Un juez de la Corte de Brooklyn otorgó 90 días a la Fiscalía de Estados Unidos para decidir si solicitará la pena de muerte en el caso de Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara. La decisión se tomó tras una audiencia de estatus en la que se revisó su proceso judicial.

El juez Frederick Block cuestionó a la fiscal Saritha Komatireddy sobre la posibilidad de aplicar la pena capital. Al no haber una determinación clara, se fijó una nueva audiencia para el 25 de junio de 2025. En este periodo, la Fiscalía deberá definir los siguientes pasos en el caso, que incluye acusaciones por crimen organizado, tráfico de drogas y uso de armas de fuego.

En la misma audiencia estuvo presente Ismael Quintero Arellanes, alias ‘Fierro’ o ‘Mayel’, sobrino de Caro Quintero, quien enfrenta cargos similares dentro del mismo expediente de la Corte del Distrito Este de Nueva York.

Varios agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) asistieron a la sesión, lo que se interpretó como un acto simbólico. Caro Quintero es identificado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los responsables del asesinato del agente Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985. Reportes indican que Camarena se infiltró en el Cártel de Guadalajara y descubrió un extenso plantío de marihuana en Chihuahua en 1984, lo que habría derivado en su secuestro y asesinato.

Ante la complejidad del caso, se asignó a Caro Quintero una abogada de oficio, Elizabeth Macedonio, y se ordenó la realización de un informe financiero sobre su situación.

Además del proceso en Nueva York, Caro Quintero enfrenta una demanda civil en la Corte del Distrito Sur de California, promovida por familiares de ‘Kiki’ Camarena. La querella lo señala, junto con Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, como responsable de un acto de terrorismo internacional, exigiendo que sean llevados ante la justicia.

Paco Rueda, actor reconocido por su trabajo en producciones como “La Casa de las Flores”, “La boda de mi mejor amigo” y “Sexo, pudor y lágrimas 2”, fue vinculado a proceso por el delito de fraude. La denuncia fue presentada en 2022 por el también actor Alejandro Camacho, quien afirmó que Rueda incumplió un acuerdo de inversión propuesto durante la filmación de “Como si fuera la primera vez”.

El juez de control determinó que había elementos suficientes para procesar a Rueda, quien, según la acusación, incumplió en repetidas ocasiones las negociaciones para devolver el dinero invertido por Camacho.

Ante esto, se establecieron medidas cautelares en su contra, como la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.

El abogado de Camacho, Alberto Castaño Heredia, destacó que Rueda evitó diversas reuniones legales y negociaciones relacionadas con el caso, lo que motivó a su cliente a mantener tanto una demanda penal como una demanda civil en su contra.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y señala que, durante cuatro años, Rueda no cumplió con las promesas de retorno de inversión que hizo a Camacho, lo que llevó al actor a tomar acciones legales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló la necesidad de revisar y debatir la iniciativa de la reforma al Poder Judicial. Reconoció que cometió un error al no disminuir los años de experiencia requeridos para ser juez, pero enfatizó que no busca una aprobación acelerada en el Congreso de la Unión.

Desde Palacio Nacional, manifestó que la reforma debe enriquecerse con la participación y discusión.

López Obrador explicó que su propuesta inicial exigía cinco años de experiencia para los candidatos a jueces, pero manifestó su preferencia por permitir que abogados recién titulados puedan aspirar a estos puestos, argumentando que estos profesionales aún poseen frescura y entusiasmo por hacer valer la ley. Señaló que, con el tiempo, los abogados pierden la mística y adquieren hábitos innecesarios.

El Presidente sostuvo que la justicia puede impartirse con voluntad, destacando la importancia de una reforma judicial para evitar la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho. Mencionó que, frecuentemente, los jueces son influenciados a través de favores y beneficios, y que una reforma ayudaría a evitar estas prácticas.

La iniciativa de la reforma judicial, respaldada por Claudia Sheinbaum Pardo, incluye la elección popular de ministros, jueces y magistrados, la reducción de 11 a 9 miembros en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la aceleración en la resolución de asuntos judiciales y la implementación de una política de austeridad.

Se espera que esta reforma pueda estar lista este año, permitiendo que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque a elecciones para elegir a los funcionarios judiciales en 2025.

Joaquín “El Chapo” Guzmán, antiguo líder del Cartel de Sinaloa, ha alzado su voz desde la prisión de máxima seguridad de Florence, ubicada en el Estado de Colorado, denunciando una «discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos». A través de una carta dirigida al juez Brian Cogan, quien dictó su sentencia a cadena perpetua en 2019, Guzmán expresó su malestar por el trato que recibe en el penal, apodado el «alcatraz de las Montañas Rocosas». En la carta, Guzmán relató que su abogada, Mariel Colón, intentó entregarle documentos en español el pasado 20 de junio, pero los custodios se negaron a entregárselos. Alega que debido a su falta de conocimiento del inglés, ha tratado de seguir su caso con la ayuda de un diccionario.

Guzmán solicita los documentos en cuestión, relacionados con una moción 2255, un instrumento que permite a los reclusos en custodia de Estados Unidos solicitar la liberación alegando que su sentencia viola la Constitución o las leyes del país. En una carta fechada el 9 de julio y adelantada por el periódico Milenio, el capo argumenta que se le trata con «consciencia y mala fe» al negársele correspondencia. Insiste en que tiene el derecho de acceder a estos documentos y pide la intervención del juez para que su correspondencia no sea retenida. Además, menciona que su abogada enfrenta obstáculos en su comunicación con él.

La carta también revela que Guzmán ha enfrentado problemas previos en la prisión y ha denunciado un «trato cruel e injusto» desde su extradición desde México en enero de 2017. Ha manifestado que su salud física y mental se ha deteriorado debido al aislamiento. En enero de este año, escribió otra carta al embajador de México en Estados Unidos, solicitando la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para su liberación.

La condena de Guzmán fue ratificada por una corte de apelación a principios del año pasado. Sus abogados argumentaron que el jurado había sido influenciado por notas de prensa sobre su historial criminal y que las condiciones de aislamiento impidieron una coordinación efectiva con su defensa. Sin embargo, estos argumentos no resultaron efectivos en el tribunal. La carta recién revelada muestra la constante lucha de Guzmán por su trato en prisión y su búsqueda de justicia.

El juez primero de distrito en Yucatán, Adrián Zepeda Novelo, ha denegado la solicitud de suspensión provisional presentada por organizaciones ambientalistas para detener las obras en el tramo 5 del Tren Maya, que abarca desde Cancún hasta Tulum. Esta decisión se produce después de que la Dirección General de Gestión Forestal, Suelo y Ordenamiento Ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizara el cambio de uso de suelo forestal en 81 hectáreas de selva, que forma parte de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

La resolución del juez confirma las autorizaciones emitidas por la Semarnat el 17 de abril y el 15 de mayo para el cambio de uso de suelo en un total de 81 hectáreas ubicadas en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum de Quintana Roo.

El juez argumentó que, si la autoridad gubernamental en materia ambiental ha determinado la viabilidad de remover la vegetación en terrenos forestales para la construcción del Tren Maya, no se puede concluir que exista un riesgo irreparable a la naturaleza sin contar con elementos técnicos y científicos que lo demuestren.

Desde enero pasado, este juzgado había recibido múltiples solicitudes de amparo para detener la construcción del Tren Maya, considerado un daño irreparable al medio ambiente. Al principio, se otorgaron suspensiones provisionales debido a la falta de autorización para el cambio de uso de suelo, pero ahora que dicha autorización ha sido concedida, el juez considera que ya no hay base para otorgar la suspensión.

Aunque se reconoce el interés legítimo de los solicitantes de la suspensión para detener las obras de tala y desmonte relacionadas con el Tramo Cinco del Tren Maya, el juez considera que, en este momento procesal, no se demuestra que la ejecución del proyecto pueda ocasionar un daño inminente e irreparable.

Según las obras en curso llevadas a cabo por personal de la Sedena y empresas privadas, se estima que en los siete tramos del Tren Maya se deberán desmontar aproximadamente 3.873 hectáreas de terrenos forestales, siendo el tramo seis de Tulum a Chetumal el de mayor intervención, con una extensión de mil 453 hectáreas.

Las nadadoras de la Selección de Natación Artística han logrado una importante victoria. El juez Agustín Tello Espíndola, del Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ha concedido la suspensión definitiva a la medida cautelar impuesta por la Comisión Nacional del Deporte (Conade), encabezada por Ana Guevara. Esta medida cautelar les había retirado a las nadadoras los recursos económicos, incluyendo becas y apoyos para campamentos y competencias, desde enero pasado.

En consecuencia, la Conade tiene un plazo máximo de tres días para confirmar que ha restituido los pagos a los integrantes del equipo de Natación Artística. Esta decisión se basa en la solicitud realizada por Rodrigo Báez, coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Conade, luego de la audiencia del incidente de suspensión 834/2023.

El juez ordenó a la autoridad responsable a cumplir con la medida cautelar y acreditar el pago correspondiente dentro de un plazo improrrogable de tres días. Además, se ha especificado que la cantidad a pagar deberá ser igual a la que se les venía otorgando anteriormente, y en caso de existir diferencias a favor de los quejosos, la autoridad responsable deberá realizar el pago correspondiente.

Esta determinación se debe a la información proporcionada por Ricardo Báez durante la audiencia incidental. Él informó que Ana Guevara, directora general de la Conade, instruyó al subdirector de Calidad para el Deporte, Israel Benítez, para suspender el pago de las becas y los viajes a competencias, afectando la preparación del equipo rumbo a los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Mundial de Natación de Fukouka 2023.

De este modo, la Selección Nacional de Natación Artística, conformada por Regina Alférez, Marla Fernanda Arellano, Miranda Barrera, Joel Benavides, Nuria Diosdado, Daniela Estrada, Itzamary González, Glenda Esthefanía Inzunza, Joana Jiménez, María Trinidad Meza, Luisa Samanta Jailib, Jessica Sobrino, Pamela Toscano y Diego Villalobos, quienes son entrenados por Ofelia Pedrero y Adriana Loftus, volverán a recibir los recursos públicos federales que les fueron retirados a principios de este año por Ana Guevara.

Las nadadoras presentaron un juicio de amparo luego de que la funcionaria les quitara todo el apoyo gubernamental argumentando que estaba «impedida y atada de manos» y «violaría la ley» si les otorgaba dinero. Esto se debía a la existencia de un Comité de Estabilización establecido por World Aquatics (anteriormente conocida como Federación Internacional de Natación, FINA) después del desconocimiento de Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

World Aquatics instaló este comité para asumir las funciones de Todorov, a quien desconocieron debido a «diversas irregularidades», una decisión confirmada por el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS). Sin embargo, Todorov se niega a dejar su cargo y cuenta con el respaldo de Guevara, a pesar de enfrentar un juicio por presunto peculado.

En su solicitud de amparo, las nadadoras argumentaron que su participación y resultados en el Mundial de Budapest 2022 les otorgan el derecho de recibir sus becas mensuales y todos los recursos necesarios para poder participar en los Juegos Centroamericanos y Panamericanos 2023, el Mundial de Natación en Fukuoka, Japón, y en todos los eventos y competencias de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, de acuerdo con las Reglas de Operación de la Conade.

Los elementos de prueba recabados y aportados por esta Institución fueron determinantes para que un Juez del Distrito Judicial de Toluca dictara esta condena en contra de Figueroa Gómez, quien también deberá pagar multas de 1 millón 749 mil 365 pesos, 185 mil 033 pesos como reparación del daño material y 65 mil pesos como reparación del daño moral.

Cabe mencionar que esta condena fue conseguida derivado del trabajo coordinado entre la Dirección General de Litigación, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía de Asuntos Especiales de la FGJEM.

Esta agresión ocurrió el día 11 de marzo de 2019 cuando cinco elementos de esta Institución, entre ellos quien entonces se desempeñaba como Fiscal Regional de Ixtapan de la Sal, fueron emboscados por un grupo armado, mientras se desplazaban en una unidad oficial, en un trayecto que comunica los municipios de Zacualpan e Ixtapan de la Sal, en el kilómetro 7, en la localidad Tres Cruces, La Tolva.

Derivado de esta agresión falleció un elemento de esta Institución que tripulaba la unidad automotora; un Agente de Investigación y el Fiscal Regional resultaron lesionados, éste último de gravedad.

Por estos hechos la FGJEM inició la carpeta de investigación respectiva y fueron llevadas a cabo diversas indagatorias de gabinete y campo, que permitieron identificar a Fidel Figueroa Gómez como probable partícipe de los hechos.

Con los elementos de prueba recabados, el Agente del Ministerio Público solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de este sujeto, la cual fue otorgada y cumplimentada por Policías de Investigación el día 4 de junio del año 2020.

Este individuo fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien previo proceso legal dictó esta condena para Fidel, por los delitos de homicidio con la agravante de haberse cometido en contra de servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, y homicidio agravado en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia estatal hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo a través del correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx, al número telefónico 800 7028770, o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.

Jilotepec, Méx.- Elementos de la Fiscalía Regional de Atlacomulco de esta Fiscalía General de Justicia Estatal (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de tres sujetos identificados como José Manuel “N”, Luis Fernando “N” y Ángel Moisés “N”, quienes son investigados por su probable participación en el robo de un tractocamión con maquinaria.

Estos individuos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Jilotepec, en donde quedaron a disposición de un Juez, quien habrá de determinar su situación legal, sin embargo, se les debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

El pasado 7 de abril tres personas viajaban a bordo de un vehículo tipo tractocamión, de la marca Freightliner con un semirremolque tipo cama donde era trasladada maquinaria pesada tipo excavadora y retroexcavadora. A la altura del kilómetro 104 en la comunidad San Miguel de la Victoria, en el municipio de Jilotepec, los ahora detenidos le cerraron el paso a la unidad automotora referida para lo cual utilizaron dos automóviles.

Los probables partícipes al parecer sometieron con armas de fuego a las víctimas y las bajaron por del tractocamión para luego despojarlos del mismo y la maquinaria que llevaban. Derivado de este robo fue integrada la carpeta de investigación respectiva y con el avance en la indagatoria el Representante Social solicitó una orden de aprehensión en contra de los involucrados, por ello fueron detenidos.

Cabe mencionar que hace unos días personal de esta Institución cateó un predio en la localidad de San José Deguedó, en el municipio de Soyaniquilpan, donde fue recuperada la maquinaria robada.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo a través del correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx, al número telefónico 800 7028770, o bien, por medio de la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para todos los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android.