Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), dijo que la inclusión de todos los sectores universitarios en el Consejo Universitario constituye uno de los pilares de la reforma institucional que actualmente se impulsa, al considerar que una representación amplia fortalece la toma de decisiones y la vida democrática de la universidad.

En entrevista, tras la presentación del Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México, Zarza Delgado destacó que este enfoque participativo es uno de los aspectos más relevantes del proceso de reforma, ya que permite incorporar las voces de los distintos espacios académicos y administrativos en los órganos de gobierno universitario.

Asimismo, detalló que el procedimiento contempla la elaboración de un anteproyecto que será sometido nuevamente a consulta y revisión, antes de ser formalmente presentado. De acuerdo con la rectora, se prevé que, una vez concluida esta etapa de socialización y ajustes, el documento pueda entregarse al Ejecutivo estatal hacia finales de marzo.

La rectora subrayó que el proceso se desarrolla con orden y apertura, priorizando el diálogo y la construcción de consensos como elementos indispensables para avanzar en la reforma universitaria.

En otro tema, informó que el proyecto cultural para el edificio histórico de Rectoría se encuentra en fase de anteproyecto, por lo que aún se realizan trabajos técnicos preliminares. Indicó que, debido al carácter patrimonial del inmueble, será necesario contar con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) antes de definir su ejecución.

Agregó que, por el momento, no se cuenta con una estimación presupuestal, ya que esta dependerá del anteproyecto arquitectónico. No obstante, destacó que otros espacios culturales ubicados en el edificio histórico ya operan en su totalidad.

Finalmente, Patricia Zarza indicó que con estas acciones, la UAEMéx avanza en un proceso de transformación institucional basado en la participación, el consenso y la preservación de su patrimonio histórico.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de asegurar un ingreso base a personas empleadas en sectores donde tradicionalmente dependen de propinas, como restaurantes, hoteles, gasolineras, centros deportivos y establecimientos de entretenimiento.

La modificación incluye cambios a los artículos 90, 344, 346, 347, 348 y 350 de la legislación laboral, y establece que las propinas no podrán sustituir el salario mínimo ni considerarse como única fuente de ingreso. Con ello, se busca asegurar que estos trabajadores cuenten con un salario fijo que no sea inferior al mínimo legal o profesional correspondiente.

La propuesta contempla además que las propinas deben distribuirse de manera equitativa entre quienes las generen y que los empleadores no podrán apropiarse, reservarse ni disponer de ellas. En caso de que las propinas se integren al costo del servicio, esta inclusión será opcional para el cliente. También se prohíbe utilizarlas para cubrir gastos operativos, como la reposición de cristalería o utensilios rotos.

El dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social también establece que las personas empleadoras tendrán un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para actualizar sus reglamentos internos conforme al nuevo marco legal.

Uno de los principales objetivos de la reforma es brindar acceso a derechos laborales fundamentales —como seguridad social, vivienda y salud— a más de 700,000 trabajadoras y trabajadores que hasta ahora no contaban con un salario fijo. Entre los beneficiarios se encuentran meseros, despachadores de gasolina, botones, acomodadores de autos y otros empleados de establecimientos donde se trabaja bajo el esquema de propinas.

La reforma fue promovida por el diputado Pedro Haces Barba, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien subrayó la importancia de garantizar condiciones laborales dignas en todos los sectores de servicio. El legislador anticipó que la iniciativa podría discutirse y votarse por el Pleno de la Cámara de Diputados entre el martes 29 y el miércoles 30 de abril.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó las declaraciones del exmandatario Ernesto Zedillo, quien expresó su preocupación por el rumbo democrático de México y criticó la reforma al Poder Judicial impulsada por el actual gobierno.

Zedillo, en una entrevista concedida a la revista Nexos, manifestó su rechazo a diversos aspectos de la administración actual, como el presunto desequilibrio de poderes, la desaparición de órganos autónomos, la militarización de la seguridad pública y la iniciativa para reformar el sistema judicial. En su opinión, estos cambios representan una amenaza para la democracia mexicana.

En respuesta, Sheinbaum atribuyó estos señalamientos a una estrategia de sectores opositores que, mediante algunos medios de comunicación, buscan construir una nueva narrativa crítica contra su gobierno. Según la mandataria, esta dinámica intenta posicionar a figuras como Zedillo como nuevos portavoces de la oposición, ante la pérdida de credibilidad de otros actores políticos.

La presidenta también cuestionó el historial del expresidente, al señalar que su administración impulsó decisiones que tuvieron consecuencias negativas para la población, como la conversión de deudas privadas en deuda pública a través del Fobaproa, además de mencionar hechos de violencia ocurridos durante su sexenio, como la matanza de Acteal.

Sheinbaum resaltó que, a pesar de las diferencias, considera valiosa la participación de voces críticas en el debate público, al considerar que el ejercicio de la libertad de expresión constituye un elemento esencial en la vida democrática del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará una iniciativa de reforma a la Ley Aduanera al Congreso de la Unión. El objetivo es fortalecer la responsabilidad en cada eslabón de la cadena de comercio exterior, incluyendo a los agentes aduanales.

Durante su participación en la conferencia matutina del martes, Sheinbaum explicó que actualmente existe un vacío de responsabilidad entre quienes participan en los procesos de importación, especialmente los agentes aduanales, quienes anteriormente no respondían ante posibles irregularidades en los trámites o declaraciones.

La propuesta contempla que todos los involucrados en la operación de las aduanas —desde quienes importan mercancía hasta los servidores públicos encargados del proceso— asuman un papel más activo y transparente en la rendición de cuentas. La presidenta señaló que hay esquemas utilizados para evitar el pago de impuestos, como declarar productos bajo el régimen de maquila, lo que permite su entrada al país sin el pago del IVA o del IEPS, aunque finalmente se comercializan dentro del territorio nacional.

Sheinbaum mencionó que esta práctica impacta directamente en la recaudación fiscal, pues el Estado deja de percibir recursos importantes. En este contexto, también destacó que las aduanas han tenido un papel relevante en la recaudación nacional, generando ingresos por un billón 250 mil millones de pesos. En lo que va del año, dichos ingresos aumentaron en 83 mil millones de pesos.

El anuncio ocurre en medio de un nuevo impulso al control de las aduanas, luego del regreso de Rafael Marín Mollinedo a la Agencia Nacional de Aduanas. Además, se han intensificado los operativos, como el denominado “Limpieza”, en el que se decomisaron 33 contenedores con mercancía china que ingresó de manera ilegal al país.

La propuesta de reforma busca consolidar un sistema aduanero más eficiente, transparente y con mayores controles, en el que todos los actores asuman su responsabilidad legal y fiscal.

El Ejecutivo del Estado de México presentó una iniciativa al Congreso Local para ampliar los supuestos a considerar para otorgar la amnistía, entendiéndose esta como el mecanismo mediante el cual se concede el perdón o el olvido legal, extinguiendo las acciones penales y las sanciones impuestas por la comisión de actos delictivos.

“La Ley de Amnistía del Estado de México representó un paso positivo para subsanar las deficiencias e injusticias que podrían haber estado presentes en casos dirimidos ante la autoridad jurisdiccional, principalmente por condiciones de marginación. La inclusión de estos nuevos supuestos busca promover una justicia más equitativa y restaurativa, en concordancia con el marco constitucional y convencional vigente”, explica la iniciativa.

A la par, se especifica que este beneficio es una herramienta correctiva del sistema de justicia penal, para evitar mantener su actuación bajo sesgos estructurales o sin tomar en cuenta condiciones de desigualdad que afectaron el debido proceso.

La propuesta de reforma a la Ley de Amnistía busca beneficiar a quienes padezcan enfermedad terminal o crónico degenerativa grave diagnosticada y a las mujeres acusadas o sentenciadas que no hubieren sido juzgadas con perspectiva de género o perspectiva de derechos humanos.

También a las personas acusadas o sentenciadas por delitos cometidos bajo una situación de vulnerabilidad manifiesta, desventaja, asimetría o existencia de alguna categoría sospechosa.

De igual manera sustenta que en algunos casos la aplicación del derecho penal carece de una visión integral que incorpore la perspectiva de género ni la interseccionalidad, lo cual ha generado consecuencias injustas para las mujeres que enfrentan procesos penales sin que se reconozcan sus contextos de vida, las violencias que las han llevado a esos lugares o las desigualdades estructurales que condicionaron su actuar, de ahí que se requiera mejorar el sistema de justicia.

Ernestina Godoy, asesora jurídica del Ejecutivo federal, presentó una serie de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas en México.

Uno de los aspectos clave de la propuesta es la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo de identidad oficial, acompañada de datos biométricos como fotografía y huellas dactilares. Esta plataforma permitirá la consulta de información en tiempo real, facilitando la colaboración entre autoridades y ciudadanos en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.

La reforma también establece que las investigaciones por desapariciones forzadas deberán comenzar inmediatamente, sin esperar las tradicionales 72 horas. Esto se logrará mediante la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación, donde se registrarán las denuncias de desaparición y se compartirá la información de forma inmediata entre las autoridades pertinentes. Esta base deberá entrar en funcionamiento dentro de los 180 días siguientes a la promulgación de las reformas.

Otra de las principales modificaciones incluye el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el aumento de las capacidades de las fiscalías federales y estatales en la investigación de estos casos. Además, se contemplan sanciones para aquellos servidores públicos y particulares que incumplan con las obligaciones de generar, actualizar y compartir la información relevante para la búsqueda.

Asimismo, se creará un Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que operará de manera similar a un sistema de inteligencia artificial, permitiendo identificar coincidencias entre las bases de datos gubernamentales y privadas. Empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios deberán sumarse a este sistema para contribuir con información que facilite la localización de personas desaparecidas.

Las reformas también buscan garantizar el derecho a la identidad y la protección del Estado a través del uso generalizado de la CURP, asegurando que todas las personas, desde su nacimiento, cuenten con esta identificación oficial tanto en el ámbito físico como digital.

La diputada Miriam Silva Mata, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para modificar el artículo 218 del Código Penal del Estado de México, con el objetivo de incluir la violencia vicaria como un delito dentro de la violencia familiar.

La propuesta responde a la necesidad de atender un problema que afecta a mujeres y menores, quienes sufren daño emocional y psicológico cuando se les utiliza como medio para ejercer control o castigo en contextos de conflicto familiar. De acuerdo con cifras recientes, el Estado de México registra el porcentaje más alto de violencia vicaria a nivel nacional, con un 78% de los casos documentados.

La reforma busca establecer sanciones para quienes incurran en este tipo de violencia y fortalecer la protección de las víctimas, garantizando que el marco legal contemple esta forma de agresión dentro de la legislación penal de la entidad.

Un total de 100 municipios aprobaron la minuta con proyecto de decreto que da paso a la reforma del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), mientras que tres la rechazaron; no obstante, al cumplir con el requisito, se procederá a su publicación en Gaceta de Gobierno.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, se dio cuenta que el 80% de los 125 municipios respaldaron la minuta, siendo que se requerían del 50% más uno, es decir, de 64 aprobaciones.

En este sentido, la Diputación Permanente declaró aprobada la minuta, se procedió a informar al Ejecutivo y se prevé en breve sea publicado el decreto en Gaceta de Gobierno para que pueda entrar en vigor.

La reforma aprobada da cuenta que el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025 dará inicio a más tardar el 31 de enero de 2025; la Elección Judicial será el 1 de junio y se elegirán integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y los cargos vacantes y retiros programados de Juezas y Jueces del Poder Judicial.

Se establece que la Legislatura o la Diputación Permanente determinará, a más tardar en la primera semana de febrero de 2025, la porción de cargos a elegir en cada jurisdicción considerando las vacancias, renuncias y retiros programados, las personas que resulten electas tomarán protesta de su encargo ante la Legislatura el 5 de septiembre de 2025.

Se deberá determinar el calendario del proceso electoral, se debe proceder a la designación de la o él presidente interino que fungirá por 9 meses, y subraya que el periodo de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y las Juezas y Jueces del Poder Judicial que resulten electos en la elección extraordinaria de 2025, duraran ocho años.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una propuesta de reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con el propósito de combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos destinados a los trabajadores. Según el gobierno, la estructura actual del instituto dificulta las auditorías internas y permitió la operación de redes delictivas que afectaron los derechos de quienes cotizan en este sistema.

Entre las irregularidades identificadas se encuentra la triangulación de dinero entre empresas contratadas, el pago de indemnizaciones a compañías que incumplieron contratos y la venta reiterada de un mismo inmueble. Estas prácticas involucraron a trabajadores del propio instituto, notarios, despachos y peritos valuadores, quienes se coludieron para otorgar múltiples créditos sobre las mismas propiedades, generando graves afectaciones a los beneficiarios.

La reforma planteada por el gobierno busca transformar el Infonavit en un organismo más transparente y con mayor control sobre sus procesos. Según Sheinbaum, estas medidas permitirán erradicar estas prácticas y garantizar que los recursos de los trabajadores se utilicen de manera adecuada. El objetivo central del cambio es cumplir con el derecho a la vivienda y proteger los ahorros destinados a este fin.

La iniciativa también incluye modificaciones en la estructura de gobierno del instituto. Se propone eliminar las direcciones sectoriales que, aunque no cumplen funciones sustantivas, han generado costos elevados. Asimismo, plantea homologar el esquema de gobierno corporativo al modelo del IMSS y dar al Ejecutivo federal la facultad directa de nombrar y remover al director general.

Otro punto relevante de la reforma es la eliminación del esquema de pagos por asistencia a sesiones de asamblea, consejo y comités, donde los integrantes perciben cantidades que oscilan entre 60 y 90 mil pesos por sesión. Con esto, se busca optimizar los recursos y enfocarlos en el cumplimiento de su objetivo principal: garantizar el acceso a la vivienda para los trabajadores.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que estas medidas buscan establecer un sistema más eficiente y libre de corrupción, permitiendo que los fondos del instituto se destinen a proyectos de vivienda social y a la protección del ahorro de los trabajadores. Romero también destacó que actualmente el instituto enfrenta resistencias que han impedido auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, situación que la reforma pretende corregir para garantizar el correcto uso de los recursos.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este viernes la reforma constitucional aprobada en el Senado de la República, que suprime siete organismos autónomos y traslada sus funciones a diversas secretarías de Estado. Entre los entes afectados se encuentran instituciones clave como el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Sheinbaum explicó que la desaparición de estos organismos no implica la eliminación de los mecanismos de regulación y contrapesos, sino que responde a un modelo de Estado que busca reducir la corrupción y los privilegios. En su discurso, enfatizó que el gobierno continuará con las tareas de regulación necesarias, pero bajo una visión distinta de justicia social.

En particular, la presidenta hizo hincapié en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), señalando que ha favorecido a los intereses de los empresarios en lugar de promover la competencia justa, especialmente en sectores como los de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según Sheinbaum, los organismos autónomos fueron creados no para regular monopolios privados, sino para evitar que las empresas públicas del Estado fueran tratadas como monopolios.

La reforma, agregó, tiene como objetivo devolverle al Estado la rectoría de distintas actividades económicas, sin cerrar la puerta a la participación privada o extranjera. Reiteró que la reforma busca recuperar el control del Estado sobre las empresas públicas, pero sin negar su capacidad de competir en un mercado abierto.

Este movimiento ha generado debate tanto en el ámbito político como en la sociedad, con críticos que aseguran que se trata de un paso hacia un gobierno más autoritario. Sin embargo, Sheinbaum defendió que esta reforma representa un cambio hacia un modelo más equitativo y transparente.