El Senado de la República aprobó con cambios la reforma a la Ley Aduanera, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de modernizar la legislación en materia de comercio exterior. El dictamen fue avalado en lo general con 78 votos a favor, 37 en contra y una abstención, y en lo particular con 77 votos a favor, 38 en contra y una abstención. Debido a las modificaciones realizadas, el documento regresará a la Cámara de Diputados para su revisión.

Entre los ajustes aprobados destaca la reserva presentada por el senador morenista Homero Davis Castro, que establece la entrada en vigor de la reforma el 1 de enero de 2026, con plazos específicos para algunos artículos, a fin de permitir la elaboración de la reglamentación correspondiente. Durante la sesión, los legisladores rechazaron diez propuestas de modificación y una moción suspensiva presentada por la senadora priista Claudia Anaya.

De acuerdo con el dictamen, la reforma busca fortalecer la eficiencia aduanera sin crear nuevas cargas fiscales, al tiempo que impulsa el uso de tecnologías para mejorar la fiscalización y la trazabilidad de mercancías. También prevé la creación del Consejo Aduanero, órgano que resolverá sobre el otorgamiento de autorizaciones y patentes aduanales, además de ampliar las facultades del Servicio de Administración Tributaria y de la Agencia Nacional de Aduanas para realizar revisiones posteriores al despacho de mercancías.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, afirmó que las modificaciones no obstaculizan las operaciones comerciales, sino que las facilitan. Señaló que el objetivo es contar con una aduana moderna y eficiente, donde la transparencia y la simplificación de trámites contribuyan al crecimiento económico y a una mejor recaudación fiscal.

En tanto, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que el nuevo marco jurídico representa un acuerdo entre el Estado, las empresas y la sociedad, en el que la tecnología se convierte en un instrumento para fortalecer la justicia fiscal.

Durante el debate, senadores de oposición expresaron críticas. El panista Raymundo Bolaños Azocar sostuvo que la reforma convierte a los agentes aduanales en “chivos expiatorios” y no aborda las causas estructurales del contrabando y la evasión fiscal. Por su parte, el priista Miguel Ángel Riquelme advirtió que las nuevas disposiciones podrían vulnerar compromisos establecidos en el T-MEC al imponer sanciones excesivas y discrecionalidad en la aplicación de la ley.

El emecista Clemente Castañeda agregó que las medidas aprobadas podrían generar más obstáculos al comercio exterior, al no atender el problema del huachicol fiscal ni reforzar los mecanismos de control en puertos y aduanas.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez, exmiembro del Partido Acción Nacional (PAN), logró la cancelación de la orden de aprehensión que pesaba en su contra, relacionada con acusaciones por uso de documento falso, falsedad ante las autoridades y fraude procesal.

La decisión fue tomada por el juez Óscar Luis Lozada Hernández, adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa.

Además, la Fiscalía General de la República (FGR) retiró la solicitud de extradición que había presentado ante el gobierno de Estados Unidos para la detención de Yunes Márquez, quien también promovió un juicio de amparo para impugnar la orden de captura.

El juez de control notificó la cancelación de la orden a una jueza federal encargada del caso, quien deberá tomar las acciones pertinentes.

La controversia en torno al legislador se intensificó en septiembre, cuando Yunes Márquez, aún miembro del PAN, votó a favor de la reforma al Poder Judicial, lo que permitió que Morena obtuviera la mayoría calificada en el Senado.

Esta decisión fue vista como una traición dentro de su partido, lo que llevó a su expulsión, junto con su suplente y padre, Miguel Ángel Yunes Linares, por parte de la dirigencia panista.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este miércoles la aprobación de la reforma judicial en el Senado, donde obtuvo 86 votos a favor, gracias al respaldo de Morena, el PT, el PVEM y, de manera sorpresiva, del panista Miguel Ángel Yunes Márquez. La reforma, calificada por el mandatario como un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia, busca modificar el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros, otorgando al pueblo la facultad de elegir a estos funcionarios.

Durante su conferencia matutina, López Obrador negó que hubiera negociado con los legisladores para obtener su apoyo, enfatizando que el voto del senador Yunes fue una decisión libre. Destacó que esta reforma es crucial en la lucha contra la corrupción y la impunidad, al proponer una mayor participación ciudadana en la selección de los miembros del Poder Judicial.

El mandatario subrayó que la democratización del sistema de justicia es un componente esencial en su proyecto de transformación del país. Señaló que permitir al pueblo elegir directamente a los funcionarios judiciales representa un avance significativo en la transparencia y la rendición de cuentas.

En la sesión legislativa, Morena y sus aliados contaban con 83 escaños, tres menos de los necesarios para alcanzar la mayoría calificada requerida para aprobar reformas constitucionales. Sin embargo, con la adhesión de los senadores perredistas Araceli Saucedo y José Sabino Herrera a las filas de Morena, la bancada oficialista se acercó a la supermayoría.

La votación final tomó un giro inesperado cuando el senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez anunció su apoyo a la reforma, pese a las críticas de su partido. Con su voto, la reforma fue aprobada en el Senado, lo que permitió que avanzara hacia su siguiente fase: la revisión y votación en los Congresos estatales. Para que se promulgue, al menos 17 de los 32 Congresos locales deben dar su aval.