La Suprema Corte cierra la puerta a revisar su amparo y deja firme el adeudo fiscal por 19.2 millones de pesos; el caso reabre preguntas sobre poder sindical, rendición de cuentas y memoria institucional.

Durante décadas, en los pasillos del poder político y sindical, el apodo circulaba con una mezcla de ironía y advertencia, “Doña Perpetua”; no era una condena formal, sino la metáfora de una permanencia que parecía inagotable, Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, moldeó durante más de veinte años una estructura de influencia que atravesó gobiernos, partidos y reformas educativas, hoy, el escenario es otro, la disputa ya no es por plazas ni por reformas, sino por un adeudo fiscal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no atraer ni revisar el amparo promovido por la exlideresa magisterial contra el pago de 19.2 millones de pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009, la determinación, procesal en apariencia, tiene efectos sustantivos, deja firme la resolución que valida el crédito fiscal determinado por la autoridad hacendaria y agota, en los hechos, la vía constitucional intentada por la defensa.

El adeudo deriva de revisiones practicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre ingresos y operaciones declaradas en 2008 y 2009, la autoridad fiscal concluyó que existieron diferencias entre lo reportado y lo efectivamente percibido, lo que generó un crédito por 19.2 millones de pesos en ISR, actualizaciones y accesorios, la controversia no versó sobre la vigencia de la obligación tributaria, que es general, sino sobre la legalidad del procedimiento de determinación y la valoración de pruebas contables.

La defensa de Gordillo alegó violaciones procesales y cuestionó la fundamentación del crédito, sostuvo, entre otros puntos, que hubo indebida apreciación de pruebas y errores en la motivación de la autoridad, los tribunales federales que conocieron del asunto confirmaron la validez del acto administrativo, ante ello, la exdirigente buscó que la Corte revisara el caso vía amparo; la SCJN, en ejercicio de su facultad discrecional, decidió no hacerlo.

En el diseño constitucional mexicano, la negativa a revisar no implica pronunciamiento sobre el fondo de todos los argumentos, pero sí consolida lo resuelto por instancias inferiores, en términos prácticos, la ruta judicial queda cerrada y el crédito fiscal permanece exigible.

El contraste es inevitable, Gordillo encabezó el sindicato más grande de América Latina, con capacidad de negociación presupuestal y política en cada ciclo electoral, su influencia en la designación de funcionarios educativos y en la interlocución con el Ejecutivo fue, durante años, determinante, la narrativa pública sobre su figura se construyó entre apoyos y críticas, reformas y resistencias.

El litigio actual, en cambio, se mueve en la aridez técnica del derecho fiscal, no hay asambleas multitudinarias ni conferencias de prensa combativas, sino escritos, plazos y criterios jurisprudenciales, sin embargo, el caso tiene un valor simbólico, recuerda que la obligación tributaria es universal y que la rendición de cuentas no distingue trayectorias.

La decisión de la SCJN de no atraer el asunto obedece a criterios de relevancia constitucional y trascendencia, el máximo tribunal selecciona los casos que ameritan fijar criterios de alcance general, en este expediente, la Corte consideró que no se actualizaban esos supuestos, con ello, confirmó indirectamente la suficiencia del análisis realizado por los tribunales colegiados.

Para el SAT, el desenlace refuerza la firmeza del crédito y habilita los mecanismos de cobro previstos en la ley, incluidos acuerdos de pago o ejecución; para la defensa, se trata de un punto final en la jurisdicción constitucional, aunque siempre subsisten vías administrativas de cumplimiento o negociación dentro del marco legal.

Políticamente, el episodio reaviva debates sobre el legado de Gordillo y la relación histórica entre sindicatos y poder público; no es un juicio sobre su pasado sindical, sino una resolución sobre un adeudo específico, pero en México, los símbolos pesan, cada capítulo judicial dialoga con la memoria colectiva.

El caso también pone a prueba la consistencia institucional, en un país donde la percepción de selectividad en la aplicación de la ley ha erosionado la confianza ciudadana, decisiones como ésta son observadas con lupa, la clave no es la espectacularidad, sino la regularidad, que el procedimiento sea claro, que la motivación sea sólida y que el cumplimiento sea verificable.

Desde la óptica jurídica, el mensaje es nítido, los créditos fiscales determinados conforme a derecho deben sostenerse ante el escrutinio judicial, desde la óptica pública, la escena es más compleja: una figura que encarnó poder enfrentar, ahora, la lógica impersonal del fisco.

“Doña Perpetua” fue un apodo que aludía a permanencia, el Estado de derecho, en cambio, aspira a otra perpetuidad, la de las reglas, con la puerta cerrada en la SCJN, el expediente de 2008 y 2009 deja de ser una controversia abierta y se convierte en obligación exigible, no hay épica en los números, pero sí hay un recordatorio: la ley fiscal, como la memoria institucional, no prescribe por fama.

El desenlace no redefine la historia del sindicalismo mexicano, pero sí añade una línea a su crónica, incluso las figuras más influyentes deben responder ante el mismo código tributario que rige a cualquier contribuyente, en tiempos de desconfianza, esa igualdad formal es, quizá, la parte más sustantiva de la noticia.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad cancelar el amparo que protegía al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, frente a la orden de aprehensión en su contra. Con esta resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) quedó habilitada para ejecutar el mandamiento judicial.

La decisión se tomó tras un debate centrado en la metodología del proyecto, no en el sentido del fallo. Aunque varios ministros expresaron reservas sobre la argumentación jurídica, coincidieron en que el amparo debía ser cancelado.

El caso se originó en enero de 2021, cuando la FGR abrió una carpeta de investigación contra el entonces mandatario por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Durante su gestión, García Cabeza de Vaca promovió recursos legales para frenar el avance del proceso.

Al concluir su mandato, en octubre de 2022, la Fiscalía obtuvo una nueva orden de aprehensión por dos de los delitos señalados en la investigación inicial. Posteriormente, un juzgado federal negó el amparo tanto al exgobernador como a familiares y personas relacionadas en el expediente.

En la sesión del pleno, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz solicitó la presentación del proyecto del amparo en revisión 435/2025, a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministros como Yasmín Esquivel Mossa, Giovanni Azael Figueroa Mejía y Loretta Ortiz respaldaron el sentido del fallo, aunque señalaron diferencias en la construcción jurídica del documento.

Finalmente, el pleno votó a favor del proyecto con votos concurrentes, lo que dejó sin efectos el último recurso que impedía la ejecución de la orden de captura contra el exmandatario, quien reside en Estados Unidos desde septiembre de 2022.

Tras conocerse la resolución, García Cabeza de Vaca reaccionó en redes sociales y criticó a los ministros. Afirmó que es víctima de persecución política y señaló: “Hoy quedó claro: la @SCJN no responde a la ley, responde al poder; ni ellos se pudieron poner de acuerdo en su determinación”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo órgano del Poder Judicial en México y ha desempeñado un papel fundamental en la historia política y social del país. Desde su creación en la Constitución de 1824, la Corte ha sido un pilar en la consolidación del Estado de Derecho, resolviendo conflictos entre poderes, garantizando los derechos de la ciudadanía y estableciendo precedentes que han moldeado la vida jurídica nacional.

Durante el siglo XIX, la Corte fue testigo y protagonista de las tensiones entre federalistas y centralistas, así como de las reformas liberales impulsadas por la Constitución de 1857. En esta época, comenzó a perfilarse como un árbitro institucional, aunque su independencia se veía limitada por la inestabilidad política y los constantes cambios de gobierno.

En el siglo XX, especialmente tras la promulgación de la Constitución de 1917, la SCJN adquirió mayores facultades de control constitucional. Este periodo marcó su evolución hacia un tribunal que no solo resolvía litigios, sino que también defendía derechos fundamentales y fiscalizaba la constitucionalidad de leyes y actos del Ejecutivo y Legislativo. Casos emblemáticos como la revisión de leyes laborales, agrarias y de seguridad social evidenciaron su influencia en la configuración de un Estado más incluyente.

En las últimas décadas, la Corte ha asumido un papel cada vez más visible en la protección de los derechos humanos. Reformas constitucionales, como la de 2011 en materia de derechos humanos, fortalecieron su capacidad de garantizar el respeto a tratados internacionales y ampliar el alcance de libertades fundamentales. Decisiones históricas sobre matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, derechos de los pueblos indígenas y libertad de expresión reflejan su papel en la transformación social del país.

Además, la SCJN ha funcionado como contrapeso político frente a intentos de concentración de poder. En contextos de polarización, sus resoluciones han contribuido a preservar la división de poderes y la estabilidad institucional. Su independencia judicial, aunque frecuentemente puesta a prueba, ha sido clave para mantener la confianza ciudadana en el sistema democrático.

La importancia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación radicó en su capacidad para adaptarse a los cambios políticos, sociales y jurídicos, sin abandonar su función esencial de garante de la Constitución. A lo largo de casi dos siglos, fue testigo y protagonista de los procesos que han definido a México, y su papel seguirá siendo crucial para la defensa de la legalidad y los derechos de todas las personas. Lamentablemente el panorama actual se visualiza difícil y complicado.

La renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que asumirá funciones el 1 de septiembre de 2025, representa un momento crucial para la justicia en México. Este cambio se da en un contexto marcado por una profunda reforma judicial, que reduce el número de ministros de once a nueve, elimina las dos salas divisionales y establece que el pleno resuelva todos los asuntos en sesiones públicas.

El nuevo cuerpo judicial recibirá más de 2,100 asuntos pendientes, que incluyen expedientes tanto del pleno como de las salas extintas. La reforma impone además plazos máximos de seis meses para resolver casos, bajo amenaza de sanción a través del Tribunal de Disciplina Judicial. Esta presión temporal, junto con el desconocimiento de seis ministros recién nombrados sobre el funcionamiento interno de la Corte, plantea un desafío formidable en términos de eficiencia y calidad judicial.

El origen del proceso electoral para elegir a los nuevos ministros, impulsado por Morena (se tiene que decir), ha sido criticado por expertos nacionales e instituciones internacionales por su posible afectación a la independencia judicial. Además, la presencia de perfiles con vínculos políticos o cuestionables desde lo ético aumenta la preocupación sobre el peso del poder político en las decisiones jurisdiccionales.

Entre los asuntos urgentes pendientes se encuentran casos de gran impacto, como la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, controversias constitucionales sobre reformas de la seguridad pública y deuda fiscal multimillonaria. Asimismo, la Corte debe enfrentar retos en materia de derechos humanos, justicia de género, derechos sociales y reconocimiento de comunidades indígenas. La Corte tiene un gran reto por delante.

La saliente Presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, y el actual Presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, deberán construir confianza en un órgano con agendas de transparencia, justicia cercana, paridad de género y perspectiva intercultural. La justicia social, el acceso equitativo a la impartición del derecho y la austeridad también son ejes destacados por miembros recientes como la recién elegida Ministra Lenia Batres.

La nueva SCJN inicia funciones en un entorno donde convergen la presión por desahogar un rezago histórico, la exigencia de autonomía institucional, desafíos estructurales y la tentación de convertir la justicia en una herramienta política. Para preservar su legitimidad y eficacia, será determinante que los ministros y ministras mantengan un compromiso ético con la imparcialidad, el respeto a los derechos fundamentales y una justicia apegada al Estado de Derecho. Como dice un gran periodista…. Al Tiempo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer este martes los resultados preliminares sobre los perfiles que formarían parte de la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, presentó una actualización sobre el avance de los cómputos distritales correspondientes a la elección judicial.

De acuerdo con los datos difundidos, nueve personas encabezan la lista de posibles ministras y ministros: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Sara Irene Guerra, Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni Azael Figueroa, Irving Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

El INE informó que el próximo 15 de junio se entregarán las constancias de mayoría a quienes resulten electos, una vez que se declare la validez de los resultados. Aunque el conteo aún no concluye —actualmente registra un avance de 91%—, el instituto consideró oportuno emitir un corte informativo sobre la tendencia que refleja el proceso.

Hasta ahora, no se ha definido quién ocupará la presidencia del máximo tribunal del país, ya que ese nombramiento dependerá del resultado final de los cómputos. Sin embargo, entre los nombres que encabezan las preferencias se encuentra Hugo Aguilar Ortiz, quien ha mantenido una posición destacada.

El INE explicó que el proceso de cómputo inició la misma noche de la jornada electoral y ha implicado la apertura y digitalización de los votos contenidos en cada paquete. En esta elección judicial, los votos tienen un peso representativo distinto al convencional, ya que una sola persona puede equivaler hasta a 39 sufragios en términos de representación.

La elección judicial ha estado marcada por una alta cantidad de votos nulos, que hasta el último corte superaban los 10 millones, con casi el 90% del avance en los conteos. Estos resultados reflejan una participación significativa, pero también un alto nivel de rechazo o inconformidad entre el electorado respecto al mecanismo de designación.

Hasta el corte de las 12:30 horas, la elección judicial para designar a la nueva ministra o ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) muestra a Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz como las principales candidatas con mayor respaldo ciudadano.

Lenia Batres encabeza la votación con un total de 2,918,613 sufragios. Le sigue de cerca Yasmín Esquivel, quien ha obtenido 2,547,381 votos, mientras que Loretta Ortiz registra 2,463,372 votos. En cuarto lugar se encuentra María Estela Ríos González, con 2,313,679 sufragios, y en la quinta posición se ubica Sara Irene Herrerías Guerra, con 1,524,090 votos.

En el apartado masculino, Hugo Aguilar Ortiz lidera con 3,087,727 votos, superando por un margen considerable a sus competidores. Le siguen Giovanni Azael Figueroa Mejía, con 1,679,410 votos, e Irving Espinosa Betanzo, con 1,641,542 sufragios.

De acuerdo con los datos oficiales, hasta este corte se han computado 49,286 actas de un total de 84,266, lo que representa el 58.49% del total de actas. La participación ciudadana ha mostrado un avance significativo en el desarrollo de la jornada electoral.

El proceso sigue en curso y se mantiene la expectativa sobre quién será el candidato o candidata que obtenga la mayor cantidad de votos, pues esa persona será nombrada ministra o ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo de gran relevancia en el sistema judicial mexicano.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena ha presentado su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convirtiéndose en el primer integrante del pleno en hacerlo en el contexto de la primera elección judicial en el país. La renuncia se formalizó mediante una carta enviada a la Mesa Directiva del Senado de la República.

En su comunicación, el ministro expresó que no se considera adecuado para ocupar un cargo que dependa del apoyo popular. Destacó que su trayectoria y habilidades lo califican para la judicatura, pero que su función debe enfocarse en proteger los derechos de quienes más lo requieren, no en validar la voluntad de las mayorías.

Gutiérrez Ortiz Mena indicó que su renuncia tendrá efectos a partir del 31 de agosto de 2025. Sin embargo, enfatizó que esto no implica un acuerdo tácito sobre la constitucionalidad de la reforma judicial que ha llevado a esta elección. Mencionó que opera bajo la presunción de validez de las normas, aunque esta es provisional y puede ser cuestionada en el futuro.

El ministro también reflexionó sobre la naturaleza de los cargos públicos, considerándolos como préstamos temporales que deben desempeñarse con decoro. Afirmó que su decisión de renunciar no es un abandono de una tarea inconclusa, sino un acto de congruencia con los principios constitucionales que rigen su labor.

Con su salida, Gutiérrez Ortiz Mena busca dejar un legado de integridad y responsabilidad, recordando que el verdadero éxito no radica en aferrarse a un cargo, sino en reconocer el momento adecuado para dejarlo con dignidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que Mario Aburto Martínez, único sentenciado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, permanecerá en prisión. La decisión se tomó por mayoría de tres votos en la Primera Sala, que aprobó un proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Este proyecto ordena reponer el procedimiento en el amparo tramitado por Aburto.

El caso será devuelto al tribunal Colegiado del Estado de México, donde se notificará a la familia de Colosio. Esto permitirá que la familia, en su calidad de víctimas, se manifieste respecto a una posible reducción de la condena de Aburto de 45 a 30 años de prisión. La Fiscalía General de la República (FGR) había impugnado el amparo previamente concedido a Aburto.

La Primera Sala había discutido este amparo el 25 de septiembre, pero el ministro Jorge Mario Pardo no participó en la votación debido a su involucramiento previo en el caso. En esa sesión, dos de los ministros expresaron su desacuerdo con el proyecto de González Alcántara Carrancá.

La ministra Margarita Ríos argumentó que el proyecto reabría un proceso que no consideraba la participación de las víctimas en el juicio original. Resaltó que, antes de la reforma constitucional de 2000, las víctimas eran representadas por el Ministerio Público y no tenían el reconocimiento que se busca ahora.

Con la inclusión de la ministra Lenia Batres, se alcanzó el número necesario de votos para aprobar el proyecto y reponer el procedimiento. Esta decisión implica que Aburto seguirá en prisión indefinidamente.

El amparo que se discutió originalmente consideraba que Aburto no debió ser juzgado bajo el Código Penal Federal, sino según el Código Penal del estado de Baja California, vigente en 1994, que establece una pena máxima de 30 años por homicidio. La Corte ahora busca que la familia de Colosio exprese su posición sobre el amparo solicitado por Aburto.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera ha decidido no buscar un cargo en la Suprema Corte y permanecerá en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con una extensión de su mandato por tres años más. En contraste, Reyes Rodríguez Mondragón enfrenta una decisión urgente sobre si renunciará a su puesto, lo que generaría una vacante sujeta a elección.

A partir del 1 de noviembre, la Sala Superior del TEPJF podría enfrentarse a un quórum mínimo, ya que los mandatos de Reyes Rodríguez y Fuentes Barrera expiran el 31 de octubre. Sin embargo, la reciente reforma judicial permite a los cinco magistrados actuales mantener sus cargos hasta 2027, evitando una posible crisis en el tribunal.

La magistrada Janine Otálora y sus colegas Mónica Soto y Felipe de la Mata verían su mandato extendido hasta 2025. En contraste, Fuentes y Rodríguez contarían con tres años adicionales, sumando a la extensión previamente otorgada en 2016.

Fuentes ha confirmado su decisión de no participar en las próximas elecciones para la Suprema Corte, optando por continuar como magistrado electoral hasta 2027. Por su parte, Rodríguez Mondragón ha manifestado su desinterés por la ampliación de su mandato, a pesar de la presión de sus pares para renunciar a la presidencia de la Sala Superior.

La urgencia en la decisión de Rodríguez Mondragón radica en la necesidad de notificar al Senado sobre su futuro. Si opta por concluir su periodo el 31 de octubre, el pleno del TEPJF podría operar con el quórum mínimo, lo que podría afectar su funcionalidad.

Asimismo, Otálora deberá decidir si acepta la ampliación de su mandato hasta 2027 o si prefiere dejar el cargo en 2025, al igual que Rodríguez Mondragón. La situación exige que el Senado esté al tanto de estas decisiones, ya que el proceso de evaluación de aspirantes comenzará en noviembre y debe considerar todas las vacantes definitivas en la Sala Superior.

Roberto Gil Zuarth, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), busca contender por un puesto como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta decisión se da en el marco de las elecciones judiciales programadas para junio de 2025, tras la reciente reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la intención de participar, Gil Zuarth ha declarado que cumple con los requisitos necesarios y ha anunciado su próximo registro ante el Senado, el cual abrirá el proceso este mes.

En cuanto a su formación académica, Gil Zuarth es egresado de la licenciatura en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Además, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y estudios de doctorado por la Universidad Carlos III de Madrid.

Su trayectoria en el sector público incluye roles destacados, como abogado general del PAN y representante ante el Instituto Federal Electoral entre 2006 y 2009. En el ámbito legislativo, fue diputado federal de 2009 a 2012 y, durante 2010, se desempeñó como subsecretario de Gobernación. Al año siguiente, asumió el cargo de secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Posteriormente, entre 2012 y 2018, ejerció como senador de la República, donde presidió la Comisión de Justicia.

Además de su carrera en la función pública, Gil Zuarth ha impartido clases en la Universidad Anáhuac del Sur y en el ITAM, donde ha enseñado materias relacionadas con derecho electoral, parlamentario, teoría de la democracia y derecho constitucional.

En el ámbito internacional, ha trabajado como consultor para la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Universidad Estatal de Nueva York en proyectos de fortalecimiento institucional y promoción de la democracia.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera firme la posibilidad de entablar un diálogo con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, o con cualquier integrante del máximo tribunal, para tratar las controversias surgidas a raíz de la reforma judicial.

Durante su conferencia matutina de este jueves, Sheinbaum señaló que las quejas relacionadas con este proceso deben dirigirse a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez. Agregó que la Secretaría de Gobernación tiene la facultad para abordar cualquier tema de gobernabilidad que implique la interacción entre poderes.

En otro tema, la presidenta se refirió a una reciente decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que votó cuatro a tres a favor de entregar las listas correspondientes para el proceso de elección judicial.

Sheinbaum también hizo mención de un fallo de la segunda sala de la Corte, el cual limita las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a actividades ilícitas. Este fallo, promovido por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha sido objeto de análisis dentro del gobierno.

Asimismo, Sheinbaum indicó que solicitó a la consejería jurídica y al ministro en retiro Arturo Zaldívar que examinen el impacto de esta resolución, especialmente en temas de lavado de dinero y crimen organizado, antes de emitir un posicionamiento oficial sobre el asunto.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomó la decisión de sumarse al paro nacional convocado por los trabajadores del Poder Judicial que rechazan la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante una sesión privada, los ministros votaron con una mayoría de ocho a favor y tres en contra para suspender sus actividades de manera indefinida.

La medida adoptada por la SCJN responde a la notificación formal de los trabajadores de la Corte, quienes desde el 19 de agosto han estado participando en el paro junto a los juzgados y tribunales federales de todo el país. La decisión del Pleno se produce en un momento crucial, ya que la Cámara de Diputados tiene previsto discutir la reforma judicial, que incluye la elección por voto popular de jueces y magistrados.

El paro de labores de la Suprema Corte es una respuesta directa a la preocupación por las implicaciones que tendría la reforma en la independencia judicial. Los ministros han señalado la importancia de defender la autonomía del Poder Judicial ante lo que consideran una amenaza significativa.

Está previsto que el lunes los ministros revisen nuevamente la situación para determinar si continúan con la suspensión de labores. Esta posible revisión sugiere que la Corte está considerando cuidadosamente las consecuencias de su decisión en el contexto de la reforma en curso.

Mientras tanto, durante el fin de semana, estudiantes de Derecho, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y ciudadanos llevaron a cabo una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República en protesta contra la reforma judicial, reflejando un creciente descontento social.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez se sumó a la petición conjunta que realizó la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener la prisión preventiva oficiosa.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria mexiquense aseguró que esta figura es de suma importancia para proteger a las víctimas.

“Como integrante de la #CONAGO, he unido mi firma con la de todos los Gobernadores de México en un documento dirigido a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual solicitamos mantener la prisión preventiva oficiosa, figura vital para proteger a las víctimas y preservar la seguridad pública”, expresó.

De acuerdo con los 32 integrantes dela CONAGO, la prisión preventiva es un mecanismo que responde a una política de combate al crimen, atendiendo los derechos de las víctimas del delito.

El exhorto fue remitido a la ministra Norma Lucia Piña Hernández, presidenta de la SCJN, sosteniendo que la prisión preventiva oficiosa es una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen, ya que facilita la conducción adecuada de los procesos penales y contribuye al esclarecimiento de los hechos.

Y es que es de referir que en próximas semanas se prevé discutir la permanencia o no de esta figura, atendiendo un proyecto de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que se ordena a México a reformar su normativa para modificar esta figura, de ahí que la CONAGO haya ingresado al buzón judicial de la Corte un “Amicus Curiae” respecto a la resolución que deberá emitir el máximo tribunal entorno a la prisión preventiva oficiosa.

En cuanto a su definición, la prisión preventiva oficiosa o automática, es el recurso legal con el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un crimen “grave” sin un juicio y sin sentencia, de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos refieren que esta figura viola el derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal de las personas sujetas a esta medida.