México ha construido, con razón, un marco jurídico que busca garantizar que toda víctima pueda denunciar sin miedo y acceder a la justicia, ese derecho constituye uno de los pilares del Estado de Derecho y jamás debe debilitarse, sin embargo, también existe una realidad incómoda que durante años ha permanecido al margen del debate público: las denuncias falsas utilizadas como instrumentos de venganza, presión, extorsión o destrucción personal.

Uno de los casos que estremeció a la opinión pública fue el del docente Alberto Israel Jasso Cruz, quien decidió quitarse la vida mientras enfrentaba una acusación en su contra, independientemente de las particularidades jurídicas del caso y de que las responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes, su muerte abrió una profunda reflexión nacional sobre las consecuencias irreversibles que puede tener una imputación cuando la verdad aún no ha sido demostrada.

Cuando una persona pierde el empleo, es exhibida públicamente, es separada de su familia o vive bajo el peso de una acusación cuya falsedad eventualmente pudiera acreditarse, el daño difícilmente puede repararse, la absolución judicial no devuelve los años perdidos, el prestigio destruido ni, mucho menos, la vida de quien decidió no continuar soportando la presión social.

El problema no consiste en denunciar, el problema aparece cuando alguien convierte al sistema de justicia en un arma para fabricar culpables, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de presunción de inocencia como un derecho fundamental, no obstante, en la práctica, muchas personas son condenadas primero por el juicio social y después por un proceso penal que apenas comienza, y, en la era de las redes sociales, una denuncia basta para destruir décadas de esfuerzo profesional.

Por ello resulta indispensable abrir un debate legislativo serio que proteja simultáneamente a las verdaderas víctimas y a quienes son objeto de imputaciones dolosamente falsas.

Una posible iniciativa de ley podría establecer mecanismos que fortalezcan la responsabilidad de quien presenta una denuncia, sin impedir el acceso a la justicia; entre las medidas que podrían discutirse destacan, que toda denuncia presentada ante autoridades ministeriales sea acompañada de la plena identificación del denunciante mediante documentos oficiales vigentes, con la finalidad de evitar identidades falsas o suplantaciones.

De igual forma, que cuando sea razonablemente posible, el denunciante aporte desde el inicio los documentos, registros, mensajes, fotografías, videos u otros elementos objetivos de prueba con los que cuente para sustentar los hechos denunciados, sin que ello elimine la obligación de la autoridad de investigar.

Además de que cuando, mediante resolución firme, se demuestre que una persona denunció dolosamente hechos falsos con el propósito de incriminar a un inocente, obtener un beneficio indebido o causar un daño, se configure un delito específico con sanciones proporcionales.

Así mismo que el responsable de una denuncia dolosamente falsa pueda recibir una pena agravada, considerando la gravedad del daño causado y respetando siempre los principios constitucionales de legalidad, debido proceso y proporcionalidad, cualquier equiparación automática con la pena del delito falsamente imputado requeriría un análisis constitucional cuidadoso para garantizar que sea compatible con los derechos humanos y el principio de proporcionalidad.

El objetivo no debe ser desalentar las denuncias legítimas, al contrario, una legislación de esta naturaleza fortalecería la credibilidad del sistema de justicia al distinguir con claridad entre quien busca protección del Estado y quien pretende manipularlo mediante el engaño.

Las auténticas víctimas merecen instituciones que les crean, las protejan y las acompañen, pero también los inocentes merecen un sistema que los defienda de acusaciones fabricadas.

La justicia no puede construirse sobre la mentira, el caso de Alberto Israel Jasso Cruz representa un llamado de atención para legisladores, jueces, fiscalías y sociedad, ninguna legislación devolverá una vida perdida, sin embargo, toda democracia tiene la obligación de aprender de sus tragedias para impedir que vuelvan a repetirse.

México necesita una reforma que castigue con firmeza a quien, de manera dolosa, utilice la denuncia como un instrumento para destruir a otro ser humano, no se trata de limitar derechos, sino de exigir responsabilidad en su ejercicio, porque denunciar constituye un derecho, pero mentir deliberadamente ante la autoridad nunca debería serlo.

La justicia verdadera protege a las víctimas, pero también evita que los inocentes se conviertan en víctimas del propio sistema, esa es la diferencia entre un Estado que simplemente procesa denuncias y un Estado que realmente hace justicia.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) acoge el Quinto Congreso Internacional sobre Género y Espacio en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Veracruzana. El objetivo de este evento es generar un espacio de reflexión en torno a la espacialidad, la corporalidad y la vida cotidiana desde las perspectivas de género, feminista, diversa y no binaria.

La secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, en representación del rector Carlos Eduardo Barrera Díaz, subrayó que la dicotomía de género y espacio ha sido ampliamente investigada en diferentes disciplinas. Este congreso brinda la oportunidad de cuestionar cómo se configuran los espacios públicos, domésticos, laborales, entre otros, con el fin de transformarlos en lugares inclusivos y seguros para las comunidades en general.

Marisa Belausteguigoitia Rius, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, destacó que esta quinta edición del congreso reconoce las redes de apoyo en el espacio público que han permitido a las mujeres tener agencia para ocupar dicho espacio desde distintas perspectivas e intervenciones, generando esperanza y cuestionando la espacialidad para su resignificación.

En concordancia, María Dolly Espíndola Frausto y Adrián Hernández Cordero, directora y director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM en sus unidades Xochimilco e Iztapalapa, coincidieron en la necesidad de estos espacios de diálogo, donde las instituciones de educación superior deben estar abiertas a discutir, reflexionar y generar conocimiento que contribuya a crear espacios libres de violencia para todos.

Laura Elizabeth Benhumea González, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, resaltó que este evento conjunto proporciona un espacio de reflexión, análisis y discusión de problemas teóricos y metodológicos derivados de las estrechas relaciones entre el género y el espacio.

Humberto Thomé Ortiz, director del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, enfatizó que este congreso será un punto de partida para reflexionar sobre una sociedad compleja y en constante cambio, que constantemente adopta y genera nuevas formas de educación.

Entre los asistentes al evento se encontraban Javier Delgado Campos, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM; Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; Luz Fernanda Azuela Bernal, secretaria académica del Instituto de Geografía de la UNAM; y Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM.

La UAEMéx y otras instituciones académicas como la UNAM, UAM y Universidad Veracruzana, organizan el Quinto Congreso Internacional sobre Género y Espacio