Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

La resolución fue emitida por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien determinó que existen elementos para continuar el proceso penal por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos.

Además de Ruffo Appel, fueron vinculados Ricardo Thompson Navarro y José Merino Valdés Cuervo por los tres delitos. Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez enfrentarán proceso por delincuencia organizada y contrabando.

José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén fueron vinculados por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República informó que la jueza mantuvo la prisión preventiva oficiosa para los imputados. Ruffo Appel, Merino Valdés Cuervo, Thompson Navarro, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez permanecerán en el penal federal del Altiplano.

Adriana Magali Bárcenas Guillén continuará recluida en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur, mientras que José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales seguirán en prisión domiciliaria por motivos de salud.

La FGR sostiene que los imputados formaban parte de un esquema mediante el cual ingresaba combustible al país con declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras, al reportar volúmenes menores o registrar los cargamentos como productos distintos.

Las audiencias se realizaron a puerta cerrada a solicitud de la Fiscalía, pese a que la defensa manifestó su intención de permitir el acceso a medios de comunicación y público. Los ocho imputados fueron detenidos la semana pasada en operativos del gabinete de seguridad federal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró que no existe ninguna orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta relación con el robo de combustibles conocido como huachicol fiscal. El funcionario fue cuestionado durante la conferencia matutina del 9 de septiembre sobre la situación jurídica del exmandatario.

El nombre de Ruffo se colocó en el centro del debate luego de que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmara que el exmandatario forma parte de las personas investigadas en la entidad por posibles vínculos con la empresa Lambrucat, señalada en operaciones de extracción y comercialización ilegal de combustibles en Coahuila.

Las indagatorias se intensificaron tras la incautación de 15 millones de litros de hidrocarburo en esa entidad. Según la información oficial, la empresa Lambrucat y la firma Ingemar S.A. de C.V. fueron puestas bajo revisión al detectarse irregularidades en sus operaciones.

En estas investigaciones también se incluyó a otros empresarios, entre ellos Ricardo Thomson Ramírez, su hijo Ricardo Thomson Navarro y el socio extranjero José Merino Cuervo. En instalaciones relacionadas con Ingemar se hallaron tres millones de litros de combustible, lo que llevó a ampliar las pesquisas sobre sus accionistas y socios.

Ruffo Appel ha estado anteriormente vinculado a acusaciones por presuntos nexos con el crimen organizado. En 2017, el expresidente Felipe Calderón lo señaló de colusión con el cártel de los Arellano Félix, mientras que la periodista Anabel Hernández documentó en su libro Los Señores del Narco que Joaquín “El Chapo” Guzmán habría señalado al exgobernador como un funcionario que brindó protección a esa organización criminal.

El exmandatario, sin embargo, negó en diversas ocasiones estas versiones. Desde su paso como presidente municipal de Ensenada hasta la gubernatura de Baja California, sostuvo públicamente que estaba dispuesto a colaborar con las autoridades en caso de ser requerido y rechazó tener relación alguna con actividades ilegales.

Las autoridades federales reiteraron que las investigaciones en torno al huachicol fiscal siguen su curso y que aún no se han emitido órdenes de detención contra las personas involucradas. García Harfuch insistió en que el gobierno no ha centrado acciones en la figura del exgobernador, aunque su nombre se mantiene dentro de los expedientes.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno mantendrá el compromiso de cero impunidad en el caso de las investigaciones por huachicol fiscal, tras el aseguramiento de un buque con diésel en Tampico que ingresó con permisos temporales irregulares.

Explicó que el procedimiento no se resuelve de manera inmediata, ya que se requieren pruebas sólidas para judicializar a los implicados, entre quienes se encuentra un sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, quien fue el primero en denunciar el hecho ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum relató que el buque fue reportado como cargado con una sustancia distinta a combustible, lo que le permitió un permiso temporal de ingreso. Sin embargo, al revisarlo, las autoridades confirmaron que transportaba diésel, lo que dio pie a las investigaciones y a la prohibición de nuevas importaciones bajo esas condiciones.

La presidenta señaló que la indagatoria estuvo a cargo de la FGR con el respaldo de las secretarías de Seguridad y Marina, debido a que esa aduana está bajo administración de personal naval. Indicó que la red de corrupción operaba al introducir combustible sin pagar impuestos y después colocarlo en gasolineras o flotillas con permisos formales, lo que generaba altas ganancias ilegales.

Aclaró que la importación de combustibles en México es legal siempre que se cuente con permisos de la Secretaría de Energía, se cubran los impuestos correspondientes y se declare la ruta de distribución hacia las estaciones de servicio. En este caso, la maniobra fue disfrazada como importación temporal de sustancias destinadas a procesamiento y posterior exportación, sin pago de impuestos, esquema conocido como huachicol fiscal.

De acuerdo con lo expuesto, las detenciones de empresarios y exfuncionarios derivaron de denuncias previas y de la acumulación de pruebas durante los últimos dos años. “Lleva bastante tiempo hacer estas investigaciones, aunque sea evidente el delito, porque se requiere documentar cómo están involucrados y con qué mecanismos”, señaló.

La mandataria reiteró que su administración actuará con firmeza en los casos de corrupción y evasión fiscal ligados a combustibles. Subrayó que la instrucción es detener a todos los involucrados sin excepción, independientemente de vínculos familiares o antecedentes en instituciones.

Finalmente, recordó que este caso forma parte de una estrategia más amplia contra la importación ilegal de hidrocarburos, un fenómeno que afecta tanto la recaudación como la competencia en el mercado energético nacional.