Rafael Rodríguez

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que ya gestiona el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto al caso de la señora Vanessa Dib, registrado en 2018 en el Estado de Querétaro.

Este caso despertó especial interés en redes sociales, luego de darse a conocer que la la joven de 27 años sufrió una amputación de ambas piernas y le fue retirado el útero sin autorización en 2018.

En un primer momento, la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del H. Consejo Técnico del IMSS investigó los hechos y determinó la procedencia de la queja administrativa, la cual instruye en sus puntos resolutivos el pago de indemnización por daño material, valuado en términos de la normativa aplicable, así como las medidas preventivas, correctivas y disciplinarias para garantizar que estos hechos no se repitan. En este sentido, se investigarán a fondo las probables responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en los hechos.

Por otra parte, la recomendación emitida por la CNDH (118/2022) el 17 de junio –la cual fue aceptada el 7 de julio por este Instituto– :reconoce la reparación integral del daño, la cual incluye el pago de la compensación económica, atención médica y psicológica y/o psiquiátrica que sea necesaria, dotación de prótesis y de dispositivos que permitan su desplazamiento, acceso a programas sociales que le otorguen oportunidades de desarrollo, becas para sus hijos y colaboración del Instituto con el OIC en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que presente CNDH.

Cabe señalar que la compensación económica prevista en la reparación integral del daño. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con base en el estándar integral establecido en la Ley General de Víctimas, es la autoridad facultada –que incluye daño material y moral–,.es independiente del monto que en su momento se determinó a través de la queja administrativa para determinar el monto económico de dicha medida de reparación que el Instituto, en su momento, pagará a la señora Vanessa Dib

El Instituto mantiene contacto con la derechohabiente para informarle sobre el seguimiento de su caso, las acciones que se están a realizando al respecto y el procedimiento para acceder al monto económico determinado por la queja administrativa. Asimismo, se le ha orientado en todo lo relativo a las medidas de reparación previstas en la Recomendación de la CNDH, las cuales ya se están implementando, y a la atención médica de ella y su núcleo familiar.

El IMSS señaló que cooperará con los fines de la CNDH y procurar que la afectada y su núcleo familiar retomen, en la mayor medida posible, su proyecto de vida.

Por: Alberto Abrego

“La administración pública está llamada a brindar seguridad a la población, so pena de perder su confianza, uno de los elementos necesarios para obtener previsión, es la fiscalización de las obras y los trabajos que las empresas públicas realizan.”

Julio César Palacio. Periodista ecuatoriano

Nuestra historia está llena de hechos trágicos que pudieron haberse evitado de existir tan solo una mínima parte de una política y cultura de la prevención.

Citemos tan solo algunas, las más mediáticas:

Cuando ocurrió la tragedia en la que murieron 12 personas en la Discoteca News Divine, en junio de 2008, inmediatamente después se realizaron operativos de seguridad y revisión de medidas de protección civil en todos los antros de la CDMX, clausurando un gran número de ellos. Lo mismo ocurrió después de la lamentable tragedia en la guardería del IMSS, en Hermosillo, Sonora en 2009, donde perdieron la vida 49 niños, organizaron un impresionante despliegue de medidas, aunque a la fecha los familiares aún sueñan con justicia. Cuando azotaron en el país los huracanes (en distintas etapas de la historia) “Liza”, “Paulina”, “Gilberto”, “Odile” e “Hilda”, entre otros, las autoridades organizaron operativos y planes para ayudar a las víctimas y damnificados, pero cada año, en temporada de huracanes sabemos que estamos a merced de la naturaleza; lo mismo ocurre con las constantes inundaciones en varios estados, en los que se administran paliativos administrativos sin que se invierta en una solución de fondo. En los grandes sismos que han azotado a México, siempre salen a relucir actos de corrupción y negligencia en cuanto a permisos y autorizaciones, y se hacen planes y legislaciones para normar y castigar. Más recientemente, en enero de 2019 en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo ocurrió una explosión en ductos de Pemex por robo de combustible con saldo de 137 fallecidos, lo que originó un despliegue de operativos del gobierno y aparentemente mayor vigilancia al respecto. La pandemia desnudó un sistema de instituciones negligente y arcaico, al permitir a la fecha más de 220 mil muertos. La reciente tragedia en la estación del metro Los Olivos, donde se derrumbó la viga de un puente y fallecieron 25 personas es un ejemplo más, ahora se va a investigar y se van a revisar las estructuras del Sistema de Transporte Colectivo.

México es el país del niño ahogado, aquí no movemos un dedo para prevenir nada, tapamos el pozo hasta que el chamaco ya se ha ahogado. Es algo así como una filosofía cultural ancestral no escrita que recorre nuestras venas y que está sembrada hasta la raíz de nuestro ADN. Es tan tradicional como tener la licencia vencida, como cargar cajas pesadas sin faja, como no utilizar el cinturón de seguridad, como tirar la basura por la ventanilla del auto, como salir de vacaciones y abarrotar las playas en plena pandemia, elegir diputados violadores, acosadores e impresentables o como fallar los penalties en los mundiales…

El ser poco previsor está tan arraigado en nuestra cultura y nuestras autoridades que el símbolo patrio bien podría ser un niño ahogado en lugar del águila devorando a la serpiente. Hemos tenido gobiernos de todos colores y los resultados son los mismos. México por todos lados clama que ha cambiado y sigue practicando los mismos vicios de siempre. ¿Estamos condenados como país a contar para siempre con autoridades que no hacen nada, con un Congreso que legisla solo en dirección partidista y con una sociedad que no exige prácticamente nada?

Sin importar qué partido esté en el poder, nuestra clase política se ha caracterizado siempre por padecer de una selectiva ceguera, sordera y mudez ante las realidades de la sociedad civil. Lastima sobremanera la negligencia, la falta de previsión y por lo tanto la falta de sensibilidad en todos los niveles de gobierno, y todo ello es el resultado de la situación actual.

Vivimos en el país del niño ahogado, donde los pozos nunca se tapan totalmente, ni aún después de la tragedia.

RÁPIDAS MEXIQUENSES. El pasado miércoles el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza realizó algunos ajustes en su gabinete, argumentando la necesidad de “replantear prioridades y encontrar nuevas formas de interacción y de trabajo”. Algo tienen las segundas mitades de todos los gobiernos sexenales que invitan a replantear, para reorganizarse, agrupar voluntades y enfilarse al final de la administración lo más fuerte posible.

En un escrito presentado ante la Codhem, la quejosa detalló que el 12 de abril de 2019, al cursar 40 semanas de un embarazo de alto riesgo, acudió al área de Urgencias del Hospital General de Nezahualcóyotl Dr. Gustavo Baz Prada, porque tenía algunos malestares. El personal médico le informó que todo estaba bien y que, en caso de cualquier dato de alarma, acudiera de inmediato.

Los días 14 y 15 del mismo mes, fue nuevamente al área de Urgencias de dicho hospital solicitando una revisión médica, donde le dijeron que ella estaba bien. La quejosa refirió que el 21 de abril notó la ausencia de movimiento de su bebé por lo que se trasladó al hospital donde verificaron su frecuencia cardiaca, la cual, a decir del personal médico, estaba en los parámetros aceptables, por lo que le inducirían el parto; sin embargo, el personal médico omitió monitorear la frecuencia cardiaca del bebé, lo cual se relaciona con el fallecimiento de la nonata por asfixia severa.

La investigación realizada por el Organismo defensor determinó que la intervención del equipo médico fue inadecuada al desestimar la realización de una prueba de bienestar fetal que ofrecería un diagnóstico certero para ejecutar el tratamiento o procedimiento oportuno para preservar la vida del binomio materno-infantil, es decir, la falta de pericia en la actuación del personal adscrito al servicio médico de Urgencias de la especialidad de Ginecología y Obstetricia, incidió en la pérdida de la vida de la bebé.

Las omisiones y acciones inadecuadas derivaron en la actuación negligente del personal médico participante en la atención, vulnerando el derecho fundamental a la protección de la salud tanto de la madre como de la neonata, afectando así su derecho a la vida.

Por esos hechos, la Codhem estableció varios puntos recomendatorios: la máxima autoridad del hospital debe entregar por escrito y personalmente una disculpa institucional a los padres de la bebé por las violaciones a los derechos humanos que fueron acreditadas; brindarles atención psicológica, psiquiátrica y/o tanatológica; e inscribirlos en el Registro Estatal de Víctimas para que accedan a los derechos y garantías correspondientes, incluida una indemnización compensatoria.

La Codhem exhorta a remitir copia certificada de la Recomendación a la Fiscalía General de Justicia para que inicie la investigación correspondiente en el ámbito de su competencia, y al Órgano Interno de Control de la Secretaría estatal de Salud, a fin de que sea considerada en el expediente de la investigación sobre la probable responsabilidad administrativa en la que incurrieron dos personas servidoras públicas del mencionado hospital general.

La Secretaría de Salud estatal deberá hacer las gestiones administrativas necesarias para que el Hospital General de Nezahualcóyotl cuente con el equipo técnico especializado en el servicio de Urgencias de Ginecología y Obstetricia; enviar la Recomendación al Comité de Ética del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) y promover la observancia del Código de Conducta y de las Reglas de Integridad de la dependencia.

La Defensoría de Habitantes también recomienda la impartición de cursos integrales de capacitación, profesionalización y sensibilización sobre el respeto irrestricto de los derechos humanos a la salud, a la vida y a recibir atención médica libre de negligencia, dirigidos al personal de la mencionada Unidad de Urgencias, con la referencia obligatoria de la Norma Mexicana NOM-007-SSA2-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida; del Lineamiento Técnico Cesárea Segura (2ª ed., Noviembre 2013), y la Guía de Práctica clínica del recién nacido con asfixia perinatal severa.