En respuesta al incremento del delito de despojo, el cual afecta directamente el patrimonio de la ciudadanía, el Congreso Local analiza en comisiones tres iniciativas y un punto de acuerdo para agravar penas y mejorar las estrategias para atender a víctimas.

Las iniciativas fueron presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano para agravar penas, mientras que el Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para proteger los bienes patrimoniales de la población.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, José Francisco Vázquez Rodríguez señaló que ya trabajan en propuestas que fortalezcan los mecanismos legales de defensa de la propiedad y advirtió la necesidad de que la ciudadanía tenga sus papeles en regla para que pueda denunciar estos ilícitos.

También recordó que el despojo ya está tipificado en el Código Penal (con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa), pero que, ante el incremento en el número de casos, es necesario mejorar el marco legal y facilitar que se denuncie y se sancione.

Las iniciativas sobre este tema, dijo, podrían analizarse en un periodo extraordinario, al existir consenso sobre el tema.

¿Cuáles son las propuestas en análisis?

La propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas (morena) es que el despojo sea considerado un delito grave y que las penas vayan de los 5 a los 10 años de cárcel cuando se realice en contra de una persona adulta mayor; con violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras, forzando de puertas o a través de intimidación. Adicionalmente, contempla acelerar los procedimientos judiciales para la restitución de la posesión cuando la persona denunciante acredite la propiedad del inmueble.

La propuesta de José Miguel Gutiérrez Morales es sancionar el delito sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. Propone ampliar los supuestos jurídicos en este delito, reconociendo, además de los vigentes, el desvío o uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la ley no lo permita, el uso de una persona del derecho real sobre aguas que no le pertenezcan, así como ejercer actos de dominio que lesionen un derecho legítimo de la persona usuaria de dichas aguas.

De la bancada de MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes formuló penas de hasta 25 años de prisión y de 500 días multa a la persona responsable de este delito, considerando agravantes como en el caso de que se trate de la ocupación de inmuebles privados destinados a la vivienda o a la explotación agrícola, por parte de personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, Francisco Vázquez Rodríguez hizo un llamado al rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Carlos Eduardo Barrera Díaz a cuidar a la institución y el proceso de sucesión de la rectoría.

“Voy a seguir respetando la autonomía de la Casa, creo que alguien se equivocó con decir algo con alguien que no debía decirlo… estamos a pocos días de la elección y creo que los actores y él (rector) debe cuidar la institucionalidad”, señaló.

En entrevista, el diputado de Morena sostuvo que en este momento de ambiente electoral dentro de la Máxima Casa de Estudios se debe cuidar el proceso y la manera en cómo se conducen las cosas de manera interna.

“Yo deseo que la Universidad por lo que representa para el Estado que el proceso siga como va, muy bien, cuidado y tener cuidado para no decir cosas que no se debe”, agregó.

Respecto al tema de los narcocorridos, Vázquez Rodríguez aseguró que la apología del delito ya está prohibida en el Estado de México, por lo que llamó a respetar y hacer cumplir la ley.

De acuerdo con el artículo 211 Bis del Código Penal del Estado, al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, si el delito no se ejecutare, se le impondrán de 3 a 6 meses de prisión y de 30 a 60 días multa.

“La apología del delito existe y está, nadie puede cantar eso, fue moda, les dieron ‘manga ancha’ y abusaron de eso… hoy estamos haciendo lo que se debe hacer que es cumplir la ley”, expresó.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia de toma de posesión del cargo y protesta de Bandera del General de Brigada de Estado Mayor, Armando López Esquivel, como Comandante de la 22/a Zona Militar con sede en Santa María Rayón.

“Mi reconocimiento al trabajo realizado por las Fuerzas Armadas, con las que trabajamos día a día por la seguridad de la población del #EdoMéx”, destacó la titular del Ejecutivo en redes sociales.

En el acto se resaltó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas es indispensable para continuar en la ruta de construir un Estado de México con paz y bienestar.

Al evento acudió el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, Francisco Vázquez Rodríguez, así como el titular del Poder Judicial del Estado, Fernando Díaz Juárez, quienes coincidieron en que la Protesta de Bandera no solo es un protocolo militar, es un compromiso con la patria, con el pueblo y con la paz.

Nuevo comandante

El General Armando López Esquivel es originario de la Ciudad de México, cuenta con la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra, cursó la maestría en Administración Naval en el Centro de Estudios Superiores Navales, así como la maestría en Administración Militar para la Seguridad Interior y Defensa Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional.

Entre los cargos que ha ocupado se encuentra: Jefe de la subsección de planes estratégicos de la sección quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Subdirector del Colegio de Defensa Nacional; Jefe del Estado Mayor de la 8/a Región Militar en Ixcotel, Oaxaca; y Comandante de la 34/a Zona Militar en Chetumal, Quintana Roo y en la 26/a Zona Militar de El Lencero en Emiliano Zapata, Veracruz.