El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la reunión que mantuvo con Claudia Sheinbaum, quien es considerada la presidenta electa, y a quien recibió la tarde del lunes en Palacio Nacional. Durante este encuentro, discutieron diversas reformas pendientes de interés para el nuevo gobierno, incluyendo la del Poder Judicial.

En su conferencia matutina, el presidente aprovechó para criticar al Poder Judicial y defender la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular, argumentando que existe mucha corrupción en este poder.

López Obrador afirmó que el Poder Judicial está «secuestrado» por la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Consideró urgente la iniciativa de reforma que se discutirá en el Congreso en septiembre.

López Obrador insistió en que la reforma debe aprobarse en septiembre, una vez que la siguiente Legislatura asuma funciones. Durante la misma conferencia, en la sección Cero Impunidad, se exhibió a dos jueces por presuntamente favorecer al narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y a César Duarte, exgobernador de Chihuahua.

También mencionó el caso del ministro Luis María Aguilar, a quien acusó de haber retenido un proyecto durante 10 meses para proteger a una empresa que debe pagar más de 30 millones de pesos.

El presidente consideró que sería un proceso sencillo elegir a 1,500 o 2,000 jueces en un proceso electoral, el cual estaría a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo que ya opera con recortes presupuestales.

Durante la conferencia, López Obrador también abordó la incertidumbre que esta reforma ha generado en las finanzas del país. Desde que se anunció que Claudia Sheinbaum daría seguimiento a la iniciativa, el peso ha mostrado comportamientos volátiles.

El presidente mencionó que, durante la Mañanera, se informó que el tipo de cambio se ubicaba en 18.45 pesos por dólar; en contraste, el 29 de mayo, previo a las elecciones, el tipo de cambio era de 16.9 unidades.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que anula la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral. El proyecto de sentencia presentado por el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, fue aprobado por nueve de los once ministros de la Corte. Los ministros coincidieron en que se violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana, al saltarse un procedimiento legislativo ordinario y transgredir el principio de deliberación democrática.

La ministra Margarita Ríos Farjat emitió un voto concurrente a favor del proyecto, destacando que la Suprema Corte está para hacer cumplir la Constitución y las leyes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá coincidió en que se dejaron de observar numerosas formalidades procedimentales, y que la Corte está llamada a garantizar el carácter representativo y democrático del orden legislativo.

El ministro Luis María Aguilar Morales se pronunció también por la invalidez del “Plan B”, argumentando que se vulneraron los artículos 71 y 72 de la Constitución, dado que no se observó el reglamento del Congreso. El ministro Arturo Zaldívar reconoció que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron de manera determinante la deliberación de las normas que se estaban presentando. Su par, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también se sumó a favor del proyecto.

La ministra Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel fueron las únicas en votar en contra del proyecto. La ministra Yasmín Esquivel argumentó que no se sumaron las infracciones que señala el proyecto, y que es importante adentrarse al análisis constitucional de las normas reformadas. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz rechazó invalidar la totalidad de la primera parte del Plan B, observando que los cambios hechos a las reformas “fueron mínimos”.

Con esta sentencia, se invalidan las disposiciones de la Ley General de Comunicación Social que entraron en vigor el 28 de diciembre de 2022, las cuales buscaban modificar la relación de los gobiernos y los servidores públicos con los medios de comunicación, en el sentido de poder difundir propaganda y hacer política, con miras a las elecciones de 2024.

La mayoría de los ministros coincidieron en que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir con el procedimiento legislativo, lo que equivale a una perversión del sistema democrático.

La ministra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que no se respetó la obligación de publicar la iniciativa de ley con la debida anticipación de 24 horas, lo que afectó el proceso deliberativo para la aprobación de las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

El Pleno de la Suprema Corte concluyó que la citada violación al procedimiento legislativo afectó el proceso deliberativo para la aprobación de las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.