El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que incorpora la intervención o injerencia extranjera como una nueva causal para declarar la nulidad de elecciones federales y estatales en México. La minuta fue avalada durante la madrugada con el respaldo de Morena y sus aliados, y ahora deberá ser analizada por los congresos locales.

La modificación obtuvo 85 votos a favor y 42 en contra, con lo que alcanzó la mayoría calificada requerida para cambios constitucionales. Para su entrada en vigor, el proyecto deberá ser aprobado por al menos 17 legislaturas estatales.

La reforma surgió de una iniciativa impulsada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila. Sin embargo, la legislación secundaria necesaria para su aplicación fue retirada, por lo que no podrá utilizarse en el proceso electoral de 2027.

Durante el debate, legisladores de oposición advirtieron que la redacción del dictamen es ambigua y podría prestarse a interpretaciones discrecionales. La senadora Carolina Viggiano Austria sostuvo que la reforma podría utilizarse para cuestionar resultados electorales bajo el argumento de una supuesta intervención extranjera.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que el objetivo es garantizar que las decisiones electorales correspondan únicamente al pueblo mexicano, sin presiones externas, financiamiento extranjero o campañas de manipulación.

El dictamen señala que las causales de nulidad vigentes fueron diseñadas para atender conductas internas relacionadas con gasto electoral, cobertura mediática o uso indebido de recursos públicos, pero no contemplaban fenómenos como ciberataques, financiamiento opaco o campañas internacionales de desinformación.

Senadores de Movimiento Ciudadano y del PAN coincidieron en que la injerencia extranjera representa un riesgo real para las democracias, aunque expresaron preocupación por la falta de criterios claros para acreditar este tipo de intervenciones y por posibles afectaciones a la libertad de expresión de organismos internacionales.

En contraste, legisladores de Morena y del Partido del Trabajo defendieron la reforma al considerar que fortalece la soberanía nacional y protege los procesos electorales frente a influencias externas. La minuta continuará ahora su ruta legislativa en los congresos estatales antes de una eventual promulgación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el proceso de elección de la persona titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) será transparente y se desarrollará con plena autonomía de la Comisión de Vigilancia.

En conferencia de prensa, el legislador afirmó que no habrá intervención externa en el procedimiento y sostuvo que ningún coordinador parlamentario ni actor ajeno a la Cámara influirá en la decisión final.

Detalló que para el periodo 2026-2034 se registraron 92 candidatas y candidatos, cifra que representa el doble de las solicitudes presentadas hace ocho años, cuando participaron poco más de 40 aspirantes.

Monreal explicó que la Comisión de Vigilancia iniciará el calendario de comparecencias, en el que se prevé que participen todas las personas inscritas, salvo aquellas que no cumplan con los requisitos legales establecidos.

Indicó que la evaluación considerará no solo el desempeño en la comparecencia, sino también el historial profesional, el perfil académico y la trayectoria en el servicio público, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la Ley de Fiscalización.

El diputado reiteró que la decisión corresponderá exclusivamente a la Comisión de Vigilancia, órgano responsable de conducir el proceso y proponer la terna correspondiente.

En otro tema, informó que la Junta de Coordinación Política acordó por consenso aprobar 11 dictámenes que habían sido trabajados en semanas previas, de los cuales siete se discutirán en la sesión de este martes y cuatro en la jornada siguiente.

El legislador subrayó que el objetivo es garantizar procedimientos institucionales y fortalecer la legalidad en la designación de la nueva persona titular de la ASF.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, y la remitió al Ejecutivo federal para sus efectos. La minuta obtuvo 450 votos a favor en lo general, sin sufragios en contra ni abstenciones, y 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención en la discusión de los artículos reservados.

El dictamen regresó del Senado con modificaciones a diversos artículos de la nueva ley y ajustes en disposiciones de los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como de las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, Nacional de Extinción de Dominio y Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Desde la Mesa Directiva se precisó que, conforme al artículo 72 constitucional, la discusión en San Lázaro se limitó a los cambios introducidos por la colegisladora.

La nueva Ley General fija penas de 15 a 25 años de prisión y multas de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización para quien obligue, sin derecho, a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o provocando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico. Las sanciones aumentan entre cuatro y ocho años cuando la extorsión se vincula con cobro de cuotas, uso del sistema financiero, empleo indebido de instituciones públicas o privadas para coaccionar, o aprovechamiento de situaciones de riesgo o procedimientos legales.

El marco aprobado agrava las penas entre cinco y doce años adicionales cuando el delito se comete mediante dispositivos, servicios o plataformas de telecomunicaciones y aumenta de siete a diecisiete años cuando se utilizan armas o instrumentos peligrosos, o se afecta de manera directa la economía de una comunidad. Además, establece sanciones de 10 a 20 años de prisión y multas de 200 a 400 UMAS para servidores públicos que omiten denunciar estos delitos, y prevé castigos mayores para quienes facilitan medios o condiciones para su comisión. Las personas sentenciadas por extorsión quedan excluidas de beneficios de libertad anticipada, sustitución o conmutación de pena y de cualquier esquema preliberacional.

Durante la discusión, el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, subrayó que en un sistema bicameral la revisión de los actos de la colegisladora forma parte de la normalidad institucional y no debe generar agravios. Rechazó expresiones que vinculan a gobiernos o legisladores con el narcotráfico y se definió como “garantista”, al advertir que el simple aumento de penas no resuelve por sí mismo la problemática de seguridad, y que se requieren también condiciones económicas y sociales distintas para reducir la comisión de delitos.

Desde la bancada del PAN, Marcelo de Jesús Torres Cofiño afirmó que el Senado corrigió la redacción del artículo 17, fracción quinta, para precisar que el agravante se refiere al uso de servicios de telefonía y sistemas de telecomunicaciones, y no a “medios de comunicación” en sentido amplio. Por el PVEM, Ricardo Madrid Pérez consideró acertada esa precisión y destacó la obligación de los tres órdenes de gobierno de diseñar una estrategia nacional contra la extorsión basada en diagnósticos claros y acciones coordinadas.

Legisladores del PT, como Mary Carmen Bernal Martínez y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, calificaron la minuta como un instrumento más técnico y con mayores herramientas para enfrentar la extorsión. Señalaron que el artículo 18 permite imponer penas de hasta 42 años de prisión a servidores públicos y líderes criminales involucrados, sin beneficios de preliberación, y la ubicaron como parte de una estrategia de fortalecimiento institucional y depuración de cuerpos de seguridad.

Por el PRI, Emilio Suárez Licona reconoció avances, como la persecución de oficio del delito, pero advirtió la ausencia de previsión presupuestal para fondear la estrategia y reforzar a policías estatales y municipales. Recordó que las penas base se incrementaron a un rango de 15 a 25 años de prisión y cuestionó la eliminación total de beneficios a las personas sentenciadas, al considerar que se mantiene una lógica punitiva que no garantiza por sí sola eficacia, aunque anunció el voto a favor de su bancada con la expectativa de resultados concretos.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, calificó como una respuesta integral y oportuna el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, presentado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El legislador destacó que la estrategia representa una nueva etapa en el combate a la inseguridad en la entidad.

Monreal subrayó que la iniciativa se sustenta en la voluntad política y en la sensibilidad del Gobierno Federal para escuchar a todos los sectores sociales, lo que, dijo, la distingue de ejercicios anteriores en materia de seguridad.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el coordinador del grupo parlamentario de Morena aseguró que la propuesta del Ejecutivo Federal busca atender de manera estructural los problemas de violencia e impunidad que afectan a Michoacán.

El plan, presentado en Palacio Nacional junto con el gabinete presidencial, incluye un presupuesto de 57 mil millones de pesos, una visión integral y un calendario de evaluaciones periódicas que permitirán medir su impacto y avance.

De acuerdo con Monreal Ávila, la estrategia se compone de 12 ejes temáticos y más de 100 acciones específicas, con un enfoque que promueve la participación ciudadana en la verificación y seguimiento de los resultados.

El diputado morenista destacó que este nuevo modelo se orienta a reconstruir el tejido social, fortalecer las instituciones locales y garantizar el acceso a la justicia para las y los michoacanos.

Asimismo, señaló que el plan impulsa la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como la colaboración con organizaciones civiles, académicas y comunitarias.

Monreal enfatizó que este enfoque integral “contrasta con la improvisación y la demagogia” de estrategias aplicadas en el pasado, que no atendieron las causas profundas de la violencia.

Finalmente, el legislador expresó su respaldo a la presidenta Sheinbaum y consideró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia sienta las bases de una política pública con seguimiento, evaluación y resultados verificables.