Lilia González

Respondiendo a una de las quejas y demandas de la ciudadanía, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentó una iniciativa para buscar que estacionamientos de servicio público se responsabilicen por robo o daños causados a los vehículos que hacen uso de sus cajones.

“Los propietarios prefieren estacionar su automóvil en un estacionamiento que les ofrece seguridad y comodidad, para lo cual, pagan una tarifa regulada por diversas disposiciones locales”, pese a ello, señaló el diputado presentante de la iniciativa, Sergio García Sosa es muy común que muchos de ellos promuevan, ya sea mediante anuncios o al reverso de los boletos que se les entregan a los usuarios, la siguiente leyenda: “no nos hacemos responsables por los daños/pérdidas y/o robos totales y parciales que pueda sufrir su auto al interior del estacionamiento”.

Para responsabilizar a estos espacios del daño al patrimonio de automovilistas, comentó que pretenden reformar el Artículo 8.17 del Código Administrativo del Estado de México.

Dicha modificación buscaría establecer la obligación de los titulares u operadores de estacionamientos públicos de contar con un Seguro de Responsabilidad Civil o Fianza que cubra los daños y robos tanto totales como parciales, que pudieran sufrir los vehículos.

Indicó que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), las ciudades que ocupan los tres primeros lugares en quejas contra estacionamientos públicos, concentrando el 62% del total nacional, son: la Ciudad de México, Toluca y Guadalajara.

De igual manera, señaló que entidades federativas, como Zacatecas y la Ciudad de México, han logrado legislar en la materia, cuyos ordenamientos jurídicos contemplan la obligación a los dueños de los estacionamientos públicos de contar con este seguro.

Florencio Trujillo

Por unanimidad de cinco votos, el Comité de Ética de la Administración Pública Municipal aprobó los códigos de ética y conducta que regirán a todos los servidores públicos del Gobierno de Tlalnepantla en la atención responsable, seria, intachable y comprometida a los más de 640 mil habitantes.

Durante la segunda sesión ordinaria del Comité, que encabezó el Presidente Municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, se destacó que dichas normas tienen como objetivo el fortalecimiento del servicio público e incidir en la actuación de quienes forman parte de la actual administración 2022-2024, en las distintas áreas de gobierno.

Con estos códigos de ética, “le damos a la Administración Pública Municipal los dos instrumentos que refieren los principios, los valores, las reglas: la integridad y la conducta, que se espera en el desempeño de nuestra responsabilidad como servidor público”, enfatizó el Alcalde.

Llamó a sus colaboradores “a que tengamos la responsabilidad de hacer la diferencia, de mostrarnos como somos: profesionales con ética, responsabilidad, seriedad y compromiso a la ciudadanía que nos debemos; y que trabajemos de una forma intachable, incansable y siempre pensando en el bien de nuestra sociedad”.

Durante la sesión del Comité de Ética, Rodríguez Hurtado pidió que de inmediato sean publicados los nuevos códigos en la Gaceta Oficial, con el fin de aplicarlos, de manera urgente, entre los servidores públicos del municipio.

Entre los objetivos del Código de Ética están incidir en el comportamiento y desempeño de las personas servidoras públicas para formar una ética e identidad profesional compartida, y un sentido de orgullo pertenecer al servicio público del municipio.

Alelhi Rodríguez

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz y el gobierno municipal de Axapusco, que encabeza Miriam Coronel Meneses firmaron un convenio de colaboración para fortalecer los lazos entre el nivel educativo y el servicio público.

“El fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales constituye una importante ruta de trabajo para las instancias públicas, pues a través del trabajo colaborativo es posible alcanzar metas y objetivos con un impacto positivo en la vida de las personas,”, apuntó Barrera Díaz.

Desde el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán, el rector afirmó que en la UAEMéx se tiene en cuenta que es vital la colaboración con los ayuntamientos, “nuestra presencia física es en más de 20 municipios y en todas las regiones del Estado de México exige generar vías de trabajo que permitan atender la demanda de los más de 93 mil integrantes de la comunidad universitaria, hecho que cobra mayor importancia porque cerca de 50 por ciento de la matrícula ya está en el sistema desconcentrado, es decir, fuera de la ciudad de Toluca”.

Puntualizó que los espacios académicos tienen la virtud de atender a las poblaciones de los municipios a su alrededor y, en algunos casos, también recibir a jóvenes de otras entidades, enriqueciendo así la experiencia de la vida universitaria.

Y precisó que la educación como bien público es un elemento trascendental, capaz de incidir en la vida de las juventudes. No solo es un elemento nivelador, sino en muchas ocasiones, la mejor oportunidad para acceder a la movilidad social.

Por su parte, Miriam Coronel Meneses puntualizó que para el municipio de Axapusco es sumamente importante contar en su territorio con un campus de la Universidad Autónoma del Estado de México, la segunda mejor institución pública de educación superior del país. Asimismo, reconoció que la firma de este instrumento de colaboración representa beneficios para ambos.

En Sesión Solemne del Comité Ejecutivo Estatal del PRI mexiquense se llevó a cabo la entrega de la Primera Presea «Alfredo del Mazo González» al Mérito Militante en el Servicio Público, como parte de la conmemoración del tercer Aniversario Luctuoso del fallecimiento del exgobernador del Estado de México.

Yolanda Elisa Sentíes Echeverría, química farmacobióloga, abogada, luchadora social, fundadora de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y militante por más de 50 años del tricolor mexiquense y nacional, fue galardonada con esta distinción.

Cabe recordar que dentro de su trayectoria en el servicio público destaca el haber sido la primera presidenta municipal de Toluca, primera senadora por el Estado de México, directora de Ecología de la entidad; además de haber escrito más de 20 libros durante su trayectoria de vida.

«Yo lo recojo en nombre de cada uno de mis familiares, amigos y militantes mexiquenses que ya no están con nosotros. Todos ellos han formado y forman parte de mi vida pública, cada uno con diferente tarea comprometida, pero también tarea de afecto que han hecho posible cumplir y entregar resultados en el servicio público», señaló.

Con orgullo agradeció la distinción de ser la primera persona en recibir este galardón y agregó que es necesaria una identidad partidaria ante el contexto político social que se vive actualmente.

Por su parte, Enrique Jacob Rocha, diputado local por Naucalpan, realizó una semblanza de la administración del licenciado Alfredo del Mazo González durante su periodo al frente de la entidad mexiquense, entre 1981 y 1986, destacando el desarrollo en el Estado de México y haciendo hincapié en la creación de la Presea Estado de México, que dio paso a este nuevo Galardón al Militante en el Servicio Público.

Dicho esto, señaló la trascendencia de que una militante tan importante como Yolanda Sentíes sea la galardonada con esta Primera Presea.

Por su parte, Alejandra del Moral Vela, presidenta del Consejo Estatal del PRI mexiquense, destacó la importancia de las mujeres en el tricolor de la entidad, haciendo hincapié en el trabajo de Yolanda Sentíes para la consolidación del trabajo femenino.

La mesa del presidium estuvo integrada por Adrián del Mazo Maza, Alejandro del Mazo Maza, hijos del exgobernador Del Mazo González; Alejandra del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI mexiquense; Andrés Aguirre Romero, secretario de Organización; Miguel Sámano Peralta, coordinador de los diputados priistas en la Cámara federal; Elías Rescala, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en Edoméx; Enrique Jacob Rocha, diputado por Naucalpan; Jaime Humberto Velázquez, de la Comisión de Justicia Partidaria; funcionarios, servidores públicos y militantes priistas.

Toluca, Estado de México, 11 de junio de 2021.- El principio pro persona debe ser una directriz de los derechos humanos y del servicio público, porque humaniza los postulados del derecho; su aplicación en el poder público debe garantizar instituciones públicas y políticas inclusivas e incluyentes; sin embargo, no ha permeado en todos los niveles y sectores, manteniéndonos una grave vulneración a derechos humanos.

Esas fueron algunas de las posturas expuestas en la Mesa de trabajo sobre El principio pro persona como directriz para el ejercicio del poder público, del 4º Congreso Internacional de Derechos Humanos, que llevan a cabo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), la Red Internacional de Estudios Constitucionales y los Cuerpos Académicos de Estudios Constitucionales y Estudios en Oratoria, Discurso Jurídico y Educación, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

El investigador Felipe Carlos Betancourt Higareda, de la UAEMex, propuso que se reconozca expresamente el derecho humano a tener instituciones políticas inclusivas e incluyentes en el Estado constitucional, así como el derecho humano a que existan pesos y contrapesos, en beneficio máximo de las personas y del respeto a sus derechos humanos a fin de evitar la tiranía de una persona o una élite.

Precisó que una de las premisas para entender el principio pro-persona es que el Estado constitucional debe organizarse al servicio y en torno de la persona humana, no al revés: “la persona no es propiedad del Estado constitucional, el Estado está ordenado al desarrollo de las personas”; dijo que para ello se requiere un Estado fuerte y poderoso con instituciones que funcionen por y para respetar los derechos humanos.

En su participación, la doctora María del Pilar Olmeda García, de la Universidad Autónoma del Baja California, subrayó aunque se ha mejorado el marco normativo en Europa, África y América, aún hace falta materializar el principio pro persona y llevarlo a la realidad de comunidades que enfrentan problemáticas de pobreza y desigualdad.

Dijo que en la administración pública todo proyecto y programa debe tener enfoque, desempeño y visión de derechos humanos, teniendo en la cúspide al principio pro persona, el cual debe asegurarse en cualquier tipo de gobierno, sin importar cambios gubernamentales.

Por tanto, dijo, el Estado, el mercado y la sociedad deben articularse en torno a compromisos sostenibles y sobre una base ética común de derechos humanos, sin dar lugar al asistencialismo ni la caridad: “se trata de tener ciudadanos empoderados que exijan el cumplimiento de derechos en su más alta calidad”.

Asimismo, la investigadora de la Universidad Anáhuac Mayab, Mérida, María Guadalupe Sánchez Trujillo, puntualizó que una década debería haber sido suficiente para que la reforma constitucional de 2011 permeara en todos los niveles y sectores; sin embargo, datos duros revelan lo contrario: cada vez se torna más difícil que los derechos humanos y el principio pro persona sean pauta del ejercicio del poder público.

Por ello, explicó, es urgente que el Poder Legislativo siga haciendo leyes que den soporte al ejercicio pleno de los derechos humanos y del principio pro persona, no solo enlistando normas sino siendo empático y sumando a la concreción de los DDHH para que la gente realmente los viva y se beneficie de ello.

Por último, el investigador de la UAEMex, Joaquín Ordóñez Sedeño, aseguró que dicho principio humaniza los postulados del derecho, pues privilegia la aplicación primera de aquella norma que protege al ser humano: “el principio pro persona significa maximizar los alcances y limitar las restricciones de los derechos humanos, por tanto, se debe observar desde la creación de la norma jurídica y ser directriz para el detentador del poder público”.

Destacó que “el objetivo es que el juez sea justo y racional, y que el detentador del poder público sea justo, racional y protector de los derechos humanos y de la dignidad de las personas.