El Poder Ejecutivo del Estado de México reconoció la labor y trayectoria del Poder Judicial mexiquense y reiteró su compromiso de mantener una relación institucional, respetuosa y colaborativa.

“Extiendo también mi reconocimiento a las magistradas y magistrados que hoy concluyen su encargo, su labor ha sido fundamental para preservar la estabilidad y el equilibrio institucional incluso en momentos difíciles, también quiero darle la bienvenida a quienes asumen esta alta responsabilidad como nuevos magistrados y magistradas, llegan a un Poder Judicial con historia, con principios y con grandes retos por delante”, señaló.

Lo anterior tras sostener un encuentro entre los tres Poderes del Estado para reconocer el trabajo del PJEM y de su actual titular, Fernando Díaz Juárez cuya conducción, se dijo, ha sido clave para consolidar un tribunal autónomo, firme y comprometido con la legalidad y con la ciudadanía.

“Desde el Poder Ejecutivo le agradezco su disposición para mantener una relación basada en el respeto entre Poderes y sobre todo con un objetivo común, servir al pueblo mexiquense. La coordinación entre Poderes no es un favor ni una concesión, es una obligación constitucional y un acto de respeto al pueblo”, precisó la mandataria.

A la par, recordó que el Estado de México ha dado un paso importante al impulsar un proceso democrático para la renovación del Poder Judicial mediante el voto popular, proceso que busca fortalecer la confianza de la ciudadanía, acercar la justicia al pueblo y dar pasos firmes hacia una transformación de fondo.

“Esta reforma no es de forma, es de fondo y responde al momento que vivimos, a una exigencia social y legítima de tener instituciones más cercanas, más humanas y verdaderamente al servicio de la gente”.

Al tomar la palabra, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares informó que el presidente del PJEM formará parte -de manera oficial-, de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz para trabajar de la mano de instituciones de seguridad y con el Ejecutivo.

En tanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Fernando Díaz Juárez reconoció la labor de los servidores judiciales e informó que los juzgadores de primera y segunda instancia en materia penal resuelven el 19% de las sentencias a nivel nacional del fuero común.

Agregó que a lo largo del 2025 han concluido 17 mil 663 asuntos que representan el 92% de los 19 mil 077 que han sido radicados, índice de conclusión que es 8% superior al del 2024.

Una vez conformado, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo del Estado de México emitió la convocatoria respectiva para invitar a las personas interesadas a participar en la evaluación y selección de candidaturas a la Elección Judicial Extraordinaria 2025.

Se establece que las personas interesadas en participar en el proceso deberán inscribirse a través del micrositio registroeleccionjudicial.mx del 11 al 16 de febrero, debiendo cumplir los requisitos y la documentación establecida.

En el documento hecho público en Gaceta de Gobierno se precisa que el Comité de Evaluación procederá a calificar la idoneidad de cada una de las personas aspirantes para desempeñar el cargo, para ello, se tomarán en cuenta diversos aspectos como: sus antecedentes académicos, su experiencia profesional, honestidad y buena fama, además aplicará entrevistas para tener mayores y mejores elementos de resolución.

En este sentido, se especifica que las entrevistas serán públicas y consistirán en exposiciones orales a través de las cuales el Comité pueda evaluar conocimientos, aptitudes y competencias.

En la convocatoria se indica que serán 89 los cargos a renovarse: la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia; cinco Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 28 Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y 55 Juezas y Jueces del Poder Judicial.

A la par, refiere que los cargos de Magistraturas del TSJEM y de Juezas y Jueces del PJEM se distribuirán por cuatro regiones judiciales: Región Toluca en donde serán 12 Magistraturas en materia civil, penal y familiar y 13 Juzgados los que se elijan; en la Región Tlalnepantla serán 6 Magistraturas en materia civil, penal y familiar, y 15 juzgados.

En la Región Texcoco son 5 Magistraturas en materia civil y penal, y 14 Juzgados, y en la Región Ecatepec serán 5 Magistraturas en lo civil y lo penal, y 13 Juzgados.

El Poder Ejecutivo del Estado de México presentó a la LXII Legislatura una iniciativa para que las instituciones de educación superior que sean de control estatal, deban destinar por lo menos el 10% de su matrícula escolar a personas en situación de vulnerabilidad.

Señaló que es necesaria la creación de políticas que fomenten la inclusión y el empoderamiento de las mujeres en el sistema educativo, acción que también se ve reflejada en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, a través del Eje 4. Bienestar Social «Combate a la pobreza y atención a grupos en situación de vulnerabilidad».

En este se establece que, para garantizar el derecho a la educación de excelencia, sin discriminación, con equidad y con reconocimiento de la diversidad cultural y regional es ineludible promover acciones que faciliten el ingreso y transición de estudiantes de comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes, con necesidades educativas especiales y grupos vulnerables, a los diferentes tipos y niveles educativos.

Así, la propuesta de la mandataria se sugiere que las Universidades y Tecnológicos de Estudios Superiores de competencia estatal destinen por lo menos el 10% de su matrícula escolar a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente para mexiquenses con discapacidad, migrantes o pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, para que les sean garantizados sus derechos educativos y la continuidad de su preparación profesional.

Es de referir que la propuesta se deriva de la recomendación específica emitida en junio por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) por la vulneración al derecho al trato diferenciado y preferente, y al derecho a la educación superior, derivado de una queja presentada por una aspirante a la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, de origen mazahua y en cuyo examen de admisión obtuvo el lugar 144 de 143 disponibles, con lo cual se le imposibilitó de acceder a la educación superior.

Asimismo, se indicó que la implementación de las acciones afirmativas en el ámbito educativo es crucial para corregir históricas desigualdades que han relegado a las mujeres a posiciones de desventaja.