Antes de la última reforma al Código Civil del Estado de México, los jueces y juezas del Poder Judicial mexiquense se veían obligados a recurrir a tratados internacionales y criterios jurisprudenciales para acreditar el concubinato entre personas del mismo sexo. Sin embargo, con la armonización en la legislación civil que hoy reconoce abiertamente el matrimonio y el concubinato entre personas del mismo sexo, los jueces y juezas pueden fundamentar sus resoluciones directamente en el propio ordenamiento, lo que permite una mayor seguridad jurídica para las parejas homosexuales que desean formalizar su relación.

Este cambio en la legislación no solo responde al principio pro persona, que busca proteger de manera más amplia y progresiva los derechos humanos de todas las personas, sino que también homologa el actuar de la justicia mexiquense en estos casos, lo que contribuye a la coherencia y estabilidad del sistema jurídico.

Un ejemplo reciente de esta nueva realidad jurídica es el caso de una pareja homosexual que inició una vida en común libre de matrimonio en 2013 y formó una familia, la cual llegó a su fin con el fallecimiento de uno de los integrantes en noviembre del año pasado.

Gracias a la sentencia emitida por una jueza familiar en línea que acreditó el concubinato entre ambos, el superviviente ahora cuenta con el documento que le permite realizar diversos trámites, como la obtención de una pensión o la inclusión en algún programa de seguridad social.

La reforma al Código Civil del Estado de México establece que el concubinato no solo se refiere a la relación de hecho que tienen un hombre y una mujer, sino que se extiende a la unión que forman dos personas del mismo sexo, que viven juntas sin estar casadas y sin impedimentos legales para contraer matrimonio, durante un período mínimo de un año.

Además, cuando se han procreado hijos en común, no se requerirá el período señalado para la existencia del concubinato, siempre y cuando se cumplan los demás requisitos establecidos por la ley.

Por su parte, el matrimonio en el estado de México se reconoce como una institución de carácter público e interés social, en la que dos personas pueden decidir compartir un estado de vida para buscar su realización personal y la fundación de una familia, siempre y cuando cumplan con las formalidades y solemnidades que establece el Código.

Desde enero de 2022 hasta el 13 de febrero de este año, el Juzgado Familiar en línea del Poder Judicial del Estado de México ha emitido un total de 378 sentencias de Acreditación de Concubinato, lo que evidencia la necesidad de reconocer y proteger los derechos de las parejas homosexuales, así como la eficacia del nuevo marco legal en la materia.

Lilia González

Con el firme propósito de eficientar su labor, garantizar seguridad jurídica y fortalecer el estado de derecho, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar presentó al Congreso Local su iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial mexiquense, la cual ya ha sido turnada a comisiones legislativas para dar inicio con su estudio y análisis.

La propuesta contempla posibilitar a los juzgadores llevar a cabo el ejercicio de la función jurisdiccional de manera transparente, pronta, expedita e ininterrumpida a través del establecimiento y utilización de herramientas tecnológicas y medios electrónicos o digitales; y permitir la tramitación de juicios en línea; facilitar tanto a los operadores jurídicos como a los justiciables la resolución de controversias de forma ágil y sencilla.

También se plantea impulsar la consulta electrónica de expedientes judiciales, las presentaciones de promociones y la notificación de acuerdos y resoluciones; y la eliminación de costos o gastos originados por el traslado de las partes a los diversos lugares donde se ubican los órganos jurisdiccionales, así como la impresión y fotocopiado de documentos.

Prevé la creación, fusión, extinción, transformación, habilitación, cambio de denominación y fijación de competencia de algunos órganos jurisdiccionales que comprenden la implementación de políticas para la equidad de género, la creación de una sala de Asuntos Indígenas, la incorporación del sistema de precedentes en la creación de criterios jurisprudenciales, la consolidación de tribunales laborales, y la concurrencia de materias en juzgados de competencia mixta.

También se propone la creación de la visitaduría judicial como un órgano auxiliar del consejo de la judicatura cuyo objeto será verificar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales para lograr un ejercicio adecuado de la función jurisdiccional, así como la figura de prefectura que tiene por objeto preservar el orden y vigilancia de las instalaciones del Poder Judicial.

Por otra parte, se busca actualizar los requisitos, términos y condiciones que deben cumplir las personas que ejercen la función jurisdiccional para contar con los mejores perfiles y se actualiza el régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos judiciales y la sanción de la responsabilidad administrativa, además de ampliarse las atribuciones o conductas que deben observar los mismos.

Por Alelhi Rodríguez

Al pie del río Lerma habita Daniela Hidalgo, madre de familia, quien hace algunos años adquirió su terreno cerca de este cauce, por tratarse de un predio económico.

«De hecho sabemos que estamos en una zona de riesgo por el río, pero tampoco tenemos otros espacios donde pudiéramos quizás construir o hacer algún patrimonio propio que esté lejos de estos espacios; compramos terreno porque es económico de este lado», comentó.

Lo que no adquirió fue seguridad jurídica, ya que esta zona -ríos, canales, cerros- son catalogados de riesgo, vulnerables a un desastre natural, de acuerdo con Diana Ayala, Coordinadora de Protección Civil y Bomberos del municipio de Toluca, “vemos muy lamentable cómo mucha gente adquiere un bien, es todo su patrimonio y lo ve perdido porque está comprando un peligro”.

Jorge Ramos Campirán, notario de Metepec, detalló que son asentamientos que se han tenido desde hace muchos años y que la situación no se mide. Además que son irregulares, porque carecen de una valoración de Protección Civil y sin dictámenes de viabilidad.

“Fueron terrenos económicos que fueron comprados a través de contrato privado que posiblemente sean ejidos o pueden ser terrenos que eran propiedad de la Federación del Estado, que fueron invadidos en su momento”, explicó

“Y van generando de alguna manera centros urbanos que lo que hacen es que haya una carga para las propias autoridades municipales y estatales, porque son terrenos que sin contar con las autorizaciones específicas fueron creciendo sin control”, agregó Ramos Campirán.

Y lo que ocurre son desastres naturales, el más reciente el desgaste del cerro del Chiquihuite en Tlalnepantla, por lo que el exhorto es que la población compre con seguridad jurídica.

“Que el predio que van a comprar no solamente tenga un escritura pública, que esté en un lugar que tenga la factibilidad de servicios, es decir, usted no va a comprar en un lugar donde no haya agua o drenaje o posibilidades de tener energía eléctrica; aquí la recomendación es que la gente haga un esfuerzo para que adquiera un hogar, una vivienda o un terreno, pero que tenga las condiciones mínimas de factibilidad de servicios”, concluyó.