El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) conmemoró el segundo aniversario de la Sala de Asuntos Indígenas con un acto simbólico en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el pasado 11 de abril. Esta instancia, encabezada por el magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral, fue creada el 30 de marzo de 2023 como resultado de un proceso de consulta a pueblos originarios y mediante una reforma a la Ley Orgánica del PJEM.

La creación de la Sala respondió a la necesidad de construir una justicia con enfoque intercultural, que reconociera la identidad de las comunidades indígenas y afromexicanas en la entidad. Desde su instalación, la Sala ha atendido casos donde una de las partes se autoadscribe como integrante de una comunidad originaria, lo que permite la activación de su competencia sin necesidad de otros requisitos.

Con facultades en segunda instancia en materias civil, familiar y penal, la Sala de Asuntos Indígenas también ha brindado opiniones consultivas a petición de comunidades o autoridades involucradas en asuntos de relevancia jurídica. Hasta ahora, ha conocido 38 recursos de apelación, de los cuales 32 ya cuentan con resolución. La mayoría correspondió a asuntos penales.

En su primer año de funcionamiento, la Sala inició sus actividades tras una etapa de consulta llevada a cabo en cumplimiento del artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica reformada. Este ejercicio incluyó la realización del “Foro de Interculturalismo para la Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México” en noviembre de 2022, con participación de representantes de pueblos originarios y convocatorias en lenguas indígenas como matlatzinca, mazahua, náhuatl, otomí y tlahuica.

A dos años de distancia, la existencia de esta Sala representa un avance en la consolidación de una justicia plural, respetuosa de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Su labor ha contribuido a visibilizar las necesidades jurídicas de estas comunidades y a fortalecer el vínculo entre el sistema judicial estatal y las realidades culturales de la población.

Bajo la conducción del magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral, la Sala de Asuntos Indígenas ha construido un modelo de atención que busca equilibrar la aplicación del derecho con el reconocimiento de la diversidad cultural en el Estado de México.

“La justicia no es solo para resolver conflictos, es para transformar vidas. Eso es lo que hace la Sala de Asuntos Indígenas”, afirmó Fernando Díaz Juárez, presidente del Poder Judicial del Estado de México.

En entrevista, el magistrado presidente destacó que la sala nació para servir, tutelar, escuchar y hacer valer los derechos de las comunidades originarias de la entidad.

“Esta sala ha transformado de manera profunda la visión y la práctica de la justicia, en donde lo más valioso es la persona, su cultura y sus derechos”, señaló.

Díaz Juárez recalcó que el reto del Poder Judicial es claro: mantener una justicia cercana, respetuosa de la pluralidad cultural, y recuperar la confianza ciudadana a través de la sensibilidad y el compromiso, “nuestro compromiso no es solo con la ley, sino con las personas que han sido históricamente invisibilizadas”.

Recordó que la Sala de Asuntos Indígenas surgió hace dos años por un consenso legislativo y un impulso institucional, en una entidad donde conviven la modernidad y la tradición. “No podemos permitir que ningún proceso pase por alto los derechos de quienes se auto adscriben como parte de un pueblo originario”.

Asimismo, dijo que con más de 400 mil personas indígenas y cerca de 300 mil afromexiquenses en el territorio, esta sala se ha consolidado como un referente nacional. En dos años, ha radicado 38 apelaciones —31 de ellas ya resueltas— y emitido cuatro opiniones consultivas.

Finalmente, precisó que con cada resolución, trasciende los números. “Se trata de hacer justicia real, como en un caso emblemático en el que se anuló una sentencia por graves fallas al debido proceso. Eso es proteger derechos y transformar el presente de nuestras comunidades”.

Desde su creación, la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México ha trabajado con un firme compromiso: garantizar el acceso a la justicia con respeto a la diversidad cultural y lingüística. Su labor ha sido clave para fortalecer la protección de los derechos de personas, pueblos y comunidades originarias en la entidad.

En 2024, la Sala radicó 26 expedientes en materia penal y uno en el ámbito civil; además de emitir una opinión consultiva. En ese periodo resolvió 27 sentencias, dos fueron revocadas, siete confirmadas, ocho modificadas y en diez se ordenó la reposición del procedimiento por no contar con traductores.

Otras acciones que ha realizado este organismo son absolución de personas, resolución de apelaciones, análisis con perspectiva intercultural y estudios de vulnerabilidad por ser mujer o persona con discapacidad.

La Sala resolvió sobre un conflicto intrafamiliar en el que dos tíos adultos mayores eran golpeados por un sobrino de la comunidad mazahua; en este caso, se aprobó la reposición del procedimiento, a fin de que los derechos lingüísticos de las partes y la cultura de la paz fueran privilegiados.

Por otra parte, la SAI designó a 34 intérpretes en distintas lenguas indígenas, como náhuatl, otomí, mixteco, mazateco, cuicateco, chinanteco y mixe, asegurando que cada persona comprendiera y ejerciera plenamente sus derechos.

Además, sus integrantes firmaron convenios clave, entre otros, con el Poder Judicial de Oaxaca, para reforzar el intercambio de experiencias sobre justicia indígena. También formalizaron una alianza con la Universidad Intercultural del Estado de México para impartir cursos sobre interculturalismo.

Con cada expediente atendido, sentencia dictada y espacio de diálogo generado, la Sala de Asuntos Indígenas del PJEdomex sigue construyendo un sistema de justicia cercano, sensible e inclusivo, donde la identidad y los derechos de los pueblos indígenas sean plenamente reconocidos y respetados.

El Poder Judicial del Estado de México realizará el Primer Foro Temático de Interculturalismo titulado «Medicina tradicional y justicia indígena». Este evento, organizado por la Sala de Asuntos Indígenas, busca generar un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias, con el fin de fortalecer la comprensión y colaboración en estos temas.

El foro se organiza en respuesta a las inquietudes surgidas durante la Segunda Sesión Itinerante del órgano, que se llevó a cabo en el Centro Ceremonial Otomí en Temoaya. La inauguración del foro estará a cargo del Magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar, acompañado por Mario Eduardo Navarro Cabral, Presidente de la sala.

El evento tendrá lugar en la Escuela Judicial del Estado de México el 28 de junio y se enfocará en la relación entre la medicina tradicional y la justicia indígena. La conferencia magistral inaugural, titulada «Medicina tradicional y cultura para la paz», será presentada por la Diputada María Zareth Cruz Hernández y moderada por el Magistrado Hernán Mejía López.

El programa del foro incluirá dos mesas de trabajo. La primera mesa, sobre «La medicina tradicional, aspectos teóricos», contará con tres participantes propuestos por la Universidad Intercultural y será moderada por la Magistrada Érika Castillo Vega. La segunda mesa, «La medicina tradicional, aspectos prácticos», incluirá tres participantes propuestos por el CEDIPIEM y la Diputada Cruz Hernández, con la moderación de la Magistrada María Ledit Becerril García.

El evento concluirá con una relatoría y conclusiones presentadas por el Magistrado Arturo Márquez González. Los miembros de la Sala de Asuntos Indígenas tendrán un rol activo en el desarrollo del evento, encargándose de las relatorías sobre los temas discutidos. Los resultados de estas reflexiones se incorporarán en acuerdos y criterios procesales, asegurando que las discusiones tengan un impacto tangible en la justicia indígena.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, bajo la presidencia del Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, ha dado luz verde, de forma unánime, al innovador Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Interculturalismo de la Sala de Asuntos Indígenas. Este protocolo, que incorpora principios fundamentales como la jurisdicción indígena, la interseccionalidad, la transversalidad, el enfoque de género, los derechos de la niñez y de los afrodescendientes, representa un paso significativo en el camino hacia una justicia más inclusiva.

Este documento, que se erige sobre la base del precedente por consideración, el amicus curiae, la cultura de paz y la justicia penal intercultural, tiene como principal foco los derechos humanos de más de 400 mil miembros de pueblos originarios y 300 mil afrodescendientes en el estado de México.

El Magistrado Sodi Cuellar ha anunciado una serie de actividades en el marco de la Sala de Asuntos Indígenas, que incluyen un curso destinado a juezas y jueces, la publicación del Protocolo, una edición especial de la Revista Yo por la Justicia, la creación de un documental y la organización de una mesa técnica indígena en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Edomex. Además, el Consejo de la Judicatura tiene previsto emitir un manual y reglamento interno para los procedimientos de la Sala, así como la publicación de un libro que explore la visión de las diferentes etnias.

El Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Interculturalismo fue presentado ante el Pleno del Tribunal por el Magistrado Edgar Hernán Mejía López, Presidente de la Sala de Asuntos Indígenas, quien lo elaboró con el objetivo de garantizar una justicia real y sensible para los pueblos originarios y afrodescendientes. E

ste protocolo se convierte en el cuarto a nivel nacional, después de Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala, y se fundamenta en el sistema universal de derechos humanos, consolidando una recopilación de más de 100 instrumentos internacionales, nacionales, regionales y locales. Su finalidad es brindar a juezas y jueces las herramientas necesarias para proteger los derechos humanos de estos grupos tanto en el ámbito personal como colectivo.

Cabe destacar que la aprobación inicial de este Protocolo fue responsabilidad de la propia Sala de Asuntos Indígenas, y en una reciente sesión extraordinaria, sus miembros, María Ledit Becerril García, Érika Icela Castillo Vega, Mario Eduardo Navarro Cabral, Arturo Márquez González y el propio Mejía López, votaron por unanimidad en su favor.