Autoridades de San Luis Potosí localizaron con vida a siete electricistas que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Matehuala, luego de que sus familiares perdieron contacto con ellos tras concluir su jornada laboral.

El hallazgo se logró tras un operativo coordinado en el que participaron más de 500 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Civil Estatal y corporaciones policiacas, quienes desplegaron acciones de búsqueda en la región del altiplano potosino.

De acuerdo con información oficial, los trabajadores fueron ubicados en el mismo municipio donde se reportó su desaparición y posteriormente trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se realizan los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

La desaparición fue reportada el 21 de marzo, después de que familiares de los electricistas dejaron de tener comunicación con ellos. Los hombres habían salido desde el 16 de marzo desde el municipio de Cárdenas para realizar trabajos en distintos puntos de la zona.

Tras la denuncia, la Fiscalía activó un operativo encabezado por la Policía de Métodos de Investigación y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con apoyo de fuerzas federales y estatales, así como vehículos terrestres y aeronaves para ampliar el radio de búsqueda.

Las autoridades también brindaron apoyo a los familiares durante el proceso, mediante acceso a recursos para alimentación y hospedaje, además de acompañamiento jurídico mientras se desarrollaban las labores de localización.

Los trabajadores, con edades entre los 20 y 30 años, fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo.

Hasta el momento, se mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias de su desaparición, en una región que colinda con Nuevo León y que ha sido señalada por la presencia de grupos delictivos.

En un operativo realizado en la localidad de La Alberca, en Apatzingán, Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Defensa Nacional aseguraron un arsenal de explosivos, armas y municiones tras un enfrentamiento con civiles armados. Durante el incidente, cinco agresores fueron abatidos.

Las autoridades informaron que el operativo tenía como objetivo localizar artefactos explosivos en la zona, cuando fueron atacados por presuntos integrantes de un grupo delictivo de la región de Tierra Caliente. En respuesta, las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y aseguraron el área.

En el lugar fueron decomisados 116 artefactos explosivos improvisados, entre ellos 50 de fabricación casera y 12 con características similares a granadas de mano. También se encontraron 18 kilos de explosivos y seis kilos de pólvora, que presuntamente serían utilizados para la fabricación de más artefactos. Personal especializado de la Guardia Civil y del Ejército se encargó de desactivarlos.

Además, se detectaron y neutralizaron 12 drones, los cuales podrían haber sido empleados para ataques aéreos. Las fuerzas de seguridad utilizaron tecnología especializada para inhibir sus señales y evitar su uso durante el enfrentamiento.

Las autoridades anunciaron que se reforzarán las labores de seguridad en la región de Tierra Caliente con el objetivo de reducir la presencia de grupos delictivos y prevenir ataques como el ocurrido el pasado 27 de enero, cuando una aeronave militar fue atacada con drones explosivos en Apatzingán. En aquella ocasión, un helicóptero Black Hawk del Ejército fue agredido, aunque la tripulación logró regresar sin bajas.

El operativo en La Alberca forma parte de una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno para combatir la violencia en la zona y debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales.

El gobierno de Veracruz, bajo la dirección de Cuitláhuac García, anunció el domingo 23 de junio la disolución de la Fuerza Civil del estado, una unidad táctica e de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establecida desde 2014. Esta medida busca establecer un mando único de seguridad.

El anuncio fue realizado por la Secretaría de Gobierno después de que la corporación estuviera involucrada en un operativo fallido el pasado jueves 20 de junio en la comunidad de Totalco, donde se registraron dos muertes.

«Este gobierno ha decidido eliminar la dirección operativa de la Fuerza Civil. Se ha ordenado iniciar el proceso para su desmantelamiento y establecer un único mando operativo bajo una sola dirección dependiente directamente de la Subsecretaría de Operaciones dentro de la SSP», señala el comunicado oficial.

Se especificó que la desaparición de la Fuerza Civil se llevará a cabo sin interferir en las investigaciones en curso realizadas por las fiscalías. Se aseguró también la preservación de los derechos laborales tanto de los elementos policiales de esta corporación como del personal administrativo.

La Fuerza Civil de Veracruz fue creada en octubre de 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa. La corporación incluyó diversas unidades como las Fuerzas de Reacción y Apoyo (FRYA), la Policía Estatal Acreditable (PEA), la Fuerza Estatal de Caminos (FEC), entre otras divisiones especializadas.

Inicialmente, la unidad fue formada por 2,000 elementos que habían aprobado los exámenes de control y confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con el objetivo de fortalecer las operaciones policiales estatales y responder de manera conjunta a las necesidades regionales.

Tras diez años de servicio, la corporación cesará sus funciones, tras el incidente del 20 de junio, donde se vio involucrada en un operativo violento de desalojo en Totalco, Perote, que resultó en la muerte de dos personas y varias más heridas.

Este incidente provocó la condena de organizaciones civiles como la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental y Colectiva M28, quienes acusaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de complicidad en la violencia ejercida contra los campesinos que protestaban por el derecho al agua y contra la operación de Granjas Carrol, acusando al gobierno de haber sido cómplice de la violencia ejercida contra los campesinos que solo buscaban defender su derecho al agua.

El estado de Michoacán inició la semana con un trágico episodio de violencia en el municipio de Tacámbaro, donde se desencadenó un intenso enfrentamiento armado entre autoridades y presuntos delincuentes. Los informes preliminares indican que este intercambio de balas dejó varios oficiales heridos.

Los detalles de este lamentable suceso comenzaron a circular a través de las redes sociales, donde se difundió un video que capturó el momento en el que un grupo de individuos armados descendió de una camioneta en las calles de la colonia Centro, abriendo fuego contra los elementos de la Guardia Civil.

La Fiscalía General de Michoacán comunicó que de acuerdo con la información preliminar, el saldo de esta agresión incluye cinco personas fallecidas, entre las que se encuentra una empleada de un restaurante, un miembro de la Policía Municipal y tres civiles. Se presume que estos civiles eran una familia que se encontraba en la zona al momento del tiroteo, y no se les relaciona con el grupo criminal que organizó el atentado. Lamentablemente, entre las víctimas mortales se encuentra la madre de un joven desaparecido. Aunque su identidad no fue revelada, se confirmó que falleció tras ser llevada a un hospital de la región.

Además de las víctimas mortales, dos oficiales resultaron heridos en el enfrentamiento. El estado de salud de estos oficiales se desconoce, ya que no se ha proporcionado información sobre si se encuentran estables o en estado crítico.

Dado que el alcalde Artemio Moriya no ha emitido un comunicado oficial sobre los eventos, la situación de personas detenidas en relación con estos hechos sigue sin esclarecerse. La Fiscalía estatal anunció que se encuentra llevando a cabo investigaciones en colaboración con diversas instituciones de seguridad para determinar las circunstancias en las que se llevó a cabo esta agresión.

De manera extraoficial, se informó que este acto de violencia pudo haber sido un atentado dirigido hacia uno de los hermanos del presidente municipal de Tacámbaro, Artemio Moriya Sánchez, quien lamentablemente resultó herido durante el enfrentamiento.

Antes del enfrentamiento, poco antes de las 11:00 horas, se realizaron publicaciones anónimas en grupos de Facebook de Tacámbaro, advirtiendo a la población que no saliera de sus hogares bajo amenaza de violencia. Estos mensajes generaron un clima de miedo y preocupación en la comunidad, ya que amenazaban directamente al presidente municipal, su esposa y el tesorero.

Es importante recordar que, a finales del mes de julio, se dio a conocer el asesinato del sobrino del alcalde de Tacámbaro, conocido como Yoshio Moriya o ‘El Japonés’. Este homicidio ocurrió en circunstancias similares de violencia y ataque directo, sin que se lograra detener a los responsables, y las causas siguen siendo un misterio.

Hipólito Mora Chávez, ex líder de los grupos de autodefensa en la región de Tierra Caliente de Michoacán, perdió la vida en un enfrentamiento armado ocurrido en el municipio de Buenavista. El incidente tuvo lugar en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, donde Mora fue atacado por un grupo de gatilleros. Durante el suceso, la camioneta blindada del ex dirigente de las autodefensas fue incendiada y todos sus escoltas resultaron asesinados, según señaló Guillermo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, a través de un mensaje en Twitter.

Se estima que tanto Hipólito Mora como dos de sus escoltas perdieron la vida en dichos enfrentamientos. En las redes sociales circularon videos que mostraban vehículos incendiados y camionetas con impactos de bala, con oficiales de la Guardia Civil de Michoacán sin vida en su interior. En distintos puntos de la localidad se escucharon ráfagas de armas de grueso calibre.

Hipólito Mora, un agricultor de limón oriundo de La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán, fue reconocido por ser el primero en levantarse en armas contra los Caballeros Templarios en febrero de 2013. Padre de 11 hijos, con cinco de ellos viviendo en Estados Unidos y el más joven de 15 años, Mora había estado luchando contra la inseguridad y la violencia en la región durante más de una década, a pesar de padecer una afección cardiaca.

En 2021, Hipólito Mora Chávez fue registrado como candidato a la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Solidario (PES), presentándose oficialmente ante las autoridades del Instituto Electoral de Michoacán (IEM). Durante su campaña, enfatizó la importancia de abordar la inseguridad y la violencia como obstáculos para el desarrollo social.

Es importante destacar que Hipólito Mora era uno de los líderes y fundadores de las autodefensas en La Ruana, y su cabeza tenía un precio por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos, quienes ofrecieron una recompensa por su muerte. A lo largo de los años, Mora había sobrevivido a dos atentados previos, uno en noviembre de 2022 y otro en marzo de este año.

El fenómeno de las autodefensas en Michoacán atrajo a agricultores, ganaderos, profesionistas e incluso políticos, unidos por el hartazgo ante las extorsiones y amenazas de los Caballeros Templarios. Aunque se estima que cientos e incluso miles de personas se unieron a las autodefensas en diferentes municipios, solo algunos fueron reconocidos como interlocutores por las autoridades federales debido a su liderazgo dentro del movimiento.

El fallecimiento de Hipólito Mora en La Ruana, producto de un ataque armado, genera conmoción y recuerda el valiente papel que desempeñó como líder de las autodefensas en Michoacán. Su lucha contra la violencia y la inseguridad se mantuvo vigente hasta sus últimos días, y su muerte deja un vacío en la región y en aquellos que compartieron su visión de un Michoacán más seguro y próspero.