El reporte más actualizado del Poder Judicial del Estado de México (PJEM) indica que ha recibido un total de mil 881 solicitudes de amnistía, de las cuales ha concedido 497, es decir, ha avalado poco más del 26 por ciento de las totales.

De manera detallada y específica, se indica que el grueso de las solicitudes las han presentado los defensores legales, con un total de mil 073; 723 han sido presentadas por el imputado (quien se encuentra privado de la libertad); 57 por familiares y 28 por organizaciones u organismos públicos.

Respecto a qué delitos o personas privadas de la libertad pueden solicitar un proceso de amnistía, se indica lo siguiente: si son responsabilizados por el delito de aborto en todas sus modalidades; por delitos contra la salud en el ámbito estatal; delitos que hayan sido imputados a personas campesinas o pertenecientes a pueblos originarios, comunidades indígenas o afromexicanas; por robo; las personas mayores de 65 años de edad y las mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad; por sedición; por resistencia y delitos contra el ambiente, previa reparación del daño causado al entorno.

También se contempla: el abigeato; en casos de delitos culposos, cuando exista una sentencia firme sin importar la penalidad, siempre y cuando se haya pagado o garantizado la reparación del daño; así mismo, a las personas privadas de la libertad, independientemente del delito del que se trate y que cuenten con resolución, pronunciamiento o recomendación de organismos internacionales cuya competencia esté reconocida en el Estado de México.

Plazos

Una vez presentada la solicitud de amnistía –por escrito o medios electrónicos–, el juez competente cuenta con un plazo de 3 días hábiles para emitir un acuerdo que puede consistir en: admitir e iniciar el trámite, solicitar corregir o aclarar la solicitud o desecharla por no ser procedente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González expresó su renuencia a las iniciativas de castración química a violadores reincidentes y la despenalización de la “legítima defensa”, en el primer caso -advirtió- que es llevar una legislación antigua a una legislación moderna.

Apuntó que su grupo parlamentario aún no fija postura y atajó que “son dos temas concretos que merecen mayor estudio”, pero -aclaró- que no se podía negar el derecho del PVEM y el PAN de presentaran dichas propuestas.

El diputado de Morena, evaluó que la castración química es equivalente a una vasectomía y no se trata de hacer un “ojo por ojo” y llamo a considerar si esta medida ayudará a evitar los casos de violaciones.

En la iniciativa de despenalizar la “legítima defensa”, también pidió que se tome el tiempo necesario para su revisión, ya que se corre el riesgo de “poner en la mesa temas que muchas veces agudizan o polarizan más el problema”.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

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