La Secretaría de Gobernación puso en marcha una serie de mesas de diálogo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, como parte de una estrategia para reforzar las acciones del gobierno federal en este tema. El primer encuentro tuvo lugar en la Ciudad de México con integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes colocaron una manta con los rostros de sus familiares desaparecidos al fondo del salón donde se desarrolló la reunión.

Durante el encuentro, la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó los trabajos y reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas representa una prioridad para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Subrayó que el gobierno federal mantendrá un trato respetuoso con las familias y se comprometió a impulsar acciones concretas en coordinación con autoridades de todos los niveles.

Las reuniones están programadas para los días 7, 8 y 10 de abril, así como el 22, 23 y 24 del mismo mes. Cada una contará con la participación de un colectivo distinto y estarán presentes representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Durante el evento, la Secretaría de Gobernación expuso once acciones prioritarias dentro de la nueva política de búsqueda e identificación, entre las que destacan: la creación de una plataforma única de identidad vinculada a la CURP con datos biométricos; la implementación de una alerta nacional de búsqueda; una base nacional de carpetas de investigación; y la participación de particulares en tareas de localización. También se contempla el fortalecimiento institucional, el inicio inmediato de investigaciones, y la capacitación de personal especializado.

Además, se plantearon reformas legales para imponer sanciones más severas a quienes incurran en desaparición forzada o retarden información relacionada con personas desaparecidas. Las penas podrían ir desde los 50 años de prisión para casos equiparables al secuestro, hasta 16 años para servidores públicos que oculten información.

Por su parte, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no ha solicitado información oficial al gobierno mexicano sobre el tema, pese a los señalamientos recientes. Sostuvo que, en opinión del gobierno, la desaparición forzada cometida por el Estado no se presenta en la actualidad ni durante la administración anterior.

En el diálogo con Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo expresó su disposición para colaborar con las autoridades y fortalecer las estrategias de búsqueda. Señalaron que su intención no es confrontar al gobierno, sino caminar en conjunto para encontrar a sus seres queridos y avanzar en el acceso a la verdad y la justicia.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó este martes que los homicidios dolosos han mostrado una disminución del 12% en los últimos cuatro meses, convirtiendo a enero de 2025 en el mes con menor incidencia de este delito desde 2018. Durante su conferencia matutina, subrayó que su administración mantiene el compromiso de seguir trabajando diariamente para fortalecer la seguridad en el país.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 100.5 víctimas en 2018 a 76.5 en 2025, lo que representa una reducción del 23.8%. Al comparar los datos de enero de 2018 con los de enero de 2025, la disminución fue del 17.4%.

Además de los homicidios, otros delitos de alto impacto han registrado una baja significativa. Entre los ilícitos con mayor reducción se encuentran el feminicidio, con una disminución del 23.9%, las lesiones dolosas con 32.7%, y el secuestro extorsivo con un 78%. También se reportaron reducciones en diversos tipos de robos con violencia, destacando el robo a casa habitación con un 56.8% menos, el robo a transportistas con un 55.7%, y el robo a negocios con un 53.2%.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Gobernación, entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de febrero de 2025 se logró la detención de 11,600 personas por delitos de alto impacto, el aseguramiento de 5,692 armas de fuego y el decomiso de más de 102 toneladas de droga, incluyendo 1,210 kilos y 1,266,750 pastillas de fentanilo.

Como parte del Operativo Frontera Norte, desplegado entre el 5 y el 10 de febrero, 10,000 elementos de la Guardia Nacional realizaron acciones que llevaron a la detención de 222 personas, el aseguramiento de 106 armas de fuego y el decomiso de 1,242 kilos de droga, incluyendo 8.6 kilos de fentanilo.

Por otro lado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dio a conocer los avances del programa «Sí al desarme, sí a la paz», el cual permitió el decomiso de 540 armas de fuego, 28,623 cartuchos, 428 cargadores, 47 granadas y 200 estopines.

Este lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó el fallecimiento de Joel Ayala Almeida, quien se desempeñaba como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Rosa Icela Rodríguez Hernández, titular de la Segob, expresó sus condolencias a través de redes sociales, enviando un mensaje de apoyo a la familia y compañeros de Ayala Almeida.

Joel Ayala Almeida tuvo una destacada trayectoria en el ámbito político y sindical. Fue miembro de la Liga de Economistas Revolucionarios y militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Dentro de este partido, ocupó cargos como presidente del Comité Directivo en el Distrito Federal (1978-1980) y consejero nacional en 2007.

Además, tuvo una amplia participación en el Congreso de la Unión, donde se desempeñó como diputado federal en dos periodos (1970-1982 y 1997-2000) y como senador de la República de 2000 a 2006. Su carrera profesional se centró en el sindicalismo, y desde 1998 lideró la FSTSE.

Ayala Almeida era licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A lo largo de su vida, trabajó en diversas áreas dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, ocupando roles como secretario de vivienda, previsión social, patrimonio sindical y conflictos laborales. También fue secretario general de este sindicato de 1995 a 1998.

El Comité Ejecutivo Nacional de la FSTSE emitió un comunicado dirigido a sus agremiados, en el que informó sobre el fallecimiento de Ayala Almeida y destacó su legado como líder y ser humano.

La Secretaría de Salud también se unió a las muestras de condolencia, publicando un mensaje en sus redes sociales en memoria del líder sindical.

Joel Ayala Almeida dejó un importante legado en el ámbito político y sindical de México, siendo recordado por su dedicación y contribuciones a lo largo de su carrera.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez acudió al Primer Encuentro Nacional Municipal encabezado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y celebrado en la Ciudad de México, evento que tuvo como fin principal mostrar coordinación, entendimiento y unidad de los tres niveles de gobierno.

Lo anterior puesto que estuvieron presentes el 75% de los 2 mil 478 presidentes municipales de México, las y los gobernadores, así como funcionarios del Gobierno de México quienes expusieron temas relevantes como abasto de agua, estrategias de seguridad y acciones de bienestar.

“Hoy, junto a Gobernadoras y Gobernadores, asistimos al Encuentro Nacional Municipal, convocado por nuestra Presidenta, la @Claudiashein, un hecho histórico donde nos reunimos los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de fortalecer la coordinación y trabajar de manera conjunta por nuestras comunidades. Desde el Estado de México, nos sumamos al llamado de nuestra Presidenta para seguir trabajando los tres órdenes de gobierno de manera conjunta, porque como ella lo dijo: “México es un país grandioso y mientras permanezcamos unidos no hay ningún problema que no podamos enfrentar juntas y juntos”, resaltó la mandataria mexiquense en sus cuentas oficiales.

En el marco de este encuentro, los gobernadores, la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Gobernación, además de la presidenta Claudia Sheinbaum signaron un Convenio para la Creación del Componente Indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, como un acto de justicia social a más de 13 mil comunidades indígenas y afrodescendientes del país.

Al respecto, Sheinbaum Pardo explicó que serán las propias comunidades quienes a través de asambleas decidirán de qué forma quieren utilizar sus recursos.

“Es un momento histórico porque si estamos bien es gracias a las y los presidentes municipales, a las y los gobernadores y a un gobierno que encabezamos que tiene la misión, el deber y la convicción de servir a su pueblo. Ustedes conocen la extensión que gobiernan, la diversidad de sus territorios y el objetivo del encuentro es que trabajemos juntos y juntas por el bien de sus territorios”, agregó.

Por otra parte, el Gobierno de México pidió a los estados y municipios conjuntar recursos para diseñar un plan maestro que garantice acceso a agua potable, y reforzar la coordinación en materia de seguridad.

Con el objetivo de reducir la violencia vinculada al uso de armas de fuego, el gobierno federal lanzó una nueva iniciativa denominada «Sí al Desarme, Sí a la Paz». Este programa reúne esfuerzos de varias dependencias, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras.

La campaña está diseñada para prevenir lesiones, accidentes, homicidios, feminicidios y otros delitos relacionados con el uso de armas de fuego. Además, busca promover una cultura de paz y fortalecer la prevención social del delito.

Entrega voluntaria y beneficios
Las personas interesadas en participar podrán entregar armas de manera anónima y sin enfrentar consecuencias legales por la posesión del armamento. A cambio, recibirán un estímulo económico, cuyo monto dependerá del tipo y estado del arma entregada.

Entre los incentivos establecidos, se encuentran los siguientes:

Armas fantasmas: hasta 1,045 pesos por unidades funcionales y 260 pesos por las inutilizables.
Armas hechizas: montos entre 260 y 785 pesos, según su tipo.
Revolver y pistolas: recompensas de hasta 10,350 pesos por unidades funcionales y hasta 7,320 pesos por las inutilizables.
Ametralladoras y morteros: hasta 26,450 pesos por las útiles y 11,815 pesos por las que no funcionan.
El programa también incluye estímulos para otros tipos de armamento, como granadas, rifles y fusiles de alto calibre, además de ingenios bélicos más especializados.

Destrucción y conservación del armamento
La Secretaría de la Defensa Nacional será la responsable de recibir y procesar las armas entregadas. Mientras que la mayoría serán destruidas, aquellas con valor histórico, cultural o científico podrán ser conservadas en colecciones especializadas.

La iniciativa busca disminuir la cantidad de armas en circulación, priorizando la seguridad de las comunidades. Al fomentar la entrega voluntaria, el gobierno busca construir un entorno más seguro y promover la pacificación social en todo el país.

El Gobierno de México implementa acciones diarias para abordar las causas de la violencia en municipios prioritarios, llevando más de 100 programas y servicios a las comunidades. Durante la primera etapa de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz, un promedio de 408 brigadistas realizó más de 23 mil visitas casa por casa, integró 10 Comités de Paz y organizó 12 Ferias de Paz, con más de 86 mil atenciones.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los resultados iniciales de esta estrategia. Destacó que participan más de 37 dependencias de los tres niveles de gobierno, con intervenciones en municipios como León y Celaya, en Guanajuato; San Cristóbal de las Casas, Frontera Comalapa y Pantelhó, en Chiapas; Centro y Villahermosa, en Tabasco; y Chimalhuacán, en el Estado de México, entre otros.

Las visitas casa por casa revelaron que uno de cada tres hogares cuenta con la pensión para adultos mayores, mientras que en el 12% de las viviendas las mujeres de entre 63 y 64 años están registradas en programas sociales. Sin embargo, seis de cada 10 personas perciben inseguridad en sus colonias debido a la falta de patrullaje, y uno de cada cinco hogares señaló la necesidad de rehabilitar espacios deportivos.

En las Ferias de Paz, se ofrecieron servicios de salud, asesoría jurídica, atención a jóvenes y difusión de programas, promoviendo la construcción de una paz sostenible basada en trabajo, educación, salud y alimentación. «Estamos trabajando en favor del pueblo de México, ahí donde vive, en sus comunidades», subrayó Rosa Icela Rodríguez.

La secretaria de Gobernación también enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar gobernabilidad y bienestar. Además, anunció que la estrategia continuará expandiéndose a más municipios, y los resultados seguirán siendo compartidos para medir el impacto del esfuerzo.

El Congreso de San Luis Potosí aprobó la despenalización del aborto en la entidad hasta la semana 12 de gestación. Con 20 votos a favor y cuatro en contra, se decidió modificar los artículos 148 fracciones I y II, artículo 149, y 150 fracción III del Código Penal estatal, sumando así a San Luis Potosí como la decimoquinta entidad en México que permite la interrupción legal del embarazo en ese periodo.

Entre enero y septiembre de 2024, el país registró 592 carpetas de investigación relacionadas con el delito de aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

La despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación tuvo un hito importante en 2008, cuando la Corte lo declaró constitucional en el entonces Distrito Federal. Además, la publicación de la NOM-046 el 24 de marzo de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, establece que las mujeres que han sido víctimas de violación pueden acceder a un aborto médico legal sin necesidad de presentar una denuncia penal, norma de cumplimiento obligatorio en todo el sistema de salud público.

En 2018, se determinó que las instituciones de salud deben implementar políticas que permitan la atención inmediata de casos de interrupción legal del embarazo en situaciones de violación.

Las entidades donde el aborto es legal hasta las 12 semanas de gestación a solicitud de la mujer, sin importar las razones, son: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco y Puebla.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su preocupación sobre el elevado costo propuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar la elección judicial de 2025, que asciende a más de 13,200 millones de pesos. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum resaltó la importancia de una democracia más accesible y afirmó que se pueden reducir los gastos electorales. En coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda, el gobierno buscará alternativas para disminuir el presupuesto, considerando que el financiamiento de los partidos políticos ya representa un gasto considerable.

La propuesta del INE se basa en un presupuesto precautorio para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un proceso derivado de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso. Esta elección judicial representa una novedad en México, ya que permitirá a la ciudadanía elegir directamente a los funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación ha manifestado su intención de dialogar con el INE para explorar ajustes que reduzcan este gasto.

Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, defendió el presupuesto argumentando que es una medida precautoria ante procesos legales en curso que intentan anular la elección judicial. Sin embargo, el instituto considera necesario estar preparado para realizar la elección si estos recursos son requeridos.

Además, el INE ha solicitado un presupuesto adicional de 4,620 millones de pesos para una consulta popular, y un monto total de 40,474 millones de pesos para sus actividades ordinarias del próximo año.

En paralelo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se abstuvo de emitir una postura sobre la reforma judicial. Esta decisión fue tomada tras una solicitud del ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara, quien solicitó una opinión sobre posibles irregularidades constitucionales en el proceso legislativo de la reforma.

Por otro lado, la reforma incluye temas polémicos, como la propuesta de jueces sin rostro, una figura que ha generado intensos debates. La Suprema Corte tiene previsto analizar esta y otras disposiciones de la reforma en los próximos días, en un contexto donde solo tres de los 11 ministros de la SCJN han confirmado su participación en este proceso.

La familia LeBarón decidió presentar un recurso de revisión ante una resolución de amparo en la que se les negó la inclusión de varios de sus miembros en un convenio de reparación de daño.

La jueza de Distrito María Isabel Bernal Hernández rechazó la petición bajo el argumento de que la solicitud se presentó fuera del plazo de 15 días establecido a partir del momento en que ocurrió la supuesta discriminación.

Los solicitantes buscan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso, argumentando que la discriminación que los excluyó del convenio es un acto continuado que los afecta de manera persistente.

Según el comunicado emitido por la familia, el amparo fue presentado el 8 de noviembre, reclamando que la Secretaría de Gobernación los discriminó al excluirlos del convenio de reconocimiento y reparación de víctimas, firmado el 16 de diciembre de 2020 con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En su fallo del 10 de julio, la jueza Bernal Hernández desestimó la demanda en el juicio de amparo indirecto número 1727/2023. La familia LeBarón considera que la resolución se basó en tecnicismos erróneos, por lo que ahora buscarán que una instancia superior revise el caso.

Cabe recordar que la familia LeBarón sufrió la pérdida de tres mujeres y seis menores de edad en la masacre de Bavispe, ocurrida el 4 de noviembre de 2019, un hecho reconocido por el Estado mexicano como resultado de negligencias y responsabilidades ya asumidas.

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, anunció que la elección de su sucesor se realizará mediante una designación en un Congreso Nacional. Según Delgado, esta decisión se debe a que sólo hay una candidata para el puesto, Luisa María Alcalde, actual secretaria de Gobernación.

Durante un breve encuentro con los medios en la casa de transición de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, Delgado explicó los detalles del proceso interno del partido. Informó que el Comité Ejecutivo Nacional ha propuesto llevar a cabo el Congreso Nacional en la última semana de septiembre.

Debido a la postulación única de Alcalde, Delgado indicó que este método es el más adecuado para garantizar la transparencia y la democracia, permitiendo que la militancia exprese su apoyo a la nueva dirigencia. En este Congreso Nacional participarán los congresistas electos desde el año 2022, quienes tendrán la tarea de ratificar a Luisa María Alcalde como la nueva dirigente de Morena.

El presidente de Morena adelantó que se irán detallando los pormenores del proceso en la convocatoria correspondiente. Señaló que el Comité Ejecutivo Nacional y el presidente del Consejo Nacional están en sesión de trabajo permanente para definir estos detalles, aunque evitó mencionar el nombre de Alcalde Luján directamente.

Luisa María Alcalde es hija de Bertha Alcalde, una de las cofundadoras de Morena. Su hermana, Bertha María Alcalde, actualmente dirige el ISSSTE y fue candidata a presidir el Instituto Nacional Electoral (INE).