Lilia González

Las comisiones legislativas aprobaron la iniciativa remitida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para agravar las penas, ampliar los supuestos que configuran los delitos de hostigamiento y abuso sexual, y para que ambos se persigan de oficio.

Con esta medida se busca avanzar en el fortalecimiento de una vida libre de violencia para mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables.

La iniciativa plantea sancionar hasta con 9 años de prisión el hostigamiento sexual y hasta con 20 años el abuso sexual, que se persigan de oficio estos delitos y que, en su interpretación y aplicación, se consideren la perspectiva de género y los contextos de vulnerabilidad de la víctima.

Se amplía el concepto de hostigamiento sexual para quedar como la conducta de naturaleza sexual no consentida a persona de cualquier sexo que le sea subordinada, que lesione su dignidad o que sea indeseable para quien la recibe, valiéndose de su posición derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique jerarquía.

En cuanto al delito de abuso sexual, indica que aplicará a cualquier acto sexual en el ámbito privado o público sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, o a quien lo realice en su presencia, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo sobre sí, en otra persona o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo.

Y se precisa que, por acto sexual, se entenderán los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas; así como que no se considera consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad.

Una vez respaldada en comisiones, el dictamen se enviará al Pleno para que se someta a votación y pueda entrar en vigor con su publicación en Gaceta de Gobierno.

Ricardo Sodi Cuellar, quien ocupa la posición de titular en el Tribunal Superior de Justicia, asumió la responsabilidad de dar juramento a los nuevos miembros del Comité encargado de abordar situaciones de hostigamiento sexual y acoso en el Poder Judicial del Estado de México para el período 2023-2025.

El Magistrado Presidente subrayó que este tipo de medidas se enmarcan en el reconocimiento obtenido por el PJEdomex en mayo de este año como «Great Place To Work». Esto refleja el compromiso continuo de crear un entorno en el que los servidores judiciales puedan desarrollar sus labores en un ambiente armonioso y agradable.

Enfatizó Sodi Cuellar que el acoso y hostigamiento son incompatibles con un lugar de trabajo seguro. Además, resaltó la creación de un protocolo en la materia, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 4 de julio de 2018, como parte de los esfuerzos efectivos para prevenir y abordar estas conductas en la institución.

Se reconoció el trabajo anterior del comité saliente, destacando su contribución en la mejora del entorno laboral en el tribunal. Pablo Espinosa Márquez, Consejero de la Judicatura y líder del comité, enfatizó que los nuevos integrantes se centrarán en fortalecer y mantener el compromiso del Poder Judicial con su personal, asegurándose de cumplir con las normativas nacionales e internacionales relacionadas con el acoso y hostigamiento.

Las nuevas incorporaciones al comité incluyen a la Consejera Cristel Pozas Serrano, la Magistrada Blanca Colmenares, el Magistrado Juan Manuel Télles, la Jueza Olivia Moreno Rosales y el Juez Jesús Antonio Rodríguez.

Mientras tanto, figuras como el Coordinador General Jurídico y Consultivo Joel Sierra Palacio, el Asesor Samuel Domínguez Alba, la titular de la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos, Luz María Lemus Campuzano, y Karen Osuna Bravo, Subdirectora de Derechos Humanos, seguirán desempeñando sus funciones actuales.

En su intervención, Lemus Campuzano enfatizó la orientación del tribunal hacia el bienestar de sus servidores públicos, promoviendo espacios seguros y llamando a una política de cero tolerancia ante conductas de hostigamiento y acoso. A su vez, alentó a la comunidad a no permanecer en silencio y reportar incidentes.

Organizaciones sociales y civiles integradas a la Red Estatal Promotora para la Observación Electoral, denunciaron que en los municipios de San Felipe del Progreso y Villa Victoria se registraron hechos de hostigamiento en contra de quienes fungieron como observadores.

En conferencia de prensa David Orihuela Nava de «Que siga la Democracia, AC.», Shayda Ruiz de «PODEMOS-independientes» y José Luis Gutiérrez Cureño de «Regeneración Metropolitana» coincidieron que en general la jornada se desarrolló de forma tranquila.

«Solamente en el distrito nueve de San Felipe del Progreso se registraron hostigamientos por parte de la policía municipal en contra de los observadores electorales, mientras que en el municipio de Villa Victoria también hubo actos de acoso, hechos que fueron denunciados en su oportunidad «, indicó Shayda Ruiz.

Otros de los hechos que se presentaron, señaló, fue que algunos observadores fueron retirados de las casillas por personal del INE, sin dejar que hicieran su trabajo.

Por su parte David Orihuela Nava de «Que siga la Democracia, AC.», dijo que después de estos hechos en lo general, se cumplió el objetivo que se trazaron de vigilar las casillas y con ello, garantizar el triunfo que se dio el pasado 4 de junio.

Finalmente, José Luis Gutierrez Cureño, qué tal de» Regeneración Metropolitana» indicó que el INE desde antes de la elección obstaculizó el trabajo de los observadores, debido a que sólo les entregaron la mitad de las acreditaciones de los observadores y el resto los obtuvieron después de la fecha señalada.

Lilia González

Buscando investigar y sancionar a quienes cometen acoso y hostigamiento dentro de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, el titular del Órgano Interno de Control de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Victorino Barrios Dávalos informó que cuentan con 11 casos que se encuentran en proceso de investigación.

Explicó que los 11 casos no corresponden a solo esta administración, sino también a la anterior que no han podido ser subsanados y se encuentran aún en investigación.

“Cuando llegamos ya habían cinco casos por estos temas y las seis restantes llegaron ya cuando estábamos instalados, hemos conocido de otros casos pero que para nuestra observación inmediata ya prescribieron”, dijo.

Detalló que hasta el momento no se ha logrado aplicar alguna sanción y explicó que la mayoría corresponden a hechos cometidos en contra de alumnas por parte de docentes y de propios alumnos.

“Es el primer Órgano Interno de Control que existe en la universidad, antes había una Contraloría que hacía lo que le decía el rector, hoy no es así, la verdad es que los procesos son tardados porque sí es difícil demostrar el acoso”, refirió.

A la par, Victorino Barrios aseguró que estos casos de acoso y hostigamiento se han presentado más en las áreas deportivas.

“Nosotros tratamos de darle la confianza a la comunidad universitaria para que denuncie y reporte estos casos y en todo caso, les decimos que podemos aplicar alguna medida cautelar como retirar al agresor”, señaló.

Por Guadalupe de la Cruz

Integrantes de la Unión de Trabajadores del Hospital «Mónica Pretelini Sáenz» desistieron de realizar manifestaciones, tanto en el nosocomio como en Casa de Gobierno, debido a que las autoridades del sector salud y gobernación acudieron a dialogar con los inconformes.

«La movilización se realizaría para exigir a las autoridades su intervención para que se realice el cambio en la dirigencia sindical, misma que lleva en el cargo más de 7 años, cuando debió salir la convocatoria hace 4, además de que los trabajadores sufrimos de hostigamiento y discriminación para poder ascender, pues los directivos heredan las plazas laborales a sus familiares», así lo manifestó Angélica Arias, trabajadora del Hospital «Mónica Pretelini».

Precisó que confían en las autoridades que acudieron a dialogar con los inconformes, y tendrán que dar solución a sus peticiones. «Por eso accedimos a parar las acciones que teníamos contempladas realizar, porque de lo contrario estaremos realizando diversos plantones; paros laborales, no, porque somos los primeros en defender los derechos de los pacientes», comentó.

Por Guadalupe de la Cruz

Más de 60 servidores públicos de diversas áreas del Ayuntamiento de Toluca aseguran fueron despedidos injustificadamente, por lo que estaban dispuestos a demandar a la administración de Juan Rodolfo Sánchez Gómez; sin embargo, desistieron por presuntas amenazas y hostigamiento por parte de sus superiores.

El abogado Mario Alberto Camacho Vargas dijo que muchos empleados del Ayuntamiento de Toluca desconocen sus derechos laborales, y aun cuando les brindaría asesoría gratuita, ninguno de los 60 que presentarían demanda ante la Secretaría del Trabajo llegó a la dependencia.

“Muchos de ellos no conocen sus derechos laborales y, en ocasiones, por miedo a no recibir su salario o finiquito, firman de forma obligada documentos que autorizan a su empleador a decidir sobre sus derechos laborales”, manifestó.

Camacho Vargas comentó que la mayoría de los trabajadores, no solo del Ayuntamiento, sino en general, no sabe que después de que son despedidos tienen derecho al pago de 90 días, a una prima vacacional, así como al pago de finiquito; todo ello forma parte de los adeudos que su empleador tiene con ellos, y la liquidación, todo como parte de sus derechos; asimismo, si tienen más de 15 años laborando en dicho lugar, le corresponden 20 días por año.

Ernesto Monroy Yurrieta, candidato a diputado federal del distrito 26 por el Partido Verde, indicó que dieron a conocer a la Secretaría de Gobierno los actos de acoso y hostigamiento que han recibido por parte de elementos de otras estructuras, con el objetivo de que se tomen cartas en el asunto.

«La capital mexiquense merece las mejores condiciones para que se desarrolle una jornada tranquila, vamos por una elección que tiene que ser ejemplar, por lo que hacemos un llamado a evitar acciones de violencia», manifestó.

«Confiamos en que la Mesa Política intervendrá con quienes no están jugando con las reglas, pues no entienden que tras la pandemia las personas no quieren este tipo de espectáculos, sino que esperan propuestas», añadió.

«Vamos muy bien, pero los acosos y hostigamientos son los que manchan la jornada, por eso solicitamos que existan las condiciones necesarias», aseveró el candidato.