La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad, con 76 votos a favor de los presentes, el dictamen que autoriza la entrada de 11 militares del Ejército de los Estados Unidos a territorio mexicano. Estos elementos participarán en el programa «Entrenamiento de Ejercicios Combinados Conjunto» (JCET, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo entre el 7 de abril y el 15 de mayo de 2025.

La actividad se realizará en dos sedes: primero en el Centro de Adiestramiento Regional de la I Región Militar, en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, del 7 de abril al 3 de mayo, y luego en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, en Chihuahua, entre el 4 y el 15 de mayo.

Los 11 elementos del 7/o Grupo de Fuerzas Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte del Ejército de los Estados Unidos llegarán a bordo de un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea estadounidense.

Según el dictamen, se autoriza su tránsito por territorio mexicano desde el 7 de abril de 2025, con la obligación de salir del país a más tardar el 15 de mayo del mismo año. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar un informe al Senado sobre los resultados obtenidos tras la actividad, dentro de los 30 días naturales posteriores a su finalización.

El programa JCET tiene como objetivo mejorar las capacidades operativas de las fuerzas armadas a través de entrenamientos conjuntos con aliados y socios estratégicos, como México. Iniciado por el gobierno de Estados Unidos en la década de 1980, este programa ha sido clave para fortalecer las relaciones de cooperación internacional y mejorar la preparación táctica de las fuerzas militares involucradas.

México, debido a su ubicación geopolítica y su rol en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, ha sido un socio estratégico en el JCET desde principios de los 2000, participando principalmente con unidades de élite del Ejército Mexicano. Los entrenamientos han incluido operaciones de inteligencia, combate urbano, rescate de rehenes y formación en tácticas antiterroristas.

La reciente aprobación por parte del Senado mexicano para permitir el ingreso de 11 agentes armados de Estados Unidos ha suscitado un intenso debate sobre las implicaciones de esta medida y las actividades que llevarán a cabo en territorio mexicano.

Mientras persisten las preguntas sobre la naturaleza precisa de sus operaciones y las áreas donde se desplegarán, se han revelado nuevos detalles sobre el alcance y la duración de su presencia en México.

Según información reciente, estos soldados estadounidenses permanecerán en el país durante aproximadamente dos meses, enfocados en actividades de capacitación destinadas a fortalecer las capacidades operativas del Ejército mexicano. El Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, ubicado en Chihuahua, ha sido designado como el lugar principal para llevar a cabo estas actividades conjuntas.

Además de mejorar las habilidades en áreas como la planificación y ejecución de operaciones especiales, se espera que esta cooperación militar contribuya a promover la seguridad y estabilidad en la región.

Sin embargo, la presencia de soldados armados de Estados Unidos en suelo mexicano ha generado preocupación y críticas por parte de algunos sectores, quienes han cuestionado la legalidad y las implicaciones constitucionales de esta medida.

A pesar de las garantías proporcionadas por las autoridades mexicanas sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales, persisten las dudas y la necesidad de una mayor transparencia en torno a esta colaboración militar bilateral.

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación ha identificado 147 mil 33 personas migrantes que transitaban en condición irregular por territorio nacional entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021, cifra que representa el triple de lo registrado durante el mismo periodo de 2020.

Al concluir el mes de agosto del año pasado, el número de personas extranjeras identificadas por su estancia irregular en México ascendía a 48 mil 398.

De las 147 mil 33 personas migrantes extranjeras, 145 mil 863 son originarias de América y el resto de Asía, África, Europa y Oceanía, y entre las naciones de estos últimos continentes sobresalen los provenientes de Bangladesh, Senegal, India, Rusia, Ghana y Nepal, con más de 100 identificados por cada país.

Ayer se identificaron mil 118 personas migrantes en condición irregular en 22 estados del país: 272 en Tabasco; 214, Chiapas; 114, Sonora; 105, Chihuahua; y 102, Tamaulipas, y en los demás en una proporción menor en las entidades de la Ciudad de México, Veracruz, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Coahuila, Zacatecas, entre otras.

Provenían de 21 países distintos: 438 de Honduras; 355, Guatemala; 70 Nicaragua; 70, El Salvador; 65, Haití; 37, Ecuador; 25, Cuba; 14, Brasil; 14, Venezuela; 6, Colombia; 6, Estados Unidos; 4, Chile; 4, Guayana; 3 Perú, y 1 de las naciones de República Dominicana, Argentina, Belice, Panamá, Bulgaria, Francia y Gabón.

Por género, de las mil 118 personas migrantes extranjeras identificadas, 546 son hombres, 288 mujeres y 284 menores de edad (145 niños y 139 niñas); entre las y los infantes, 255 no iban acompañados y sólo 29 estaban acompañados.

El INM refrenda su compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con respeto irrestricto a los derechos de las personas en contexto de movilidad, sin menoscabo de su condición social, política y económica.