Durante la madrugada del 9 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública que permitirá a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes intervenir en proyectos de construcción y equipamiento de instalaciones de salud.

La votación se realizó tras una sesión prolongada en San Lázaro, posterior a la aprobación de la reforma electoral conocida como “Plan B”, lo que extendió los trabajos legislativos por más de 15 horas.

Con 423 votos a favor y 37 en contra, las y los legisladores avalaron la adición al artículo 36, mediante la cual se amplían las atribuciones de la dependencia para colaborar, a solicitud de autoridades federales, en obras públicas vinculadas al sector salud.

La reforma establece que la Secretaría podrá participar en la construcción, rehabilitación, ampliación, equipamiento y adecuación de infraestructura médica, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

El objetivo de esta modificación es fortalecer la capacidad institucional para desarrollar proyectos en materia de salud, a través de la integración de recursos técnicos y operativos.

Durante el debate, legisladores de oposición señalaron que, aunque se reconoce la necesidad de ampliar la infraestructura hospitalaria, es indispensable garantizar que los proyectos se concluyan, cuenten con el equipamiento necesario y operen de manera efectiva.

También advirtieron que existe el riesgo de que las obras no cumplan con su propósito si no se asegura su funcionalidad, al señalar que la construcción de instalaciones sin condiciones adecuadas podría derivar en infraestructura inoperante.

En ese contexto, representantes del PRI consideraron que asignar estas funciones a la SICT podría ser problemático, debido a que se trata de una dependencia con un perfil técnico distinto al del sector salud, lo que podría impactar en la calidad de las obras y en el uso de recursos públicos.

Con esta reforma, el Congreso amplió el alcance de la SICT en materia de obra pública, en un escenario en el que se busca acelerar la construcción y mejora de infraestructura médica en el país.

La prioridad para el Gobierno del Estado de México y el Congreso Local, será impulsar y respaldar el Plan B de la Reforma Electoral, aseguró el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.

“Desde el inicio del periodo tuvimos una agenda legislativa y estamos apurando más bien la presentación de las demás iniciativas, pero ahorita en lo que estamos muy atentos es la definición del llamado Plan B de la presidenta, evidentemente esa es la prioridad que tiene el Congreso y también el Gobierno del Estado que apoya clara y contundentemente la iniciativa”, enfatizó.

En un encuentro con medios de comunicación, anticipó que el objetivo será adaptar en lo local lo que se establezca en la reforma, sin modificaciones de gran calado para que pueda respaldarse sin contratiempos por el Congreso Local.

“Nosotros hay que ceñirnos muy bien a lo que se haga en la reforma del llamado Plan B, ese es nuestro marco, no estamos pensando en más temas porque pueden no alcanzar la votación necesaria, mejor queremos irnos por la parte prudente”, agregó.

Ante las exigencias de los partidos de oposición para modificar las fórmulas de distribución de recursos públicos y los criterios de representación proporcional, el secretario recordó que dichas reglas fueron establecidas por quienes hoy las critican.

«Hay que tener un poquito de memoria histórica. Esas fórmulas las establecieron los partidos que hoy reclaman. No es un tema que genere consenso ni vemos la necesidad de cambiarlo», declaró.

Respecto a posibles fracturas dentro de la coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, Duarte Olivares descartó cualquier escenario de ruptura, pues informó que ha mantenido conversaciones con dirigentes estatales y nacionales, quienes coinciden en que la alianza ha sido exitosa. «Quien no entienda que dentro de la 4T le va muy bien, estaría cometiendo un error de cálculo».

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo con la Suprema Corte y cuestionó su autoridad moral al considerar que defienden los intereses de una minoría corrupta.

Durante una conferencia, el mandatario señaló que los integrantes del tribunal menosprecian al pueblo y se preguntó con qué autoridad cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo. Afirmó que la mayoría de ellos piensa que el pueblo no existe y que la política es asunto de las élites.

Además, acusó a la Corte de invadir las atribuciones del Legislativo y de convertirse en un poder conservador que protege a delincuentes de cuello blanco. Propuso que, en caso de intervenir, se podría reformar el Poder Judicial mediante un decreto similar al realizado por el expresidente Ernesto Zedillo.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó parte del Plan B de la Reforma Electoral propuesto por el presidente López Obrador. El pleno de la Corte determinó la invalidez de las modificaciones a diversas disposiciones legales electorales debido a vicios de procedimiento durante su aprobación. El proyecto de modificación buscaba adelgazar la estructura del Instituto Nacional Electoral, limitar atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y modificar las fechas de los procesos electorales. La decisión de la Corte generó controversia y críticas por parte del presidente, quien acusó a la institución de no respetar el equilibrio de poderes y de invadir las facultades del Legislativo.

Según el mandatario, esta minoría busca refugio en el Poder Judicial, convirtiéndolo en un «Supremo Poder Conservador». Acusó a estos actores de dedicarse al saqueo del país y de tener a su servicio a magistrados, jueces y ministros, con algunas excepciones. Advirtió que, si se reformara el Poder Judicial mediante un decreto, la oposición criticaría y acusaría a su gobierno de dictatorial.

El mandatario mencionó su intención de enviar una propuesta constitucional para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular en el Poder Judicial. Además, criticó que tengan un fideicomiso de 20 mil millones de pesos y cuestionó la autoridad moral de los ministros al señalar que violan la Constitución al recibir salarios superiores al del Presidente.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de la segunda parte del Plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 9 votos a favor y solo dos en contra, se argumentó que hubo graves violaciones al procedimiento legislativo. Los ministros destacaron que, al igual que en la primera parte del plan, los legisladores no tuvieron suficiente conocimiento del texto que estaban votando.

El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, explicó que la legislación electoral recuperará su vigencia tal como estaba el 2 de marzo de 2023. Esta decisión deberá ser notificada al Congreso de la Unión y al Instituto Nacional Electoral (INE). Yasmín Esquivel, una de las ministras en contra, argumentó que el proyecto no demostró que el decreto careciera de los votos necesarios y que las deficiencias en los trabajos legislativos no deberían invalidar las votaciones mayoritarias.

Luis María Aguilar Morales respaldó la invalidez total del decreto impugnado, citando múltiples irregularidades y violaciones al procedimiento legislativo que afectaron los principios democráticos. Alberto Pérez Dayán enfatizó la importancia de respetar la Constitución y no ser deferentes cuando se viola.

Arturo Zaldívar manifestó que se debe analizar cuidadosamente el tema y votó en línea con la primera parte del Plan B.

La decisión de la SCJN invalida las reformas electorales del plan B del presidente López Obrador. La mayoría de los ministros consideró que se cometieron violaciones graves en el proceso legislativo. La ministra Esquivel Mossa expresó su preocupación por la credibilidad del tribunal al basarse en exámenes superficiales en lugar de realizar un análisis más profundo de los contenidos constitucionales.

Con este fallo, la SCJN pone fin a las reformas electorales impulsadas por el presidente López Obrador, conocidas como plan B. El proceso legislativo de aprobación de estas reformas fue declarado inválido debido a las violaciones graves encontradas durante la discusión en el pleno de la Corte.

La decisión implica que la legislación electoral recuperará su vigencia anterior y deberá notificarse al Congreso de la Unión y al INE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la previsión de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide la segunda parte del Plan B de Reforma Electoral. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador afirmó que todos los miembros del Poder Judicial están al servicio de una mayoría y a favor del bloque conservador.

El mandatario mexicano dejó en claro que el Poder Judicial necesita una reforma urgente y reiteró su disposición a enviar una iniciativa al Congreso de la Unión en septiembre de 2024 para llevar a cabo cambios de fondo. Él destacó la importancia de que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, como se hizo en la época del presidente Juárez y como lo establecía la Constitución liberal de 1856-1857.

El ministro Javier Laynez Potisek presentará al Pleno de la SCJN la propuesta de invalidez total del Plan B de la Reforma Electoral debido a violaciones al proceso legislativo.

Si el proyecto es aprobado, la sentencia tendría efectos inmediatos y se mantendría vigente la ley previa a la promulgación del decreto invalidado. Estas legislaciones podrían ser modificadas hasta que termine el proceso electoral 2023-2024.

En el proyecto del ministro Laynez Potisek, dado a conocer el lunes, se declara la invalidez del decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador expresó que el Poder Judicial no imparte justicia tomando al pueblo como actor principal y que la mayoría de los ministros están alineados al bloque conservador. Reiteró la necesidad de una reforma para que la ciudadanía elija a ministros, jueces y magistrados, y afirmó que presentará la iniciativa de reforma cuando se integre el nuevo Congreso de la Unión en las elecciones del próximo año.

Posteriormente, en respuesta a una pregunta sobre si cree que la SCJN invalidará la segunda parte del Plan B, el presidente reafirmó su creencia y destacó que la ley establece que nadie debe ganar más que el Presidente, según el artículo 127 de la Constitución, y los ministros violan esta disposición al recibir salarios de tres o cuatro veces más que el Presidente.

Cabe mencionar que la SCJN ya había invalidado la primera parte del Plan B en mayo pasado, argumentando que la mayoría en el Congreso violó el proceso legislativo durante la aprobación. La parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para permitir que los funcionarios se pronunciaran durante las campañas y elecciones, lo cual está prohibido por la veda electoral. En su totalidad, la reforma recorta 3,500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE), elimina el 85% del servicio profesional electoral y permite al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia que anula la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral. El proyecto de sentencia presentado por el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, fue aprobado por nueve de los once ministros de la Corte. Los ministros coincidieron en que se violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana, al saltarse un procedimiento legislativo ordinario y transgredir el principio de deliberación democrática.

La ministra Margarita Ríos Farjat emitió un voto concurrente a favor del proyecto, destacando que la Suprema Corte está para hacer cumplir la Constitución y las leyes. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá coincidió en que se dejaron de observar numerosas formalidades procedimentales, y que la Corte está llamada a garantizar el carácter representativo y democrático del orden legislativo.

El ministro Luis María Aguilar Morales se pronunció también por la invalidez del “Plan B”, argumentando que se vulneraron los artículos 71 y 72 de la Constitución, dado que no se observó el reglamento del Congreso. El ministro Arturo Zaldívar reconoció que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron de manera determinante la deliberación de las normas que se estaban presentando. Su par, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también se sumó a favor del proyecto.

La ministra Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel fueron las únicas en votar en contra del proyecto. La ministra Yasmín Esquivel argumentó que no se sumaron las infracciones que señala el proyecto, y que es importante adentrarse al análisis constitucional de las normas reformadas. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz rechazó invalidar la totalidad de la primera parte del Plan B, observando que los cambios hechos a las reformas “fueron mínimos”.

Con esta sentencia, se invalidan las disposiciones de la Ley General de Comunicación Social que entraron en vigor el 28 de diciembre de 2022, las cuales buscaban modificar la relación de los gobiernos y los servidores públicos con los medios de comunicación, en el sentido de poder difundir propaganda y hacer política, con miras a las elecciones de 2024.

La mayoría de los ministros coincidieron en que se aprobaron modificaciones legales sin cumplir con el procedimiento legislativo, lo que equivale a una perversión del sistema democrático.

La ministra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que no se respetó la obligación de publicar la iniciativa de ley con la debida anticipación de 24 horas, lo que afectó el proceso deliberativo para la aprobación de las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

El Pleno de la Suprema Corte concluyó que la citada violación al procedimiento legislativo afectó el proceso deliberativo para la aprobación de las reformas a las leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

Edmundo Jacobo Molina, quien fue removido del cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) por el «plan B» de la reforma electoral y posteriormente restituido, anunció este martes 28 de marzo su renuncia al cargo.

En una conferencia de prensa, Jacobo Molina explicó que el diseño institucional del INE fue roto por actores políticos con la llegada de la reforma electoral, lo que hizo que la operación técnica, necesariamente imparcial, fuera parte del debate político. Esta situación lo obligó a salir en defensa de las instituciones electorales, explicando las virtudes del INE y los riesgos del «Plan B».

Después de los juicios, se iniciaron ataques mentirosos sobre su trayectoria, incluso desde las conferencias del presidente López Obrador, acusó Jacobo Molina. Afirmó que la notoriedad adquirida constituye un impedimento para su punto de vista de continuar desempeñando con discreción las actividades de la Secretaría Ejecutiva del INE.

La renuncia de Jacobo Molina será efectiva a partir del próximo lunes 3 de abril, el mismo día que concluye el periodo del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello y tres consejeros más. Jacobo Molina agradeció a Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés Zurita, expresidente del IFE con quien comenzó a trabajar en la institución, y aseguró que se va tranquilo con cuentas claras después de coordinar esfuerzos en el INE durante 14 años.

Algunos medios de comunicación señalaron que la renuncia de Jacobo Molina podría afectar la capacidad técnica del INE, mientras que otros señalaron que su salida podría contribuir a la imparcialidad y autonomía del organismo electoral.

Por su parte, el presidente López Obrador dijo que respeta la decisión de Jacobo Molina y que su gobierno no intervino en su renuncia. Además, aseguró que el INE está preparado para garantizar elecciones libres y limpias en las próximas elecciones.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se está considerando un «Plan C» tras la suspensión del Plan B electoral por parte del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, quien dio entrada a la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario destacó que la nueva estrategia es no votar por el bloque conservador y así mantener la transformación en curso. El presidente López Obrador opinó que el ministro se extralimitó en sus facultades y que su acción es un asunto político. Además, enfatizó que el plan B busca reducir los salarios de los altos funcionarios del INE y que su administración seguirá defendiéndolo por la vía legal.

El presidente de México también señaló que su gobierno está comprometido con la democracia, no con la oligarquía, y que la auténtica democracia significa tener un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos. Según López Obrador, la esencia del rechazo al plan B es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios.

El presidente argumentó que el poder judicial otorga amparos a muchos funcionarios de organismos supuestamente autónomos para no cumplir con la Constitución y tener sueldos superiores al del titular del Ejecutivo federal. También destacó que el poder judicial está dando un buen debate sobre las diferencias entre los poderes de la Unión y que esto es algo bueno porque antes no se hablaban de estas cosas.

Además, el presidente López Obrador recordó que su gobierno ha avanzado mucho en la lucha contra la corrupción y en la limpieza del gobierno, de arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Él también enfatizó que en 2018 el pueblo dijo «¡basta!» y se inició la transformación. Por lo tanto, el plan C es llamar a no votar por los conservadores para mantener la transformación en curso.

En resumen, el presidente López Obrador anunció un «Plan C» después de la suspensión del Plan B electoral. Según él, la nueva estrategia es no votar por el bloque conservador para mantener la transformación en curso. El presidente López Obrador argumentó que el ministro se extralimitó en sus facultades y que su acción es un asunto político. Además, destacó que la esencia del rechazo al plan B es que no quieren que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió este 22 de marzo de 2023 la inaplicación del artículo transitorio 17 del Plan B de la Reforma Electoral, mediante el cual se destituyó a Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. La decisión se basó en que dicha disposición legal vulneraba la autonomía constitucional del órgano electoral.

La Sala Superior del TEPJF resolvió por un empate de tres votos a favor y tres en contra, por lo que el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón emitió un voto de calidad que determinó la aprobación de la sentencia. Se resolvió la inaplicación del artículo transitorio, así como la confirmación de que Edmundo Jacobo debe continuar en su cargo como secretario ejecutivo.

Edmundo Jacobo presentó un escrito de desistimiento de su juicio, lo que llevó a los magistrados a considerar que se perdió la oportunidad de discutir el caso desde otra perspectiva. La magistrada Janine Otálora elaboró el proyecto de resolución, en el que se argumentó que el artículo transitorio en cuestión es inconstitucional, porque vulnera la autonomía del INE y su facultad exclusiva para nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva.

Según la sentencia del TEPJF, el Congreso de la Unión no tiene la facultad de determinar en una disposición transitoria la destitución del secretario ejecutivo del INE, ni puede establecer parámetros al Consejo General para hacer una nueva designación. La autonomía constitucional del INE tiene como objetivo evitar la injerencia o presión de agentes externos, o la intromisión de los poderes constituidos que pudieran poner en riesgo su operación y el cumplimiento de sus funciones.

El artículo transitorio 17 del Plan B de la Reforma Electoral, que se ha declarado inaplicable, contraviene de manera frontal la Constitución, ya que esta determina con claridad que el Consejo General del INE tiene la facultad de nombrar y, por tanto, remover al titular de la Secretaría Ejecutiva. La resolución del TEPJF es una victoria para la autonomía del INE y su capacidad para actuar de manera independiente y objetiva en el desempeño de sus funciones.

La decisión del TEPJF ha generado un amplio debate sobre el papel del Congreso de la Unión y su relación con el INE. Algunos argumentan que el Congreso tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y la transparencia en la gestión de los organismos electorales, mientras que otros defienden la autonomía del INE como una garantía fundamental para la democracia y la estabilidad institucional.

“Les pedimos a los ministros que declaren esta ley inconstitucional, que no se destruya, que no se desmiembre al Instituto Nacional Electoral y que no se le permita a la secretaría de Relaciones Exteriores llevar a cabo el proceso de votación de los migrantes en el extranjero”.

Así lo expresó Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional durante la concentración «Mi voto no se toca» y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) declarar la inconstitucionalidad del «Plan B» de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De igual forma también pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador promulgar el «Plan B» para que los ministros de la Suprema Corte inicien con la revisión y puedan declararla inconstitucional.

En otro momento de la marcha, el diputado mexiquense Omar Ortega Álvarez sostuvo que «este día se les tapó la boca a quienes auguraban el imperio de su visión personal y la caída de la democracia».

«A los dirigentes de Morena a nivel nacional, y en especial en el Estado de México, se les olvida en dónde aprendieron a movilizarse» indicó el legislador.

Ortega Álvarez indicó que desde hace más de 30 años el perredismo ha participado en la democratización de las instituciones, «cuando las minorías mandan y las mayorías no son escuchadas, estamos a un paso de la tiranía».

“Si en México existe algún partido que haya estado vinculado a las luchas que requieren la movilización popular, ese partido es el PRD, no de hoy, sino desde su origen, el Sol Azteca ha impulsado la movilización pacífica en las calles como ejemplo de lucha”.