La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó su rechazo a la resolución judicial que impone una multa de 15 millones de pesos al exrector Enrique Graue Wiechers y al exdirector de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, Fernando Macedo. La institución calificó esta decisión como una intromisión en su autonomía y una medida desproporcionada.

El fallo, emitido por el Poder Judicial de la Ciudad de México, favorece a Martha Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de Yasmín Esquivel Mossa. El Consejo Universitario de la UNAM se pronunció en contra de la sentencia, argumentando que los sancionados actuaron conforme a la normativa universitaria al investigar el presunto plagio de la tesis de la actual ministra.

Durante la sesión del Consejo Universitario el pasado 31 de marzo, se acordó rechazar la resolución judicial y exigir una revisión justa en la apelación presentada por Graue y Macedo. La institución considera que la decisión judicial utiliza el derecho como herramienta intimidatoria en contra de quienes aplicaron las normas universitarias.

La controversia se originó en diciembre de 2022, cuando una investigación periodística reveló similitudes entre la tesis de Esquivel Mossa, presentada en 1987, y la de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, publicada un año antes. La FES Aragón concluyó que el trabajo de la ministra era una copia sustancial del original. Como consecuencia, Martha Rodríguez Ortiz fue destituida de su cargo en enero de 2023 por violaciones a los principios éticos universitarios.

Tras su despido, Rodríguez Ortiz inició un juicio civil contra Graue y Macedo, argumentando que las declaraciones emitidas sobre el caso afectaron su reputación.

En febrero de este año, la jueza Flor de María Hernández emitió la sentencia en su favor, estableciendo el pago de la indemnización por daño moral. Sin embargo, los implicados presentaron una apelación el pasado 26 de marzo, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revisará el caso y determinará si procede el cobro de la multa.

Los abogados de Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como «Fofo» Márquez, preparan un recurso de apelación contra la sentencia de 17 años y seis meses de prisión que le fue impuesta por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Rodrigo Márquez, hermano del sentenciado, informó que la defensa cuenta con un plazo de diez días para presentar la apelación.

La audiencia de lectura y explicación de la sentencia se llevó a cabo en el Poder Judicial del Estado de México, con sede en San Pedro Barrientos. Durante la sesión, el juez José Carmen Vilchis expuso los elementos que fundamentaron la condena, destacando el video que muestra la agresión y que fue presentado como prueba clave en el proceso judicial.Traslado al penal de Texcoco

Rodolfo Márquez fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, luego de la difusión de un video en el que se observa a custodios del penal de Barrientos golpeándolo. Las imágenes generaron reacciones en redes sociales y llevaron a la destitución de la directora del penal, así como de los tres custodios implicados en la agresión.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que la reubicación del interno se realizó con el propósito de garantizar su seguridad. En la grabación, Márquez aparece esposado, con las manos en la espalda, mientras recibe golpes y amenazas de los custodios.

Rodrigo Márquez aseguró que su hermano se encuentra más tranquilo en su nuevo centro de reclusión y señaló que existen otros elementos del caso que no han sido revelados públicamente. Según sus declaraciones, la difusión del video permitió exponer situaciones de violencia dentro del penal de Barrientos y podría influir en la percepción del caso.

La defensa de Márquez insistió en que presentará la apelación dentro del plazo establecido, argumentando que la sentencia debe ser revisada. Además de la pena privativa de libertad, el influencer fue condenado a pagar una multa de 67 mil 313 pesos, una reparación del daño de 277 mil 400 pesos y a recibir tratamiento psicológico con perspectiva de género durante dos años.

El caso ha generado un amplio debate en la opinión pública, tanto por la condena impuesta como por las condiciones de su reclusión. La resolución de la apelación determinará si se mantiene la sentencia o si se modifica el fallo emitido por el juez.

En la grabación, cuya autenticidad no ha sido confirmada, Márquez aparece esposado y de cara a una pared mientras es intimidado y agredido por varias personas que portan uniformes penitenciarios.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento sobre el video ni sobre las circunstancias en las que habría ocurrido la agresión.

Sin embargo, el video ha sido compartido profusamente en redes sociales.

SE RECOMIENDA DISCRECIÓN:

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El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) presentó un editor de textos impulsado por Inteligencia Artificial, diseñado para elaborar versiones públicas de sentencias. Este proyecto, desarrollado por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, busca equilibrar la transparencia con la protección de datos personales, atendiendo las normativas vigentes.

La herramienta permite identificar y suprimir información sensible, como nombres, direcciones y otros datos personales, mediante un sistema automatizado o con ajustes manuales por parte del usuario. Este proceso asegura que las resoluciones judiciales cumplan con estándares éticos y legales sin comprometer la privacidad de los involucrados.

Como parte del proceso de introducción, cerca de 400 integrantes del PJEdomex, entre jueces, juezas y personal administrativo, participaron en una capacitación los días 27 y 28 de noviembre. Durante las sesiones, se abordaron los protocolos de uso de la herramienta, enfatizando la relevancia de proteger los datos personales y los riesgos asociados a la filtración de información no testada.

El equipo encargado de liderar la capacitación incluyó a expertos en transparencia y protección de datos, quienes destacaron que testar documentos no solo es un requerimiento legal, sino un acto ético que protege a las personas implicadas en los procesos judiciales.

El editor utiliza algoritmos avanzados para analizar las sentencias cargadas, identificando automáticamente los datos sensibles. Los usuarios pueden seleccionar los elementos a testarse y exportar el documento en formato PDF una vez finalizado el proceso. Estas funciones están diseñadas para integrarse de manera fluida en las actividades cotidianas del personal jurisdiccional, optimizando el tiempo y garantizando la precisión en los resultados.

La herramienta, que fue liberada el 2 de diciembre, se implementará gradualmente en todas las áreas del Poder Judicial mexiquense. Este enfoque permitirá realizar ajustes técnicos y proporcionar soporte continuo al personal, asegurando su uso efectivo desde el inicio.

Con este avance, el PJEdomex refuerza su compromiso con la innovación tecnológica y la protección de los derechos humanos, recordando que detrás de cada documento judicial se encuentran historias y personas cuya privacidad merece ser salvaguardada.

Almoloya del Río- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó la intervención de Geovani Castro Segura en los delitos de trata de personas, en la hipótesis de almacenamiento de fotografías y videos con contenido de actos sexuales o de exhibicionismo corporal, así como trata de personas, en la hipótesis del que someta a una persona para producir material pornográfico en agravio de una adolescente, por lo que fue sentenciado a 26 años y un mes de prisión.

De acuerdo con la investigación iniciada por la Fiscalía mexiquense se determinó que durante el mes de julio del año 2020 el ahora sentenciado obligó a una adolescente de entonces 15 años a producir material con contenido de pornografía: videos e imágenes que este individuo almacenó a través de correos electrónicos.

Días después, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), por sus siglas en inglés, detectó mediante reportes CyberTipline Record, de servicios electrónicos o en línea “Google”, que un usuario que habitaba en el municipio de Almoloya del Río había almacenado videos e imágenes con contenido de pornografía, por lo que informaron a la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, quien denunció este delito ante la Fiscalía mexiquense.

Esta Institución llevó a cabo actos de investigación de gabinete, campo y solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra el responsable; mandamiento judicial que fue cumplimentado el 17 de junio de 2022.

Geovani Castro Segura fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle a disposición de la Autoridad Judicial, quien luego de revisar los datos de prueba recabados, aportados y expuestos por esta Representación Social, y tras proceso legal, le dictó esta condena.

Además de la pena privativa de libertad, este individuo deberá pagar multa de 1 millón 854 mil 453 pesos y 146 mil 744 pesos como reparación del daño, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. Aunado a ello el Juez ordenó la destrucción de la evidencia que contenga pornografía infantil.

Desde hace algunos meses, Yuji Naka, co-creador de Sonic, enfrenta problemas legales y estos lo llevaron a los tribunales de Japón para decidir si sería condenado a prisión. Tras varias audiencias, finalmente se dictó una sentencia concreta.

Naka fue arrestado debido al uso de información privilegiada en Square Enix. Durante su trabajo en Balan WonderWorld, tuvo conocimiento del lanzamiento de un nuevo juego de la franquicia Dragon Quest para dispositivos móviles.

Utilizando esta información privilegiada, adquirió acciones y las vendió poco después del anuncio oficial, lo cual es considerado un acto cuestionable en Japón.

La sentencia establece que Naka deberá cumplir una indemnización de casi 1.2 millones de dolares por los daños causados a la empresa.

El equipo legal de Naka apeló la decisión con la esperanza de reducir la multa y suspender la pena de prisión, sin embargo, el intento de apelación no tuvo éxito, lo que significa que además de la multa económica, Naka deberá cumplir una condena de 2 años y 6 meses en prisión.

Luego de cumplir la sentencia en prisión, Yuji Naka permanecerá cuatro años de libertad condicional. .

Aunque Naka admitió estos cargos en el primer juicio el 2 de marzo, más tarde alegó que se trataba de un error burocrático.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ratificó la sentencia para Mónica García Villegas, propietaria del colegio Enrique Rébsamen. Este colegio colapsó durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017, ocasionando la muerte de 26 personas, incluyendo 19 niños y 7 adultos.

La Tercera Sala Penal rechazó el amparo otorgado por un tribunal federal el pasado mes de mayo, el cual cuestionaba la validez de una de las acusaciones en su contra. Por tanto, el tribunal determinó que García Villegas es responsable de 26 delitos de homicidio culposo y de la responsabilidad del propietario del edificio.

Aunque la sentencia fue confirmada, la exdirectora del Rébsamen todavía tiene la opción de presentar un nuevo amparo contra esta decisión. La pena impuesta de 36 años, cuatro meses y dos días de prisión, así como la multa de 2,125 días, también fueron ratificadas.

El nuevo amparo solo podría ser interpuesto por el delito de responsabilidad del propietario del inmueble, ya que el tribunal considera probada su responsabilidad en los 26 homicidios. Si se le concediera el amparo, su condena se vería reducida.

Actualmente, García Villegas se encuentra recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. En diciembre del año pasado, el Director Responsable de Obra durante las obras de remodelación y ampliación del colegio, Francisco Arturo Pérez Rodríguez, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de homicidio por omisión bajo el esquema de dolo eventual.

La construcción de un piso adicional en el plantel educativo, sin los permisos correspondientes exigidos por las leyes de la Ciudad de México, fue determinante en su condena. La Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha dictaminado una sentencia de 36 años, cuatro meses y dos días de prisión.

Según se informó este domingo, la defensa tiene la oportunidad de presentar un nuevo amparo en busca de reducir la duración de su condena a 31 años.

Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue transladada a un domicilio en Los Ángeles para cumplir las últimas semanas de su condena por participar en actividades de narcotráfico y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

El traslado ocurrió el pasado 30 de mayo y fue revelado recientemente. La joven de 33 años deberá cumplir en ese lugar lo que queda de su sentencia, la cual finaliza en septiembre.

La condena de Coronel a tres años de cárcel a finales de 2021 fue por la colaboración con el Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas. En junio de ese mismo año, se declaró culpable de asociación ilícita, lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades relacionadas con el narcotráfico.

Desde su arresto en febrero de 2021 en el aeropuerto Dulles, en Virginia, Coronel Aispuro permaneció bajo arresto. Los fiscales afirman que se benefició económicamente de las actividades ilícitas de su esposo.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, admitió haber actuado como mensajera entre Guzmán y otros miembros del cártel mientras él estaba en prisión. Estas comunicaciones fueron utilizadas por Guzmán para planificar su fuga en 2015 a través de un túnel subterráneo construido por el cártel.

Ahora, Emma Coronel se encuentra en un proceso de reinserción a la sociedad. En el domicilio particular en Los Ángeles, California, donde cumplirá las últimas semanas de su condena, se le permitirá salir a la calle e incluso buscar empleo si así lo desea.

Además, tendrá la posibilidad de reiniciar la educación de las gemelas de 11 años que tuvo con «El Chapo». Su libertad total está programada para el próximo 13 de septiembre de 2023.

Gerardo Mendoza

La Fiscalía mexiquense decretó la legalidad de la detención de Luis Andrés «N”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, ya que habría arrollado en dos ocasiones a una persona.

Así quedó asentado en una audiencia celebrada la tarde de este miércoles 7 de diciembre.

Y es que el pasado 3 de diciembre el detenido habría participado en un hecho de tránsito, en avenida Paseo Tollocan y Avenida Tecnológico. Luis Andrés “N” habría atropellado a una persona, quien resultó lesionada.

Los hechos ocurrieron en la vialidad Paseo Tollocan donde los conductores de dos vehículos, uno marca Nissan tipo Versa, color vino y otro, marca Honda, tipo Accord, color negro, participaron en un hecho de tránsito de vehículos. Tras este suceso, un acompañante del conductor del automóvil color vino descendió de dicha unidad automotora.

Esta persona le dio seguimiento al vehículo Honda y con puntapiés golpeó la carrocería; en respuesta a ese hecho, el conductor de ese vehículo Honda, identificado como Luis Andrés “N”, condujo su vehículo, en primer momento de la parte trasera del mismo, directo al cuerpo de la persona que previamente había golpeado su vehículo, a quien con el impacto lo proyectó al arroyo vehicular; el peatón se levantó y al ir caminando, volvió el conductor del vehículo Honda, quien ahora con la parte frontal del vehículo por segunda ocasión embistió al peatón.

Estos hechos fueron videograbados y las imágenes fueron dadas a conocer mediante redes sociales y medios de comunicación.

Tras lo ocurrido, Martín “N” conductor del automóvil Versa y Luis Andrés “N” quien conducía el vehículo Accord, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal y presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria respectiva por daño en los bienes. En tanto que Luis Andrés “N” también quedó relacionado con el delito de homicidio en grado de tentativa.

Por lo que hace al hombre que fue atropellado, fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica, quien presenta lesiones que no ponen en peligro la vida, tardan en sanar más de 15 días, mismas que ameritan hospitalización.

Martín “N” fue dejado en libertad bajo reservas de ley, en tanto que Luis Andrés “N” fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

En audiencia celebrada la tarde del miércoles 7 de diciembre, el Órgano Jurisdiccional decretó la legalidad de la detención del detenido, estableció como medida cautelar la colocación de un localizador electrónico y en próximos días determinará su situación legal. El detenido debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Por este delito puede alcanzar una penalidad mínima de 13 años, 4 meses de prisión y una máxima de hasta 46 años, 8 meses de prisión. El investigado fue clasificado sin lesiones y con estado psicofísico orientado en modo, tiempo y lugar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo sentencia condenatoria de 131 años de prisión en contra de Paulo VI Sandoval Calderón, al acreditarse su responsabilidad en el delito de violación en agravio de una menor de edad, hija de su pareja sentimental.

Durante el desarrollo del proceso, el agente del Ministerio Público logró demostrar con pruebas contundentes que entre el año 2008 y 2013, la afectada se encontraba en su domicilio de este municipio, el cual compartía con el ahora sentenciado.

En el citado periodo, a través de las diligencias desarrolladas por esta Fiscalía, fue posible establecer que el ahora sentenciado agredió sexualmente a la víctima, a quien realizaba diversas amenazas para que no contara los hechos a sus familiares.

Una vez que el ilícito fue denunciado, se llevaron a cabo las actuaciones de ley, realizándose la detención de Paulo VI Sandoval Calderón quien fue presentado ante la autoridad competente, misma que dictó sentencia condenatoria de 131 años de prisión.

Además del pago de una multa de 402 mil 596 pesos, así como al pago de 583 mil 280 pesos para reparación del daño material y 336 mil pesos para reparación de daño moral.