Refrendando el compromiso de su gobierno con el desarrollo justo e igualitario de las mujeres atenquenses, la presidenta municipal Ana Aurora Muñiz Neyra tomó la Protesta de Ley a las y los integrantes del Sistema Municipal para la Igualdad de Trato y de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La alcaldesa destacó la relevancia de este Sistema como una herramienta clave para fortalecer las acciones de protección y promoción de los derechos de las mujeres: “a partir de hoy, quienes integran este Sistema se suman a un gran movimiento por la dignificación y el respeto a los derechos de las mujeres, iniciado desde la administración pasada y reafirmamos nuestro compromiso de seguir actuando con eficiencia y resultados serios y evaluables para erradicar la violencia de género.”

Asimismo, subrayó que la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres, han sido la base para consolidar al gobierno municipal de San Mateo Atenco como un ente sensible, solidario y de vanguardia en materia de igualdad de género.

La presidenta Ana Muñiz enfatizó que en el municipio se han puesto en marcha iniciativas exitosas como la instauración transversal de la perspectiva de género en el presupuesto municipal, en el Bando de Policía y Gobierno y, próximamente, en el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027.

Destacó la implementación del Primer Gabinete Paritario, la creación de la Dirección de la Mujer, la construcción de la Ciudad Mujeres, el fortalecimiento de la Policía de Género y la creación de la Célula de Búsqueda y Localización de Personas; los servicios permanentes de psicología, asesoría jurídica y acompañamiento legal; los programas de respaldo a emprendedoras, empresarias y productoras locales; las jornadas de salud y el apoyo a la vivienda, además de la creación y aplicación de los modelos “Ahora” y “Luz” para la prevención de la violencia de género y la feminicida, entre otras acciones.

Muñiz Neyra explicó que el Sistema garantizará que las acciones implementadas tengan un impacto real en la vida de las mujeres, protegiendo su dignidad, integridad, seguridad y bienestar.

“Nos hemos comprometido a ello y vamos a cumplir, porque en estos momentos, en que los índices de violencia hacia las mujeres siguen siendo alarmantes, debemos seguir trabajando sin pausa ni descanso”.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) presentó una estrategia integral enfocada en transformar y fortalecer sus servicios. Durante el evento, el director general, Martí Batres, informó que se revisarán más de 8 mil pensiones cuyos montos superan lo establecido por la ley.

El proceso incluirá la verificación de su legalidad y, en caso de encontrar irregularidades, se podrían realizar ajustes en los montos e incluso proceder a la cancelación de algunas pensiones. Este procedimiento cuenta con fundamento legal, según lo estipulado en la Ley del ISSSTE, que otorga a la institución facultades para este tipo de revisiones.

La revisión de las pensiones se realizará caso por caso, garantizando el derecho de los beneficiarios a presentar la documentación necesaria para acreditar la legalidad de los montos otorgados. Entre las pensiones en revisión, se identificaron algunas con valores significativamente altos, como una de 309 mil pesos mensuales, vigente desde 2002. Al menos siete de estas superan el salario del presidente de la República.

El ISSSTE también presentó un plan con 25 puntos clave para mejorar las prestaciones y servicios. Entre las medidas destacan la modernización de infraestructura médica, la ampliación de programas de vivienda y la mejora en la calidad de atención a los afiliados.

El diagnóstico del instituto incluye datos preocupantes sobre su infraestructura. Se identificaron 45 unidades con más de 60 años de antigüedad, 185 con más de 50 años, 225 con más de 40 años y 265 con más de 30 años. Todas requieren intervención urgente para garantizar su operación eficiente.

Con más de 3 millones de afiliados activos, el ISSSTE enfrenta el reto de implementar estas medidas con un enfoque en la transparencia, la eficiencia y el respeto a los derechos de los beneficiarios.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares firmaron en Palacio de Gobierno el decreto por el que se promulga la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, la cual busca dar una visión más social a la impartición de justicia, resolver los conflictos en una comunidad de manera más rápida y privilegia la mediación.

La ley, indicó la mandataria, procurará que las faltas administrativas y conductas antisociales tengan sanciones a favor de la comunidad, permitiendo al infractor reconocer el daño social causado y restituirlo.

“Esta Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios se aleja de las prácticas tradicionales que permitían la corrupción y los abusos y adopta un enfoque más humano y cercano a la gente. En el Estado de México la ley se aplicará con firmeza”, exclamó.

Lo anterior al especificar que esta ley trasladará artículos del derecho penal al derecho administrativo sancionador, fortaleciendo el cumplimiento de normas y contribuyendo al adelgazamiento del código penal, estas acciones, dijo, generarán ahorros de recursos tanto para la estructura gubernamental, como para la población al reducir los tiempos al acceder a una justicia inmediata mediante mecanismos alternativos de solución de controversia.

Delfina Gómez señaló que en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales del 2020, se reportaron en el Estado de México 193 mil 499 puestas a disposición por parte de instituciones policiales y de quejas, de las faltas cívicas registradas, más de 100 mil fueron sancionadas con arresto, 50 mil con multa y 29 mil con amonestación, pero sólo 655 se resolvieron mediante acuerdos de mediación o conciliación, “estas cifras demuestran la necesidad de una reforma en la forma de administrar la justicia restaurativa y la mediación”.

Este esquema contempla instaurar en los 125 municipios juzgados cívicos como centros de justicia accesibles y cercanos a la ciudadanía, eliminando las oficialías mediadoras, conciliadoras y calificadoras de los ayuntamientos.

También se fomenta el trabajo a favor de la comunidad como componente terapéutico o reeducativo, brindando la oportunidad de restituir el daño social causado por infracciones administrativas, y se contempla la posibilidad del procedimiento de mediación y conciliación para agilizar la justicia primaria.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Sodi Cuellar sostuvo que la Justicia Cívica pretende identificar los factores de riesgo en las comunidades para atender las causas de la conducta antisocial y fomentar una sociedad autogestiva, es decir, la sociedad que gestione sus propios recursos y sus propias soluciones, apoyadas del gobierno municipal y estatal.

En este acto estuvieron presentes diputados y diputadas locales, presidentas y presidentes municipales, así como personal del Poder Judicial del estado.

¿Qué vamos a hacer? Una por una: nos queman, quemamos a uno, porque estamos hartos, estamos cansados”

Jafet Sainz, dirigente nacional de la ACME. Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), en Coacalco.

“Hay más de 600 denuncias vigentes por el delito de extorsión, y no han dado respuesta las autoridades”

Dirigentes transportistas al manifestarse frente al Ministerio Público por la quema de una de sus unidades.

La quema de una camioneta de transporte público en el Municipio de Coacalco el pasado martes 01 de agosto, por parte de extorsionadores fue el detonante para que los transportistas del Estado de México se organizaran en grupos de autodefensas con el objeto de defenderse ante extorsiones y asaltos constantes por parte de la grupos delincuenciales.

Dirigentes de grupos transportistas afirmaron que en lo que va del 2023, más de 5 mil operadores de transporte han sido asaltados, extorsionados o agredidos en sus rutas de la entidad mexiquense, y al menos 2 mil unidades de transporte han sido robadas o dañadas por el crimen organizado, principalmente en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Huehuetoca, Naucalpan, Zumpango, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chicoloapan, La Paz y Cuautitlán Izcalli. Afirman que unos 10 mil transportistas han sido extorsionados con cuotas semanales que van desde los 200 hasta los 300 pesos.

Desde el 7 de agosto, uniformados con mezclilla y playeras negras, a bordo de unas 200 camionetas particulares, los recién implementados grupos de autodefensa de transportistas iniciaron sus operativos, con recorridos por los lugares más conflictivos y peligrosos, para detectar y detener delincuentes.

Esto tendría que ser un escándalo de proporciones mayúsculas, pero pareciera que a nadie le importa. Las autoridades del Estado de México están más preocupadas por la transición y el “Año de Hidalgo”, que en hacer su trabajo. En la mayoría de los medios de comunicación, el tema queda relegado entre las corcholatas, el fútbol y los libros de texto; y la sociedad está más interesada en la Rosa de Guadalupe y la Casa de los Famosos.

Las autodefensas son ilegales. La historia nos ha enseñado que los grupos que comienzan como autodefensas, prácticamente se convierten en otro grupo delincuencial. Primero afirman estar “haciendo el trabajo que el gobierno no hace” en la lucha contra los asaltos y la extorsión, después se dan cuenta de que organizados y con armas en la mano, pueden hacer mucho más al amparo del poder de la fuerza y la impunidad.

Aunque en el contexto actual, y ante la inoperancia de las autoridades sus acciones parecen justificables, no existe norma o precepto legal que permita a grupos civiles pasearse armados por la vía pública haciendo lo que los policías deben hacer. Los encargados de proporcionar seguridad no lo hacen y los habitantes se han acostumbrado a niveles de violencia extremos, la sociedad es víctima de malos gobiernos y corrupción, por eso yace permanentemente agraviada por una violencia que avanza sin freno. Es un círculo vicioso que se convierte en un cáncer social llamado impunidad que corroe al sistema.

Esto no es más que el resultado de un profundo desencanto ciudadano. Vivimos en un sistema donde nadie paga las consecuencias de sus actos. La falta de respeto a la autoridad, la debilidad de nuestras instituciones, la carencia de un verdadero sistema eficaz que garantice la impartición de justicia, son señales de una forma de gobierno indiferente que reflejan un Estado de Derecho vulnerable, que luce fuerte solo en el papel, pues en la práctica es letra muerta.

La Ley está ahí, pero las autodefensas afirman que la justicia por mano propia se convierte en un imperativo moral porque el gobierno no hace su trabajo, y a la sociedad le toca organizarse y convertirse en su propio protector. Los grupos de autodefensa son una señal contundente del debilitamiento del Estado. Es insultante el cinismo y la falta de sensibilidad de las autoridades mexiquenses. La percepción ciudadana, ante la evidente incapacidad de los sistemas de seguridad es que se encuentra atrapada, por ello apoya la movilización colectiva, la ocupación del territorio, el patrullaje armado, fomenta el sentido de pertenencia y declara su apoyo a este tipo de movimientos.

Finalmente, es también una guerra por ganarse a la opinión pública, que ante las circunstancias, no será tan difícil.

Así las cosas.

RÁPIDAS MEXIQUENSES.  “NO ESTÁ MUERTO”. En entrevista, el legislador Omar Ortega Álvarez, quien es Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México, aseguró que su partido “no está muerto”, y que podría dar batalla solo durante las próximas elecciones, con miras a “recuperar el verdadero rostro del perredista mexiquense”.

Como van las cosas, considerando la situación actual y sus resultados durante las recientes elecciones por la gubernatura del Estado de México, parece ser solo cuestión de tiempo.

Fecha estimada: 02 de junio de 2024.

“Hay que decirlo muy claro, quien comete una falta tiene que responder”, lo anterior fue expresado por Raymundo Martínez Carbajal, presidente municipal de Toluca luego de la manifestación que realizaron integrantes del SUTEyM en las instalaciones del palacio municipal.

El alcalde refirió que la manifestación que se realizó en el primer cuadro se debió a una confusión por la detención de una persona que cometió un acto ilegal, ya fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes, “en el proceso intervino gente que no tenía contexto de las cosas y se desencadenaron las acciones que todos conocemos”.

El munícipe indicó que fue un servidor público sindicalizado el que cometió un acto de ilegalidad robandose una luminaria, por lo que fue detenido y puesto a disposición con las evidencias, y se actuará conforme a derecho “y nos toca a todos regirnos así y a nosotros, protestamos cumplir y hacer cumplir la ley”.

Martínez Carbajal, confió en que el servidor público detenido sea la primera vez que cometía un acto de esa naturaleza, “pero se están haciendo las investigaciones correspondientes, esperaríamos que fuera la primera vez que lo hace para que no entraramos en otros asuntos, ya que por este tipo de actos se juzga al resto de los empleados y eso no está bien, no es justo”.

Por otra parte el alcalde toluqueño dijo que hasta el momento no han encontrado otro acto de corrupción que se practique al interior de la administración, “tal vez hay personas que queriendo hacer cosas con mayor rapidez tratan de encontrar en algunos servidores públicos alguna respuesta para buscar agilizar cosas, pero les decimos que no es necesario porque hasta ahora lo que hemos venido realizando es con estricto apego a la ley”.

“No se necesita recurrir a la corrupción para agilizar nada porque estamos los servidores públicos en condiciones de hacer las cosas conforme a derecho. Lo que busca esta administración es recuperar la confianza de la gente y la única forma de hacerlo es actuando conforme a la ley, conforme a lo que establece los protocolos y a nosotros nos toca hacer que eso suceda”, concluyó.

Lilia González

Con motivo del Proceso Electoral vigente en la entidad, las y los diputados locales sesionaran solo una vez por semana para evitar ausentismo y con ello, violar la ley.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, Maurilio Hernández dio a conocer que por mutuo acuerdo, los líderes parlamentarios de cada fuerza política determinaron sesionar ya no dos veces por semana, sino una.

“La determinación tiene que ver con dar la flexibilidad sobre todo porque queremos evitar algún tipo de ausencias que pudieran estar violentando el trabajo, pero está dentro del marco de la ley”, dijo.

Lo anterior al precisar que por norma, una vez iniciado el Periodo Ordinario, deberán sesionar cuando menos una vez por semana, por lo que serán los días martes o jueves cuando convoquen a Sesión Deliberante para continuar presentando iniciativas y puntos de acuerdo.

“Hay un calendario de comisiones y se va a estar trabajando prácticamente de martes a viernes en comisiones y se va a sesionar -ya se acordó por la Junta- una vez por semana”, informó.

Hasta el momento, dijo, cada legislador ha sido responsable por lo que no ha sido necesario poner sanciones, en este apartado, el contralor del Poder Legislativo, Juan José Hernández Vences indicó que por descuidar sus labores, la falta administrativa no grave que les pudieran imponer va desde amonestaciones, hasta inhabilitación por 1 año.

“El periodo concluye el 15 de mayo entonces seguramente como estaremos en proceso electoral estaremos teniendo una sesión por semana”, agregó Maurilio Hernández.

Lilia González

De las 5 mil 642 solicitudes de amnistía recibidas desde la implementación de la ley en la entidad al 17 de enero, el Poder Judicial del Estado de México ha concedido 2 mil 861, es decir, poco más del 50%.

El portal de este Poder del Estado señala que, entre el total de solicitudes recibidas, 13 corresponden a personas indígenas y cinco a campesinos, y entre las 2 mil 861 otorgadas, se han beneficiado a 169 mujeres.

De manera detallada, se muestra que por el tipo presentación, 162 solicitudes han sido presentadas por familiares, 2 mil 162 por el imputado, 3 mil 236 por el defensor y 82 por organizaciones u organismos públicos.

Por tipo de delito, se ha otorgado la amnistía, es decir, se les ha decretado su libertad o el desistimiento del ejercicio de la acción penal, a 2 mil 838 personas culpadas por robo, lo que representa el 99.1% de las avaladas.

También se indica que 11 personas culpadas por delitos contra la salud han sido amnistiadas, tres por abigeato, dos por homicidio doloso, uno por el uso de objeto o documento falso alterado, otro por daño de bienes y evasión, y uno más por violación equiparada con modificativa agravante por haberse cometido por persona de confianza con la víctima.

De acuerdo con estimaciones del propio Poder Judicial mexiquense, pudieran lograr conceder un total de 3 mil amnistías para así culminar con el ejercicio que comenzó el 5 de marzo al entrar en vigor la Ley de Amnistía del Estado de México.

Guadalupe de la Cruz

Luego de la aprobación en comisiones en la Cámara de Diputados sobre la ley a favor de los matrimonios igualitarios, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Toluca, Raúl Gómez González hizo un llamado a los diputados locales para tener presente los mandatos de Dios.

En entrevista la autoridad eclesiástica dijo que el proyecto de Dios es uno y una (hombre y mujer) y esa es nuestra convicción, por lo que sabemos que los legisladores saben cuál ha sido la enseñanza de la iglesia.

“Por lo que les pediría a los diputados antes de aprobar la ley, que tuvieran muy presente -sobre todo a quienes son católicos o cristianos- lo que ha sido el proyecto de Dios”, refirió.

Por otra parte al ser cuestionado sobre la marcha realizada por grupos feministas que estan a favor del aborto, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Toluca mando bendiciones a las féminas y dijo estar de acuerdo con la manifestación de sus demandas.

“Les pedimos que se abran al señor (feministas), finalmente también han sido creadas por Dios y el proyecto de salvación también es para ellas y todos los humanos”, sentenció. México

Cabe mencionar que el pasado miércoles 28 de septiembre un grupo de mujeres feministas marcharon por las principales calles del municipio de Toluca con motivo del dia de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Las mujeres marcharon por el primer cuadro de la capital mexiquense exigiendo la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el cual todavía no es legal en el Estado de México.

Lilia González

La diputada local de Morena, Azucena Cisneros Coss, presentó una iniciativa para expedir la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio en el Estado de México, misma que estaría conformada por 73 artículos.

Precisó que con ella busca establecer que toda privación de la vida de una mujer, incluidas aquellas que de manera inicial parecieran no haber sido causadas por motivos criminales, como suicidio y accidentes, sean investigados como un probable feminicidio.

La ley, dijo, establecerá que la investigación de un caso de feminicidio y de los delitos vinculados se inicie de manera inmediata y exhaustiva, allegándose de datos mínimos para el esclarecimiento de los hechos.

Para lo anterior, indicó que se autorizaría al Ministerio Público la utilización de cualquier medio, instrumento o herramienta para la obtención de pruebas, siempre que ésta no contravenga los derechos humanos y no violente el orden jurídico.

Además, indicó que como parte de la ley se ordenaría la suspensión temporal de la custodia de los menores a cargo del investigado por feminicidio, la cual la ejercerá temporalmente quien corresponda de acuerdo al interés superior de la niñez.

La diputada morenista señaló que de acuerdo con la investigación denominada “Las Muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios”, los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20% de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios.

Lilia González

Funcionarios de la administración pública estatal, colectivas, activistas, académicas y defensoras de los derechos humanos iniciaron una Mesa de Análisis para construir la base del Sistema de Cuidados en el Estado de México, así como la Ley en la materia.

La diputada priista impulsora de la iniciativa, Isabel Sánchez Holguín explicó que los tres pasos que buscan construir son: plantear la firma por parte de la legislatura de la alianza global por los cuidados, materializar la reforma constitucional para el reconocimiento del derecho al cuidado y crear la Ley de Cuidados del Estado de México.

“Esta mesa de trabajo busca abonar desde los diferentes espacios lo necesario para que podamos fortalecer una propuesta de manera conjunta, ciudadana, gubernamental, académica, etcétera. Para la reforma constitucional se propone adicionar los párrafos 8vo, 9no y 10mo al artículo 5º de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México para reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano y establecer su definición, así como reconocer los derechos de las personas cuidadoras y establecer la responsabilidad del gobierno para crear el Sistema Estatal de Cuidados”, dijo.

Indicó que la Ley de Cuidados Estatal se basará en la Ley modelo Interamericana de Cuidados, publicada por la Organización de Estados Americanos, teniendo por objeto reconocer, redistribuir, regular, promocionar y generar nuevas formas de atención y cuidados doméstico no remunerado, así como visibilizar y reconocer la contribución histórica de las mujeres en esta materia.

Las principales funciones de la ley, dijo, será crear un sistema integral de cuidados con perspectiva de género; establecer los objetivos que deben seguir las políticas de cuidados en general y las destinadas a población vulnerables; promover la ampliación de la oferta y la calidad de servicios e infraestructura de los cuidados; promover la adaptación de las jornadas laborales a las necesidades de cuidado en el sector público y privado; reconocer y promover el trabajo de cuidados remunerado; y reconocer el tiempo para cuidar a través del régimen de licencia del sector público y privado, entre otras.

En el ejercicio realizado en Palacio Legislativo participó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el DIFEM, partidos políticos, colectivas, feministas, así como de la Secretaría de Educación del Estado, en este, las personas participantes señalaron la importancia que tiene el que desde la educación se imparta a niños y niñas temas de equidad, igualdad y perspectiva de género; hacer de la paridad una realidad cotidiana; transformar comportamientos generacionales para dejar de alimentar la cultura machista; y fomentar la emancipación política y económica de las mujeres.

-Van por reformar el artículo 5 de la Constitución del Estado para reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano

– Buscan materializar la firma de la alianza global por los cuidados

/diputadas locales van por garantizar “piso parejo” para hombres y mujeres en las tareas de cuidado