Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, afirmó su intención de no continuar con la contratación de médicos cubanos en caso de ganar las elecciones del 2 de junio. Esta medida, adoptada por el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para abordar la escasez de personal en el sistema de salud pública de México, es cuestionada por Gálvez, quien sostiene que el país cuenta con suficiente capacidad y talento médico.

Durante la presentación de su Plan de Salud, enfatizó su postura contraria a la práctica de traer más médicos cubanos, argumentando que esta acción solo sirve para encubrir la falta de financiamiento adecuado y no ofrece condiciones laborales justas a los profesionales de la salud.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha revelado que, a través de un acuerdo firmado en mayo de 2022, México ha contratado a 806 médicos cubanos de diversas especialidades. Esta medida busca abordar el déficit de personal médico en el país, que cuenta con 2.4 médicos por cada mil habitantes, una cifra superior al promedio latinoamericano pero inferior a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Gobierno de López Obrador ha justificado estas contrataciones argumentando que los médicos mexicanos muestran reticencia a trabajar en áreas rurales o marginadas. Sin embargo, el personal sanitario ha señalado que la violencia en algunas regiones del país dificulta su labor. Desde su posición en la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez propone incrementar el número de escuelas de medicina, especialmente en zonas rurales, y fortalecer las becas de especialización para garantizar un sistema de salud completo y equitativo.

Gálvez anunció su intención de colaborar con la sociedad civil y el sector privado para construir un sistema de salud integral, donde todos los ciudadanos puedan acceder a servicios y medicamentos de calidad en hospitales y farmacias tanto públicas como privadas.

Además, se compromete a promover la telemedicina, implementar expedientes y recetas electrónicas para cada ciudadano, y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, incluyendo un aumento salarial y más oportunidades de becas para estudiantes de medicina.

En su propuesta de gobierno, Gálvez también destaca la creación de una red nacional de centros de salud mental y clínicas especializadas para abordar el creciente problema de enfermedades mentales en el país. Con estas medidas, busca ofrecer una alternativa sólida al modelo actual, enfocándose en fortalecer la infraestructura de salud, mejorar las condiciones laborales del personal médico y garantizar un acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos.

En un movimiento sin precedentes, el Parlamento italiano ha aprobado una ley que prohíbe la producción y venta de alimentos sintéticos, incluida la carne cultivada, convirtiendo a Italia en el primer país de Europa en adoptar esta medida. La norma, impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni, líder de la ultraderecha, ha desatado un intenso debate sobre sus fundamentos.

La legislación argumenta la posibilidad de desigualdades nutricionales y la falta de estudios científicos que respalden estos alimentos sintéticos, generando controversia entre la oposición que destaca la falta de conclusiones científicas que justifiquen una prohibición total. Los críticos también señalan posibles conflictos con el principio de libre circulación de mercancías en la Unión Europea si se restringe la comercialización de alimentos sintéticos extranjeros.

La ley establece multas significativas, que van desde 10 mil hasta 60 mil euros o el 10% del volumen de negocio en casos de ingresos superiores a los 60 mil euros, para aquellos que incumplan la prohibición de comercializar este tipo de alimentos. El proceso legislativo, marcado por el debate en la Cámara de Diputados y enfrentamientos entre partidarios y opositores, ha estado en constante posposición debido a las dudas sobre su alineación con la legislación europea.

El ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, defiende la ley como una medida para proteger la salud pública y prevenir el desempleo, argumentando un posible riesgo de injusticia social con los alimentos sintéticos. Según Lollobrigida, la intención del gobierno italiano no es persecutoria, sino una manera de salvar la salud y el medio ambiente.

El ministro de Sanidad, Orazio Schillaci, respalda la decisión como una forma de salvar el patrimonio y la cultura agroalimentaria del país basada en la dieta mediterránea. Schillaci destaca la significancia de la ley, basada en el principio de precaución debido a la falta actual de estudios científicos sobre los efectos de los alimentos sintéticos, asegurando así el máximo nivel de protección de la salud ciudadana y la preservación del patrimonio nacional.

El gobierno de Meloni ya ha tomado medidas previas para informar a los consumidores sobre alimentos «no tradicionales», como obligar a los supermercados a separar harinas fabricadas con insectos del resto de los productos.