Rafael Rodríguez

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 268 votos a favor y 214 en contra la Ley Federal de Derechos, que entre las novedades que contiene para el próximo año destacan el cobro a extranjeros por el derecho a trabajar en el país; por visas electrónicas; y tres municipios, ubicados en Campeche y Baja California podrán cobrar derechos por uso de playas.

El dictamen establece el cobro por tres mil 557 pesos a extranjeros por el derecho para realizar actividades remuneradas, ya sea residente temporal o residente temporal estudiante y se cobrará el derecho por la expedición o actualización de la constancia de inscripción de empleador por 345.53 pesos.

Además, se cobrará por la expedición de visas electrónicas un monto de 174.62 pesos, pero se exenta de este pago a extranjeros que soliciten visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando sean consideradas víctimas o acrediten ser familiares de personas extranjeras desaparecidas en territorio nacional, o por causas humanitarias.

Los municipios de Seybaplaya, Campeche, y San Quintín y San Felipe de Baja California podrán generar el cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o aguas marítimas.

También se impone el pago de derecho por la resolución relativa a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad, que significa, explicó el diputado Daniel Gutiérrez, de Morena, que grandes empresas paguen por las utilidades que genera cada filial o empresa que pertenezca a un mismo conglomerado comercial.

Sobre los derechos de minería se redistribuyen para que 85% se destine a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud, así como a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo las acciones de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.

El 5% será para la Secretaría de Economía para fortalecer el sector minero y las mejoras a los sistemas de registro y control de la actividad minera y 10% al Gobierno Federal, para programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.