La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La decisión judicial, adoptada por unanimidad, avaló lo dispuesto previamente por la Cámara de Casación Penal y dejó firme una pena de seis años de prisión por defraudación al Estado a través de contratos de obra pública. También se dispuso el decomiso de una suma millonaria en pesos argentinos.

El expediente judicial se centra en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. El tribunal determinó que existió un esquema de direccionamiento de contratos y sobreprecios en perjuicio del Estado.

A partir de este fallo, el Tribunal Oral Federal N.º 2 deberá definir cómo se implementará la condena. Existen versiones que indican que la exmandataria podría cumplir prisión domiciliaria debido a su edad, aunque no hay confirmación oficial. Cristina Fernández manifestó su rechazo a la sentencia, que vinculó con una estrategia de persecución impulsada por sectores del poder económico.

La reacción política fue inmediata. Javier Milei celebró la resolución de la Corte y la describió como una muestra del funcionamiento institucional. Desde su cuenta oficial, el presidente cargó también contra periodistas a quienes acusó de haber montado campañas en favor de la exmandataria. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó en el mismo sentido y destacó que el proceso judicial se desarrolló con todas las garantías.

Por su parte, Cristina Fernández volvió a expresar su desacuerdo con el fallo y afirmó que no se trata únicamente de un tema judicial, sino también de una maniobra para limitar la participación del peronismo en la vida política. Desde la sede del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con dirigentes y simpatizantes, reiteró su postura crítica hacia el gobierno actual y defendió su trayectoria como dirigente.

El fallo generó un amplio despliegue de seguridad en las inmediaciones de la Corte Suprema, mientras se desarrollaban manifestaciones de respaldo a la exmandataria. Diversos sectores sindicales también anunciaron que podrían convocar a medidas de fuerza en caso de que se concrete su detención.

Este nuevo capítulo impacta en el escenario político del país. La condena deja a Fernández sin posibilidad de participar como candidata en las próximas elecciones, lo que modifica el mapa electoral del peronismo en la Provincia de Buenos Aires. La situación también reaviva el debate sobre el uso del sistema judicial en disputas políticas y la relación entre los distintos poderes del Estado.

El 8 de noviembre, el máximo tribunal penal de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia, dictada en 2022 por un tribunal federal, se basa en un caso de fraude al Estado relacionado con la asignación irregular de contratos de obras públicas durante su mandato presidencial (2007-2015). La exvicepresidenta, también líder del peronismo, continuará su lucha legal para revertir la decisión ante la Corte Suprema, lo que podría prolongar el proceso durante varios años.

La condena se refiere a la entrega de contratos de obras públicas al empresario Lázaro Báez, un allegado político de Fernández, quien, junto a otros exfuncionarios de su gobierno, también fue sentenciado a diversas penas de prisión. La acusación central señala que la asignación de estos contratos se realizó de manera irregular y en beneficio personal, lo que constituyó un acto de defraudación al erario público.

A pesar de la ratificación de la condena, Fernández no enfrentará de inmediato una pérdida de libertad ni tendrá restricciones para presentar su candidatura a cargos públicos en el futuro cercano. Su defensa ha insistido en que se trata de una persecución judicial impulsada por sectores opositores, una narrativa respaldada por sectores del kirchnerismo, que denuncian lo que consideran un uso político del sistema judicial para debilitar a figuras del oficialismo.

La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal en una audiencia celebrada en los tribunales federales de Buenos Aires, donde ni Fernández ni los otros condenados estuvieron presentes. En las inmediaciones de los tribunales, militantes kirchneristas se agruparon para protestar contra lo que califican como un caso de «lawfare», un término que utilizan para describir la manipulación de procesos judiciales con fines políticos.

El fallo reafirma una serie de investigaciones y juicios que han afectado la carrera de la expresidenta, pero también ha generado un amplio debate sobre la independencia del poder judicial en Argentina y su relación con las luchas políticas en el país. El futuro de Fernández, tanto en el ámbito judicial como político, dependerá ahora de los recursos legales que presente ante la Corte Suprema, cuyo pronunciamiento podría demorar años.