El Senado, a través de las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos, aprobó en comisiones la minuta de reforma a la Ley del Infonavit, con 18 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. La iniciativa, que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados sin modificaciones, será discutida en el pleno el jueves.

Durante el debate, que se prolongó por más de dos horas, los legisladores de la mayoría defendieron la reforma ante las críticas de la oposición, que expresó su preocupación por la posibilidad de que el gobierno disponga de los fondos de vivienda de los trabajadores. Desde el bloque oficialista se argumentó que la propuesta busca garantizar el acceso a viviendas dignas, especialmente para sectores de bajos ingresos, y que los recursos del Infonavit continuarán siendo utilizados conforme a su objetivo original.

Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la facultad otorgada al Infonavit para crear una empresa filial encargada de la construcción y arrendamiento de viviendas de interés social. La oposición cuestionó la transparencia en la administración de esta nueva entidad, así como el nombramiento de su directiva. Además, se rechazó una propuesta de Movimiento Ciudadano para modificar la representación en el órgano de dirección de la filial, con el argumento de que los trabajadores y empresarios no tendrían participación en su gestión.

Otro aspecto que generó discusión fue la designación del director del Infonavit. Legisladores de oposición criticaron la concentración de funciones en una sola persona y manifestaron su desconfianza ante posibles conflictos de interés. En respuesta, senadores de la mayoría señalaron que en gobiernos anteriores los nombramientos se realizaban de manera similar y que en su momento no se cuestionaron estas decisiones.

A lo largo del debate, se reiteró que la reforma busca corregir deficiencias en el modelo financiero del Infonavit, al cual se le atribuye haber generado deudas impagables para los trabajadores. Legisladores de la mayoría señalaron que en el pasado se construyeron unidades habitacionales sin planeación adecuada, ubicadas en zonas alejadas y con poca infraestructura.

Guadalupe de la Cruz

La reforma a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México pretende ser más sencilla, ágil, rápida y oportuna, la cual, ya fue aprobada por el pleno y lo que sigue es presentarla ante la legislatura local para su aprobación.

Así lo dio a conocer Ricardo Sodi Cuéllar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien agregó que lo que buscan es reorganizar el sistema administración de Justicia, pues la actual ley tiene alrededor de 25 años de vigencia.

«Lo que buscamos es que que todos los puestos del PJEM sean a través de concursos,
reglamentar las prácticas profesionales meritorias y trabajo social, implementar un sistema novedosos como el modelo colmena que ha dado tantos resultados, así como implementar un nuevo sistema de jurisprudencia y homologar las figuras, ya que queremos tener una ley orgánica vanguardista», precisó.

El también presidente del Consejo de la Judicatura del PJEM indicó que el programa se llama «Acceso a la Justicia» precisamente para hacer más cercano la justicia a la población, que los trámites no sean tan tardados y la resolución sea en tiempo y forma».

«Sabemos que nadie viene al Tribunal por justo, entonces tenemos que hacer los procedimientos más sencillos, ágiles, rápidos y oportunos, a fin de que los mexiquenses tenga un acceso a la justicia sin reservas», mencionó.

Cabe mencionar que el Poder Judicial cuenta actualmente con 5 mil 780 servidores públicos y con la ley anterior llegaba a 2 mil 500, «por lo que es necesario actualizarnos y reconocer y aprovechar las bondades del tribunal para otorgar la mejor justicia con cálida y rápidez que es lo que la gente espera».