La Ley General de Población, promovida por el partido Morena en el Senado, que buscaba requerir al Instituto Nacional Electoral (INE) entregar datos biométricos a la Secretaría de Gobernación, ha sido postergada debido a la falta de acuerdo entre las diferentes facciones parlamentarias.

Tras concluir la sesión en el Senado, el vicepresidente, Sergio Pérez Flores, emitió un breve comunicado en el que anunció que la iniciativa, que habría permitido al gobierno contar con datos biométricos, como la huella dactilar de cada ciudadano, no sería sometida a votación como se había previsto.

El núcleo de la ley propuesta obligaba a todos los ciudadanos, incluyendo a los niños, a inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos para recibir una CURP con fotografía, firma y que debía ser renovada cada 15 años, convirtiéndose en un documento oficial de identificación para sustituir la credencial del INE.

El oficialismo sostenía que la emisión de este documento permitiría al gobierno comprender mejor las dinámicas demográficas y formular políticas públicas que aborden las implicaciones económicas y sociales del envejecimiento de la población.

Mientras que la oposición criticaba la iniciativa argumentando que introducía una serie de cambios y nuevas obligaciones para la Secretaría de Gobernación sin asignar recursos adicionales para llevar a cabo la tarea.