Un juez dictó formal prisión a José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, Jalisco, como parte del proceso que enfrenta por su presunta vinculación con actividades delictivas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La determinación ocurrió durante la primera parte de la audiencia inicial en su contra, aunque el acusado solicitó una prórroga. Se prevé que la audiencia continúe el próximo viernes 9 de mayo.

Murguía Santiago fue detenido el pasado 3 de mayo, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridades federales. Su detención derivó de las investigaciones en torno al rancho Izaguirre, inmueble presuntamente utilizado como centro de operaciones del grupo criminal. Posteriormente, fue trasladado de Jalisco a la capital del país para continuar con el proceso judicial.

El presidente municipal, militante de Movimiento Ciudadano (MC), ha desempeñado el cargo en tres ocasiones. Inició su carrera política en 2012, tras ejercer como odontólogo en la práctica privada. Entre 2018 y 2021, también ocupó un escaño como diputado local en el Congreso de Jalisco.

En paralelo al caso, se dio a conocer que un juicio de amparo promovido por el edil se frenó debido a que no ratificó el recurso en tiempo y forma, lo cual impidió que avanzara dicha vía legal.

En otro tema relacionado, el fiscal general Alejandro Gertz Manero aclaró que no existe una ruptura con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, luego de que surgieran desacuerdos en torno a las declaraciones sobre el rancho Izaguirre. El funcionario aseguró que el trabajo conjunto continúa con apoyo de la Secretaría de Gobernación y que el colectivo ha tenido acceso a las labores de búsqueda en la zona.

En las últimas semanas, la investigación sobre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha dado un giro importante con la detención de 15 personas, quienes estaban vinculadas con delitos de delincuencia organizada. Estas detenciones, que fueron posibles gracias a la información de dos individuos en Zacatecas y Jalisco, permitieron a las autoridades identificar al rancho como un centro de reclutamiento, operaciones y capacitación criminal.

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que el rancho no solo servía como lugar de entrenamiento y operaciones para organizaciones delictivas, sino que también fue clave para el avance de la investigación. La detención de un líder de esta unidad en la Ciudad de México, junto con el trabajo de las autoridades locales, permitió precisar las actividades que ocurrían en el rancho.

Además de las detenciones, se han realizado diversas pruebas en el lugar, incluyendo análisis del suelo y los materiales de construcción para investigar la posible presencia de cremación de restos humanos. A pesar de los indicios iniciales de ropa, zapatos y documentos encontrados en el sitio, los resultados preliminares no han confirmado la existencia de cremación en el área.

Para garantizar la precisión de los resultados, la Fiscalía General de la República solicitó la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para ratificar los hallazgos y determinar si realmente existieron huellas de cremación en el rancho.

El fiscal Gertz Manero también indicó que en los próximos días se espera recibir más información y se comprometió a compartir los avances y la documentación relevante con los medios de comunicación. La investigación sigue en curso, y las autoridades buscan esclarecer todos los hechos relacionados con el Rancho Izaguirre.

Las autoridades federales identificaron al rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, como un centro de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde se reclutaban y entrenaban nuevos integrantes de la organización criminal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el lugar contaba con infraestructura destinada a la preparación de los reclutas, incluyendo una pista de entrenamiento y otros elementos utilizados para su integración al grupo delictivo.

En relación con versiones que señalaban que el predio también funcionaba como un centro de exterminio, García Harfuch aclaró que la Fiscalía General de la República (FGR) será la encargada de determinar si en el sitio existían restos humanos y establecer su procedencia. Actualmente, la Fiscalía de Jalisco mantiene bajo resguardo el lugar mientras continúan las investigaciones.

Como parte de las acciones contra el CJNG, las fuerzas de seguridad lograron la captura de José Gregorio «N», alias «El Lastra», señalado como el responsable del reclutamiento de jóvenes para el centro de adiestramiento en Teuchitlán. Según las indagatorias, este individuo trabajaba bajo las órdenes de Gonzalo «N», alias «El Sapo», considerado un cabecilla regional de la organización en Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

Las investigaciones revelaron que el reclutamiento se realizaba a través de anuncios falsos en redes sociales, principalmente TikTok, donde se ofrecían empleos con sueldos atractivos. Se identificaron al menos 39 perfiles utilizados para captar a las víctimas, los cuales fueron eliminados por la Policía Cibernética.

Los interesados en estas ofertas de trabajo eran citados en centrales de autobuses y trasladados al rancho Izaguirre, donde se les despojaba de sus pertenencias, incluyendo sus teléfonos celulares. Una vez en el lugar, recibían uniforme, botas tácticas y eran sometidos a un entrenamiento que incluía el manejo de armas de fuego y pruebas de resistencia física. El adiestramiento duraba aproximadamente un mes y, según sus habilidades, se les asignaban funciones dentro del grupo criminal en distintas regiones del país.

Las personas que intentaban escapar o se negaban a participar en las actividades del cártel eran sometidas a golpes, secuestro y tortura. Estas prácticas fueron reveladas a partir de la detención de «El Lastra» en la Ciudad de México, quien proporcionó información clave sobre el funcionamiento del centro de adiestramiento.

Antes de su captura, José Gregorio «N» se reunió con Gonzalo «N» en Puerto Vallarta, donde recibió la orden de cesar las actividades de entrenamiento. Posteriormente, se trasladó al municipio de Tala, Jalisco, y después a la Ciudad de México con la intención de evadir a las autoridades, pero fue localizado y arrestado.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga posibles irregularidades en las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Jalisco sobre el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, conocido por ser un presunto campo de exterminio. Según el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, las autoridades locales no realizaron una investigación completa en el sitio, lo que ha impedido avanzar en la identificación y esclarecimiento de los hechos ocurridos allí.

En conferencia de prensa, Gertz Manero detalló que, a pesar de que la Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo de restos humanos en el rancho, no se efectuaron los procedimientos adecuados para asegurar la correcta inspección del lugar ni para procesar los objetos encontrados, como ropa y calzado, que podrían ser claves en la investigación. Además, indicó que los vehículos hallados en el sitio tampoco fueron debidamente procesados, y algunos de estos ya han sido identificados como robados.

El fiscal destacó que, si bien aún no se puede determinar la causa exacta de la muerte de las personas encontradas, la FGR está trabajando en la recopilación de pruebas y en la evaluación de los delitos federales que podrían haberse cometido en el lugar. Subrayó que la falta de una intervención inmediata por parte de la FGR en 2022, cuando se registró el operativo, fue una de las principales fallas en el manejo del caso por parte de las autoridades locales.

Gertz Manero también hizo un llamado urgente a las autoridades de Jalisco para entregar los peritajes definitivos relacionados con la investigación y las acciones que llevaron a cabo en el lugar. La FGR sigue evaluando si los hechos pueden considerarse como delitos federales, ya que esto determinaría si el caso pasará a ser investigado bajo la jurisdicción federal.

La situación ha llamado la atención tanto de las autoridades mexicanas como internacionales. La ONU expresó su preocupación por las omisiones en la investigación y la falta de pruebas cruciales durante las inspecciones realizadas por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco. La falta de seguimiento a los testimonios y objetos encontrados también ha generado inquietud respecto a la conexión entre las autoridades locales y los grupos criminales que operan en la región.

La FGR sigue avanzando en la recopilación de pruebas y en el análisis de los posibles delitos federales relacionados con este caso, pero aún no ha confirmado si el rancho Izaguirre era utilizado como un campo de exterminio o con otros fines, como entrenamiento o concentración.

La Fiscalía General de la República (FGR) analiza la posibilidad de atraer la investigación sobre los crematorios clandestinos encontrados en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de México, consideró que no resulta creíble que las autoridades municipales y estatales desconocieran la existencia de estos sitios de exterminio.

El hallazgo ocurrió el pasado domingo cuando un colectivo de búsqueda de desaparecidos identificó tres crematorios clandestinos, restos de huesos calcinados y triturados, así como más de 200 pares de zapatos y cientos de prendas de vestir en un predio presuntamente vinculado a un grupo del crimen organizado.

En conferencia matutina, Gertz Manero calificó la situación como un problema crítico que refleja el arraigo de la delincuencia organizada a nivel local. Destacó que la mayor parte de los delitos en México corresponden al fuero común y subrayó la responsabilidad de las autoridades estatales y municipales en el control de estos actos ilícitos.

El fiscal explicó que la FGR llevará a cabo una investigación para determinar la historia del caso, establecer los antecedentes del predio, identificar a los propietarios y usuarios, así como esclarecer la posible omisión de las autoridades locales. Reiteró que antes de asumir la atracción del caso, se debe confirmar la existencia de responsabilidades específicas en los niveles de gobierno estatal y municipal.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que desde el 5 de marzo supervisa el procesamiento de nuevos indicios en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán. Salvador González de los Santos, fiscal estatal, encabeza la revisión para determinar si en administraciones anteriores se aplicaron de manera adecuada los protocolos de intervención en el sitio.

El predio fue asegurado en septiembre de 2024 tras un operativo en el que se logró la detención de diez personas, la liberación de dos más y el hallazgo de un cuerpo sin vida. Sin embargo, el pasado 5 de marzo, un colectivo de la sociedad civil ingresó al rancho y encontró nuevos fragmentos óseos en un área distinta. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, los sellos de aseguramiento habían sido violados.

Las autoridades estatales se comprometieron a desarrollar una investigación exhaustiva y profesional que brinde certeza a las familias de las personas desaparecidas. Mientras tanto, la FGR continúa analizando los elementos del caso para determinar su posible atracción y esclarecer los hechos ocurridos en Teuchitlán.