Autoridades federales y de la Ciudad de México detuvieron a Jovany “N”, identificado como presunto integrante de la célula delictiva relacionada con el homicidio de dos servidores públicos del Gobierno de la Ciudad de México.

La captura fue resultado de las investigaciones realizadas de manera conjunta por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

De acuerdo con las autoridades, el intercambio de información, las labores de inteligencia y el seguimiento de diversas líneas de investigación permitieron ubicar al presunto responsable en el municipio de Yautepec, Morelos.

Durante el operativo, los agentes cumplimentaron la detención de Jovany “N”, quien fue sometido a una revisión conforme a los protocolos de actuación policial.

Como resultado de la inspección, las autoridades le aseguraron un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con diversas dosis de droga.

Posteriormente, el detenido fue informado de sus derechos y, junto con los objetos asegurados, quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Las instituciones participantes señalaron que las indagatorias continúan para identificar y detener al resto de las personas presuntamente involucradas en el homicidio de los dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

La SSPC, la Fiscalía capitalina y la SSC reiteraron que mantendrán la coordinación con autoridades federales y locales para esclarecer totalmente el caso y evitar que los hechos permanezcan impunes.

Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para prevenir fraudes conocidos como montadeudas, los cuales suelen incrementarse durante el mes de enero debido a la presión económica posterior a las fiestas decembrinas.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de fraude opera principalmente a través de aplicaciones móviles y plataformas digitales que se anuncian como opciones de préstamos rápidos, sin requisitos y con depósitos inmediatos, características que resultan atractivas para personas con dificultades de liquidez en esta temporada.

La SSPC detalló que estas aplicaciones funcionan de manera ilegal y suelen difundirse mediante redes sociales, motores de búsqueda, servicios de mensajería instantánea o correos electrónicos, prometiendo dinero sin consultar el buró de crédito ni verificar el historial financiero de los solicitantes.

Una vez instaladas, las aplicaciones solicitan permisos excesivos para acceder a información del dispositivo, como contactos, fotografías, archivos o ubicación. Posteriormente, otorgan montos reducidos o incluso realizan depósitos no solicitados, para después imponer intereses elevados y plazos de pago muy cortos.

Tras el vencimiento, los operadores inician prácticas de intimidación, amenazas y extorsión, que incluyen el acoso directo a la víctima y la difusión de información personal entre familiares o contactos, con el objetivo de exigir pagos indebidos.

Ante este escenario, la SSPC recomendó verificar que cualquier institución crediticia esté debidamente registrada ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como desconfiar de ofertas que prometan préstamos garantizados sin requisitos claros.

Asimismo, exhortó a no compartir datos personales o financieros sensibles, evitar aplicaciones que soliciten permisos innecesarios y leer detenidamente los términos y condiciones de los servicios financieros digitales antes de aceptarlos.

Finalmente, la dependencia subrayó que, en caso de amenazas o intentos de extorsión, es fundamental no realizar pagos adicionales y denunciar de inmediato ante la Unidad de Policía Cibernética correspondiente, además de consultar la Ciberguía del Gobierno de México para recibir orientación oficial.

El traslado de 60 personas privadas de la libertad a distintos Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) ubicados en el interior del país fue llevada con éxito por personal del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Esta acción fue coordinada por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en estrecha coordinación con las secretarías de Seguridad de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.

El operativo tuvo como objetivo preservar condiciones de control en los centros penitenciarios, debido al perfil de las personas privadas de la libertad, relacionadas con diversos delitos que atentan contra la seguridad pública, así como el bienestar de la sociedad.

Del total de personas mencionadas, 15 fueron extraídas del CEFERESO No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, y concentradas en el Aeropuerto Internacional de Toluca, donde de manera simultánea, arribaron otras 45 personas privadas de la libertad provenientes de centros penitenciarios estatales, como parte de la estrategia de seguridad metropolitana: 20 de la Ciudad de México, 20 del Estado de México y 5 del estado de Querétaro.

Las personas privadas de la libertad fueron trasladadas vía aérea hacia nueve Centros Federales de Reinserción Social distribuidos en distintas regiones del país.

La seguridad del traslado estuvo a cargo de elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), así como de la Guardia Nacional, quienes actuaron conforme a los protocolos vigentes para garantizar la integridad y el orden durante toda la operación.

El operativo se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, en coordinación interinstitucional y con estricto apego a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, así como del personal operativo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló en su más reciente informe que varios jueces han emitido decisiones judiciales que favorecen a presuntos operadores de grupos criminales, lo que ha resultado en traslados, liberaciones y egresos definitivos de reclusos involucrados en delitos graves.

García Harfuch detalló que entre octubre de 2024 y abril de 2025 se registraron 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos de personas vinculadas a delitos de alto impacto. Además, durante este periodo, se realizaron 27 traslados de prisioneros a centros penitenciarios de mínima seguridad, a pesar de las advertencias de las autoridades penitenciarias sobre la gravedad de los crímenes cometidos por los implicados.

El titular de la SSPC exhibió a varios jueces, entre ellos Gregorio Salazar Hernández, quien se desempeña en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México. Este juez ha sido señalado por sus fallos que han permitido la liberación de personas procesadas por delitos como delincuencia organizada y corrupción. Algunos de los casos más destacados incluyen la liberación de Mario Alberto Cárdenas Medina, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, líder histórico del Cártel del Golfo, y la orden de no vinculación a proceso de Juan Enrique “N”, alias «La Pingua», vinculado al Cártel del Golfo.

Harfuch también mencionó otros jueces como Silvestre Peña Crespo, de Guanajuato, quien emitió resoluciones que favorecieron a personas acusadas de secuestro y corrupción de menores, así como Enrique Hernández Miranda y Aníbal Castro, de Sonora, quienes emitieron resoluciones a favor de criminales a través de cambios de medida cautelar.

De acuerdo con García Harfuch, entre octubre de 2024 y abril de 2025, fueron liberados 26 operadores criminales de distintas organizaciones delictivas, como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana y Los Rojos. El titular de la SSPC resaltó que la intervención de jueces como Salazar Hernández y otros contribuye a la perpetuación de la impunidad en el país.

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó un importante decomiso de drogas en Mexicali, Baja California. Durante un operativo conjunto, se aseguraron 139 kilogramos de sustancias ilegales, de los cuales 62 kilos correspondían a probable fentanilo, mientras que los 77 kilos restantes eran otras sustancias. Además, fueron confiscadas máquinas utilizadas en la producción de narcóticos.

El operativo fue realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Ministerio Público Federal (MPF). En el lugar, se encontraron contenedores y bolsas con las sustancias mencionadas, junto a una máquina mezcladora metálica y una tableteadora, herramientas comunes en la fabricación de narcóticos.

El inmueble y los materiales incautados fueron puestos a disposición del MPF, que continuará con las investigaciones para identificar y procesar a los responsables del sitio de producción.

El fentanilo, una droga sintética y altamente peligrosa, ha sido vinculado a una creciente crisis de sobredosis, especialmente en Estados Unidos, lo que ha intensificado los esfuerzos para frenar su tráfico. Esta incautación se suma a otros operativos recientes, como el ocurrido el 3 de diciembre en Sinaloa, donde se logró la mayor incautación de fentanilo en pastillas.

Este tipo de operativos forman parte de las acciones de las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico, en un contexto en el que también persiste la presión por el tráfico de armas, cuya creciente circulación ha intensificado la violencia en diversas regiones del país.

En un operativo de alto impacto, fuerzas federales, encabezadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), aseguraron cerca de una tonelada de aparente marihuana y un amplio arsenal en un predio localizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La operación, resultado de investigaciones de inteligencia, se llevó a cabo en un taller clandestino donde presuntamente se realizaban modificaciones para el blindaje artesanal de vehículos utilizados por grupos delictivos. Según informes, el inmueble era vigilado de manera discreta y se emplearon herramientas tecnológicas para identificar movimientos sospechosos, observando la presencia de un cargamento de un vegetal verde, oculto en bultos de alfalfa.

Las autoridades obtuvieron suficientes datos de prueba que fueron presentados ante un Juez de Control, quien autorizó la orden de cateo. Con este mandato, elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con efectivos de la FGR, Defensa y Semar, se desplegaron en la zona del Libramiento Norte y Boulevard Laguitos en Tuxtla Gutiérrez, donde se realizó el cateo con estricto apego a los protocolos de actuación policial.

En el sitio se aseguraron 935 kilogramos de lo que parece ser marihuana, además de 54 armas de fuego largas, 545 cargadores y 65 cajas de cartuchos de diferentes calibres. También se incautaron diversos vehículos, incluyendo un “monstruo”, un automóvil con blindaje artesanal, dos con blindaje de fábrica, así como otros nueve vehículos y tres motocicletas.

Todo lo decomisado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes, mientras que el inmueble fue sellado y permanece bajo resguardo de las autoridades.

Este operativo, ejecutado de manera coordinada entre las diversas fuerzas de seguridad del país, representa un esfuerzo enfocado en desarticular la infraestructura de grupos criminales, y responde al compromiso de la SSPC, FGR, Defensa y Semar por fortalecer la seguridad y construir un entorno de paz en el país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el huracán Rafael, actualmente clasificado como categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, no representa un riesgo directo para México. Las autoridades señalaron que el fenómeno se encuentra distante de las costas nacionales, minimizando así la posibilidad de afectaciones en el país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que, a las 6:00 horas, el huracán Rafael se localizaba a 140 kilómetros al sureste de la Isla de la Juventud, en Cuba, y a aproximadamente 545 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Con vientos sostenidos de 160 km/h y ráfagas de hasta 200 km/h, Rafael se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 22 km/h.

A pesar de la lejanía de Rafael, las autoridades mexicanas mantienen un monitoreo constante de este sistema hidrometeorológico y otros fenómenos similares. La vigilancia permitirá responder oportunamente en caso de que ocurra algún cambio en su trayectoria o intensidad que pudiera implicar riesgos para el territorio nacional.

La CNPC recordó que la temporada de lluvias y ciclones tropicales en México culminará el próximo 30 de noviembre, motivo por el cual es fundamental que la población continúe adoptando medidas preventivas. Estas acciones pueden reducir riesgos en caso de precipitaciones intensas y vientos fuertes.

Entre las recomendaciones que la CNPC promueve destacan la limpieza de calles y el despeje de drenajes para prevenir inundaciones, así como la poda de árboles y el retiro de objetos que podrían ser desplazados por el viento. También se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales como la CNPC y el SMN.

Además, se subraya la importancia de limpiar cárcamos y canales para asegurar la circulación de agua en eventos de lluvia, especialmente en zonas urbanas donde los encharcamientos pueden convertirse en inundaciones.

El Gobierno de México reiteró su compromiso de continuar monitoreando de cerca al huracán Rafael y otros sistemas activos. En conjunto, la SSPC y otras dependencias federales trabajan en acciones preventivas para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Luis Antonio Yépez, alias ‘El Monedas’ e hijo de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), fue liberado por orden de un juez en Querétaro. La liberación de Yépez, junto con otros dos miembros del CSRL, se dio a conocer este miércoles por Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El anuncio tuvo lugar durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó nuevamente la necesidad de reformar el Poder Judicial. “No es posible que haya miles de sentenciados de años, miles de personas encarceladas sin sentencia, entre otras cosas”, afirmó el presidente.

Siguiendo la instrucción del mandatario, Rodríguez detalló que fue notificada sobre la orden del juez entre las 20:00 y 21:00 horas del 18 de junio. “Anoche, un juez del estado de Querétaro decretó la libertad inmediata de tres miembros del CSRL. Uno de ellos es el hijo del señor Yépez, ‘El Marro’”, explicó.

La titular de la SSPC calificó la situación como “delicada” debido a que la orden de liberación debía ejecutarse en menos de 24 horas. Añadió que están investigando si existen otras órdenes de aprehensión pendientes o procesos penales contra los liberados.

Luis Antonio Yépez, conocido también como ‘El Sonic’, es uno de los seis hijos de José Antonio Yépez Ortiz, ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y principal rival del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guanajuato. Su captura ocurrió el pasado 7 de enero en Santa Cruz de Juventino de Rosas, después de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad (SSP) de Guanajuato. Ese día también fueron detenidos Giovani ‘N’ y Cristián ‘N’, dos miembros del CSRL de 18 años de edad.

A pesar de haber agredido a elementos de seguridad, las autoridades señalaron que la detención de los tres jóvenes, incluyendo a Luis Antonio Yépez de 22 años, se debió a que se les encontró en posesión de un arma de fuego y diversas dosis de droga.

En el transcurso del mes de julio, México experimentó una disminución marcada del 8.13% en el número de homicidios dolosos en comparación con el mismo período del año previo, lo que condujo a un total de 2,462 casos registrados. Con estos datos, julio se posiciona como el mes menos letal en términos de homicidios en los últimos seis años, según el reporte oficial emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en su anuncio de esta semana.

Rosa Icela Rodríguez, la titular de la SSPC, abordó este descenso en una conferencia de prensa matutina, destacando la tendencia constante a la baja en los homicidios dolosos. Rodríguez subrayó que este mes de julio representa el nivel más bajo de casos en el lapso de seis años. Añadió que los números de julio representan un decrecimiento mensual del 2.99% en comparación con el mes de junio, que acumuló 2,538 incidentes.

La secretaria también resaltó otro aspecto importante: la incidencia mensual de homicidios dolosos ha disminuido un 19.9% en los últimos seis años. Rodríguez Velázquez enfatizó la disminución constante de los homicidios desde el inicio de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2018, señalando una reducción del 17% en homicidios dolosos durante el período de la Administración actual.

En relación con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, Rodríguez informó que julio presenció una reducción del 6%, llegando a un promedio de 83 víctimas por día, en comparación con las 88 víctimas por día en 2022. Además, se destacó una disminución del 18% en comparación con 2018, cuando el promedio diario de homicidios era de 101.

La distribución geográfica de los homicidios dolosos también fue objeto de análisis por parte de la secretaria, quien apuntó que el 47.8% de los casos ocurrieron en seis estados específicos: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. En conjunto, estos estados totalizaron 8,409 homicidios en lo que va del año.

Por otro lado, se reconoció un aumento interanual del 4.8% en delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, así como un incremento del 16.2% en delitos fiscales durante los primeros siete meses de 2023. Sin embargo, también se observaron decrementos notables en crímenes como el contrabando de personas (44.7%), delincuencia organizada (20.5%), delitos financieros (28.2%) y crímenes cometidos por servidores públicos (8.4%).

En el ámbito de los delitos del fuero común, se destacó un aumento del 10.1% en el robo a transportistas durante los primeros siete meses del año. En cambio, se observaron reducciones significativas en otros tipos de robos, como el robo de transporte individual (13.6%), robo a transporte público (13.7%), robo a negocio (8.7%) y robo a transeúnte (10.9%).

El presidente López Obrador emitió un decreto mediante el cual se establece el 30 de junio como el Día de la Guardia Nacional. Este nuevo día conmemorativo tiene como objetivo reconocer el heroísmo, la capacidad profesional, los servicios a la patria y otros méritos de los integrantes de la Guardia Nacional.

El decreto también establece la entrega de estímulos y reconocimientos contemplados en el Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional, siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal y se cumplan las disposiciones jurídicas correspondientes.

Asimismo, se impulsará la realización de eventos cívicos, deportivos, culturales, académicos y de adiestramiento en las sedes de la Guardia Nacional cada 30 de junio.

El decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor a partir de este viernes. En él se establece que se podrán otorgar condecoraciones, menciones honoríficas, distinciones, citaciones y recompensas a los miembros de la Guardia Nacional que sean dignos de ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del reglamento interno. Dichos reconocimientos se entregarán según las posibilidades presupuestales y las disposiciones legales aplicables.

La Guardia Nacional es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según lo especificado en la publicación. Cabe destacar que los gastos generados por la implementación de este decreto serán cubiertos con cargo al presupuesto aprobado para la SSPC.

Con la promulgación del Día de la Guardia Nacional, se suprime la conmemoración del Día de la Policía Federal, establecido en 2013. Esta medida refuerza el papel de la Guardia Nacional como una institución ciudadana mexicana comprometida con la soberanía y el servicio a la sociedad.

El decreto enfatiza la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia y el espíritu de cuerpo de los miembros de la Guardia Nacional, reconociendo su heroísmo, capacidad profesional y servicio a la patria, incluso aquellos que sacrifican su vida en el cumplimiento de su deber.