La Fiscalía General de la República (FGR) ha sufrido una derrota en el caso contra Carlos García Rivera, antiguo empleado de la empresa KBH, quien enfrentaba cargos por supuesto espionaje contra la periodista Carmen Aristegui mediante el uso del software Pegasus. Este caso representaba la única acción judicial relacionada con el uso indebido del spyware durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), periodo en el que se alega que empresarios, periodistas y políticos fueron víctimas de este programa.

La notoriedad de este caso surgió en 2021 a través de una investigación periodística que denunció la intervención ilegal de comunicaciones en 50 mil teléfonos mediante el programa Pegasus. De esta cifra, 15 mil casos se registraron en México durante el mandato de Peña Nieto, siendo la cantidad más alta documentada.

En una extensa audiencia que superó las ocho horas, el juez Luis Benítez Alcántara escuchó los argumentos presentados por la FGR pero determinó que no eran suficientes para mantener a Carlos García Rivera en prisión. Este operador técnico del malware, señalado como uno de los responsables del espionaje por el testigo protegido «Zeus», vio levantada la medida de prisión preventiva después de dos años en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

En la audiencia, el Fiscal Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, confirmó que el programa Pegasus fue utilizado contra la periodista Carmen Aristegui debido a su investigación sobre «La casa blanca de Peña Nieto».

Carmen Aristegui instó a continuar la investigación independientemente de la absolución de Carlos García, considerando trágico cerrar el caso Pegasus. La comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra, recordó que el organismo ordenó la apertura de información sobre contratos y operaciones relacionadas con Pegasus, subrayando la importancia de la transparencia en este caso.

Desde las oficinas de KBH Applied Technologies Group, utilizando el programa Pegasus, se llevaron a cabo operaciones de espionaje dirigidas a figuras prominentes como Carlos Slim, el empresario Germán Larrea y ejecutivos de Televisa, según informó Zeus, un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio contra Juan Carlos García Rivera, acusado de operar el software Pegasus, Zeus reveló que periodistas como Héctor de Mauleón, Carmen Aristegui, Jenaro Villamil, Carlos Loret y Pedro Ferriz de Con también fueron blanco de espionaje.

En las audiencias, Zeus indicó que Uri Ansbacher Bendrama, dueño de KBH, recibía directrices para el espionaje desde el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien se refería como «El Patrón». Según el testigo, los nombres de las personas espiadas estaban registrados en un archivo Excel con más de 1,500 registros, posteriormente en posesión del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

La empresa Proyectos y Diseños VME, con sede en la Ciudad de México, recibió pagos de instituciones gubernamentales como la Secretaría de Gobernación, la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional para mejorar el software Pegasus, según los informes. Originalmente diseñado para combatir el crimen y el terrorismo, Pegasus supuestamente fue ilegalmente empleado para infiltrar 50,000 teléfonos móviles globalmente, incluyendo 15,000 en México.

La lista de blancos incluía a políticos, periodistas, activistas de derechos humanos y empresarios. Ciudadanos Lab descubrió que al menos 37 dispositivos fueron infiltrados en México, violando la licencia de uso de la empresa israelí NSO Group. Eugenio Imaz Gispert, exdirector del CISEN, fue señalado como responsable del espionaje con Pegasus, afectando a figuras como Claudia Sheinbaum, Felipe Calderón, Ricardo Anaya y otros.

Cabe destacar que la intervención en comunicaciones privadas sin autorización judicial es una violación legal en México. Aunque la Suprema Corte de Justicia ha establecido restricciones, en octubre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ejército mexicano utiliza software de monitoreo para inteligencia, no espionaje.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó las acusaciones de espionaje contra periodistas y funcionarios, y señaló que su gobierno no lleva a cabo prácticas de ese tipo. Durante su conferencia matutina, el mandatario deslindó a su administración y a la Secretaría de la Defensa Nacional de cualquier implicación en el presunto espionaje a Alejandro Encinas, subsecretario para los Derechos Humanos de Gobernación. López Obrador afirmó que sus adversarios podrían ser los responsables, intentando perjudicar a su gobierno y confundir a la opinión pública.

El mandatario federal mencionó que en el pasado, sus opositores han llevado a cabo actividades de espionaje y continúan haciéndolo, incluso adquiriendo equipos especializados para ello. Además, apuntó hacia agencias extranjeras como posibles responsables. Sin embargo, enfatizó que su gobierno no forma parte de estas prácticas y reafirmó que se realiza investigación en el marco de la ley para combatir la delincuencia y salvaguardar la seguridad nacional.

El diario The New York Times publicó recientemente un artículo en el que se menciona que el teléfono celular de Alejandro Encinas fue infectado en varias ocasiones con el software de espionaje Pegasus. Este presunto espionaje ocurrió mientras Encinas lideraba la investigación del caso Ayotzinapa. Ante esto, el presidente López Obrador anunció que enviará una segunda carta al primer ministro de Israel para exigir la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y vinculado al caso Ayotzinapa.

El presidente López Obrador atribuyó el presunto espionaje telefónico a los «conservadores» y destacó que no fue el gobierno federal, el Ejército ni el sistema de inteligencia quienes llevaron a cabo estas acciones. Según él, son los mismos opositores de siempre, con intenciones autoritarias y confusas. El mandatario subrayó la importancia de aclarar esta situación para evitar que sus críticos los equiparen con ellos.

En respuesta a las acusaciones, el presidente afirmó que sus adversarios han espiado en el pasado y continúan haciéndolo, incluso utilizando dispositivos adquiridos para tal fin. López Obrador mencionó la presencia de estos aparatos de espionaje y señaló que aquellos que los adquirieron son los responsables de estas acciones. Además, insinuó que agencias extranjeras también podrían estar involucradas en el espionaje.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se deslindó del presunto espionaje sufrido por Alejandro Encinas y afirmó que no existen elementos que indiquen que el gobierno federal o alguna entidad esté utilizando el sistema Pegasus o realizando espionaje en la actualidad. La CNDH considera que es importante esclarecer quiénes están llevando a cabo estas prácticas y a quiénes benefician. También hizo un llamado a los involucrados a proporcionar información relevante para una investigación adecuada.

El presidente López Obrador reconoció haber conversado con Alejandro Encinas sobre el presunto espionaje y le aseguró que no había intención de espiarlo. Sin embargo, el mandatario negó que el Ejército fuera responsable del posible espionaje. La CNDH resaltó la importancia de esclarecer estas prácticas condenables e inadmisibles en un Estado democrático, especialmente cuando afectan a cualquier ciudadano, no solo a altos funcionarios gubernamentales.

El uso del software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO, permite infiltrar un teléfono y acceder al historial digital completo de una persona, incluyendo todas sus conversaciones. Anteriormente, se había revelado que el Ejército mexicano había espiado a periodistas y activistas, incluso después de que López Obrador asumiera la presidencia. Además, se ha informado de casos de intervención con Pegasus a nivel internacional, incluyendo a personalidades políticas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra Tomas Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), y otros tres exfuncionarios de la extinta Procuraduría General de la República (PGR). La investigación se centra en la contratación y adquisición ilegal del sistema de espionaje Pegasus.

La FGR indicó en una tarjeta informativa que la compra del sistema de espionaje se realizó ilícitamente en 2014 por un monto de 460 millones de pesos. La Fiscalía dejó claro que el sistema Pegasus no ha sido usado por la administración actual.

Entre los involucrados en la contratación del sistema, además de Tomas Zerón, se encuentran Judith Aracely, ex oficial mayor; Vidal, ex titular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto, ex director de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
Los delitos imputados por la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) incluyen peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.

La Fiscalía Especializada ha solicitado en tres ocasiones la audiencia inicial ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y se espera respuesta a estas solicitudes.

Cabe señalar que esta investigación se lleva a cabo de manera independiente de la ya judicializada por la FGR, por las intervenciones ilegales que Pegasus realizó durante la administración pasada.

Tomas Zerón, que actualmente se encuentra prófugo en Israel, también se enfrenta a acusaciones de tortura en el caso Ayotzinapa.

Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su solicitud al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para la extradición de Tomas Zerón, alegando su participación en la fabricación del delito de tortura.

El gobierno de Estados Unidos habría utilizado un programa de ciberespionaje de la empresa israelí NSO Group, conocida por desarrollar Pegasus, en México en varias ocasiones, según The New York Times. En una investigación previa, el FBI contrató el spyware a través de la empresa «Cleopatra Holdings» desde 2021. El spyware permite rastrear de manera encubierta teléfonos móviles en todo el mundo sin el consentimiento del portador del celular.

Días después, la filial estadounidense NSO, firmó un nuevo contrato con «Cleopatra Holdings» por el programa Landmark para ubicar e identificar llamadas en tiempo real. «Bajo este contrato, según dos personas, han habido miles de usos en por lo menos un país, México», se lee en la publicación.

A pesar de las interdicciones de la Casa Blanca y del Departamento del Comercio, una agencia de seguridad de Estados Unidos adquirió a la empresa israelí NSO Group un programa de geolocalización de celulares llamado Landmark, y lo utilizó en “miles de ocasiones” contra blancos en México, según el New York Times. El sistema permite a un agente ubicar en tiempo real un teléfono sin que su dueño se entere.

El contrato para la adquisición del sistema Landmark fue firmado escasos cuatro meses después de la publicación de la investigación internacional Pegasus Project, en la que Proceso y otros 16 medios revelaron cómo gobiernos autoritarios habían utilizado Pegasus como arma contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

A consecuencia, el gobierno de Biden había colocado a NSO Group en la lista negra del Departamento del Comercio. Y apenas la semana pasada, Biden firmó una Orden Ejecutiva para prohibir a cualquier agencia de gobierno la contratación de spyware que han sido usados para perpetrar violaciones a derechos humanos.

El Ejército mexicano también habría utilizado el programa Pegasus en contra del defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, así como a dos periodistas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador al menos en una ocasión, según una investigación realizada por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso.