La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, acusó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez de haberle tendido una trampa al organizar una reunión con personas que se presentaron como agentes de Estados Unidos, conversación cuyos fragmentos fueron difundidos recientemente.

En conferencia de prensa, la mandataria estatal explicó que el encuentro ocurrió en diciembre de 2025, luego de que Bonilla le ofreciera apoyo para atender la situación relacionada con la cancelación de su visa de turista. Señaló que aceptó la reunión al considerar que se trataba de un ofrecimiento de buena fe por parte de su antecesor.

Marina del Pilar sostuvo que los audios publicados corresponden únicamente a fragmentos de una conversación más amplia y afirmó que fueron sacados de contexto. Indicó que durante la reunión los supuestos agentes estadounidenses le plantearon escenarios sobre presuntos cargos y procedimientos judiciales que, aseguró, no tenían sustento.

La gobernadora señaló que cualquier persona se habría sorprendido ante ese tipo de planteamientos y afirmó que desde ese momento percibió situaciones inusuales, por lo que solicitó que cualquier comunicación posterior se realizara directamente con su abogado, Michael Nadler.

Asimismo, aseguró que los supuestos representantes de Estados Unidos nunca buscaron a su defensa legal ni presentaron documentación oficial, por lo que consideró que el objetivo de la reunión fue obtener una grabación privada para posteriormente difundirla con fines políticos.

Sobre el caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el contenido de los audios no revela información sensible ni elementos que comprometan la seguridad nacional o la seguridad de Baja California. Explicó que las referencias a las mesas de seguridad corresponden a datos generales sobre incidencia delictiva y objetivos prioritarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura y señaló que, con base en el contenido conocido de las grabaciones, no existen elementos para iniciar una investigación penal contra la gobernadora. El caso se desarrolla además en un contexto de confrontación política entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla, quien desde 2022 ha lanzado diversos señalamientos públicos en su contra, entre ellos acusaciones sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, las cuales la mandataria ha rechazado.