Karime Macías Tubilla, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtuvo asilo en Reino Unido, lo que frenaría el proceso de extradición que enfrentaba en México. La información fue difundida por el diario La Jornada el 15 de febrero.

De acuerdo con el reporte, el procedimiento en su contra presentaría irregularidades, ya que el delito que se le imputa habría prescrito. En México, Macías cuenta con una orden de aprehensión vigente desde 2018 por su presunta relación con un desvío de recursos públicos durante la administración estatal de su entonces esposo.

La investigación se deriva de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó un presunto desvío de 112 millones de pesos, recursos que habrían sido canalizados a empresas fantasma y vinculados al sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.

En abril de 2023, un tribunal federal en México negó a Macías el amparo con el que buscaba frenar su extradición. No obstante, el proceso continuó en instancias británicas, donde la defensa promovió diversos recursos legales.

En febrero de 2022, la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, determinó procedente conceder la extradición a México. En ese momento, el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó públicamente la resolución judicial.

La defensa de Macías sostuvo que la decisión no implicaba una entrega inmediata, ya que aún existían vías de apelación en el sistema judicial británico. La propia exfuncionaria argumentó que el proceso se sustentaba en declaraciones falsas presentadas ante las cortes inglesas.

Karime Macías fue presidenta honoraria del DIF de Veracruz entre 2010 y 2016, periodo en el que Javier Duarte encabezó el gobierno estatal. Mientras tanto, el pasado 12 de febrero a Duarte se le dictó prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el delito de peculado, en un proceso distinto al que involucra a su exesposa.

El gobierno de Veracruz, bajo la dirección de Cuitláhuac García, anunció el domingo 23 de junio la disolución de la Fuerza Civil del estado, una unidad táctica e de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establecida desde 2014. Esta medida busca establecer un mando único de seguridad.

El anuncio fue realizado por la Secretaría de Gobierno después de que la corporación estuviera involucrada en un operativo fallido el pasado jueves 20 de junio en la comunidad de Totalco, donde se registraron dos muertes.

«Este gobierno ha decidido eliminar la dirección operativa de la Fuerza Civil. Se ha ordenado iniciar el proceso para su desmantelamiento y establecer un único mando operativo bajo una sola dirección dependiente directamente de la Subsecretaría de Operaciones dentro de la SSP», señala el comunicado oficial.

Se especificó que la desaparición de la Fuerza Civil se llevará a cabo sin interferir en las investigaciones en curso realizadas por las fiscalías. Se aseguró también la preservación de los derechos laborales tanto de los elementos policiales de esta corporación como del personal administrativo.

La Fuerza Civil de Veracruz fue creada en octubre de 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa. La corporación incluyó diversas unidades como las Fuerzas de Reacción y Apoyo (FRYA), la Policía Estatal Acreditable (PEA), la Fuerza Estatal de Caminos (FEC), entre otras divisiones especializadas.

Inicialmente, la unidad fue formada por 2,000 elementos que habían aprobado los exámenes de control y confianza del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con el objetivo de fortalecer las operaciones policiales estatales y responder de manera conjunta a las necesidades regionales.

Tras diez años de servicio, la corporación cesará sus funciones, tras el incidente del 20 de junio, donde se vio involucrada en un operativo violento de desalojo en Totalco, Perote, que resultó en la muerte de dos personas y varias más heridas.

Este incidente provocó la condena de organizaciones civiles como la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental y Colectiva M28, quienes acusaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez de complicidad en la violencia ejercida contra los campesinos que protestaban por el derecho al agua y contra la operación de Granjas Carrol, acusando al gobierno de haber sido cómplice de la violencia ejercida contra los campesinos que solo buscaban defender su derecho al agua.