El Senado de la República recibió la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo propósito es eliminar la reelección consecutiva en cargos de elección popular y establecer restricciones para evitar el nepotismo electoral. La propuesta argumenta que la reelección ha alterado el principio de representación política, permitiendo que ciertos grupos se mantengan en el poder y consoliden su influencia en cargos estratégicos.

De acuerdo con la iniciativa, quienes hayan ocupado un cargo de elección popular no podrán postularse nuevamente para el mismo puesto en el periodo inmediato siguiente. La reforma constitucional planteada abarca a senadores y diputados del Congreso de la Unión, quienes quedarían impedidos para buscar la reelección consecutiva. No obstante, sus suplentes sí podrían contender para el periodo siguiente como propietarios, siempre y cuando no hayan ejercido funciones en el cargo.

Asimismo, la propuesta establece una restricción para evitar que quienes hayan sido electos como propietarios puedan postularse de inmediato como suplentes en el mismo cargo, con el fin de impedir que se mantengan en el poder bajo otra figura.

Otro eje central de la reforma es la regulación del nepotismo electoral. Se busca evitar que personas con vínculos familiares o de pareja con funcionarios en ejercicio puedan contender por el mismo cargo en el siguiente periodo. Para ello, se propone como requisito de idoneidad que quienes busquen una candidatura no hayan tenido en los últimos tres años un parentesco directo o por afinidad hasta cierto grado con la persona que actualmente ocupa la posición.

La iniciativa también contempla la eliminación de la reelección inmediata para presidentes municipales, regidores, regidoras y síndicos de los ayuntamientos, con el objetivo de garantizar una mayor rotación en el ejercicio del poder.

El documento argumenta que estas modificaciones responden a los principios históricos de la democracia en México y a la necesidad de evitar la concentración del poder en grupos específicos. Además, señala que la eliminación del nepotismo busca garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas con las capacidades y méritos adecuados, y no únicamente por la cercanía familiar con quienes ya ejercen funciones de gobierno.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Senado de la República reemplazar al Comité de Evaluación del Poder Judicial, luego de que este último rechazara continuar con el proceso para elegir candidaturas a cargos judiciales, tal como lo establecía un fallo previo. Por mayoría de votos, la Sala Superior del TEPJF definió que los legisladores deberán aplicar el método de insaculación (selección aleatoria) para conformar las listas de aspirantes.

La decisión se adoptó con tres votos a favor de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, y dos en contra. El fallo responde a la negativa del Comité de Evaluación de acatar órdenes previas del Tribunal Electoral, bajo el argumento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debía resolver el fondo del asunto.

Según la sentencia, la Mesa Directiva del Senado dispondrá de 24 horas, tras ser notificada, para emitir lineamientos que permitan realizar la insaculación. Este proceso aplicará únicamente en los casos donde existan más postulantes que las duplas o ternas requeridas. Si el número de aspirantes es igual o menor al necesario, estos avanzarán directamente a la etapa final.

Una vez concluida la selección aleatoria, las listas resultantes se enviarán a la SCJN. No obstante, si esta instancia no las avala, el Tribunal Electoral autorizó al Senado a remitirlas directamente al Instituto Nacional Electoral (INE). En tal escenario, las candidaturas se considerarán oficialmente propuestas por el Poder Judicial de la Federación, bajo la figura de «afirmativa ficta» (aprobación tácita ante la falta de respuesta).

La resolución busca garantizar el cumplimiento del proceso electoral y subsanar las irregularidades derivadas del incumplimiento del Comité de Evaluación.

El Senado de la República aprobó el nombramiento de Raquel Buenrostro Sánchez como titular de la Secretaría de la Función Pública, que será transformada en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. En la sesión ordinaria de este jueves, el dictamen fue avalado con 95 votos a favor, uno en contra y 17 abstenciones, destacando el respaldo de la mayoría morenista. Este cambio institucional busca fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno federal.

La Comisión de Gobernación había aprobado previamente el nombramiento de Buenrostro, señalando su amplia trayectoria en el servicio público como un factor clave para ocupar este cargo. Con más de 28 años de experiencia, ha desempeñado funciones como titular del Servicio de Administración Tributaria, secretaria de Economía y oficial mayor de Hacienda. Su perfil fue considerado idóneo para encabezar la dependencia en su nueva etapa.

Con la próxima transformación de la secretaría, se asumirán mayores responsabilidades en la modernización administrativa, la transparencia proactiva y la supervisión de compras públicas con un enfoque ético. La dependencia también se encargará de garantizar principios de buen gobierno y establecerá estándares más altos en la gestión pública, según lo expuesto durante la discusión en el Senado.

En su comparecencia ante comisiones, Raquel Buenrostro defendió la necesidad de sancionar los actos de corrupción en el ámbito público y privado, argumentando que estas medidas deben ser un elemento central en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Reiteró que no habrá tolerancia hacia conductas irregulares y que se implementarán ajustes para mejorar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza ciudadana.

Buenrostro también abordó las críticas relacionadas con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Afirmó que la gestión de la transparencia por parte del Ejecutivo, como ocurre en otros países, no representa un retroceso y destacó que el combate a la corrupción será prioritario en esta nueva etapa institucional.

Durante el debate en el pleno, la senadora Lilly Téllez expresó su rechazo al nombramiento, siendo la única legisladora en votar en contra. A pesar de ello, la mayoría de los senadores manifestaron su confianza en Buenrostro, subrayando su capacidad para liderar una dependencia que se encargará de tareas críticas en la lucha contra la corrupción y la mejora de los procesos administrativos.

Con esta ratificación, Raquel Buenrostro asumirá el liderazgo de una secretaría clave en la transformación del gobierno federal. Su experiencia y compromiso con la transparencia se alinean con los objetivos de la administración actual, buscando consolidar un modelo de gestión pública más eficiente, ético y cercano a las necesidades de la ciudadanía.

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, con el fin de fortalecer la lucha contra crímenes que afectan gravemente la seguridad pública y la economía del país. Con 94 votos a favor, 34 en contra y sin abstenciones, la medida incluye delitos como la extorsión, el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, el contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos.

Esta modificación al artículo 19 de la Constitución implica que las personas acusadas de estos delitos deberán permanecer en prisión durante su proceso judicial, sin la posibilidad de obtener libertad condicional.

La medida ha generado un intenso debate entre los legisladores, quienes se han dividido sobre si esta reforma es una herramienta necesaria para garantizar la seguridad o si vulnera derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Los defensores de la reforma, principalmente de Morena y sus aliados, argumentan que estos delitos paralizan comunidades, afectan a empresarios y alimentan el crimen organizado, lo que justifica la necesidad de mantener a los acusados en prisión hasta que se resuelva su situación legal.

En contraste, algunos opositores, como los senadores del PAN y Movimiento Ciudadano, critican el carácter automático de la prisión preventiva, al considerarlo una medida excesiva que podría resultar en la criminalización injusta de personas inocentes, especialmente aquellas sin los recursos para defenderse adecuadamente.

Dentro de las críticas, algunos legisladores mencionan que las estadísticas revelan que una gran proporción de los detenidos bajo prisión preventiva son finalmente absueltos, lo que aumenta los temores sobre el abuso de esta herramienta. Sin embargo, varios senadores del PAN rompieron con la postura oficial de su partido y apoyaron la reforma, citando la necesidad de una respuesta más firme ante el crimen organizado.

Para que esta reforma sea efectiva, deberá ser ratificada por al menos 17 congresos locales. Si se aprueba, las autoridades judiciales contarán con mayores herramientas para enfrentar delitos que afectan tanto la economía como la seguridad. No obstante, la implementación de esta reforma deberá garantizar que no se utilice de manera indebida ni se produzcan violaciones a los derechos humanos. La discusión sobre esta reforma refleja las tensiones entre las fuerzas políticas del país y la preocupación sobre cómo equilibrar la seguridad pública con la protección de las garantías individuales.

De manera unánime, Higinio Martínez Miranda, fue electo como vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura.

Al término de la primera reunión plenaria de la bancada de Morena en el Senado de la República, en la cual estuvo como invitada de honor la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum, fueron electos tres vicecoordinadores que coadyuvarán con Adán Augusto López, quien será el coordinador de las y los senadores de la 4T.

Bajo consenso se nombró a Higinio Martínez, Ignacio Mier Velazco y Sasil de León como vicecoordinadores, quienes conducirán el trabajo legislativo desde la Cámara Alta durante los próximos seis años.

Al respecto, liderazgos morenistas felicitaron a Martínez Miranda por su reciente nombramiento, a quien le reconocieron su trayectoria, liderazgo y compromiso para seguir avanzando hacia la transformación y el bienestar, cuidando los derechos y libertades de la ciudadanía.

“Quiero felicitar al Senador Higinio Martínez por su designación como vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura. Estoy segura de que su experiencia, principios y gran condición humana serán fundamentales para construir puentes de diálogo y consensos en beneficio del pueblo de México. ¡Enhorabuena, el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda!”, expresó la líder de Morena en el Estado de México, Martha Guerrero.

De manera adicional se informó que la propuesta de la bancada para que sea presidente de la Mesa Directiva del Senado a partir del 1 de septiembre, es Gerardo Fernández Noroña.

Ignacio Mier, líder de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que en septiembre, con el nuevo Congreso ampliamente dominado por la 4T, se votará el Plan C, que incluye reformas judiciales y electorales a la Constitución enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una conferencia de prensa, el coordinador de los diputados federales de Morena declaró que en septiembre se discutirán y votarán las reformas enviadas en febrero por López Obrador. Estas reformas consisten en 18 propuestas de modificación a la Constitución Política de México, para las cuales se necesita una mayoría calificada de dos terceras partes tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

Mier confía en que las autoridades certifiquen el triunfo de Morena, PT y PVEM en las elecciones del 2 de junio de 2024, lo que anticipa una mayoría calificada de diputados, aunque faltarían algunos senadores. Con esta base, impulsarán el Plan C en septiembre cuando se instalen los nuevos legisladores.

Las iniciativas «están vigentes» y las comisiones de Puntos Constitucionales están listas para elaborar los dictámenes necesarios. Mier también anticipó un diálogo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para impulsar las modificaciones a la Constitución.

Acompañado por Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y otros legisladores, Mier detalló que el paquete del Plan C incluye:

Reforma Judicial, para que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular.

Reforma Militar, para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Reforma Electoral, para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) sean elegidos por voto popular y para disminuir el número de plurinominales.
Reforma a Órganos Autónomos, que incluye la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Luis Montaño García, aspirante al Senado de la República por Morena, dijo que la unidad es indispensable para contender en las próximas elecciones del 2024 y pese a la competitividad que habrá entre los actores políticos, al interior del instituto político sí existe.

En conferencia de prensa comentó que rumbo a la elección presidencial no dudan que Claudia Sheinbaum será quien encabece la candidatura y será favorecida con el apoyo de los mexicanos.

«Pese a que se avecina una competitiva elección de candidatos a diferentes puestos de elección popular, al interior de Morena se mantendrá la unidad, ya que ésta será pieza clave rumbo al 2024», precisó.

Todos estamos de acuerdo, dijo, en construir la unidad y los resultados de la encuesta serán respetados por todos los participantes, porque será la decisión del pueblo.

Montaño Garcia, aseguró que va arriba en las encuestas, en la preferencia de la gente, que las mediciones que se han realizado en el Valle de México la población le ha demostrado su apoyo.

«Las mediciones que tenemos, indican que somos la mejor opción, por lo que estoy posicionado para encabezar la fórmula de la 4T en el Senado por el Estado de México», aseguró.

Finalmente precisó que Morena se ha dado cuenta que no puede aplicar las mismas prácticas que hacían otros partidos, «el Estado de México necesita legisladores comprometidos y dedicados 100 por ciento a su tarea legislativa».

El Senado de la República se prepara para abordar una nueva reforma a la Ley del Trabajo, enfocada en la equiparación salarial entre deportistas de México. Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, Segunda, se reunirán hoy para discutir sobre esta iniciativa que busca cerrar la brecha salarial existente entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo.

El objetivo primordial de la propuesta es erradicar la disparidad salarial que las mujeres deportistas enfrentan en comparación con sus contrapartes masculinos, procurando que obtengan una remuneración igualitaria por realizar las mismas actividades en el ámbito deportivo.

Esta iniciativa subraya la violación al principio de igualdad de salarios base, independientemente de factores como el origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, de salud, religión u opiniones de los deportistas. Busca corregir una realidad en la que las mujeres deportistas reciben significativamente menos por su labor, enfrentando desigualdades arraigadas en el sistema patriarcal.

La motivación detrás de esta iniciativa surge de la disparidad financiera evidente en el fútbol femenino mexicano, donde las jugadoras perciben entre $2,500 y $30,000, mientras que el salario mínimo del país es inferior a los $6,000. Esta disparidad refleja una realidad desigual en los clubes y asociaciones deportivas en el país.

La propuesta, derivada de múltiples iniciativas presentadas por diversos senadores, tiene la intención de eliminar la brecha salarial sin afectar los sueldos o prestaciones de atletas destacados, buscando equidad en la remuneración por la labor realizada.

Los datos revelados por Data México, la plataforma estadística de la Secretaría de Economía, indican que aproximadamente 34,000 mexicanos y mexicanas se desempeñan como deportistas o forman parte de equipos deportivos profesionales. Del total, se informó que el 88% de los hombres deportistas reciben salarios que oscilan alrededor de los $5,068 mensuales, mientras que el 12% de las mujeres deportistas perciben alrededor de $5,004 al mes.

El Senado de la República respaldó una reforma al artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación hacia personas con discapacidad. La reforma establece que es considerado discriminación impedir, negar, restringir o condicionar el acceso de personas con discapacidad a espacios públicos con personas o animales de apoyo.

Además, se considera discriminación obstaculizar cualquier medida de accesibilidad en el entorno físico, transporte, información, tecnología, comunicaciones, servicios e instalaciones públicas, y otros elementos destinados a la accesibilidad y movilidad de personas con discapacidad.

El dictamen fue aprobado en el Senado con 102 votos a favor y se envió al Ejecutivo federal para su promulgación. La reforma busca fortalecer la protección del derecho a la igualdad y no discriminación de personas con discapacidad, garantizando su derecho a acceder a espacios públicos y privados con asistencia animal o humana. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aproximadamente el 16.5% de la población total de México, es decir, 20 millones 838 mil 108 personas, tiene alguna forma de discapacidad, lo que subraya la importancia de garantizar su acceso sin discriminación.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, destacó que esta reforma es crucial para garantizar el derecho de acceso de las personas con discapacidad a espacios públicos y privados en igualdad de condiciones, sin discriminación. La reforma también se alinea con la Constitución mexicana, que establece el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad.

El Pleno del Senado de la República ha aprobado, con una mayoría de 70 votos a favor y 43 votos en contra, el dictamen que establece la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2024. En esta legislación, no se contemplan la introducción de nuevos impuestos ni el aumento de los existentes, con el objetivo de favorecer a la población mexicana.

El mencionado documento proyecta que los ingresos de la Federación para el próximo año ascenderán a un total de nueve billones 066 mil 045.8 millones de pesos. De esta cifra, cuatro billones 942 mil 030.3 millones de pesos provendrán de Impuestos, 535 mil 254.7 millones de pesos de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, 36.5 millones de pesos de Contribuciones de Mejoras, y 59 mil 091.4 millones de pesos de Derechos.

Además, se contemplan ocho mil 641.6 millones de pesos en concepto de Productos, 193 mil 877.0 millones de pesos de Aprovechamientos, un billón 312 mil 289.4 millones de pesos de Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, 277 mil 774.3 millones de pesos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, así como Pensiones y Jubilaciones. Asimismo, un billón 737 mil 050.6 millones de pesos se originarán en Ingresos Derivados de Financiamientos.

En este contexto, se prevé una recaudación federal participable que asciende a un total de cuatro billones 564 mil 924 millones de pesos. Se ha considerado pertinente autorizar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y gestionar créditos, empréstitos y otras formas de financiamiento público, incluso mediante la emisión de valores, de acuerdo con la Ley Federal de Deuda Pública, por un monto de endeudamiento neto interno de hasta un billón 990 mil millones de pesos.

Durante el ejercicio fiscal de 2024, se mantiene la facultad del Ejecutivo Federal para otorgar beneficios fiscales con el fin de cumplir con resoluciones que resulten de la aplicación de mecanismos internacionales para la resolución de controversias legales que confirmen una violación a un tratado internacional.

Es importante destacar que no se establece un dividendo estatal a cargo de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, junto con sus Empresas Productivas Subsidiarias, dado que no se prevé que estas empresas generen utilidades durante el ejercicio fiscal de 2023.

En este contexto, se ha autorizado a Petróleos Mexicanos y a sus Empresas Productivas Subsidiarias a incurrir en un endeudamiento neto interno de hasta 138 mil 119.1 millones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta tres mil 726.5 millones de dólares.