Por Alelhi Rodríguez

Los presuntos responsables del robo de la estatua del astronauta mexicano, José Hernández Moreno, que se ubicaba en la Plaza Estado de México “Grandes Valores”, en el municipio de Zinacantepec, ya fueron detenidos.

Se trata de José Alberto «N», Ignacio «N» y Darío «N», originarios de San Francisco Tlalcilalcalpan, Almoloya de Juárez, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades de justicia.

La tarde del lunes, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como de la Secretaría de Seguridad estatal, realizaron un operativo para lograr su aprehensión.

La madrugada del sábado fue que los sujetos sustrajeron la pieza de bronce de 1.85 metros, de la que solo dejaron los pies.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del monumento, pero en breve el Presidente Municipal, José Gustavo Vargas Cruz, dará una conferencia de prensa donde informará los detalles.

El actual presidente municipal de Zinacantepec, José Gustavo Vargas Cruz, ha sido acusado de omisión por no haber solventado una responsabilidad resarcitoria por 193 millones 200 mil pesos, hecha por su gestión administrativa de 2009-2012.

El hoy edil, encabezó el Ayuntamiento en el periodo 2009-2012; sin embargo, nuevamente llegó al poder al haber sido designado por el Congreso Local como presidente interino para cubrir el periodo que dejó vacante Gerardo Nava al enfrentar un proceso legal por homicidio en grado de tentativa; con su llegada, comenzaron a revivir varios asuntos pendientes que dejó tras su paso como munícipe.

Conforme a lo referido en documentos circulados públicamente, desde marzo de 2020 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) notificó al entonces Presidente Municipal en turno, Gerardo Nava Sánchez, sobre dicha medida, buscando ejecutar el cobro; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.

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El oficio girado establecía un plazo de 15 días hábiles para ejecutar el cobro; al no haber respuesta favorable, el Órgano comenzó a remitir diversos oficios en meses subsecuentes para dar seguimiento al caso, siendo también omisa la entonces administración municipal.

En uno de los documentos se indica que se levantaron 104 actas circunstanciadas por hallazgos encontrados el 6 de septiembre de 2012, por parte de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, que emitió pliegos de observaciones resarcitorias con relación no sólo al edil, sino también contra el entonces Síndico municipal, Tesorero municipal y el Director de obras públicas.

En el mismo, se detalla que se detectaron traspasos, sin acreditar el destino legal debido, principalmente, en cuatro fondos: en los recursos que se le otorgaron del Fondo para la Infraestructura Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales (FORTAMUNDF), del Programa de Apoyo para Gasto de Inversión Municipal (PAGIM) y de los recursos del Gasto de Inversión Sectorial (GIS), entre otros.