Con consignas como: “No somos elite, somos pueblo. El INE no se toca”, “Rescatemos a México, el INE no se toca”, miles de personas arribaron al Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra el ‘Plan B’ de la Reforma Electoral, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Con vestimenta de color blanco y rosa, las y los manifestantes expusieron sus inconformidades respecto a esta aprobación, que el pasado miércoles 22 de febrero, el Senado de la República, dio luz verde.

José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), solicitó al Máximo Tribunal que echen para abajo tal Reforma que mútila al Instituto Nacional Electoral, (INE).

“Hasta ahora los Ministros solo han escuchado las palabras ofensivas del Presidente y de sus seguidores. Quienes estamos aquí queremos hablarles con otro lenguaje, con el lenguaje de la confianza y el respeto que corresponde a los demócratas. Queremos decirles que sabemos de las dificultades que su trabajo implica, de las presiones a que están siendo sometidos, por quienes quieren apropiarse del sistema electoral mexicano”, indicó.

Por su parte, Beatriz Pagés, celebró este encuentro que llenó el zócalo capitalino y en otras ciudades, de forma paralela.

“Este es un encuentro de alegría y libertad estamos aquí en el corazón de la República para defender la democracia para insistir una y mil veces más, el INE no se toca. Nuestro voto no se roba y para decir a quien nos quiera escuchar estamos listos para impedir un golpe a la constitución y a nuestras libertades”.

Con 72 votos a favor de Morena y aliados y en contra, la Cámara Alta aprobó las modificaciones a 429 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El Plan B es una reforma electoral que promueve cambios en su estructura y operación. Eliminar 300 Juntas Ejecutivas Distritales en todo el país, el 84.6 por ciento del Servicio Profesional Electoral, ajustar el salario de los consejeros del INE a menos de 108 mil pesos mensuales, adelgazar la nómina del INE al liquidar hasta 6 mil plazas y trabajadores, desaparecer fondos y fideicomisos del INE, que el gobierno federal acceda a las listas de electores y que funcionarios y candidatos puedan usar recurso público con fines de proselitismo.

Lilia González

Luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada la acción de inconstitucionalidad a la reforma del Código Electoral del Estado de México por lo que se avalaron los gobiernos de coalición en el Estado de México, el diputado perredista Omar Ortega Álvarez aseguró que Morena se quedó con las ganas de frenar el cambio impulsado por el PRD.

Es de precisar que la acción de inconstitucionalidad había sido promovida por integrantes del Morena luego de las reformas realizadas al código electoral de la entidad, en septiembre del 2022 y aprobadas en la Cámara de Diputados por mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Ortega Álvarez autor de la iniciativa de los gobiernos de coalición en el Estado de México, celebró la decisión de la SCJN, que determinó, conforme a un precedente, que el gobierno de coalición, en su modalidad electoral, es una figura diferente a las coaliciones electorales y su regulación se encuentra dentro de la libertad legislativa de las entidades federativas.

«El gobierno de coalición no solo consiste en que haya alianza electoral, sino también en una alianza programática al momento de gobernar» dijo.

A la par, advirtió que la bancada y el partido seguirán impulsando este tipo de reformas trascendentales.

Rafael Rodríguez

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló la reserva por 5 años la información referente a los contratos de compra de vacunas contra covid-19 que el Gobierno de México ha celebrado con farmacéuticas y laboratorios.

Señalando que dicha decisión fue por motivos de seguridad nacional, el pleno de la SCJN, resolvió el recurso promovido por la Consejería Jurídica del gobierno de México contra la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego que un particular solicitó dicha información a través de la página de transparencia.

El ministro Jorge Mario Rebolledo, hizo la modificación a la resolución del pleno del INAI, con fecha del 19 de mayo de 2021, en la que se refiere que la información relativa al precio de los biológicos contra dicha enfermedad se reservaría por 2 años.

Asegurando que “Sería incorrecto asumir que en el lapso de dos años habrán concluido las negociaciones con las farmacéuticas o incluso que ya no serán necesario el abastecimiento de vacunas contra el coronavirus”

Cabe recordar que el pasado 24 de mayo de 2021, el gobierno de México hizo la presentación de una plataforma digital que informaba acerca de los contratos de adquisición por parte de la autoridad Federal con los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, CanSino y Sinovac.

Sin embargo dichos contratos aparecían con censura en algunas partes importantes, tales como la adquisición y de los precios de las dosis que llegaron a nuestro país.

Según información de diarios nacionales, la compra del biológico de Pfizer, Cansino y Astrazeneca tendría un costo por encima de los 24 mil millones de pesos.