La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que más de 18 mil personas cubanas y de otras nacionalidades fueron deportadas de Estados Unidos a México entre enero de 2025 y marzo de 2026, presuntamente sin acceso adecuado a defensa legal y bajo condiciones que pusieron en riesgo su seguridad y salud.

El señalamiento forma parte del informe “Casting Us Aside to Die”, publicado este miércoles, donde la organización sostiene que cerca de 13 mil de esas personas fueron enviadas a territorio mexicano mediante acuerdos entre los gobiernos de ambos países, aun cuando no eran originarias de México.

De acuerdo con HRW, las personas cubanas representaron el grupo más numeroso entre quienes fueron trasladados a México, con al menos cuatro mil 353 deportaciones registradas durante el periodo analizado.

La organización realizó 53 entrevistas en ciudades como Tapachula y Villahermosa entre febrero y abril de 2026 a personas originarias de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y otros países, quienes relataron haber permanecido incomunicadas o con acceso limitado a abogados y familiares durante su detención en Estados Unidos.

El informe señala que varias personas deportadas llevaban décadas viviendo en Estados Unidos, algunas desde la infancia, y tenían procesos migratorios o solicitudes de regularización en curso cuando fueron detenidas por autoridades migratorias.

Human Rights Watch también documentó presuntas condiciones severas en centros de detención migratoria estadounidenses, donde migrantes denunciaron hacinamiento, bajas temperaturas, escasez de alimentos y dificultades para recibir medicamentos o atención médica.

Según la organización, muchas personas deportadas quedaron en una situación de “limbo migratorio” en México, enfrentando dificultades para acceder a empleo, vivienda y servicios básicos mientras intentan regularizar su situación mediante solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Un profesor jubilado en Arabia Saudita ha sido condenado a muerte por expresar críticas en Twitter, según informes de su hermano y la organización Human Rights Watch.

Muhammad al-Ghamdi, de 54 años, fue condenado después de publicar cinco comentarios en los que cuestionaba la corrupción y las violaciones de derechos humanos, según su hermano Saeed bin Nasser al-Ghamdi. Human Rights Watch afirma que Al-Ghamdi fue detenido el año pasado y apenas tuvo acceso a un abogado antes de ser condenado en julio. Las acusaciones incluyeron socavar la religión o la justicia, apoyar una ideología terrorista, comunicarse con una entidad terrorista y publicar noticias falsas con la intención de cometer un delito terrorista.

La condena a muerte se produce en medio de un aumento en la represión de la libertad de expresión en Arabia Saudita, y se suma a una creciente cifra de ejecuciones en el país. Según la Organización Saudí Europea de Derechos Humanos, Arabia Saudita ha ejecutado al menos a 92 personas en lo que va del año. En 2022, la organización ALQST registró 148 ejecuciones en el país, más del doble de las registradas en 2021.

La sentencia ha sido vista como un mensaje escalofriante sobre la represión en el país, donde incluso un tuit puede llevar a la pena de muerte. El hermano de Al-Ghamdi, Saeed, un destacado erudito islámico y crítico del gobierno, cree que la severidad de la condena se dirige también a él debido a su activismo y exilio autoimpuesto en el Reino Unido.

Hasta el momento de la publicación, no se ha recibido respuesta de los Ministerios de Justicia e Interior de Arabia Saudita a las solicitudes de comentarios por parte de CNN.