Rodrigo Martínez-Celis Woga, Secretario de Seguridad mexiquense, dijo que de las 6 mil 900 personas privadas de su libertad que pueden ejercer su derecho al voto, y que estará participando en la jornada electoral para elegir a la próxima gobernadora del Estado de México, el 10 por ciento son mujeres y el resto varones.

En entrevista señaló que dicha cifra es de PPL que se encuentran recluidas en las 20 cárceles mexiquenses y que tienen sus derechos vigente, «es difícil que incremente el número de personas que puedan votar, porque ya se cerró la lista; lo que sí podría suceder es que disminuya, debido a que algún procesado, puede cambiar su carácter a sentenciado».

“Las personas privadas de su libertad, ya manifestaron en su oportunidad y por escrito que quieren emitir su sufragio”, indicó.

Para lo cual, dijo, no habrá una prueba previa y funcionarios del IEEM como del INE ya fueron físicamente a los espacios en donde se van a instalar las mesas para la votación.

Martínez-Celis Woga, explicó que tanto el INE como el IEEM van a autorizar a quienes serán los funcionarios de casilla y por otro lado a los representantes de los partidos políticos y observadores electorales que estarán presentes.

De igual forma aseguró que la vigilancia especial será en los 20 centros penitenciarios, por lo que no es necesario hacer algo a lo que ya se hace siempre; «está es una muestra del control que se tiene en los penales y con el personal que ya se tiene se llevará a cabo el proceso electoral, que es el primero en el país donde se abren todos los entes electorales».

Finalmente el Secretario de Seguridad precisó que está garantizada la seguridad, tanto a los representantes de casilla como a las personas que van a votar, pero también al resto de la población penitenciaria que no participarán en el proceso electoral.

«No se suspenderán ni las visitas, ni los horarios de comidas, para ello, estarán en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos tanto estatal como nacional», concluyó.

Desde las 09:44 horas, Michelle Núñez Ponce, candidata a alcaldesa de Valle de Bravo por la coalición «Juntos Haremos Historia», llegó a la casilla que se ubica en la Escuela Primaria «Constitución Mexicana», de la sección número 5661, para cumplir como ciudadana y emitir su voto.

A las 10:19 horas, la contendiente fue nombrada por un integrante de la casilla, quien entregó sus boletas correspondientes y, posteriormente, efectuó su sufragio.

En entrevista, destacó que tiene confianza en los órganos electorales y esperará los resultados de la elección.

“Es una elección que se está llevando con mucha paz, con mucha tranquilidad aquí en la casilla donde me tocó votar, está fluido, está todo muy tranquilo y esperemos así se mantenga la elección para el día de hoy”, manifestó.

Las representaciones de los partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) pidieron al Consejo General exhortar a las y los ciudadanos a no dejarse coaccionar en el voto y evitar el uso de telefonía celular dentro de casillas electorales.

El representante del Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Lira Colchado, indicó que no se han podido erradicar las viejas costumbres de coaccionar el voto mediante el condicionamiento o la intimidación, forzando no solo a ciudadanos, sino incluso a servidores públicos para votar a favor de algún candidato.

Para avalar lo anterior refirió que, comúnmente, piden hacer uso de la telefonía celular para tomar una fotografía del voto emitido y difundirla vía correo o WhatsApp, para garantizar que se tiene seguro su sufragio, acción que, dijo, debe ser frenada.

A esta petición se sumaron las representaciones de Fuerza por México, Nueva Alianza del Estado de México y el Partido Revolucionario Institucional; mientras que la representación del Partido Acción Nacional se pronunció a favor de que también los institutos políticos asuman la parte que les toca, a efecto de hacer el compromiso de no ejercer la “compra de votos” y denunciar ese tipo de prácticas.

Por su parte, la presidenta provisional del IEEM, Laura Daniella Durán Ceja, informó que ya cuentan con 19 mil 500 carteles impresos, que estarán siendo colocados al exterior de las casillas electorales, mediante los cuales se informará a los mexiquenses que quien exige una foto de su voto está cometiendo un delito que se puede castigar con cárcel, adjuntando en el mismo los números de contacto telefónico, las páginas web y los correos electrónicos donde podrán denunciar este tipo de hechos.

Obligar a los ciudadanos a que participen en los procesos electorales crea democracias artificiales, por lo que es mejor generar incentivos para quienes participen en los comicios, señaló la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho.

La diputada priista, señaló la necesidad de que los resultados electorales brinden a quienes resulten electos una mayor legitimidad, por lo que propuso reformas que permitan otorgar incentivos a quienes participen en los procesos electorales, acudiendo a las urnas.

En ese sentido la legisladora por el estado de Yucatán señaló que “hay que ejercer nuestro derecho al voto y premiar a quien lo haga”, y propuso reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Federal de Derechos.

Dijo que criminalizar y castigar al ciudadano por no votar es un contrasentido, “la propuesta es que mejor se den incentivos a quienes ejercen su derecho al sufragio”, lo cual es un derecho y una obligación, al mismo tiempo, ya que así lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ejemplo, planteó, algunos de los incentivos pueden ser para que quienes voten tengan preferencia frente a quienes injustificadamente no sufragaron, en casos de igualdad de puntaje en los exámenes de ingreso a las instituciones pública de educación superior.

Otra de las ventajas para los ciudadanos votantes es que podrían tener una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del Servicio Militar Nacional; o bien, ser elegidos en la adjudicación de becas educativas en concursos abiertos; un descuento de 10 por ciento en el valor de expedición del pasaporte que solicite durante los cuatro años siguientes a la votación.

Otro aliciente, dijo, es obtener un descuento de hasta el dos por ciento al Impuesto Sobre la Renta (ISR), de acuerdo a las condiciones y modalidades que la legislación en la materia establezca, y no pagar el derecho a la reposición de la credencial de elector.

En su propuesta de reforma, la diputada priista mencionó que en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay establecieron el voto obligatorio como una medida para reducir las tasas de abstencionismo.

Sin embargo, aclaró, “cualquier reforma punitiva a nadie obliga a participar en procesos electorales en los que no están de acuerdo, por lo tanto, de nada serviría hacerlo obligatorio; eso crea democracias artificiales, además de que ensancha la brecha de confianza entre el ciudadano y su gobierno”.