de las necesidades sociales y problemáticas de las personas al vislumbrar vacíos jurídicos, como es el caso de los servicios concesionados y permisionados de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos”, señaló.

Con dicha propuesta, se dijo, se busca apostarle a la regularización de los más de 100 corralones que existen en la entidad y regular tarifas, puesto que actualmente cobran entre 20 mil y 30 mil pesos por el arrastre.

En tanto, la iniciativa del PAN persigue tres objetivos: proponer que en ningún caso el costo de la maniobra y arrastre realizado por la grúa sea mayor a la infracción; que los conductores que demuestren no ser responsables de la comisión de una falta administrativa y no realicen una acción u omisión que pueda dar lugar a la tipificación de un delito, queden exentos del pago de la liberación del vehículo; y que las grúas cuenten con cámaras de video para inhibir actos de corrupción.

Tras su análisis, los integrantes de las comisiones acordaron citar a reuniones de trabajo a funcionarios de dependencias estatales involucradas en el tema como: Movilidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos para robustecer las propuestas.