Por segunda ocasión, la Legislatura del Estado de México aprobó la “Ley Ingrid” con la cual se establecen penas de cárcel por la difusión de material gráfico que revictimice y atente contra la dignidad de las víctimas y establecer acciones que protejan la dignidad póstuma de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

El dictamen avalado por unanimidad, ante la asistencia de asociaciones y familiares de Octavio Ocaña, contempla reformas al Código Penal del Estado de México para establecer sanciones de hasta 12 años de prisión en contra de quien participe en la difusión indebida de imágenes de cadáveres de personas.

¿Qué se propone?

Esta ley establece que si en la comisión de este delito participan servidores públicos de salud, protección civil, seguridad pública, procuración y administración de justicia o cualquier otro inherente a la cadena de justicia, que por su empleo cargo o comisión tengan acceso a la información y documentos relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos e instrumentos vinculados a un procedimiento penal o una investigación relacionada con el hecho delictivo, se le impondrán de 3 a 7 años de prisión.

Además de lo anterior, se especifica que si el sujeto pasivo de este delito son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad de las que correspondan, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión.

Corrección de la Ley

Esta es la segunda ocasión que el Congreso Local aprueba la ley, pues en julio de 2021 se avaló por unanimidad, pero en aquella ocasión se esperaba sancionar hasta con 11 años de prisión a quien filtrara indebidamente información, imágenes, grabaciones y documentos de una carpeta de investigación en trámite.

Si bien, logró entrar en vigor al ser publicada en Gaceta de Gobierno, fue en marzo de 2023 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley por falta de precisión para definir la conducta, lo que conllevó a los legisladores a corregir la plana y enmendar lo necesario para lograr su procedencia.

Cabe señalar que esta ley fue impulsada en honor a Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en febrero de 2020, hecho en el que circularon en redes sociales y periódicos oficiales fotografías de su cuerpo, reflejo del incorrecto tratamiento de las evidencias por parte de los servidores públicos que atendieron ese caso.

También surge ante el caso del actor Octavio Ocaña, en donde también se filtraron las imágenes del cadáver presuntamente por una paramédico.

Por Lilia González

Para no dar lugar a que se pueda lucrar con la dignidad y la integridad de las víctimas, el Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la «Ley Ingrid», con la que se sancionará hasta con 11 años de prisión a quien filtre indebidamente información, imágenes, grabaciones y documentos de una carpeta de investigación en trámite.

Los legisladores mexiquenses aprobaron adicionar el artículo 227 Bis al Código Penal del Estado de México, estableciendo de 3 a 6 años de prisión y multa por hasta 9 mil pesos a quien audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos, que se encuentren relacionados con una investigación penal.

A la par, aprobaron incrementar la pena hasta en una mitad, si las imágenes, audios o videos son de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, alcanzando así una pena de hasta 9 años de cárcel.

También se aprobó que cuando el delito sea cometido por personal servidor público, integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte, pudiendo ser acreedores a 11 años de prisión.

Por Lilia González

La llamada “Ley Ingrid” logró avanzar en comisiones legislativas y busca tipificar el delito de revelación o difusión indebida de imágenes, audios y documentos de una carpeta de investigación en trámite.

Durante el análisis de las cuatro iniciativas presentadas por Morena, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), referentes a sancionar a quienes compartan información reservada de diversos hallazgos en materia penal, los legisladores explicaron que dicha ley se formuló por Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en febrero de 2020, hecho en el que circularon en redes sociales y periódicos oficiales fotografías de su cuerpo desmembrado, reflejo del incorrecto tratamiento de las evidencias por parte de los servidores públicos que atendieron ese caso.

Por lo anterior, dentro del dictamen avalado en comisiones, se incorporaron las agravantes cuando el delito sea cometido en perjuicio de niñas, adolescentes o mujeres, y cuando sea cometido por servidoras o servidores públicos de la procuración y administración de justicia.

En este sentido, los legisladores integrantes de la comisión de Procuración y Administración de Justicia, con la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, refirieron que este tipo de imágenes difundidas en diversos medios y redes sociales han vuelto a la sociedad insensible ante la violencia creciente y, sobre todo, ante la violencia contra la mujer.

“La ‘Ley Ingrid’ pretende asegurar que la información personal de una mujer muerta esté protegida y no pueda ser publicada por filtraciones. Es propuesta, ya que se ha encontrado que hay publicaciones y exposiciones de imágenes gráficas alusivas a distintas formas de agresión y esto lleva también a la normalización de los actos agresivos. Esta propuesta no solo defiende la intimidad, sino también propone y supone el avance en la prevención de la violencia mediática de género que circula diariamente en redes sociales y en los medios gráficos”, señaló una de las proponentes de la iniciativa, Liliana Gollas Trejo.