La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nombró al general de División de Estado Mayor Guillermo Briceño Lobera como nuevo comandante de la Guardia Nacional, en sustitución de Hernán Cortés Hernández, como parte de una rotación estratégica de mandos en el ámbito de la seguridad pública.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina del 6 de febrero de 2026, donde la mandataria explicó que el relevo forma parte de los ajustes institucionales instruidos a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el objetivo de fortalecer la operatividad y la coordinación entre las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

Guillermo Briceño Lobera cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en las fuerzas armadas. Ingresó al Heroico Colegio Militar en 1981 y desarrolló una carrera que lo llevó a ocupar cargos de alto mando en el Ejército Mexicano y en áreas estratégicas vinculadas a la planeación operativa y la seguridad nacional.

En el ámbito académico, el nuevo comandante posee licenciatura en Administración Militar, estudios de maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional, así como cursos de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra, formación orientada a la conducción táctica y estratégica de operaciones.

A lo largo de su carrera, Briceño Lobera se desempeñó como comandante de unidades militares en distintas regiones del país, jefe y subjefe de Estado Mayor, así como comandante de regiones y zonas militares, experiencias que respaldan su designación al frente de una corporación con presencia en las 32 entidades federativas.

El relevo también implicó cambios adicionales en la estructura de la Sedena. Hernán Cortés Hernández asumió el cargo de oficial mayor de la dependencia, mientras que Enrique Martínez López fue designado subsecretario de la Defensa Nacional, en el marco de una reorganización de mandos anunciada por el Ejecutivo federal.

La Guardia Nacional enfrenta el reto de consolidar su papel como principal cuerpo operativo de seguridad pública federal, con énfasis en el combate a delitos de alto impacto y el apoyo a estados y municipios con mayores índices de violencia, tareas que ahora estarán bajo la conducción de Briceño Lobera.

El gobierno federal señaló que este cambio busca asegurar continuidad institucional, fortalecer la coordinación interinstitucional y mantener una estrategia de seguridad basada en disciplina operativa, legalidad y presencia territorial.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que los servicios de transporte de pasajeros hacia y desde los aeropuertos del país, ofrecidos por aplicaciones como Uber, no cuentan con autorización oficial para operar en estas zonas.

A través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), la dependencia señaló que ninguna empresa de aplicación tiene permiso expedido por la Secretaría para prestar dichos servicios, por lo que no están facultadas legalmente para recoger o dejar pasajeros en instalaciones aeroportuarias.

El comunicado precisa que la empresa Uber promovió un amparo tras los operativos realizados por la Guardia Nacional en distintos aeropuertos, los cuales buscan hacer cumplir la normativa vigente. En respuesta, el Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión que ordena a la Guardia Nacional realizar sus acciones conforme a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sin incurrir en actos arbitrarios o discriminatorios.

La SICT subrayó que esta suspensión no representa una autorización para que Uber u otras plataformas digitales puedan prestar servicios en aeropuertos, ya que carecen de registro ante las autoridades federales.

La dependencia recordó que los servicios de transporte en aeropuertos deben cumplir con los requisitos que marca el Reglamento de Autotransporte Federal, el cual establece que solo los taxis y autobuses autorizados pueden operar dentro de las terminales aéreas.

En este sentido, la SICT exhortó a los usuarios a continuar utilizando los servicios oficiales de taxis, así como los servicios turísticos y de autobuses que cuentan con permisos federales y que operan hacia puntos específicos del país.

El gobierno federal reiteró que los operativos de la Guardia Nacional en los aeropuertos buscan garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad de los pasajeros, evitando la prestación irregular de servicios de transporte.

Un total de 30 internos identificados como presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa fueron trasladados al estado de Chiapas para su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la región del Soconusco.

Las autoridades detallaron que los reos enfrentan procesos por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Su arribo al penal ocurrió bajo un operativo de seguridad encabezado por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

El movimiento se realizó vía aérea a bordo de un Boeing 727 de la Guardia Nacional con matrícula XC-NPF. La aeronave partió del Aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa, y durante la ruta efectuó escalas en Veracruz y Oaxaca, donde descendieron otros grupos de internos. No se informó el número exacto de los reclusos dejados en esas entidades.

El aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Tapachula ocurrió la tarde del miércoles 3 de septiembre. Desde esa terminal, los 30 internos fueron conducidos en vehículos oficiales hasta el Cefereso 15, localizado a unos 65 kilómetros de la ciudad fronteriza.

El despliegue incluyó un fuerte dispositivo de seguridad con patrullajes terrestres y vigilancia aérea para garantizar el traslado sin incidentes. Elementos federales mantuvieron la custodia durante todo el trayecto.

De acuerdo con fuentes consultadas, los traslados forman parte de una estrategia de redistribución de internos considerados de alta peligrosidad, con el propósito de reforzar los controles penitenciarios en distintas regiones del país.

El Cefereso 15, en Villa Comaltitlán, ha sido uno de los centros penitenciarios destinados al confinamiento de reclusos vinculados con la delincuencia organizada, por sus condiciones de seguridad y capacidad operativa.

Hasta ahora no se han ofrecido detalles sobre el número total de internos movilizados en este operativo, ni sobre los penales de destino en Veracruz y Oaxaca.

En flagrancia la policía detuvo a dos hombres por su probable responsabilidad en los delitos de encubrimiento por receptación y portación de armas prohibidas en el municipio de Almoloya de Juárez.

En el operativo participaron de manera conjunta elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Municipal.

En un comunicado se detalló que durante los recorridos preventivos, sobre el barrio de San Juan, en la localidad de Mextepec, los efectivos de las tres corporaciones, detectaron que dos individuos manipulaban una motocicleta marca Vento, modelo DS150, color negro, sin placas de circulación.

Así, al notar la presencia de las autoridades intentaron huir del lugar, sin lograr su objetivo.

Al detener a los sujetos, de acuerdo al protocolo de actuación se le solicitó una inspección; al término se localizaron entre sus pertenencias un desarmador, una llave mecánica, un artefacto con características de arma de fuego tipo escuadra y un objeto metálico semejante a un cañón.

Además, se cotejó con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), el estatus del automotor que contaba con reporte de robo del 8 de octubre de 2024, por lo que se procedió a su detención inmediata.

En apego a los protocolos y con respeto a los derechos humanos, Gerardo “N” de 41 años y Abisai “N” de 35 años, fueron informados de los motivos de su detención y los derechos que la ley otorga, junto con los indicios, fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos con sede en Toluca, donde se definirá su situación jurídica.

Del 25 de marzo al 11 de agosto de 2025, la estrategia de seguridad aplicada en 12 municipios del Estado de México bajo el Mando Unificado Zona Oriente arrojó resultados significativos en el combate al crimen y la preservación del orden público.

En este periodo, las autoridades recuperaron mercancía valuada en 39 millones 543 mil 107 pesos, así como un millón 572 mil 212 pesos en efectivo. También se aseguraron mil 170 armas —685 blancas, 300 cortas, 35 largas, 150 hechizas— y dos mil 767 cartuchos útiles.

En materia de narcóticos, se incautaron alrededor de 175 kilogramos de drogas en distintas presentaciones, cuatro mil 742 dosis de cocaína y 796 unidades de metanfetaminas y anfetaminas.

Las acciones incluyeron la recuperación de cinco mil 349 vehículos, de los cuales mil 814 tenían reporte de robo. En el sector de transporte de carga, se aseguraron 405 unidades, de estas 159 con reporte de hurto. Durante la detención de José Luis “N”, alias “Crack”, considerado objetivo prioritario, se confiscaron bolsas con marihuana, sustancias tipo cristal, cocaína en piedra y polvo, así como equipo táctico, armamento y vehículos, entre ellos uno blindado.

Asimismo, se localizaron cinco tomas clandestinas de hidrocarburo, que derivaron en el decomiso de 39 mil 820 litros de combustible. También se desmanteló un presunto laboratorio clandestino de producción de drogas y se cumplimentaron 133 órdenes de aprehensión.

En este operativo participan de forma coordinada las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia mexiquense y las policías municipales.

Unos 32 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad, resultado de acciones operativas llevadas a cabo en 12 municipios mexiquenses fue el resultado de la Operación “Restitución” la cual se llevó a cabo
en la semana del 4 al 10 de agosto.

Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que participó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (MARINA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales.

Las acciones operativas consistentes en cateos e inspecciones fueron llevadas a cabo en los municipios de Almoloya de Juárez, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Metepec, Tecámac, Texcoco, Toluca y Tultitlán.

Del total de estos inmuebles asegurados 27 corresponden a casas habitación y cinco predios.

Los 32 inmuebles asegurados se suman a las propiedades aseguradas desde que fue puesta en marcha la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, el pasado mes de abril, con lo que se contabilizan 655. De estos inmuebles, 285 ya fueron restituidos, a quién, con base en determinación del Ministerio Público, acreditó la legítima propiedad de los mismos.

Cabe mencionar que Operación “Restitución” forma parte de la “Estrategia para la Restitución de la Propiedad”, impulsada desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que en la entidad encabeza la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que participan la DEFENSA, MARINA, GN, así como del Gobierno del Estado de México a través de la SSEM.

Los elementos habían sido enviados en respuesta a las manifestaciones desencadenadas por las redadas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Cerca de 4 000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines se encontraban en Los Ángeles desde el 7 de junio en una misión que podría durar hasta 60 días, cuyo plazo se termina la siguiente semana.

La movilización de estas tropas fue un hecho inusual, ya que lo ordenó la administración de Trump y no el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien desde el inicio estaba en contra de esta acción, al igual que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Newsom consideró esta acción como propaganda, además de demandar al gobierno federal el junio pasado, pues argumentó que Trump violó la ley cuando movilizó a las tropas sin notificárselo. El gobernador de California también pidió al juez un cese de emergencia de las tropas que ayudan a llevar a cabo las redadas de inmigración.

Esta orden forma parte de otras que desde hace dos semanas han permitido el regreso de casi la mitad de los cerca de 5 000 elementos desplegados en Los Ángeles. Funcionarios del Pentágono estimaron que el coste del despliegue de los marines y los soldados de la Guardia Nacional asciende a unos 134 millones de dólares.

Toluca se posicionó entre las ciudades con mejores resultados en materia de seguridad pública a nivel nacional, tras registrar una disminución significativa en diversos delitos de alto impacto durante el primer semestre de 2025. Autoridades locales atribuyen esta tendencia a la coordinación entre cuerpos de seguridad y acciones enfocadas en la recuperación del tejido social.

Durante su conferencia semanal, el presidente municipal Ricardo Moreno detalló que su administración no bajará la guardia, por lo que giró instrucciones para fortalecer los operativos conjuntos con la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Policía Estatal.

En el periodo referido, los homicidios dolosos bajaron 44%, al pasar de 25 casos en 2024 a 14 este año, siendo el nivel más bajo registrado en la última década. También se reportó una reducción del 85.71% en secuestros, con solo un caso documentado, el cual derivó en la desarticulación de una célula delictiva.

El robo de vehículos descendió 53.75%, mientras que el robo a casa habitación disminuyó 35.61%, con 170 incidentes reportados. Ambos delitos registraron los niveles más bajos desde 2015.

Otros delitos también mostraron caídas relevantes: el robo a transporte público bajó 16.91%, el robo a transeúnte 33.96% y el robo a negocio 16.90%, este último con 649 casos contabilizados. En todos los rubros, Toluca se mantiene por debajo de la media nacional.

Respecto al robo con violencia, la reducción fue de 50.75%. Las lesiones dolosas disminuyeron 12.14%, y los casos de violencia familiar presentaron una baja de 16.78%.

Las cifras fueron confirmadas con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y reflejan una mejora sostenida en los indicadores delictivos de la capital mexiquense. Desde el gobierno local se reconoció el trabajo del personal operativo y se reiteró el compromiso de mantener acciones firmes para garantizar la seguridad de la población.

El traslado de 60 personas privadas de la libertad a distintos Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) ubicados en el interior del país fue llevada con éxito por personal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Esta acción fue coordinada por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en estrecha coordinación con las secretarías de Seguridad de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.

El operativo tuvo como objetivo preservar condiciones de control en los centros penitenciarios, debido al perfil de las personas privadas de la libertad, relacionadas con diversos delitos que atentan contra la seguridad pública, así como el bienestar de la sociedad.

Del total de personas mencionadas, 15 fueron extraídas del CEFERESO No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, y concentradas en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde de manera simultánea, arribaron otras 45 personas privadas de la libertad provenientes de centros penitenciarios estatales, como parte de la estrategia de seguridad metropolitana: 20 de la Ciudad de México, 20 del Estado de México y 5 del estado de Querétaro.

Las personas privadas de la libertad fueron trasladadas vía aérea hacia nueve Centros Federales de Reinserción Social distribuidos en distintas regiones del país.

La seguridad del traslado estuvo a cargo de elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), así como de la Guardia Nacional, quienes actuaron conforme a los protocolos vigentes para garantizar la integridad y el orden durante toda la operación.

El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, en coordinación interinstitucional y con estricto apego a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, así como del personal operativo.