La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo su primera sesión pública con la integración de los nuevos ministros, diez días después de que asumieron el cargo tras ser electos por voto ciudadano el pasado 1 de junio.

La sesión inició a las 10:00 horas con un mensaje de bienvenida del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien saludó en lengua mixteca a sus colegas y al público presente. Participó de manera remota el ministro Arístides Rodrigo Guerrero, debido a que continúa en recuperación tras un accidente automovilístico.

Durante la apertura, la ministra Yazmín Esquivel agradeció el respaldo de la ciudadanía que votó por ella en la primera elección del Poder Judicial. Señaló que su compromiso será impulsar consensos y mantener un debate respetuoso dentro del Pleno.

El primer asunto discutido correspondió a la acción de inconstitucionalidad 186/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra diversas disposiciones de la legislación de salud y de servicios infantiles del estado de Chihuahua. El proyecto fue aprobado con ocho votos a favor y uno en contra, emitido por la ministra Loretta Ortiz.

El nuevo reglamento establece que las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes serán públicas, con la posibilidad de realizar algunas de manera privada cuando se considere necesario. Los debates se desarrollarán de lunes a jueves y se organizarán por materias: los primeros días se abordarán acciones y controversias constitucionales, los miércoles temas civiles y penales, y los jueves asuntos administrativos y laborales.

Los ministros dispondrán de tiempos limitados para la exposición de proyectos y argumentaciones, a fin de dar orden y agilidad a las deliberaciones. Asimismo, se permitirá la participación de integrantes de pueblos indígenas, comunidades afromexicanas, personas con discapacidad y sectores en situación de vulnerabilidad, de acuerdo con las reglas de inclusión adoptadas.

Entre los temas prioritarios se encuentran las revisiones de oficio a decretos presidenciales que restrinjan derechos reconocidos en la Ley de Amparo, así como casos relacionados con la libertad personal, derechos de comunidades indígenas y afromexicanas, interés superior de la niñez e intereses colectivos.

La Corte también podrá sesionar fuera de sus instalaciones cuando la trascendencia del caso lo justifique, lo que abre la posibilidad de acercar la justicia constitucional a distintos sectores sociales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que su primera sesión ordinaria con la nueva integración del Pleno se llevará a cabo el próximo 11 de septiembre. La decisión se tomó durante una reunión privada realizada en la sede del Máximo Tribunal, encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

En esta primera sesión se discutirán 14 asuntos, todos ellos acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que quedaron pendientes en la etapa final de la anterior integración de la Corte. Los proyectos fueron elaborados en las ponencias de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

Entre los casos programados destaca una acción de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de salud mental del Congreso de Chihuahua, donde la ministra Esquivel propone invalidar parte del proceso legislativo al considerar que no se consultó a personas con discapacidad. Este criterio fue uno de los más debatidos en la anterior administración del tribunal.

Otro de los asuntos corresponde a la Ley de Educación de Yucatán, aprobada en marzo de 2024, en la cual la ministra Ortiz plantea declarar la validez de la reforma. También se analizará el proyecto de Esquivel que busca invalidar el cobro de información en dispositivos electrónicos en Michoacán, al considerarlo una práctica desproporcionada e injustificada.

La programación de estos temas representa el inicio de los trabajos del nuevo Pleno, integrado por ministros electos mediante voto popular en las elecciones judiciales. La Corte enfrenta un rezago de más de mil 440 asuntos que heredó de sus antecesores, por lo que las discusiones de septiembre serán clave para establecer el ritmo de resolución.

El resto de los expedientes que tenían asignados los ministros salientes pasarán a las ponencias de los recién nombrados María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero y Sara Irene Herrerías Guerra.

Durante la reunión privada también se definieron lineamientos internos, como la apertura de audiencias públicas, el análisis de ingresos, la competencia originaria de la Corte y las reglas sobre recursos de revisión en amparo directo. Asimismo, se abordaron temas relacionados con la facultad de atracción, procedimientos de declaración general de inconstitucionalidad y la integración de listas para próximas sesiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su inconformidad respecto a la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avanzar en la designación de los integrantes del Órgano de Administración Judicial antes de la renovación del máximo tribunal del país. Según la mandataria, esta acción carece de sentido, ya que la nueva estructura del Poder Judicial entrará en funciones en septiembre.

De acuerdo con Sheinbaum, los ministros actuales no cuentan con los votos suficientes para concretar la medida y les exhortó a enfocarse en asuntos de mayor relevancia, como la resolución de amparos en favor de presuntos delincuentes y la fiscalización de quienes han evadido el pago de impuestos.

En su opinión, este tipo de decisiones deben quedar en manos de la nueva Corte, cuyos integrantes serán electos mediante voto ciudadano.

La presidenta también respaldó la postura de la ministra Loretta Ortiz, quien señaló que el intento de designación previa al cambio de administración equivale a un intento de adelantarse a los procesos institucionales.

Sheinbaum subrayó que la estructura del Poder Judicial incluirá tres organismos: la Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, por lo que consideró innecesario que la actual SCJN busque nombrar a los responsables de este último.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo recordó que los actuales ministros concluirán su encargo en agosto, dando paso a una nueva integración de la Suprema Corte a partir del 1 de septiembre. Destacó además que, en el proceso de selección de nuevos magistrados, solo han participado ministras vinculadas con administraciones anteriores.

Rafael Rodríguez

La tarde de este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como constitucional la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que beneficiará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Luego del voto del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, así como el sufragio de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, sumados a Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz, promovente de la LIE.

Por otra parte, siete ministros se manifestaron por la inconstitucionalidad de la misma, sin embargo no fue suficiente para nombrarla como tal, pues eran necesarios ocho votos en contra para tal efecto.

Cabe destacar que el voto decisivo lo tuvo el ministro presidente Arturo Zaldivar, quien señaló que “nuestra Constitución no impone un modelo económico por encima de otro”. Por lo que su voto fue en favor de la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, misma que fuera presentada por un grupo de senadores de oposición.

Con esto, el Pleno del Tribunal dio luz verde para que continúe esta ley que otorga mayor ventaja a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras.

En cuanto a los argumentos presentados por los ministros que buscaban la inconstitucionalidad de la LIE, señalaron que esta última no procura la libre competencia económica del país ni garantiza la protección del medio ambiente con generación de energías limpias.