La presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en desacuerdo con la postura de jueces y magistrados actuales que han decidido no participar en las votaciones programadas para el próximo año, donde se elegirá a quienes ocuparán las vacantes en el Poder Judicial de la Federación.

Los jueces han argumentado que su negativa obedece a que el proceso es humillante y atenta contra sus derechos laborales. Sheinbaum, por su parte, enfatizó durante su conferencia de este martes que, siempre y cuando los jueces cumplan con los requisitos, pueden postularse para los cargos disponibles.

La presidenta aclaró que todos los jueces, magistrados y ministros tienen derecho a participar en el proceso de selección, salvo aquellos que ya han finalizado sus funciones. Subrayó que, al cumplir con los requisitos establecidos, deberían sentirse en libertad de postularse, ya que no tendrían motivo alguno para excluirse de la competencia.

Sheinbaum extendió una invitación directa a quienes se encuentren en condiciones de participar en las elecciones del próximo junio, como establece la reforma constitucional del Poder Judicial de la Federación. La presidenta insistió en que la convocatoria será abierta y transparente, e instó a los jueces y magistrados que consideren que han desempeñado correctamente sus funciones a tomar parte en el proceso.

El pasado sábado, el Senado de la República llevó a cabo un sorteo para definir los primeros 711 cargos de jueces federales y magistrados de circuito que estarán en juego, además de otros 139 cargos vacantes.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) aprobó unirse al paro nacional del Poder Judicial, tras una votación realizada entre sus miembros. Con un total de mil 403 votos registrados, mil 202 fueron favorables a la suspensión de actividades, lo que representa un 86% de apoyo, mientras que 201 votos se manifestaron en contra, equivalentes al 14%.

La suspensión de actividades en todos los juzgados y tribunales del país comenzará a partir de la medianoche del miércoles 21 de agosto de 2024. La duración del paro se extenderá «hasta que se cumplan nuestras peticiones», según indicó la JUFED.

La votación, llevada a cabo de manera digital entre las 9:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, garantizó el anonimato de los participantes a través de una liga electrónica enviada a los correos institucionales. El acta de cómputo de votos se considera un mandato general para proceder con la suspensión de actividades jurisdiccionales.

La JUFED explicó que la medida busca proteger la independencia judicial y el Estado de derecho, al tiempo que se previene que la carrera judicial se vea afectada por la elección por voto popular para los cargos de Jueces, Magistrados y Ministros del Poder Judicial de la Federación.

Además, la organización solicitó al Congreso que detenga el proceso de reforma en curso, citando múltiples imperfecciones y la necesidad de una reforma integral que aborde las causas estructurales que han debilitado la calidad de la justicia.

La votación es vista como un esfuerzo por obtener el respaldo mayoritario de los titulares de los órganos jurisdiccionales federales, fortaleciendo así la posición de la JUFED ante los poderes ejecutivo y legislativo y buscando asegurar el respeto y la atención de la sociedad en general.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los que defendieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una reciente marcha, tachándolos de prepotentes. El mandatario destacó que la tarea de defender a la Corte, a los jueces y a los magistrados que, según su percepción, incumplen la constitución, se presenta complicada.

En un tono irónico, el presidente expresó su desdén hacia los asistentes de la marcha, aproximadamente 3 mil según sus cálculos. En su opinión, aquellos que recurren a la fuerza en su discurso o acciones carecen de la capacidad de convencer a través del argumento. Propuso un examen más profundo de los marchantes, no con el objetivo de perseguirlos o reprimirlos, sino para entender su verdadera motivación.

El comentario del presidente se dio durante su conferencia de prensa matutina, en la que minimizó la relevancia de la marcha. Enfatizó que, aunque todo el mundo tiene derecho a manifestarse, la causa de estos manifestantes carece de fundamento y falta un símbolo o bandera clara detrás de su movimiento.

AMLO reiteró su crítica a los defensores de la Corte, señalando su falta de tolerancia y su tendencia autoritaria. A su parecer, estas características son especialmente visibles en la confrontación entre los manifestantes en defensa de la SCJN y los simpatizantes de la Cuarta Transformación, la cual desembocó en una confrontación física.

En respuesta a la confrontación violenta en las inmediaciones de la SCJN, el presidente López Obrador expresó su descontento. Los ciudadanos que defendieron a la Corte incluían a personajes destacados como José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y simpatizantes del partido Morena. El presidente argumentó que la actitud prepotente y autoritaria de los marchantes no era correcta y apeló a la necesidad de evitar la violencia.

Además, AMLO subrayó que la presencia policial durante la marcha fue mínima, aunque la policía de la capital intervino para evitar un mayor escalamiento de la confrontación. Al final, los oficiales escoltaron a los simpatizantes de López Obrador para despejar la zona de protesta.

El presidente se mostró crítico con la oposición a su proyecto de nación, a quienes acusó de falta de ideales. En su punto de vista, los opositores son conservadores autoritarios que, en lugar de presentar argumentos convincentes, recurren a la represión para contrarrestar el avance de su movimiento.

López Obrador también criticó a los integrantes de la Corte, a quienes acusó de violar la Constitución. Citó como ejemplo de esta violación el hecho de que no respetan el tope salarial para los funcionarios del gobierno. Según el presidente, este comportamiento subraya la dificultad de defender a la Corte en la actualidad.

Las tensiones entre el poder Ejecutivo y Judicial en México tuvieron otro encontronzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó hacia la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, acusándola de empoderar a los jueces para liberar a delincuentes. Esta acusación tuvo lugar durante una de las conferencias matutinas en Palacio Nacional, donde el líder mexicano no dudó en cuestionar la autonomía de los jueces en su país.

López Obrador subrayó que, si bien los jueces deben gozar de autonomía, dicha autonomía debe ir de la mano con el estricto cumplimiento de la ley. El mandatario añadió que cualquier liberación de un violador o narcotraficante no se puede atribuir al gobierno, sino a un juez que pertenece al Poder Judicial. En sus palabras, la presidenta de la SCJN, con sus declaraciones, ha dado a los jueces «manga ancha» para actuar a su antojo.

El tema de la autonomía de los jueces es un punto de discusión en México. La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña, ha defendido la independencia de los jueces. Sin embargo, López Obrador se ha mostrado en desacuerdo, afirmando que esta postura permite a los jueces tomar decisiones que, a su parecer, no se alinean con el imperativo legal y moral de justicia.

En respuesta a las palabras de López Obrador, la ministra Piña, a principios de marzo, hizo un llamado a los jueces para que actúen de manera independiente y responsable en sus sentencias. Durante una reunión en el Palacio de Justicia de San Lázaro, recalcó la importancia de la dignidad del Poder Judicial y el papel vital de los jueces en la sociedad.

La ministra Piña instó a los jueces a actuar con responsabilidad, a pesar de las circunstancias difíciles. Enfatizó que todos podrán salir adelante si se comportan con prudencia y responsabilidad, sin que se confunda con cobardía.

Por otro lado, López Obrador no dudó en criticar fuertemente al Poder Judicial, al que calificó de «podrido» y «echado a perder». Según el presidente, este poder fue subyugado por mucho tiempo al poder económico y político, aunque ahora se considera libre del sometimiento político.

A pesar de estar en medio de un proceso de transformación, López Obrador dejó en claro que no se puede erradicar de raíz el régimen de corrupción. De acuerdo con el presidente, el Poder Judicial requiere una reforma integral y necesita ser elegido por el pueblo de México.

La polémica entre el poder Ejecutivo y Judicial continúa en México. Mientras el presidente López Obrador insiste en la necesidad de reformar el Poder Judicial, la ministra Piña defiende la autonomía y la responsabilidad de los jueces. Sin duda, esta disputa marcará el rumbo político y judicial del país en los próximos meses.

Rafael Rodríguez 

Luego de un estudio con enfoque de género ha dado como resultado que Blanca, un juez de Ejecución Penal del Estado de México, sea otorgada la amnistía y el derecho al olvido legal.

Esta decisión le brinda a Blanca la oportunidad de comenzar una nueva vida y ser la primera madre en ser amnistiada mientras cumplía su sentencia acompañada de su hija.

El Juzgado de Ejecución Penal de Ecatepec le notificó su liberación este martes. Blanca expresó su agradecimiento y animó a otras mujeres en prisión a mantener la fe en las personas y las instituciones.

Durante su tiempo en prisión, Blanca tuvo una hija que pronto cumplirá tres años y que ha estado con ella desde su nacimiento. La ley establece que una vez que la hija cumpla tres años, no podrá permanecer más tiempo con Blanca.

La decisión del Poder Judicial del Estado de México es un ejemplo de la evaluación rigurosa que los jueces realizan en cada solicitud de amnistía, y en este caso, se consideró el interés superior de la infancia y la protección de los derechos humanos.

Desde enero de 2021, el Tribunal Superior de Justicia ha promovido la amnistía como un medio para la reintegración social de hombres y mujeres, permitiéndoles retomar sus vidas sin antecedentes penales. En los últimos dos años, esta ley aprobada por la Legislatura y respaldada por el Poder Judicial de México ha otorgado más de 2,800 segundas oportunidades.

Guadalupe de la Cruz

El Estado de México cuenta actualmente con 2.7 jueces por cada cien mil habitantes, teniendo más déficit de juzgadores en materia familiar, así lo dio a conocer Ricardo Sodi Cuellar, presidente magistrado del Poder Judicial del Estado de México.

“En la entidad mexiquense tenemos un fuerte déficit de jueces; ya que por cada cien mil habitantes tenemos 2.7 juzgadores, mientras que la Ciudad de México tiene el mismo asunto que nosotros, pero ellos, cuentan con 4.6 jueces por cien mil habitantes; la perspectiva es diferente por ser la capital del país”, señaló.

Pero también, dijo, hay que decir que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México es el más importante del país y estamos en el penúltimo lugar en jueces, solamente le ganamos al estado de Chiapas.

Sodi Cuellar, refirió que para contrarrestar dicho déficit el TSJEM ha impulsado la medicación y otros mecanismos de justicia restaurativa, con el fin de que no lleguen tantos asuntos al Tribunal y lleguen así los más importantes y a través de la mediación se baje el nivel de presión y los jueces puedan resolver los asuntos más difíciles con más tiempo.

“Por lo que cualquier cantidad que se pueda subir en el número de jueces será bienvenida. Para ampliar la plantilla de jueces, solamente es con presupuesto, no hay otra forma, pues de haber hay muchos candidatos que tienen carrera judicial que los va empujando”, dijo.

El presidente del tribunal comentó que actualmente, tenemos 460 jueces y 18. 5 millones de habitantes en la entidad, los cuales, no alcanzan sobre todo en materias muy complicadas como en lo familiar, pues hay rezagados pero no por falta de ganas de trabajar, ni de esfuerzos, sino por falta de jueces..

Finalmente Sodi Cuellar recordó que en materia familiar, los juzgados tienen el 55 por ciento de los asuntos, se tiene 3 mil asuntos por cada juez de lo familiar, cuando lo normal es 750 por cada juez.

El Poder Judicial del Estado de México recibió formalmente la certificación de los procesos en Materia Laboral, bajo la Norma ISO 9001:2015, ubicándose como el primer tribunal del país en contar con una acreditación de este tipo, resultado del trabajo de los operadores del nuevo sistema.

El Magistrado Presidente, Ricardo Sodi Cuellar informó que la certificación se da en seguimiento a los procesos de gestión judicial, en apoyo a la impartición de justicia y solución de controversias individuales y colectivas sometidos a los tribunales laborales del PJEdomex que implica procesos de calidad cuyos objetivos son la eficiencia y la satisfacción del usuario y de todos los que intervienen en el proceso judicial laboral.

Sodi Cuellar, manifestó que Poder Judicial es referente nacional en la implementación de la justicia laboral en sede judicial, donde jueces y servidores judiciales reciben capacitación permanente.

Al realizar la exposición de motivos, el consejero Gerardo de la Peña Gutiérrez, manifestó que cuando los servicios públicos se ajustan a las normas internacionales, los ciudadanos pueden tener confianza de que son seguros, sólidos y de buena calidad.

De la Peña Gutiérrez indicó que la certificación ISO 9001:2015 representa el compromiso de la institución para otorgar un servicio de calidad que permita generar condiciones de seguridad jurídica, fomentar la inversión e impactar en la dinámica económica del estado.

Los procesos fueron auditados el pasado abril por Factual Services, empresa que emitió el certificado al verificar que cumplen con los 132 requerimientos de la norma internacional ISO 9001:2015, de conformidad con las exigencias legales establecidas para la impartición de justicia y mediante un esquema de mejora continua en beneficio de la sociedad.

Por su parte, Fernando Chiquini Barrios, socio director de Factual Service S.C. señaló que esta norma es de carácter mundial promovida y auspiciada por la Organización Internacional de Estandarización que agrupa a 164 países y que hoy reconoce la calidad en el trabajo de los tribunales en el Estado de México

A partir de sus creación, los tribunales laborales se han preocupado por hacer las cosas bien y para ello llevaron a cabo programas de capacitación y formación en toda su estructura administrativa, con un enfoque orientado a la efectividad y eficiencia aterrizados debidamente en sus procesos, siendo los primeros en certificarse en esta norma en la República Mexicana.

En este sentido, Gerardo Becker, presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, reconoció al Poder Judicial por obtener la certificación y por la decisión de mejorar su rendimiento y conducirse hasta la eficiencia y la excelencia.

Cabe señalar que la certificación ISO tiene como beneficios, la estandarización de las actividades del personal que trabaja dentro de la organización por medio de la documentación de procesos críticos, la medición y monitoreo del objetivo del desempeño de los procesos, el mejoramiento continuo de procesos y servicios, la reducción de incidencia negativas, así como el incremento en la eficacia y eficiencia organizacional.

En el Salón de Plenos Alternos recibieron certificaciones los jueces y juezas: Silvia Vázquez Sánchez, Carlos Iván López Juárez, Gerardo Zemin Jardón, Rafael Martínez Sanromán, Gertrudis Olivares Reyes, Víctor Hugo Ramírez Cruz y el encargado de la Visitaduría en Materia Laboral, Francisco Javier Martínez Guerrero.

Al evento asistieron también el secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, la directora de Capacitación de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral, Alma Elena Rueda Rodríguez y el diputado Luis Antonio Guadarrama Oliveira, presidente de la Comisión de Trabajo, Prevención y Seguridad Social de la LX Legislatura.

Por: Edgar Romero

Todas las personas que participan activamente en la vida publica y política del país tienen la gran responsabilidad de cuidar no solo las formas, sino también el fondo. Por supuesto que es importante cuidar la imagen,  pero también es importante cuidar lo que se dice, como se dice y donde se dice. El viernes de la semana pasada el Secretario de Marina José Rafael Ojeda Duran realizo una serie de comentarios desafortunados en plena conferencia mañanera y nada mas y nada menos frente al Presidente de la Republica y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas que vale la pena trascribir y que fueron del tenor siguiente:

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y judicializada porque sino, las ayudas que no tenemos muchas de jueces y ministerios públicos……. Tenemos que cerrar el circulo porque sino se nos van casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese circulo para poder llevar a cabo la detención.”

La situación no es menor, se trata de las manifestaciones del Secretario de Marina de México a quien la Ley de Disciplina del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos, articulo 1 Bis exige anteponer a cualquier interés personal al respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la misma manera le exige lealtad a las instituciones del estado, es cierto que la Marina de México ha sido pieza clave para el combate al narcotráfico y el crimen organizado, también es cierto que cuando desafortunadamente existen desastres naturales son los primeros en ayudar, por eso es necesario que su titular cuide y articule perfectamente su discurso, el Poder Judicial Federal al igual que la Secretaria de la Marina son instituciones claves del Estado Mexicano, el Almirante Rafael Ojeda no tendría porque ver en ellos a un enemigo ni buscar camorra para defenestrar públicamente a los jueces, magistrados y ministros mexicanos.

Llama la atención que indica que no reciben mucha ayuda de los jueces y esto es correcto, es mas, no deberían recibir ninguna, porque los jueces deben ser completamente imparciales y no tienen porque ayudar a nadie, es decir, no tendrían porque solapar o justificar detenciones ilegales, este es el motivo por el cual se les caen las detenciones en los juzgados. Los integrantes de la Guardia Nacional que en su gran mayoría son militares, los marinos y el personal del ejercito poco saben de Derechos Humanos, la formación castrense es diferente al perfil que se requiere para cuidar la seguridad publica, si ya sacamos al ejecito de los cuarteles lo mínimo que debemos de hacer es capacitarlos para llevar a cabo las detenciones de manera correcta, de verdad que es una pena que aun ministerio publico no le califiquen de legal una detención porque el remitente o primer respondiente no hizo bien su trabajo, los ministerios públicos no tendrían porque andar “ajustando” o haciendo malabares para enderezar el desaseo del trabajo policial.

Si al Secretario de Marina le da pena que algunos jueces actúen de esa manera, deberá presentar pruebas de casos concretos y no solamente vociferar a lo tonto, en una conferencia mañanera, ante el Presidente de la Republica pero sobre todo ante el pueblo de México que no merece que sus instituciones puedan confrontarse por comentarios desafortunados.