Al perjudicar directamente el bolsillo de la ciudadanía y no existir justificación palpable para su incremento, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pide frenar el incremento a la tarifa del transporte público, pasando de 12 a 14 pesos el cobro base, y someter la medida a consulta ciudadana.

La dirigente estatal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval afirmó que no tiene justificación alguna el incremento, toda vez que desde hace 3 años el precio del diésel se ha mantenido estable, la tarifa en la entidad es de las más caras del país, las unidades se encuentran obsoletas y siguen siendo inseguras.

“Es el tarifazo del bienestar, se aprobó en lo oscurito y en fin de semana, subir el pasaje a 14 pesos es una bofetada directa al bolsillo de los mexiquenses y un cheque en blanco a los transportistas. El PRI no solo rechaza esta medida para beneficio de los transportistas, exigimos que el tarifazo sea consultado a la gente, como las consultas que ha impulsado Morena”, indicó.

Respaldada por legisladores locales, la dirigente señaló que desde 2024 los transportistas han recibido beneficios extraordinarios, concedidos por el gobierno estatal, tales como: subsidio del 100% en el pago de impuesto sobre la tenencia, del 100% en el pago al refrendo anual, del 100% en derechos y tramites de concesión y permiso, entre otros.

Y señaló que en la actualidad se estima que en el Estado de México circulan más de 700 mil unidades del transporte público, de ellas 550 mil operan en ilegalidad, el 78%, ello representa que 8 de cada 10 no cumplen los requisitos básicos para circular.

“En el PRI Estado de México no nos vamos a quedar callados frente a este abuso, hoy exigimos al gobierno de Morena una consulta ciudadana sobre las tarifas y la movilidad; suspender el aumento aprobado en lo ‘oscurito’ hasta garantizar condiciones mínimas de seguridad y calidad en sus unidades”, dijo.

Y agregó que se deben apoyar con descuentos reales a estudiantes y adultos mayores; exigieron que se transparente y se haga público el estudio con el que el gobierno justifica el incremento; la presentación del Plan de Movilidad y que la Secretaría de Movilidad refiera cuántas concesiones están activas, vencidas o irregulares.

El senador poblano Néstor Camarillo se incorporará a la bancada de Movimiento Ciudadano, tras anunciar su salida del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La adhesión fue confirmada por el coordinador del partido naranja en el Senado, Clemente Castañeda, en conferencia de prensa.

Castañeda informó que la invitación se hizo directamente a Camarillo, quien aceptó sumarse al grupo parlamentario. Con esta integración, Movimiento Ciudadano contará con seis senadores en la actual Legislatura.

El legislador poblano comunicó su renuncia al PRI el pasado 25 de agosto mediante un video en redes sociales. En su mensaje afirmó que no abandona sus convicciones, sino que busca impulsar “una oposición responsable e inteligente” y mantenerse del lado de la ciudadanía.

Con esta salida, la bancada del PRI quedará con 13 integrantes a partir del 1 de septiembre, dos menos que al inicio de la Legislatura. La reducción se suma a otros movimientos recientes que han modificado la correlación de fuerzas en el Senado.

En semanas previas, la senadora Cynthia López Castro también presentó su renuncia al grupo priista, argumentando diferencias con la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno. Posteriormente, se unió a la bancada de Morena.

La integración de López Castro a Morena se dio junto con la de otros legisladores provenientes de distintos partidos: el expanista Miguel Ángel Yunes, así como los experredistas Araceli Saucedo y José Sabino. Con estos cambios, la alianza conformada por Morena, PT y PVEM alcanzó mayoría en la Cámara Alta.

Néstor Camarillo, originario de Puebla, es sobrino de Ramón Camarillo Mirón, quien fuera candidato de Morena a la alcaldía de Quecholac y fue asesinado en 2024. El legislador ha señalado que su compromiso político se mantiene con su estado y con el fortalecimiento de la oposición.

Serán 881 cargos del Poder Judicial en juego a nivel nacional, 91 a nivel local e implicará la erogación de 941.3 millones de pesos en el Estado de México para la organización de esta elección, lo que da cuenta de un ejercicio engorroso, desaseado, caro y confuso, aseguró la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en la entidad.

La dirigente Cristina Ruiz Sandoval, junto con integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Estado, refirió en conferencia que con dicho recurso se pudo haber construido dos hospitales de alta especialidad que ofrecieran un servicio de atención permanente; entre 18 y 20 escuelas o bien, destinar 62% más en obras públicas municipales.

En el rubro de seguridad, dijo, se pudo haber adquirido 941 patrullas equipadas o la construcción de tres nuevos centros C5, constando cada uno 340 millones en promedio.

Por otra parte, sostuvo que la complejidad de las boletas electorales dificultará y desincentivará la participación ciudadana, estimada entre el 10% y el 15% el próximo 1 de junio.

“Las boletas son muy complejas, tienen un formato enredado y con tipografía confusa, cada voto tendría un costo de 723 pesos para los mexiquenses, es sin duda un despilfarro de recursos de una ocurrencia o venganza contra el Poder Judicial”, señalo.

De manera adicionar rechazó el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, asegurando que tiene falta de planeación; metas y visión a largo plazo; prioriza la ideología sobre las necesidades; desprecia el federalismo; omite temas prioritarios y fue estructurado sin apertura ni diálogo, además que la Estrategia Nacional de Seguridad, con la cual se militariza permanentemente a México, abandona a las policías municipales y no prioriza la coordinación con los municipios.

“En el PRI reiteramos nuestro compromiso con la sociedad mexicana… nosotros somos siempre respetuosos de la ley, somos un partido que respeta las instituciones, no tenemos candidatos, no tenemos propuestas, nosotros rechazamos desde el inicio esta simulación y este fraude”, agregó.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala Jiménez, indicó que para fortalecer la justicia y garantizar el acceso de todas las personas a procesos judiciales ágiles y transparentes es necesaria una reforma integral que otorgue mayores recursos a la Fiscalía, a las Policías municipales y estatal y que cuente con jueces capaces y honrados.

Y si bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha permitido con su resolución que los Poderes de los Estados promuevan el voto, el líder de los diputados priistas aseguró que se mantendrán firmes en no intervenir en la elección.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de México presentará dos iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo y la igualdad de oportunidades para las mujeres: la «Ley Nenis», enfocada en el comercio electrónico, y la «Ley No Estás Sola», dirigida a la conciliación de la vida familiar y laboral.

La «Ley Nenis» plantea modificaciones a la Ley de Fomento Económico del Estado de México para incluir medidas que impulsen el comercio electrónico liderado por mujeres. La iniciativa contempla la implementación de programas de apoyo a emprendedoras, capacitación en economía digital, colaboración con empresas de logística y acceso a financiamiento para fortalecer sus negocios.

Con ello, se busca facilitar la formalización de micro y pequeñas empresas, ampliar el acceso a créditos y fondos de inversión, fomentar la generación de empleo y promover la capacitación en herramientas digitales.

Por su parte, la «Ley No Estás Sola» propone un marco normativo para equilibrar las responsabilidades laborales y las tareas de cuidado, facilitando el acceso a servicios como guarderías y asistencia para personas dependientes. Según datos oficiales, más del 60 por ciento de las mujeres que no participan en el mercado laboral en el Estado de México señalan que el cuidado de familiares es la principal razón.

Con esta propuesta, se busca establecer mecanismos que garanticen condiciones equitativas para su inserción en el ámbito profesional sin que la carga de cuidados recaiga exclusivamente en ellas.

Ambas iniciativas serán sometidas a discusión en el Congreso mexiquense con el propósito de consolidar un marco jurídico que brinde mayores oportunidades de desarrollo económico y social para las mujeres.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó en 2ª sesión extraordinaria un reajuste en las actividades que habrá de desarrollar en 2025, ello tras el recorte presupuestal de 158 millones de pesos que avaló el Congreso Local.

“Las prerrogativas de los partidos políticos tienen base constitucional y por ende no sufrieron disminución alguna, 984 millones serán destinados al financiamiento de sus actividades ordinarias y específicas lo que corresponde al 58% del total asignado a este Instituto, es decir, este recorte afectó a las actividades operativas del Instituto en exclusiva”, señaló la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez.

Explicó que en el Capítulo 2000 se redujeron previsiones para materiales, herramientas y refacciones; en el capítulo 3000 se realizaron ajustes para garantizar los servicios de telefonía convencional, vigilancia, servicios bancarios y arrendamiento de inmuebles; mientras que en el capítulo 5000 es en donde se sufrió el principal decremento, por lo que se ha avalado posponer inversiones como la adquisición de equipos audiovisuales, un sistema fotovoltaico y otras mejoras que hubieran actualizado el patrimonio institucional.

Sobre el capítulo 1000, pese al recorte se avaló incrementar los salarios del personal hasta los niveles mandos medios, no contemplando incremento alguno a las consejerías.

Por lo que respecta al financiamiento de los partidos políticos, los siete con registro ante el IEEM tendrán 984.3 millones de pesos: 955.6 millones para actividades ordinarias y 28.6 millones para actividades específicas.

Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le serán destinados 163 millones, al de la Revolución Democrática (PRD) 71.9 millones; Partido del Trabajo (PT) 80.6 millones, Morena 335.4 millones, Verde Ecologista de México (PVEM) 96.8 millones, Movimiento Ciudadano 115.3 millones y Acción Nacional (PAN) 121.1 millones.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) presentó una iniciativa con la que propone adicionar un Título Sexto a la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y municipios, en materia de indemnización de daños causado por baches.

Lo que se pretende con este planteamiento es que cada nivel de gobierno prevea una partida presupuestaria destinada a cubrir las indemnizaciones derivadas de daños en infraestructura vial, fondo que estará sujeto a evaluación anual para asegurar que es suficiente, y se implementarán mecanismos de transparencia para la gestión y asignación de los recursos.

El documento refiere que el procedimiento para la reclamación será de la siguiente manera:

-Los afectados podrán presentar su reclamación de indemnización ante la autoridad competente del ámbito de gobierno correspondiente, estatal o municipal, dentro de un plazo de 30 días hábiles posteriores al incidente. La reclamación podrá realizarse mediante plataformas electrónicas o en las oficinas designadas, garantizando que el proceso sea accesible y ágil.

-La reclamación deberá incluir la evidencia documental necesaria para demostrar el daño, como fotografías del incidente, evaluaciones de mecánicos, facturas de reparación y cualquier otro documento que acredite el daño y su relación con el mal estado de la vialidad, además, se aceptarán reportes periciales y certificados médicos como pruebas complementarias.

-La evaluación de las reclamaciones será responsabilidad de la Secretaría de Movilidad del Estado de México para vías estatales y la dependencia que cada ayuntamiento determine para las vías municipales.

De acreditarse, se especifica que la indemnización podrá otorgarse en dinero o en especie, según la valoración del daño, y cubrirá tanto el daño directo como las pérdidas derivadas del mismo. El pago deberá realizarse en un plazo no mayor a 90 días desde que se dicte la resolución favorable.

José Alberto Couttolenc Buentello, líder del Partido Verde en el Estado de México y diputado local electo, aseguró que los 18 municipios ganados por su partido están seguros, incluyendo Almoloya de Juárez.

En conferencia de prensa, Couttolenc destacó que en el Congreso local serán la segunda fuerza y trabajarán en presentar iniciativas y apoyar las propuestas del ejecutivo estatal.

Couttolenc Buentello, también criticó al Partido Revolucionario Institucional al quejarse sobre las reglas del juego político, recordando que ellos mismos las establecieron durante casi 100 años y ahora se oponen, porque no les favorecen.

El líder del Partido Verde enfatizó que su partido en las pasadas elecciones cumplió la meta y ahora estarán representando la voz del pueblo con más de 10 diputados en el Congreso Local y en 18 municipios de la entidad mexiquense.

En su oportunidad Luis Carballo, ex diputado electo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció que lanzará una campaña para apoyar la reforma al poder judicial.

Carballo denunció haber sido víctima del influyentismo político y aseguró que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sigue teniendo un gran poder de decisión en el Poder Judicial del Estado de México (PJEM).

La campaña de Carballo busca concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de una reforma que garantice la independencia y transparencia en el sistema judicial.

Precisó que es necesario prevenir que más personas sean afectadas por la influencia política en la justicia y promover un cambio en el sistema, para muestra, lo que sucedió en su caso.

Un grupo de expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta acción busca declarar inválida la reciente Asamblea Nacional Ordinaria del partido, así como las reformas a los Estatutos y otros documentos del PRI.

Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, respaldados por Manlio Fabio Beltrones, argumentaron que la 24 Asamblea Nacional Ordinaria, realizada el pasado 7 de julio, se llevó a cabo «de manera ilegal y contraria a los estatutos del partido».

Durante la asamblea, se aprobó la modificación al artículo 178 de los Estatutos del PRI, permitiendo que los titulares de la presidencia y secretaría general del partido sean electos hasta por tres periodos consecutivos de cuatro años. Esta reforma permitiría al actual dirigente, Alejandro “Alito” Moreno, mantenerse en el cargo hasta 2032, dado que su administración comenzó en 2019.

Además de esta impugnación, los expresidentes del PRI han manifestado su intención de continuar impugnando otras reformas realizadas a los documentos básicos del partido, como la Declaración de Principios, el Programa de Acción y el Código de Ética Partidaria. En un comunicado, aseguraron que esta acción se realizó en representación de los militantes inconformes con la actual dirigencia de Moreno.

Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa y militante del PRI desde 1964, ha expresado en diversos medios que, si Alejandro Moreno es reelegido como presidente nacional, el partido corre el riesgo de desaparecer.

Alejandro Moreno podría reelegirse y continuar en la dirigencia del PRI hasta 2032, gracias al aval a los nuevos estatutos aprobado en la reciente asamblea. Esta situación ha generado controversia dentro del partido, provocando una serie de impugnaciones por parte de importantes figuras priistas.

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas buscará reelegirse como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mediante una modificación a los estatutos que se perfila para ser aprobada en la Asamblea Nacional del próximo domingo 7 de julio.

La intención de “Alito” por reelegirse ya había sido señalada por opositores internos dentro del PRI, como los exgobernadores que forman parte del Frente Amplio de Renovación.

Este jueves, se dio a conocer públicamente el contenido de la reforma propuesta a los estatutos del PRI, la cual contempla la eliminación de uno de los principios fundacionales del partido: la prohibición de la reelección.

Dulce María Sauri, exdirigente nacional, recordó en una entrevista radiofónica que la reelección en la dirigencia nacional está estrictamente prohibida, sin excepciones.

El borrador de la reforma busca modificar el Artículo 178 de los estatutos, que actualmente establece un mandato único para los titulares de la Presidencia y la Secretaría General de los Comités Ejecutivo Nacional y Directivos de las entidades federativas. Según la propuesta, estos cargos podrían ser ocupados hasta por tres periodos consecutivos, permitiendo la reelección.

Además, se contempla un transitorio que permitiría a la actual dirigencia participar en el proceso de reelección.

En lo que va del Proceso Electoral 2024, los partidos políticos han recibido 318 solicitudes de información pública, siendo Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes registran cerca del 60% del total.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) refleja en su página que ha incrementado de manera considerable en número de solicitudes de información dirigida hacia los 8 partidos políticos.

En los primeros tres meses del año se reportaron 66 solicitudes; sin embargo, con corte al 26 de mayo, ya suman 318 solicitudes de información, representando un incremento superior al 400%.

De manera desglosada, se indica que Morena ha recibido 112 solicitudes; el PRI 76; Movimiento Ciudadano con 29; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 28; Acción Nacional (PAN) 26; Verde Ecologista de México (PVEM) 22; Partido del Trabajo (PT) 19 y Nueva Alianza (NAEM) 6.

Entre la información que la ciudadanía requiere obtener de los institutos políticos se encuentra: conocer el proceso de selección de sus candidaturas, a qué destina su financiamiento público y el número de militancia registrada.

Además de ello, el Infoem refiere a la ciudadanía que si durante los comicios las personas consideran que los partidos han hecho un mal uso de sus datos personales, si no se les informó sobre el tratamiento o manejo de sus datos mediante el aviso de privacidad correspondiente, se han divulgado o transferido sin consentimiento datos como: fotografías, domicilios, RFC y CURP, se pueden denunciar a través del Sistema de Registro de Denuncias de Protección de Datos Personales.