Con el fin de fortalecer el ejercicio de una administración eficaz, austera y con perspectiva social, el Congreso Local aprobó la nueva Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de México, una propuesta innovadora y enfocada a combatir la corrupción.

Con la aprobación, se da paso a una mejora de la Ley, misma que desde hace más de 40 años no tenía una reforma integral, y se da paso a la creación de la Secretaría de Agua, la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, una Vocería y una Jefatura del Gabinete.

Tal y como se aprobó, el gobierno de Delfina Gómez Álvarez contará con 18 dependencias: la Secretaría General de Gobierno; la Secretaría de Seguridad; la Secretaría de Finanzas; la Secretaría de Salud; la Secretaría del Trabajo; la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Secretaría de Bienestar; Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Secretaría del Campo; Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de Cultura y Turismo; Secretaría de la Contraloría; Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Secretaría del Agua; Secretaría de las Mujeres; y la Secretaría de Movilidad.

Además de las anteriores, la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor tendrán el mismo peso y rango que las Secretarías.

En tanto, la Vocería que tendrá la tarea de comunicación social y la Jefatura del Gabinete que tendrá un trabajo de aspecto técnico y coordinación con las diversas dependencias, dependerán directamente de la gubernatura.

La nueva ley aprobada, considera nuevas facultades y atribuciones en políticas con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y combate a la corrupción.

Cabe señalar que en los artículos transitorios se establece que se cuenta con un lapso 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley para armonizar la legislación correspondiente, y la persona titular del Poder Ejecutivo deberá expedir la reglamentación de las dependencias en un plazo de 90 días naturales, a partir de su entrada en vigor.

En el próximo gobierno del Estado de México se dará paso a un adelgazamiento del aparato burocrático dentro de la administración, pues se ha referido que en este momento existen más de 4 mil unidades administrativas, muchas de ellas sin resultados y sin razón de ser.

Se ha establecido desde el inicio que su ideología de la próxima gobernadora, Delfina Gómez Álvarez será hacer más con lo mismo, es decir, dar más resultados con menos inversión.

Ante esta premisa el Grupo Parlamentario de Morena presentará la próxima semana la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública con el fin de que antes de que concluya el mes de agosto se dé paso al Periodo Extraordinario y se someta a votación, buscando con ello que antes del 15 de septiembre se publique el acuerdo en Gaceta de Gobierno.

Se ha detallado que el proyecto que busca modernizar la ley tras 40 años de existencia, contempla 43 artículos generales y seis transitorios, manteniendo en el próximo gobierno 16 dependencias de gobierno.

Las secretarías con las que estaría operando la próxima administración son: Secretaría General de Gobierno; Secretaría de Seguridad; Secretaría de Finanzas; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo; Secretaría del Campo; Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de la Mujer, Juventud y Grupos Vulnerables; Secretaría de Educación, Cultura y Deporte; Secretaría del Bienestar; Secretaría de Infraestructura; Secretaría de Agua; Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría de Movilidad; Secretaría de la Función Pública y Secretaría de Turismo.

Como se ha señalado en recientes días, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos será suplida con la Consejería Jurídica.

Se ha resaltado que este cambio no solo implica cambio de nombre, sino de estructura, pues ya se encuentran valorando la permanencia o no del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), para ser la propia Secretaría de Salud quien absorba netamente sus funciones.

Con reformas a diversas leyes estatales, la bancada de Morena en la LXI Legislatura pretende transparentar el servicio y regular sus tarifas.

Proponen que la multa por irregularidades que cometan sea de entre 6.8 millones a 14.9 millones de pesos.

Por Lilia González

El grupo Parlamentario de Morena en la LXI Legislatura presentó una iniciativa para regular el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos, abonar a la transparencia de sus procesos y a la actuación de concesionarios y permisionarios.

“En nuestra entidad, la carente infraestructura, la falta de control sobre los vehículos automotores ingresados a los depósitos de vehículos, la nula transparencia en los cobros de los servicios brindados por los mismos, los robos de autopartes sucedidos dentro de estos espacios, entre otras artimañas, ponen en duda si es un servicio a la ciudadanía o un atraco”, señaló uno de los diputados proponente de la iniciativa, Adrián Manuel Galicia Salceda.

Enfatizó que en algunos casos es mayor el cobro de la tarifa que incluso el propio valor del vehículo, por lo que la propuesta busca realizar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; de la Ley de Movilidad del Estado de México; del Código Administrativo del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México y Municipios para regular la actividad.

El proyecto de decreto especifica que será la Secretaría de Movilidad quien regule estos servicios y determinar el área geográfica en la que operarán. Se indica que nadie podrá, al amparo de una misma concesión, prestar el Servicio Público Auxiliar de Guarda, Custodia y Depósito de Vehículos en más de un inmueble; se estipula que la propiedad y/o posesión del inmueble donde vayan a depositarse los vehículos no podrá ser menor de una hectárea y la propiedad se acreditará mediante escritura pública o, en su caso, la posesión con contrato de arrendamiento con plazo forzoso a 10 años.

Se adiciona que las concesiones y permisos se revocarán si es que no se cuenta con póliza de seguro vigente, acción que tendrá por efecto la pérdida definitiva de los derechos de explotación de la concesión.

Entre las especificaciones mínimas de infraestructura y de servicio que deberán cubrirse en los establecimientos donde se preste el servicio será que el depósito deberá ser visible, al igual que sus tarifas; dentro de sus instalaciones contarán con salidas de emergencia y rutas de evacuación debidamente señaladas y deberán mantener una póliza de seguro vigente contratada con una compañía aseguradora legalmente, con la cual se asegure el pago de daños que pudieran sufrir los usuarios y los vehículos depositados y/o arrastrados.

De cometer algunas irregularidades, se estipula que a quienes presten el servicio se le impondrá una multa de 76 mil 543 veces a 167 mil 239 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

“En ese sentido, la lucha de esta cuarta transformación es a favor de los que menos tienen; pero también a favor de las injusticias y en la lucha frontal contra la corrupción y como legisladores del Estado de México desde nuestro actuar debemos abonar a estas causas, denunciando los actos y legislando para prevenirlos”, exclamó.