El programa de vivienda impulsado por el gobierno federal registra la entrega de 15 mil 480 casas en distintas entidades, como parte de una estrategia orientada a ampliar el acceso a vivienda para sectores de bajos ingresos. El avance refleja la ejecución de proyectos habitacionales en diversas regiones con participación del Infonavit.

Desde Coatzacoalcos, el director del titulasr del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, informa que se han concluido 72 conjuntos habitacionales, de los cuales una parte alcanza la ocupación total, lo que evidencia la demanda existente por este tipo de desarrollos.

En este contexto, se mantiene la expansión del programa con nuevas entregas previstas en el corto plazo, además de la incorporación de más proyectos durante los próximos meses. En el caso de Veracruz, se proyecta una meta amplia de construcción de viviendas destinadas a población en condiciones de vulnerabilidad.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega, señala que el avance en la entidad incluye decenas de miles de viviendas en proceso, lo que representa una proporción significativa de la meta total planteada para el sexenio.

El desarrollo de estos proyectos también impacta en la generación de empleo y en la actividad económica, al involucrar inversión pública y la participación de distintos sectores productivos, con el objetivo de ampliar la cobertura habitacional en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta de reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con el propósito de combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos destinados a los trabajadores. Según el gobierno, la estructura actual del instituto dificulta las auditorías internas y permitió la operación de redes delictivas que afectaron los derechos de quienes cotizan en este sistema.

Entre las irregularidades identificadas se encuentra la triangulación de dinero entre empresas contratadas, el pago de indemnizaciones a compañías que incumplieron contratos y la venta reiterada de un mismo inmueble. Estas prácticas involucraron a trabajadores del propio instituto, notarios, despachos y peritos valuadores, quienes se coludieron para otorgar múltiples créditos sobre las mismas propiedades, generando graves afectaciones a los beneficiarios.

La reforma planteada por el gobierno busca transformar el Infonavit en un organismo más transparente y con mayor control sobre sus procesos. Según Sheinbaum, estas medidas permitirán erradicar estas prácticas y garantizar que los recursos de los trabajadores se utilicen de manera adecuada. El objetivo central del cambio es cumplir con el derecho a la vivienda y proteger los ahorros destinados a este fin.

La iniciativa también incluye modificaciones en la estructura de gobierno del instituto. Se propone eliminar las direcciones sectoriales que, aunque no cumplen funciones sustantivas, han generado costos elevados. Asimismo, plantea homologar el esquema de gobierno corporativo al modelo del IMSS y dar al Ejecutivo federal la facultad directa de nombrar y remover al director general.

Otro punto relevante de la reforma es la eliminación del esquema de pagos por asistencia a sesiones de asamblea, consejo y comités, donde los integrantes perciben cantidades que oscilan entre 60 y 90 mil pesos por sesión. Con esto, se busca optimizar los recursos y enfocarlos en el cumplimiento de su objetivo principal: garantizar el acceso a la vivienda para los trabajadores.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que estas medidas buscan establecer un sistema más eficiente y libre de corrupción, permitiendo que los fondos del instituto se destinen a proyectos de vivienda social y a la protección del ahorro de los trabajadores. Romero también destacó que actualmente el instituto enfrenta resistencias que han impedido auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, situación que la reforma pretende corregir para garantizar el correcto uso de los recursos.

Pemex enfrenta una creciente crisis financiera que requiere atención urgente, según se evidencia en documentos revelados por Latinus. El director de la petrolera estatal, Octavio Romero Oropeza, ha solicitado una reunión urgente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigida por Rogelio Ramírez de la O, para abordar la resolución de una disputa con la empresa Hokchi Energy, que reclama adeudos por casi 188 millones de dólares más intereses y costos financieros relacionados con la compra de petróleo y gas.

Romero Oropeza también ha alertado sobre un bono de deuda internacional de mil 110 millones de dólares que vence el 21 de septiembre, lo que pone en aprietos la liquidez de Pemex.

En otro documento revelado por Latinus, la empresa Baker Hughes reclama el pago de facturas vencidas por 308 millones de dólares. La falta de pago está afectando los flujos de caja de Baker Hughes y su cadena de proveedores y acreedores.

Un tercer documento muestra que la empresa Ferromex suspendió el servicio de desalojo de combustóleo de las refinerías de Tula y Salamanca debido a una deuda de 317 millones de pesos por parte de Pemex. Esta suspensión amenaza con interrumpir la producción de crudo en la refinería de Salamanca a partir del 25 de septiembre, lo que podría resultar en escasez de combustible en la región del Bajío y poner en riesgo el suministro de turbosina al aeropuerto de Guadalajara.

La situación financiera crítica de Pemex se refleja en estos documentos, lo que subraya la urgencia de abordar los problemas económicos de la empresa estatal mexicana.

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, informó hoy que la empresa paraestatal recuperó la producción de petróleo, de ahí que para fin de año, se estima cerrar con un millón 778 mil barriles diarios.

De acuerdo con el titular de Pemex, se logró frenar la tendencia a la baja de la producción diaria de barriles, pues en noviembre de 2018 el promedio fue de un millón 702 mil y para enero de 2019 tuvo una baja, al registra un millón 625 mil barriles; sin embargo, a partir de febrero de este año se contuvo la tendencia.

«A partir de febrero y hasta el día de hoy se ha venido deteniendo la caída, se detuvo la caída y hemos logrado un ligero repunte en la producción, de manera que al día primero de diciembre traíamos una producción puntual de un millón 712 mil barriles, al día de ayer traíamos un millón 719 mil barriles», subrayó Romero Oropeza.

El director de la empresa productiva del Estado indicó que de no poner en marcha el Plan Nacional de Hidrocarburos de la actual administración, la producción seguiría a la baja; sin embargo se espera cerrar 2019 con una alza que continuará en enero de 2020.

«Estamos estimando llegar a un millón 778 mil barriles y el restante de estos campos de este año entran en enero del próximo año, de manera que al 31 de enero del próximo año estaríamos esperando alrededor de un millón 819 mil barriles», aseveró.

Romero Oropeza aseguró que con el descubrimiento del nuevo campo Quesqui en Tabasco, para 2020 se podrían incorporar 200 millones de barriles más.

«Acerca del campo Quesqui (…) cuando un yacimiento ronda en los 500 millones ya se le considera un campo gigante, de manera que ese pozo ya está incluso en producción (…) estaríamos esperando con este nuevo pozo exploratorio delimitador incorporar reservas adicionales a los 500 millones del orden de 188 mil o 200 millones de barriles más», explicó el responsable de Pemex.