Derivado de un llamado de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad (SS) detuvieron a dos personas probablemente implicadas en el delito de posesión ilegal de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte se suscitó una riña sobre la carretera Capulín – Chalma, a la altura del kilómetro 24+500, Paraje El Sabino de la comunidad de Jesús María de este municipio.

Acorde al protocolo, se efectuó el despliegue operativo en el que se corroboró la información; en el lugar fueron detenidos Rene “N” y José “N”, de 33 y 44 años de edad, respectivamente.

Luego de efectuar una inspección preventiva a los sospechosos, los Policías Estatales les encontraron una pistola, tipo escuadra, calibre .38 milímetros súper, y un revolver calibre .38 milímetros especial, marca “Long CTG”.

Por este motivo, ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Agencia del Ministerio Público con sede en Tenancingo, donde se inició la Carpeta de Investigación correspondiente para definir su situación jurídica.

En el marco de la Estrategia Integral de Seguridad, elementos de la Policía Estatal y de la Municipal aprehendieron a cuatro probables responsables del delito de portación ilegal de armas prohibidas.

Durante los patrullajes de rutina en zonas de mayor riego de la colonia Centro, en esta demarcación, los efectivos de la Secretaría de Seguridad (SS) observaron sobre avenida 16 de Septiembre dos motocicletas: la primera, una Italika negra, y la segunda Yamaha color roja, ambas sin matrícula, por lo que de manera inmediata les marcaron el alto a los tripulantes.

Los elementos de seguridad actuaron acorde al protocolo y les realizaron una revisión a Martín “N”, de 25 años de edad; Alan Manuel “N”, de 19 años; Rogelio Millani “N” y Carlos Alberto «N», de 18 años de edad, respectivamente, localizando entre sus pertenencias un arma de fuego tipo escuadra, color negro, calibre 4.5 milímetros, y un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo.

Al no poder acreditar la legal portación de las armas y de los automotores los imputados fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició una Carpeta de Investigación para definir su situación jurídica.