El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comunicó el jueves 18 de mayo el rescate de 49 migrantes que estaban secuestrados en Matehuala, San Luis Potosí, y en Nuevo León.

Desde el Palacio Nacional, el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, reveló la cronología del rescate: el martes 16 de mayo se localizaron a 9 personas, el miércoles 17 a 7 personas y durante la madrugada del jueves, a 33 personas. Señaló además que algunos de los migrantes se encontraron caminando, mientras que otros estaban en centros de detención.

El mismo miércoles 17 de mayo, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) comunicó que consiguió rescatar a 34 personas en la comunidad de Cruz de Elorza, cerca de Doctor Arroyo, Nuevo León.

En colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los investigadores hallaron una finca donde se retenían a 10 hombres, 14 mujeres y 10 niños. Este descubrimiento se logró después de más de seis horas de operativo en la zona, en el que se empleó un helicóptero propiedad del estado.

La misión resultó exitosa debido a la información aportada por seis personas rescatadas previamente el mismo 17 de mayo. Estas víctimas aclararon que su secuestro tuvo lugar en «Los Medina», un poblado cercano a Doctor Arroyo, Nuevo León, desmintiendo informes de medios que señalaban a territorio potosino como lugar del incidente.

Estas víctimas también detallaron que los secuestradores justificaban el secuestro argumentando que el autobús en el que viajaban había circulado por la zona en varias ocasiones sin «reportarse».

Pese al éxito del rescate, López Obrador admitió que todavía no se habían localizado a los choferes del autobús en el que viajaban los migrantes. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional destacó el papel crucial de las fuerzas armadas en el rescate y aseguró que continuarán buscando a los choferes.

Finalmente, los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos están a cargo de la Guardia Nacional, a pesar de las insistencias de las autoridades de San Luis Potosí y Nuevo León de que los hechos no ocurrieron en sus respectivos territorios.