La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma laboral que reducirá de manera progresiva la jornada máxima semanal de 48 a 40 horas. El dictamen fue turnado a los congresos locales, donde deberá ser avalado por al menos 17 de las 32 legislaturas estatales para que pueda publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

La votación en lo general se realizó durante la sesión ordinaria del 24 de febrero y obtuvo 469 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, aunque se registró la ausencia de 31 legisladores. En lo particular, la reforma fue respaldada con 411 votos a favor y 58 en contra, con el apoyo de Morena, PVEM, PT y PAN, mientras que PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

La discusión se extendió por más de 12 horas y contó con la participación de 121 oradores. Durante el debate se presentaron más de 100 reservas, principalmente para incorporar el derecho a dos días de descanso por cada cinco trabajados, propuesta que no fue incluida en el dictamen final.

El decreto reforma el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Establece una reducción escalonada: en 2026 la jornada permanecerá en 48 horas; en 2027 bajará a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y en 2030 quedará en 40 horas semanales.

El texto mantiene el derecho a un día de descanso por cada seis días laborados con goce íntegro de salario. También señala que la disminución de horas no podrá implicar reducción de sueldo, prestaciones ni derechos laborales.

En materia de horas extraordinarias, la reforma amplía de nueve a 12 el máximo de horas extra permitidas por semana, las cuales podrán distribuirse hasta por cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días. Dichas horas deberán pagarse con un 100% adicional sobre el salario ordinario. Cuando se exceda ese límite, el pago deberá realizarse con un 200% adicional.

Además, se prohíbe el trabajo extraordinario para personas menores de 18 años. Durante el debate, legisladores de oposición señalaron que la falta de un segundo día obligatorio de descanso podría mantener esquemas de seis días laborales por uno de reposo.

Con el envío del dictamen a los congresos estatales, la reforma entra en su fase final del proceso legislativo. De obtener el respaldo requerido, México iniciará una transición gradual hacia una jornada laboral de 40 horas semanales a partir de 2030.

El senador poblano Néstor Camarillo se incorporará a la bancada de Movimiento Ciudadano, tras anunciar su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La adhesión fue confirmada por el coordinador del partido naranja en el Senado, Clemente Castañeda, en conferencia de prensa.

Castañeda informó que la invitación se hizo directamente a Camarillo, quien aceptó sumarse al grupo parlamentario. Con esta integración, Movimiento Ciudadano contará con seis senadores en la actual Legislatura.

El legislador poblano comunicó su renuncia al PRI el pasado 25 de agosto mediante un video en redes sociales. En su mensaje afirmó que no abandona sus convicciones, sino que busca impulsar “una oposición responsable e inteligente” y mantenerse del lado de la ciudadanía.

Con esta salida, la bancada del PRI quedará con 13 integrantes a partir del 1 de septiembre, dos menos que al inicio de la Legislatura. La reducción se suma a otros movimientos recientes que han modificado la correlación de fuerzas en el Senado.

En semanas previas, la senadora Cynthia López Castro también presentó su renuncia al grupo priista, argumentando diferencias con la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno. Posteriormente, se unió a la bancada de Morena.

La integración de López Castro a Morena se dio junto con la de otros legisladores provenientes de distintos partidos: el expanista Miguel Ángel Yunes, así como los experredistas Araceli Saucedo y José Sabino. Con estos cambios, la alianza conformada por Morena, PT y PVEM alcanzó mayoría en la Cámara Alta.

Néstor Camarillo, originario de Puebla, es sobrino de Ramón Camarillo Mirón, quien fuera candidato de Morena a la alcaldía de Quecholac y fue asesinado en 2024. El legislador ha señalado que su compromiso político se mantiene con su estado y con el fortalecimiento de la oposición.

Siendo una propuesta de Movimiento Ciudadano, la comisión legislativa de Trabajo, Previsión y Seguridad Social inició el análisis de la iniciativa que busca aplicar la “Ley Silla” en el gobierno del Estado de México.

Con esta medida se busca beneficiar a 159 mil 799 personas que laboran en el sector central del gobierno, garantizando la obligación de las instituciones públicas de disponer de un número suficiente de sillas con respaldo a los trabajadores.

“Esta reforma representa un avance fundamental en la garantía de condiciones labores dignas y justas para las y los servidores públicos del Estado de México», señaló Marcela Beltrán Sánchez, diputada proponente.

Señaló que la evidencia médica y científica refiere que permanecer de pie durante varios periodos prolongados sin la posibilidad de descanso adecuado tiene efectos negativos como diversos padecimientos en huesos, articulaciones, columna, cadera, daña tendones y ligamentos, y aumenta el riesgo de desarrollar artritis y padecer várices.

Los padecimientos anteriores, dijo, afectan su calidad de vida y su capacidad para desempeñar sus funciones, de ahí que se requieran medidas para garantizar su salud y bienestar.

La legisladora de MC explicó que la iniciativa va enfocada al ámbito público, puesto que el sector privado ya existe la “Ley Silla” que se impulsó a nivel nacional y la cual entrará en vigor el 18 de junio próximo al cumplirse el lapso de 180 días para que las personas empleadoras y empresas adecuaran su normativa interna.

El presidente de la comisión, Ernesto Santillán señaló que este tipo de iniciativas representan pasos firmes hacia la dignificación del trabajo en la entidad, de quienes laboran en las 23 dependencias del gobierno que conforman las dependencias federales, las 18 dependencias estatales, los órganos descentralizados, Poderes del Estado y los Ayuntamientos, avanzando así hacia una justicia laboral.

En respuesta al incremento del delito de despojo, el cual afecta directamente el patrimonio de la ciudadanía, el Congreso Local analiza en comisiones tres iniciativas y un punto de acuerdo para agravar penas y mejorar las estrategias para atender a víctimas.

Las iniciativas fueron presentadas por los grupos parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano para agravar penas, mientras que el Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para proteger los bienes patrimoniales de la población.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, José Francisco Vázquez Rodríguez señaló que ya trabajan en propuestas que fortalezcan los mecanismos legales de defensa de la propiedad y advirtió la necesidad de que la ciudadanía tenga sus papeles en regla para que pueda denunciar estos ilícitos.

También recordó que el despojo ya está tipificado en el Código Penal (con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días multa), pero que, ante el incremento en el número de casos, es necesario mejorar el marco legal y facilitar que se denuncie y se sancione.

Las iniciativas sobre este tema, dijo, podrían analizarse en un periodo extraordinario, al existir consenso sobre el tema.

¿Cuáles son las propuestas en análisis?

La propuesta del diputado Octavio Martínez Vargas (morena) es que el despojo sea considerado un delito grave y que las penas vayan de los 5 a los 10 años de cárcel cuando se realice en contra de una persona adulta mayor; con violencia física o mediante el rompimiento de cerraduras, forzando de puertas o a través de intimidación. Adicionalmente, contempla acelerar los procedimientos judiciales para la restitución de la posesión cuando la persona denunciante acredite la propiedad del inmueble.

La propuesta de José Miguel Gutiérrez Morales es sancionar el delito sin importar si el derecho a la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o esté en disputa. Propone ampliar los supuestos jurídicos en este delito, reconociendo, además de los vigentes, el desvío o uso de aguas propias o ajenas en los casos en que la ley no lo permita, el uso de una persona del derecho real sobre aguas que no le pertenezcan, así como ejercer actos de dominio que lesionen un derecho legítimo de la persona usuaria de dichas aguas.

De la bancada de MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes formuló penas de hasta 25 años de prisión y de 500 días multa a la persona responsable de este delito, considerando agravantes como en el caso de que se trate de la ocupación de inmuebles privados destinados a la vivienda o a la explotación agrícola, por parte de personas adultas mayores, mujeres, indígenas o en situación de vulnerabilidad.

Elvis Ventura Juárez, aspirante de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nanchital, Veracruz, presentó su renuncia al cargo en medio de un clima de violencia política y señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Aunque Ventura Juárez argumentó motivos personales para abandonar su campaña, autoridades estatales indicaron que su salida coincidió con una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado, luego de que en redes sociales se difundiera un video donde un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación lo mencionó como colaborador del grupo criminal “La Mayiza”.

La gobernadora del estado, Rocío Nahle, informó que el caso se investiga como “noticia criminal” y pidió a la Fiscalía revisar los expedientes de todos los candidatos que participan en el actual proceso electoral, con el objetivo de prevenir la infiltración de actores delictivos en los cargos públicos.

El entorno de violencia política en Veracruz ha escalado durante las últimas semanas. De acuerdo con informes del Organismo Público Local Electoral (OPLE), 54 candidatos solicitaron medidas de seguridad ante amenazas o riesgos. La Secretaría de Seguridad Pública estatal colabora para brindar protección a quienes lo requieren.

Pese a estas medidas, dos aspirantes han perdido la vida en el actual proceso: Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena en Texistepec, y Anuar Valencia Delgado, también de Morena, en el municipio de El Arenal. En el caso de Lara Gutiérrez, OPLE informó que no existía una solicitud previa de resguardo por parte de ella ni del consejo municipal correspondiente. Las investigaciones continúan.

La violencia también ha alcanzado a otras figuras de Movimiento Ciudadano. En días recientes, se reportó un ataque armado contra la casa de campaña de Xóchitl Tress, candidata a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara.

Ante estos hechos, el gobierno estatal ha solicitado reforzar la presencia de la Guardia Nacional en distintas zonas del estado para garantizar la seguridad de candidatos y ciudadanos durante la recta final de las campañas.

Un juez dictó formal prisión a José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, como parte del proceso que enfrenta por su presunta vinculación con actividades delictivas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La determinación ocurrió durante la primera parte de la audiencia inicial en su contra, aunque el acusado solicitó una prórroga. Se prevé que la audiencia continúe el próximo viernes 9 de mayo.

Murguía Santiago fue detenido el pasado 3 de mayo, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridades federales. Su detención derivó de las investigaciones en torno al rancho Izaguirre, inmueble presuntamente utilizado como centro de operaciones del grupo criminal. Posteriormente, fue trasladado de Jalisco a la capital del país para continuar con el proceso judicial.

El presidente municipal, militante de Movimiento Ciudadano (MC), ha desempeñado el cargo en tres ocasiones. Inició su carrera política en 2012, tras ejercer como odontólogo en la práctica privada. Entre 2018 y 2021, también ocupó un escaño como diputado local en el Congreso de Jalisco.

En paralelo al caso, se dio a conocer que un juicio de amparo promovido por el edil se frenó debido a que no ratificó el recurso en tiempo y forma, lo cual impidió que avanzara dicha vía legal.

En otro tema relacionado, el fiscal general Alejandro Gertz Manero aclaró que no existe una ruptura con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, luego de que surgieran desacuerdos en torno a las declaraciones sobre el rancho Izaguirre. El funcionario aseguró que el trabajo conjunto continúa con apoyo de la Secretaría de Gobernación y que el colectivo ha tenido acceso a las labores de búsqueda en la zona.

Alejo Cedillo Cedillo, primer regidor del municipio de Ocuilan fue asesinado a balazos frente al Palacio municipal, en la zona centro de la demarcación. El Secretario del Ayuntamiento, Luis López, también recibió varios impactos por arma de fuego en el lugar.

De acuerdo con versiones policiales, hombres armados arribaron a la explanada municipal para atentar contra el servidor público que llegaba al recinto a Sesión de Cabildo.

El Secretario del Ayuntamiento fue trasladado a un hospital del municipio de Malinalco y la víctima al Centro de Justicia de Tenancingo.

La zona fue acordonada por elementos policiales a la espera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y las indagatorias correspondientes.

En el punto donde perdió la vida este hombre fue colocada una cruz de cal y una veladora, en memoria al servidor público.

Movimiento Ciudadano condena los hechos

El Partido Movimiento Ciudadano condenó los hechos y exigió garantizar justicia en este caso y los demás compañeros que han sido asesinados en medio de este clima de violencia.

“El Estado de México en una tierra sin justicia y sin ley, un lugar donde los ciudadanos han perdido la tranquilad y la libertad de caminar seguros por sus calles. Nuevamente y con indignación, levantamos la voz ante un asesinato más, no solo de un militante y funcionario nuestro, sino de miles de personas que han sido asesinadas, de las miles de familias en luto por este intolerable, ya, clima de violencia que tiene teñido de rojo nuestro bello estado”.

“No pararemos de levantar la voz y buscar los mecanismos legales y de acción para que, en este caso y de todas las familias mexiquenses que viven esta tragedia, tengan justicia y los ciudadanos puedan vivir tranquilos. Toda nuestra solidaridad con los familiares y amigos de nuestro compañero Alejo Cedillo y nuestro más sentido pésame”, se lee en el comunicado.

Con 52 votos a favor, dos abstenciones y 18 en contra de las bancadas PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el Congreso del Estado de México aprobó la Convocatoria Pública para integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la Elección Extraordinaria de Personas Juzgadoras.

En esta convocatoria se establece que quienes aspiren a algún cargo deberá: ser ciudadana o ciudadano del Estado; haber residido en la entidad durante el año anterior al día de la publicación de la Convocatoria; tener título de licenciatura en derecho y haber obtenido un promedio general de 8.0 y de 9.0 en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado; gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso.

Tampoco deben estar condenadas o condenados por sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, o por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género; no estar inscrita o inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y para el caso de Magistrada y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, además, deberá contar con práctica profesional de al menos tres años en un área jurídica afín a su candidatura.

Se puntualiza que las personas que aspiren a un cargo de elección del Poder Judicial no podrán ser seleccionadas como candidatas si también son candidatas a un cargo del Poder Judicial de la Federación.

Y en cuanto a fechas y plazos se precisa que a más tardar el 7 de febrero los Poderes del Estado instalarán sus Comités de Evaluación; del 11 al 16 de febrero será el plazo para que los interesados se inscriban en las convocatorias; el 19 de febrero los Comités de Evaluación publicarán el listado de quienes hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad.

Por otro lado, se indica que a más tardar el 24 de febrero los Comités calificarán la idoneidad; a más tardar el 26 de febrero depurarán su listado mediante insaculación pública, para que el 27 de febrero como límite cada Poder remita su listado a la Legislatura, se tendrá hasta el 28 de febrero para que la Legislatura integre los listados y expedientes de las personas postuladas por cada Poder y se remitan al Instituto Electoral del Estado de México para que organice el proceso electivo.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó en 2ª sesión extraordinaria un reajuste en las actividades que habrá de desarrollar en 2025, ello tras el recorte presupuestal de 158 millones de pesos que avaló el Congreso Local.

“Las prerrogativas de los partidos políticos tienen base constitucional y por ende no sufrieron disminución alguna, 984 millones serán destinados al financiamiento de sus actividades ordinarias y específicas lo que corresponde al 58% del total asignado a este Instituto, es decir, este recorte afectó a las actividades operativas del Instituto en exclusiva”, señaló la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez.

Explicó que en el Capítulo 2000 se redujeron previsiones para materiales, herramientas y refacciones; en el capítulo 3000 se realizaron ajustes para garantizar los servicios de telefonía convencional, vigilancia, servicios bancarios y arrendamiento de inmuebles; mientras que en el capítulo 5000 es en donde se sufrió el principal decremento, por lo que se ha avalado posponer inversiones como la adquisición de equipos audiovisuales, un sistema fotovoltaico y otras mejoras que hubieran actualizado el patrimonio institucional.

Sobre el capítulo 1000, pese al recorte se avaló incrementar los salarios del personal hasta los niveles mandos medios, no contemplando incremento alguno a las consejerías.

Por lo que respecta al financiamiento de los partidos políticos, los siete con registro ante el IEEM tendrán 984.3 millones de pesos: 955.6 millones para actividades ordinarias y 28.6 millones para actividades específicas.

Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le serán destinados 163 millones, al de la Revolución Democrática (PRD) 71.9 millones; Partido del Trabajo (PT) 80.6 millones, Morena 335.4 millones, Verde Ecologista de México (PVEM) 96.8 millones, Movimiento Ciudadano 115.3 millones y Acción Nacional (PAN) 121.1 millones.

El Congreso del Estado de México aprobó por mayoría de votos prohibir el uso de cigarros electrónicos, vapeadores y el uso ilícito de fentanilo.

Lo anterior al aprobar la minuta enviada por la Cámara de Senadores para reformar los artículos 4 y 5 de la Constitución Política federal en materia de protección a la salud.

¿De qué trata la minuta? refiere que se sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley; así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas.

Y se refiere que queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra de las actividades relacionadas con vapeadores y fentanilo.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes indicó que en el caso de los vapeadores, establecer medidas prohibitivas lo único que va a provocar es que crezca el mercado negro porque una población de consumidores con problemas de adicción seguirá demandando el producto, mientras que, por otra parte, crecerá la oferta ilícita.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Krishna Romero Velázquez refirió que si bien, no se puede tolerar que el fentanilo siga envenenado a la juventud, el mezclar este combate con el uso médico del fentanilo es una injusticia para las personas que dependen de este medicamento para enfrentar enfermedades crónicas y terminales. “Equiparar el fentanilo médico con el ilícito no solo es ignorancia, sino un atentado contra los derechos de los pacientes más vulnerables, vamos a condenar a nuestros enfermos a un sufrimiento innecesario por un afán prohibicionista”.

En su lugar, propuso avanzar hacia un enfoque integral basado en una regulación estricta, estrategias contra el mercado negro, reforzar la educación y la prevención.