Un juez federal en Sonora dictó prisión preventiva contra el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., acusado de presuntos nexos con el crimen organizado. La resolución fue emitida este miércoles 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo por el juez de control Enrique Hernández.

La medida ordena que Chávez Jr. permanezca recluido mientras se define su situación jurídica. Su defensa solicitó una ampliación del plazo para presentar pruebas y alegatos, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se programó para el sábado a las 17:00 horas.

La detención del pugilista fue resultado de un proceso de colaboración entre autoridades de Estados Unidos y México. El 19 de agosto, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, compartió en su cuenta de X una fotografía del momento en que Chávez Jr. fue entregado a las autoridades mexicanas. “Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones”, señaló el diplomático.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Chávez Jr. fue ingresado a un penal en Hermosillo, donde se encuentra bajo custodia mientras se desarrollan las investigaciones.

El boxeador había sido arrestado el pasado 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades estadounidenses confirmaron que contaba con una orden de arresto vigente en México y enfrentaba acusaciones vinculadas con el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Además, se le relaciona con presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, considerado organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos. Estos señalamientos influyeron en la decisión de agilizar su entrega al gobierno mexicano.

A Selenne “N”, quien se desempeñaba como Presidenta Municipal de Capulhuac y ahora es investigada por su probable intervención en abuso de autoridad, se le estableció prisión preventiva justificada y separación del cargo luego de la audiencia celebrada en los juzgados de Almoloya de Juárez.

En un comunicado la autoridad detalló que durante la audiencia, el Representante Social aportó datos de prueba en contra de esta persona, por lo que el Órgano Jurisdiccional fijó esta medida cautelar y el próximo 29 de junio se llevará a cabo audiencia para que sea resuelta su situación jurídica.

Dentro de los argumentos aportados por el Agente del Ministerio Público durante la audiencia, se enfatizó que la hoy imputada no solo desvió el uso de sus atribuciones institucionales, sino que instrumentalizó al aparato gubernamental para satisfacer motivaciones personales, lo que muestra una clara asimetría de poder, haciendo del cargo público una herramienta de represión, vulnerando el principio de legalidad y el deber de imparcialidad que rige a los servidores públicos.

Esta actuación, sostuvo, genera un riesgo procesal latente, toda vez que, si la imputada reaccionó de forma violenta ante una suposición personal, es previsible que pueda tomar represalias en contra de la víctima o los testigos que participen en el proceso penal en su contra dado el poder que la imputada ejerce en el municipio, así como el control que mantiene sobre elementos de la policía municipal.

Esto podría ser una causa para que varios testigos de los hechos se hayan mostrado renuentes a declarar por miedo a posibles represalias.

El pasado 2 de mayo la víctima de iniciales M.R.G., servidora pública de la Unidad de Apoyo Psicológico de una estancia infantil del sistema municipal del DIF de Capulhuac, denunció haber sido agredida físicamente por la ahora detenida.

De acuerdo con la denuncia, ese día, la víctima se encontraba en una reunión con personal del sistema DIF municipal, momento en el que la investigada, junto con dos femeninas, la habrían golpeado y sacado del lugar.

El Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará en el Estado de México la implementación de dos modalidades de votación: el Anticipado para adultos mayores y personas con discapacidad, y el de Prisión Preventiva, en el que personas -sin sentencia- recluidas en los 20 centros penitenciarios del Estado y el Altiplano, podrán sufragar.

Ambos ejercicios iniciarán este lunes 6 de mayo, en el caso del voto de las personas privadas de la libertad, el ejercicio comenzará en los penales de Neza Bordo, Jilotepec, Tenancingo y Texcoco, en donde cerca de 1 mil 300 personas tendrán la posibilidad de votar.

Ellos serán el 26% de las 5 mil 67 personas que cuentan con este derecho de sufragar para renovar la Presidencia de México, el resto votará entre el 7 y el 13 de mayo.

Para este ejercicio se tiene previsto instalar 81 mesas receptoras de votación, en donde habrá dos funcionarios del INE por mesa, un representante de partido político y un observador electoral, esto en los 20 penales estatales, mientras que en el Altiplano sólo habrá acceso para funcionarios del Instituto Electoral.

Siendo la primera ocasión que el Altiplano podrá participar en este ejercicio de votación, el vocal ejecutivo del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez explicó que ahí serán 118 personas las que votarán los días 11 y 12 de mayo, pues dijo, aunque son pocos, las medidas de seguridad son más estrictas conllevando más tiempo para realizar el proceso.

Por lo que respecta al Voto Anticipado, se prevé que 218 personas puedan votar por esta modalidad entre el 6 y el 20 de mayo.

Ellos a diferencia de los PPL, sí podrán votar tanto para renovar la Presidencia de la República como senadores, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México recibió las boletas electorales para que las 5 mil 67 personas en prisión preventiva que puedan sufragar del 6 al 13 de mayo.

A bordo de una camioneta llegaron las boletas que serán distribuidas en cada uno de los 20 centros penitenciarios estatales y el de máxima seguridad “El Altiplano” para que las y los internos puedan votar únicamente por Presidencia de la República.

La vocal de organización electoral del INE, Liliana Martínez Díaz explicó que cada sobre que será enviado primero a los consejos distritales y posteriormente a los centros penitenciarios, estará integrado por otro más pequeño en donde colocarán los PPL la boleta electoral doblada, el instructivo de cómo votar y por las plataformas electorales de los partidos para que emitan un voto informado.

“A diferencia del proceso anterior, para este proceso electoral sí se va a entintar con líquido indeleble el dedo de las personas que emitirán su voto. Son 5 mil 67 personas que podrán emitir su voto del 6 al 13 de mayo de acuerdo con el calendario que ya se acordó con la Dirección General de Planeación y Reinserción Social en los 20 centros penitenciarios del Estado de México y en el Altiplano”, comentó.

Explicó que una vez que llegaron las boletas, se procedió a separar el material electoral para que entre el jueves o viernes próximo se realice el ensobretado, es decir, personalizar a todos y cada uno de los sobres que se estarán entregando dentro de la primera semana de mayo a los Consejos Distritales para que se pueda llevar a cabo la votación en tiempo y forma.

En entrevista, el vocal ejecutivo del INE, Joaquín Rubio Sánchez indicó que aún no hay fecha definida para la realización del voto en el penal de Almoloya de Juárez; sin embargo, el INE está proponiendo que sea el 6 y el 7 de mayo, para que los 118 internos registrados como procedentes, puedan votar.

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Estado de México ha determinado el calendario para efectuar el voto en prisión preventiva.

El calendario refiere que del 6 al 13 de mayo se realizará el ejercicio en los 20 centros penitenciarios estatales, mientras que aún falta definirse la fecha para el voto en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 de Almoloya de Juárez, mejor conocido como el “Altiplano”.

Conforme a este calendario, el lunes 6 de mayo la votación se realizará en: Neza Bordo, Jilotepec, Tenancingo y Texcoco; el 7 de mayo en: Chalco, Ixtlahuaca, Lerma y Neza Norte; el 8 de mayo en: Tlalnepantla, Tenango del Valle, Neza Sur y la Quinta del Bosque; el 9 de mayo en: Santiaguito, Cuautitlán, El Oro y Sultepec, mientras que el lunes 13 de mayo en Ecatepec, Otumba Tepachico, Valle de Bravo y Zumpango.

Durante sesión extraordinaria, el INE Edoméx indicó que serán 82 mesas receptoras del voto las que se instalarán en los centros penitenciarios, en este sentido, el vocal ejecutivo del INE en la entidad, Joaquín Rubio Sánchez comentó que estará presente en cada mesa: dos funcionarios del INE, una persona observadora electoral y un representante de partidos político.

Sin embargo, en el “Altiplano” el tratamiento del ejercicio será especial, puesto que sólo se permitirá el ingreso de personal del Instituto, no permitiéndose la entrada ni de representantes de partidos ni de observadores electorales.

En cada ejercicio, informó que también estarían presentes personal del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) para garantizar que se dé un tratamiento adecuado a los datos de las y los internos, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHEM) y posiblemente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Guadalupe de la Cruz

Ricardo Sodi Cuellar, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), dijo que es violatorio de los derechos humanos dictar prisión preventiva y se pronunció a favor de que exista una prisión justificada.

“Yo soy contrario a la prisión preventiva oficiosa, ya que es una violación flagrante a los derechos humanos, por un lado en la Constitución existe la presunción de inocencia y por el otro, la prisión preventiva oficiosa, y lo que debe de existir es una prisión preventiva justificada, es decir, que en todos los casos debería de analizarse el riesgo objetivo de fuga y la preservación del proceso penal”, mencionó.

Sin embargo, dijo, la posición del Ministro Juan Luis Alcántara me parece muy inteligente porque señala que para hacer una interpretación de los dos artículos de la Constitución es señalar que oficiosamente -aunque no lo pida el agente del ministerio público- hay que analizar la prisión preventiva y justificadamente imponerla.

“Es decir, que la mezcla de ambas interpretaciones en una argumentación de interpretación inteligente y sensata, vamos a estudiarla oficiosamente pero vamos aplicarla solamente si se justifica”, indicó.

Sodi Cuellar, precisó que la posición del gobierno federal es defender que siga la prisión preventiva, ya que ellos tienen sus razones de seguridad pública y la alegan, “pero existe una serie de incongruencias”.

“Ya que quitarla prisión preventiva o analizarla oficiosamente, no pone en libertad a los delincuentes, simplemente le impone la carga al MP de justificar porque una persona va a permanecer en prisión durante el proceso, nada más”, señaló.

Finalmente el magistrado presidente del TSJEM dijo que desafortunadamente cualquier hombre o mujer que le impongan una prisión preventiva oficiosa, es deleznable, muy poco ético y violatorio de derechos humanos.

Alelhi Rodríguez

Ángel Daniel N fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio en agravio de una menor de dos años, hija de su actual pareja sentimental.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), determinó iniciar un proceso legal en su contra y estableció tres meses como plazo de cierre de investigación y una medida cautelar de prisión preventiva.

Este sujeto es investigado por los hechos ocurridos el pasado 30 de mayo cuando habría golpeado a una pequeña de dos años, a quien le causó la muerte, en un inmueble de la comunidad San Idelfonso, en el municipio de Ixtlahuaca.

Luego de las indagatorias realizadas por el delito de feminicidio, la autoridad judicial, quien emitió orden de aprehensión en su contra.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, en donde un juez determinará su situación legal.

Por Alelhi Rodríguez

Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informara de la detención de Octavio Alfonso «N», quien en abril pasado agredió a la maestra de la Preparatoria Número 5, Dr. Ángel María Garibay Kintana de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), un juez adscrito a los Juzgados de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, determinó la prisión preventiva al sujeto.

La madrugada de este martes, este individuo ingresó al Penal de Santiaguito, en el municipio almoloyense; a las 15:30 horas inició su primera audiencia y se le otorgó un plazo de 144 horas para determinar su situación legal, es decir, la próxima comparecencia se llevará a cabo el 2 de octubre.

En abril, a través de las redes sociales fue difundida la grabación de una clase en línea que impartía la profesora Jaqueline «N», en esta se puede escuchar al sujeto que agrede verbalmente a la mujer por hacer uso de su equipo de cómputo; los alumnos le preguntaron a la profesora si se encontraba bien, pero la videoconferencia fue finalizada.

El material causó tal inconformidad, que alumnos, docentes, la Universidad y sociedad en general mostraron su solidaridad a la maestra. En la entrada de este plantel fue que recolectaron víveres para donarlos a la víctima.

El 23 de abril, la UAEMéx confirmó que la maestra de la Prepa 5 levantó una denuncia en contra de su agresor y que también recibió acompañamiento por parte de la institución.

En mayo de este año, el individuo, identificado como la pareja sentimental de la docente, fue citado a una comparecencia voluntaria en la Torre I de los Juzgados ya mencionados, a la cual no acudió.

Por Guadalupe de la Cruz

Después de que el pasado 30 de julio de 2021 Javier Lindner agredió a Luis Miranda Barrera en la alcaldía Cuajimalpa, de la Ciudad de México, un juez capitalino vinculó a proceso y dictó prisión preventiva contra el agresor.

En su oportunidad, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrieron una investigación para dar con el atacante; posteriormente, un juez vinculó a proceso al agresor y otorgó un mes de plazo para continuar con la investigación complementaria.

Cabe recordar que Luis Miranda Barrera, hijo del exdiputado y exsecretario federal de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Enrique Miranda Nava, fue agredido en la Plaza Arcos Bosques, en la citada alcaldía.

Fue difundido un video donde se aprecia cómo el agresor le propinó un duro golpe en la cara a la víctima, provocando que cayera al suelo y, pese a la magnitud del mismo, el agresor se acercó y le dio una patada en la cabeza.

Después de los hechos, Miranda Barrera fue internado en un hospital de la Ciudad de México, ingresando con un trauma cerebral; posteriormente y después de más de un mes de estar inactivo en sus redes sociales, apareció dando a conocer que se reincorporaba a sus actividades.